lunes, 29 de junio de 2009

Historia no oficial de la Curva del Diablo: Hablan los Awajún

Bagua: La otra verdad
Por Carlos Noriega


Acababa de amanecer cuando el infierno de gases y balas alcanzó a los awajún en la Curva del Diablo. Minutos antes, Felimón Teets se había levantado para preparar el desayuno para sus cincuenta compañeros de la comunidad de Wawas que habían viajado con él para apoyar la protesta indígena. Un balazo le impactó en el brazo y lo tumbó al suelo. “Los primeros disparos venían del cerro. Los policías también nos atacaron con bombas lacrimógenas y balas desde los helicópteros. Y por la pista también venían disparando y con un tanque de hierro (tanqueta) adelante. No teníamos cómo escapar. Estaba muy asustado y comencé a correr, pero una bala me cayó en el brazo. Me sacaron de ahí y me llevaron al hospital de Bagua”, recuerda Felimón, que tres semanas después todavía siente un profundo dolor en el brazo derecho y no tiene ningún medicamento para tomar.



“En el hospital me sacaron la bala, me cosieron, me dieron unas pastillas para el dolor y me dijeron que me vaya. Hasta ahora no puedo mover el brazo, me duele mucho. Ya se me acabaron las pastillas, que eran calmantes, y no tengo nada para tomar”, se queja Felimón, de 23 años, echado en su cama, donde ahora ve pasar el tiempo esperando recuperarse para poder volver a trabajar su chacra.

Salomón Awananch, apu awajún de la comunidad de Nazareth y presidente del Comité del Paro Amazónico que dirigió el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde, asegura que esa mañana del cinco de junio cuando se inició el ataque policial, los manifestantes comenzaban a prepararse para abandonar la Curva del Diablo. El dirigente awajún revela que la noche anterior al ataque policial se habían reunido con el general Javier Uribe, jefe de la región policial de Amazonas, y habían acordado una tregua hasta las diez de la mañana del día siguiente. El general Uribe les había dado ese plazo para desbloquear la vía antes de que la policía actúe, y a las diez de la mañana debían darle una respuesta. Pero no hubo tiempo para que la respuesta llegue.

“En la noche del jueves cuatro, después de hablar con el general Uribe, nos reunimos y por mayoría decidimos abandonar la carretera. No queríamos un enfrentamiento. Eso le íbamos a decir al general Uribe antes de las diez de la mañana del día siguiente, como habíamos pactado, pero la policía nos traicionó y rompió la tregua. Nos sorprendieron a las 5:30 de la mañana atacándonos desde el cerro”, afirma Salomón. “A esa hora –continúa- nos dimos cuenta que habían personas caminando en el cerro y un grupo salió a ver qué pasaba.

Ahí comenzó la balacera. Los hermanos que habían subido bajaron corriendo y otro grupo salió para el cerro. Eran más de mil. Estaban desarmados. Como vieron a tres hermanos muertos, entonces vino la reacción. Algunos lograron agarrar a los policías. Ahí murieron varios policías. Los que bajaron dijeron que había muchos hermanos muertos en el cerro. La policía invadió el cerro y ya no dejó entrar a nadie. Solamente pudimos recuperar tres cuerpos. De los que subieron al cerro hay muchos que no han regresado”.


Fuente: Diario La Primera

sábado, 27 de junio de 2009

¿A Qué Llamamos Genocidio?



Por Bartolomé Clavero
:
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas


• ¿Qué entiende por genocidio un periodista peruano cuando pregunta si se ha cometido genocidio en el Perú?
• ¿Qué entiende por genocidio un relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando responde negándolo en redondo?
• ¿Qué entiende por genocidio el Canciller del Perú cuando se muestra ansioso ante la insinuación y aliviado con la negativa?
• ¿Qué se entiende por genocidio de parte indígena cuando se siente y se dice víctima? En definitiva, ¿qué hay en un nombre?
• ¿Qué se encierra en una palabra cuya sola pronunciación produce perplejidad, cerrazón, ansiedad y esperanza, ésta la de las víctimas en que el delito se castigue y los daños se reparen, en que se haga justicia en suma?

Genocidio es un neologismo de mediados del siglo XX. Lo acuña en 1944 un jurista polaco, de nombre Raphael Lemkin, para identificar cuanto expone en una obra sobre el sistema nazi que lleva por título Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress (Régimen del Eje en la Europa Ocupada. Normas de la Ocupación, Análisis del Sistema, Propuestas de Reparación).
Es obra que, frente a lo que suele hoy darse por entendido entre quienes la citan sin leerla, no trata de lo que luego se llamaría el holocausto, la matanza masiva y sistemática de judíos, eslavos, gitanos, africanos, homosexuales y un etcétera por parte del régimen nazi y de los gobiernos aliados. No trata de esto. Su autor ni siquiera le daba mucho crédito a las noticias todavía imprecisas que le llegaban del gobierno polaco en el exilio sobre el desenvolvimiento de dicha matanza a escala industrial. Lemkin acuñó la palabra genocidio para otra cosa, para algo relacionado pero distinto.

Axis Rule se ocupa de las políticas nazis desnacionalizadoras de pueblos no arios subrayando además ya de entrada que el mismo término de desnacionalización se queda corto para la envergadura, alcance y gravedad de dichas políticas. La obra se ocupaba de las políticas de socavamiento de culturas y desarraigo de pueblos para hacerlas y hacerlos desaparecer sin necesidad de eliminación sistemática de una parte suficiente de sus individuos a fin de conseguir dicho efecto, lo cual, esto último, les resultaba por entonces más bien inconcebible a quienes no eran dirigentes ni ejecutores nazis. A esto llamó Lemkin genocidio o también etnocidio, pues él fue quien acuñó igualmente este otro términos, bien que como estricto sinónimo.
Dicho con términos actuales, genocidio nació significando lo que hoy suele llamarse genocidio cultural o también, como cosa que ahora se diferencia del genocidio genuino, etnocidio. El genocidio genuino resultaría entonces el holocausto y no las políticas de las que éste, el holocausto, sería tan sólo un elemento. Todos estos son conceptos bastante posteriores.

Lo que debe entonces destacarse es que la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se elaboró bajo la influencia directa y determinante de la concepción desarrollada por Raphael Lemkin en Axis Rule. El proyecto oficial del Secretario General la sintetizaba en la debida forma normativa.
Los Estados coloniales, de un colonialismo externo desde Europa o también de un colonialismo interno por las Américas, Estados que por entonces formaban mayoría absoluta en Naciones Unidas, intentaron eliminar de la Convención lo que luego se llamaría genocidio cultural o etnocidio, lo cual pondría ciertamente en entredicho de ilegitimidad al propio colonialismo, pero no hicieron esto de forma que despareciera toda traza ni muchísimo menos.
Desde 1948, con la Convención sobre el Genocidio adoptada a finales de dicho año, el derecho internacional de los derechos humanos tipifica el genocidio como algo más, bastante más, que la matanza deliberada y masiva.

Recuérdese cómo quedó entonces y está hoy tipificado el delito de genocidio en el derecho internacional:
“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Una de las formas del genocidio es la matanza. Hay otras, otras formas que tienen entidad propia, formas que no se reducen a modulación o cualificación de la matanza. Políticas que producen lesión grave de la integridad física o mental de miembros, por ejemplo, de pueblos indígenas con intención de hacer desaparecer a éstos, a los pueblos, en cuanto tales; políticas que les sometan a condiciones de existencia que acarreen a la corta o a la larga su destrucción física, total o parcial; políticas que persigan la transferencia de infancia y adolescencia de un pueblo a otro o de una cultura a otra poniendo en peligro su reproducción y subsistencia como tales pueblos o tales culturas, todo ello constituye por sí mismo, sin concurrencia de matanza, genocidio.
Dicho de otra forma y extrayendo una decisiva consecuencia, las políticas usualmente aplicadas a pueblos indígenas eran y son políticas genocidas.

Es forma y es consecuencia que los Estados coloniales, sobre todo entre ellos, tras la década descolonizadora de los años sesenta, los Estados de un colonialismo interno, se han cuidado muy mucho de hacer desaparecer del mapa.
El propio Lemkin negaba la posibilidad de aplicación de la Convención al caso indígena porque compartía plenamente la mentalidad colonialista para la que los pueblos indígenas no contarían con culturas que merecieran ser protegidas o que atribuyesen algún derecho de existencia en cuanto que pueblos o culturas con entidad propia.
Entendía incluso que la Convención sobre el Genocidio serviría para proteger a la población europea establecida en las latitudes colonizadas de África.
Respecto al continente americano pensaba que se habían cometido genocidios durante los tiempos del colonialismo europeo, pero que éste no era el caso de los Estados que le sucedieron.

En resumidas cuentas para lo que importa a efectos prácticos, el colonialismo se conjuró para neutralizar el efecto anticolonialista de la Convención sobre el Genocidio. La descolonización presidida por Naciones Unidas desde 1960 no sirvió para poner en cuestión tamaña desvirtuación. El reto lo asume finalmente, desde el 13 de septiembre de 2007, la Declaración sobre los Derechos de Naciones Unidas, derechos que ahora precisan la debida protección internacional.

Dentro de Naciones Unidas, hasta el momento presente, con la Declaración ya en vigor, sólo en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se ha planteado seriamente tal reto, el reto de recuperar el alcance genuino de la Convención sobre el Genocidio a efectos de la más eficiente protección internacional de los derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas.

Hay también ahora en Naciones Unidas un Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio. Su titular actual, Francis Deng, propugna un concepto amplio del genocidio a los efectos de su debida prevención. Plantea esta dilatación en términos de que debe atenderse la percepción popular, la percepción de que exista el peligro de genocidio o de que el mismo se haya consumado. No es una concepción que pueda decirse precisa, pero es sensible y resulta operativa.
Para entenderla, ha de tenerse en cuenta que el mandato del Asesor Especial no le permite calificar unos hechos como genocidio, sino sólo alertar sobre indicios de que pueda producirse o de que se haya producido.
Su tarea no es la de determinar si existe o no genocidio, sino la de establecer guías y atender señales para vigilar que no ocurra.
En estas condiciones, parece una excelente idea la guiarse por los signos de la percepción popular, la percepción al fin y al cabo, en último término, de las víctimas.

La percepción popular resulta ante todo en efecto la percepción de las víctimas y, por tanto, en su caso, la de parte indígena. ¿Quiénes, si no, van a estar en mejores condiciones para percibir el peligro sobre la marcha? Son las víctimas por supuesto las primeras que pueden dar la señal de alarma. Por mucho conocimiento de derecho internacional que se tenga y por relevante que sea el mandato recibido en su caso de algunos de los organismos de Naciones Unidas, ningún experto o experta debiera descartar la posibilidad de genocidio si la percepción popular que es ante todo la de las víctimas está clamando otra cosa.

No digo que se hubiera de concluir, ya sólo por esto, lo contrario, esto es que existe genocidio, sino que se debe tomar tal clamor como señal primaria de que puede haberlo. Determinar si hay genocidio en un caso concreto para procederse al enjuiciamiento de responsables y a la reparación de las víctimas mediante el debido proceso sólo es competencia de la jurisdicción internacional, la jurisdicción en la actualidad representada principalmente por la Corte Penal Internacional y secundariamente por la Corte Internacional de Justicia.

Respecto al Perú, atiéndase con todo y ante todo la percepción de las víctimas, una percepción conforme a la cual, como puede acreditarse por testimonios e informes hechos públicos tanto antes como después de la masacre de Bagua, se viene cometiendo genocidio con anterioridad a esta misma y puede seguirse cometiendo tras ella aún cuando se ceda por la parte actora del delito derogándose algunas medidas y modificándose algunas políticas que conceden desde luego un respiro vital para las propias víctimas. Bagua entonces solamente sería un eslabón de la cadena genocida. Y la coyuntura actual, un compás de espera.

A la pregunta del periodista perplejo porque se esté hablando de genocidio, si se me dirigiera, respondería que, a mi parecer, no es que se haya cometido genocidio en el Perú, sino que se está cometiendo.
Agregaría que, ante la mentalidad probadamente supremacista e incluso profundamente racista de la clase actualmente gobernante, no parece que haya otro modo de acabar con la comisión de genocidio que por la vía penal internacional.
Tampoco hay razón para la ansiedad del Canciller peruano como si se sintiera difamado y perseguido. El caso no puede decirse que sea exclusivo. Si se me dirigiera la pregunta respecto, por ejemplo, a Chile o a Colombia, contestaría lo mismo.



Por Bartolomé Clavero:
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Fuente: El blog de Bartolomé Clavero
Subrayado en negritas: Amazonas Indígena

viernes, 26 de junio de 2009

Últimas noticias de AIDESEP, 26 de junio

  • Solicitan a Fiscalía investigar a policías por sucesos en Bagua

26 de junio de 2009.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció ante la Fiscalía de la Nación que las pesquisas iniciadas por la muerte de diez civiles por los sucesos en Bagua (Amazonas) están a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que los investigados son miembros de la misma institución.

“La investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque son los denunciados”, declaró el abogado de Aprodeh, Juan José Quispe. “Quizás algunos miembros de la PNP hayan participado en el desalojo, por lo que no procede que se encarguen de la investigación”.

En el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales tras los sucesos de Bagua se encuentran procesados 84 civiles. Dentro de estas diligencias, la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba también inició de oficio una investigación en contra de algunos efectivos policiales por los delitos de homicidio y lesiones.

Esta denuncia fue archivada provisionalmente al no haberse individualizado a los presuntos autores. Por ello, el pasado 19 de junio, un grupo de civiles e indígenas heridos y también familiares de civiles fallecidos presentaron ante el Ministerio Público una nueva denuncia.

Sin embargo, los denunciantes fueron notificados el 22 de junio por personal de la División de Investigación Homicidios de la Dirincri - Lima para declarar al día siguiente en el local de la policía en Bagua.

Este hecho ha motivado que la FIDH, junto con Aprodeh, dirija una carta a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para pedir que la investigación sea trasladada a la Fiscalía, tal y como establece el artículo Nº 159 de la Constitución.

“Ante la irresponsabilidad del Ministerio Público de correr el trasladado de la investigación a sabiendas que los denunciados son miembros de la PNP, lo que ahora se debería hacer es que la división de investigación criminal remita las denuncias a la fiscalía para que de acuerdo a ley sea la Fiscalía la que realice la investigación y no la PNP”, consideró Juan José Quispe.



Fuente AIDESEP


  • Iglesia cree en la inocencia de muchos procesados por los lamentables sucesos de Bagua


25 de junio de 2009.

“Creemos en la inocencia de estas personas”, declaró hoy la abogada Ketty Herrera, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), órgano de servicio de la Conferencia Episcopal que ve de oficio los casos de 36 de los 84 procesados tras los sucesos de Bagua (Amazonas) e informó que a la mayor parte de los procesados se les atribuye “muchísimas imputaciones”.

“Hay muchos de los casos que el Vicariato y CEAS está viendo y definitivamente creemos en la inocencia de estas personas”, declaró a CNR. “Hay un grupo minoritario que estamos evaluando, lo cual no quiere decir que sean culpables, sino solo que estamos evaluando y viendo”.

Muchos de los procesados son líderes indígenas, sindicales y sociales de las provincias de Bagua y Utcubamba. Entre ellos se encuentra Santiago Manuim Valera, reconocido internacionalmente por el Premio Reina Sofía en honor a su trabajo en favor de la amazonía.

“En realidad a todos los que tienen cargo dirigencial se les ha denunciado por todos los delitos que han podido denunciar”, informó. “Esto implica ir desvirtuando cada uno de los delitos, lo primero porque es imposible que puedan estar en dos lugares a la vez”, señaló tras pedir que a cada una de estas personas se le garantice su derecho a la defensa.

Según la lista proporcionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Manuim Valera se encuentra procesado por los delitos de “homicidio calificado y lesiones graves, contra los medios de transporte público, motín, tranquilidad pública, contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas”.

Manuim Valera, según los numerosos testimonios recogidos por el Vicariato de Jaén (Cajamarca), actuó el 5 de junio como intermediador con la policía y fue el primer nativo en caer herido tras recibir en el abdomen una ráfaga de ocho tiros de fusil AKM. Pese a ello, se encuentra en calidad de “no habido” y como es de conocimiento público, el líder indígena se encuentra internado en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo después de ser intervenido quirúrgicamente.

Respecto a las personas que desde el 5 de junio no retornan a sus comunidades, por lo que se encontrarían en calidad de desaparecidos, la abogada del CEAS confirmó que agentes pastorales están levantando listados en las mismas poblaciones indígenas para poder elaborar un listado confiable de las personas ausentes.



Fuente AIDESEP


Lista de detenidos y cargos que se les imputan.

Últimas noticias de Servindi, 26 de junio

  • Denuncia contra dirigentes de AIDESEP fue rechazada


26 de junio, 2009.-

La jueza del 37 Juzgado Penal de Lima (JPL), Carmen Arauco Benavente, devolvió a la Fiscalía la denuncia interpuesta contra el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, y otros cuatro dirigentes de esta organización.

En la resolución, la jueza detalló que rechazó la denuncia debido a que no precisa el aporte delictivo de cada uno de los denunciados, “debiendo efectuarse una descripción detallada de los hechos y el sustento probatorio de los mismos como garantía al principio del derecho a la defensa”.

El informe derivado a la fiscal Silvia Sack Ramos remarcó que la denuncia no cumple, en su total integridad, con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales.”Es decir, no se ha individualizado a los presuntos autores con los delitos denunciados o su participación en ellos”, refirió Arauco Benavente.

Los líderes indígenas de la Amazonía fueron denunciados tras el trágico incidente ocurrido en la ciudad de Bagua, Amazonas, por el presunto delito de incitar a la violencia durante el paro indefinido que acataban exigiendo la derogatoria de una serie de decretos legislativos considerados lesivos para sus derechos fundamentales.



Fuente: Servindi



  • Militares niegan participación en violencia en la Amazonía


26 de junio, 2009.-

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú desmintió que soldados indígenas se hayan escapado de los cuarteles para apoyar a los pobladores nativos en la trágica intervención de la Curva del Diablo, Amazonas, como lo manifestó el general de la Policía Luis Muruguza.

“Exhortamos a no confundir a la población, pues no es lo mismo estar en servicio que haberlo concluido y pasar a reserva. Mientras no vuelvan al servicio, no existe entre ellos y las Fuerzas Armadas ningún vínculo de dependencia”, manifestó la institución castrense en un comunicado.

En los últimos días circularon versiones de que hubo militares entre los nativos que enfrentaron con armas de fuego a la Policía. Según esas especulaciones, se pretende explicar la pericia de “nativos con armas de guerra”.

Sin embargo, días atrás el programa de televisión “Enemigos Íntimos” publicó un video inédito en el que el general Muruguza, al mando del operativo que acabó con la vida de 34 personas, da cuenta de la supuesta existencia de soldados en el bando contrario.

“Hay personal que por radio ha escuchado que 25 soldados han hecho abandono de destino. ¿Para qué? hay que pensar, hay que protegernos, no hay que regalarnos”, arengó el jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En tanto, miembros de la policía que estuvieron en el tiroteo mencionaron que dentro del grupo de manifestantes indígenas había gente con prendas de camuflaje y evidente destreza en el manejo de fusiles.

En las comunidades ubicadas en las inmediaciones de la ciudad de Bagua, Amazonas, es común el reclutamiento de pobladores indígenas, por lo que muchos tienen experiencia en lucha contra la subversión.

Muchos indígenas participaron defendiendo la soberanía peruana en el conflicto armado contra Ecuador en 1995.

Durante el tiroteo murieron 13 policías y 10 civiles. Mientras que en la estación petrolera número seis, 11 efectivos policiales que permanecían como rehenes fueron ultimados.


Fuente Servindi

A propósito del Perú: Imputación de Genocidio a Jefe de Estado

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Va a hacer pronto un año, el 14 de julio del 2008, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional interpuso una acusación contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Presidente de la República de Sudán, “por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur”. Este mismo año, el 4 de marzo de 2009, la Corte o, más en concreto, su primera Sala de Cuestiones Preliminares ha cursado orden de detención contra el mismo por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra sin mención del delito de genocidio. Durante el tiempo intermedio, se ha desarrollado en el seno de la Corte un intercambio de opiniones acerca de tal delito entre las tres magistradas o ministras que forman dicha Sala y la Fiscalía. El caso puede interesar al Perú.

Antes de suprimir de la acusación el delito de genocidio, la Sala debatió el asunto seriamente. Tras la orden de detención por el cargo de los otros delitos, la Fiscalía ha presentado un recurso argumentando extensamente contra la exclusión de la imputación de genocidio, recurso que no ha sido admitido, pero que conserva todo su interés. Aparte de la valoración de los indicios, el debate interno afecta nuclearmente a la concepción misma del delito de genocidio. La Sala insistió durante las actuaciones preliminares en la necesidad de que hubiera indicios suficientes para la prueba de la intención, de una intención específicamente genocida en el sentido de voluntad y determinación de asesinato en masa. A dos de las tres magistradas que forman la Sala de Cuestiones Preliminares, la apreciación de ese elemento subjetivo de la intencionalidad homicida en grado de dolo le parece clave no sólo a los efectos de la sentencia final, sino también ya para el cargo de la acusación.

La Fiscalía ha replicado con un triple orden de argumentos. Por una parte, alega que no hay razón para que el genocidio requiera un estándar más estricto que otros delitos en lo que toca a la apreciación de indicios para proceder a la acusación. De otra parte, estima que el dolo no debiera calificar tan estrictamente al tipo del delito y, aún menos, con requerimiento ya prácticamente de prueba a los efectos de efectuarse la acusación. Por último, también argumenta la Fiscalía que el genocidio puede cometerse por más medios que el asesinato en masa y que esto también debiera tomarse en cuenta para no calificar la intencionalidad como determinación homicida.

Este último argumento es por supuesto clave: “ni como cuestión de hecho ni como cuestión de derecho, el homicidio directo es la única forma de cometer genocidio”. La posición se fundamenta en la propia tipificación del delito por el artículo sexto del Estatuto de la Corte: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial (…)”. Es genocidio no sólo a), sino también b) y c), ha de recordarle la Fiscalía a la Sala.

Como he dicho, la decisión de excluir el delito de genocidio ha sido de mayoría, no unánime. La magistrada Anita Ušacka no sólo disiente, sino que presenta una extensa opinión para fundamentar su posición. En ella, entre otros particulares, se ocupa específicamente de los supuestos b y c de la tipificación internacional del genocidio. “La destrucción de los medios de vida de las víctimas” sin necesidad de exterminarlas directamente es un inequívoco supuesto de genocidio para esta magistrada de la Corte Penal Internacional. No hace falta así que se produzca una privación directa y completa de un medio tan necesario, por ejemplo, con el agua. Basta con que haya una política patentemente capaz de destruir los medios habituales de subsistencia.

¿Con la intencionalidad de lograrse la desaparición del grupo humano como tal? Evidentemente. Tal es un elemento del delito de genocidio. Pero una cosa es la determinación dolosamente homicida y otra es el conocimiento de que dicha desaparición se esté produciendo por efecto directo de las políticas que se promueven y el mantenimiento deliberado de las mismas. Según esta magistrada de la Corte Penal Internacional, aun cuando se mantenga el concepto más estricto del genocidio como aniquilación física o biológica, sería “suficiente probar que la intención es la de destruir el grupo ya fuera por destrucción física, biológica, social o cultural”. Una política de agresión cultural o social puede constituir el elemento subjetivo del delito de genocidio por desaparición final del grupo “en todo o en parte”. En suma, no hace falta intención específicamente asesina para que haya genocidio según esta interpretación operante en la Corte Penal Internacional.

No es la posición dominante, como ya puede verse por la misma decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. No lo es ni en la jurisprudencia ni en la doctrina internacionales. Incluso la más militantemente defensora de derechos humanos suele asumir el concepto más restrictivo del genocidio como eliminación física en masa con intencionalidad dolosamente homicida (véase por todos, pues resulta paradigmático, William Schabas, Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000). Cuando, por ejemplo, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, opina que en el Perú no está cometiéndose genocidio tiene tras de sí, sustentándole, a la doctrina internacionalista imperante. El citado Schabas, director hoy del Centro para los Derechos Humanos de Irlanda, pontifica que en América nunca ha habido genocidio de pueblos indígenas porque jamás ha existido intencionalidad dolosa de exterminarlos mediante la violencia asesina.

Lo interesante, lo sumamente interesante, es entonces que en el seno de la joven Corte Penal Internacional puje una visión más conforme con los propios términos de la tipificación del genocidio en el derecho internacional. En su pulso con la Sala de Cuestiones Preliminares, la Fiscalía ha expresado la preocupación de que va a sentarse un mal precedente de no admitirse su interpretación para el caso del Presidente de Sudán. Sería un precedente que dificultaría, si no es incluso que impediría, la persecución de los genocidios más usuales, que no son precisamente los de las matanzas monstruosas. Está cargada la Fiscalía de razón. ¿No convendría traer un caso de genocidio de pueblo indígena en América, uno de esos casos que Schabas considera poco menos que imposibles, ante la Corte Penal Internacional a fin de abrir brecha en lo que debiera ser la práctica judicial internacional desde hace sesenta años, esto es desde que se adoptó por Naciones Unidas la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio? ¿No ha de ser una vía de protección de los derechos indígenas fundamentales la persecución del genocidio que se comete al conculcarlos gravemente?

Cuando se debatió en Naciones Unidas el proyecto de la Convención sobre el Genocidio hace sesenta años, Brasil se opuso a que se diera pie a la criminalización de las políticas asimilacionistas de pueblos indígenas, las políticas destructivas de sus culturas y apropiadoras de sus recursos. Los Estados americanos, todos ellos, y las por entonces potencias coloniales europeas (Gran Bretaña, Francia, Bélgica…) secundaron a Brasil, procediéndose a una poda del texto de la Convención para eliminarse el genocidio cultural o etnocidio. Quedaron en la descripción del genocidio los apartados b y c vistos (lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial), pues la descripción de este delito por el Estatuto de la Corte Penal Internacional se limita a reiterar literalmente la añeja de la Convención. Queda la posibilidad de traer ante ella, ante la Corte, casos de genocidio que se están cometiendo a lo ancho y largo de América.

Alan García Pérez es el actual Presidente de la República del Perú. Ha adoptado con decisión e impulsado con energía una política de explotación de recursos que producen palmariamente en la Amazonía el sometimiento de comunidades y pueblos indígenas a condiciones de existencia que presagian su destrucción física, total o parcial. ¿Es este efecto intencional? Puesto ante la evidencia, Alan García se ha reafirmado en tal política. Incluso ha propugnado con alarde de publicidad la necesidad de prescindir de los pueblos indígenas para poderse explotar recursos de sus territorios. Potencia actividades extractivas que sabidamente socavan sus modos de vida y envenenan sus medios de existencia. Ha desoído advertencias no sólo de las víctimas, sino también institucionales como las del propio Congreso o las de la Defensoría del Pueblo, advertencias de que su política está atropellando los derechos indígenas y quebrantando el derecho peruano. De parte indígena, una fuerte resistencia se ha planteado en términos de defensa de los propios derechos. Alan García Pérez ha conducido el conflicto a unos términos de enfrentamiento frontal con resultados de muertes. Sólo entonces, ante la constancia de que no consigue doblegar la resistencia indígena, ha comenzado a rectificar, sólo comenzado, pero no a recapacitar. Ahí, con todo, se tiene superado el test de la intencionalidad según lo define la magistrada Ušacka de la Corte Penal Internacional.

Tiene Alan García menos culpas por purgar que Omar Al Bashir, quién lo duda. No se le puede acusar de horrendos crímenes de guerra, pero no es tan seguro que no se le pueda imputar la comisión de genocidio (según los descriptores b y c referidos) o de alguno de los crímenes contra la humanidad que también ahora se tipifican por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Interesa el cargo de genocidio por los propios indicios existentes en el caso y también porque es el tipo penal que conviene rescatar como garantía de los derechos de los pueblos indígenas por las Américas. No se puede esperar a que la Fiscalía de la Corte actúe de oficio en un caso tan inédito. Habría de prepararse a fondo la acusación para presentarla bien fundada a la Fiscalía.



Apéndice: Nota de los Consulados del Perú
por instrucciones de la Cancillería (25-VI-2009)

Estimados compatriotas:

Durante los tres días en que permaneció en el país, el señor Anaya se entrevistó con Altas Autoridades del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo), representantes de pueblos indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil en las ciudades de Lima y Bagua.

Al respecto, cabe señalar que en la conferencia de prensa que dio el señor Anaya al finalizar su visita, frente a la pregunta directa de un periodista sobre si lo sucedido en Bagua constituye un genocidio, éste expresó claramente que no. En otro momento de la referida conferencia Anaya destacó, entre otros elementos, que se están dando pasos importantes para solucionar la crisis producida. En este sentido, para su conocimiento, se acompaña un resumen noticioso con el fin de aclarar la verdadera dimensión de los lamentables sucesos del 5 de junio, que contrarreste la información inexacta que ha circulado recientemente en los medios tanto nacionales como extranjeros.

Cordiales saludos.



miércoles, 24 de junio de 2009

¿Quién dio la orden de disparar?… y otras preguntas importantes

Por Jorge Agurto

Escuchamos en los últimos días que la principal pregunta que debe responder el gabinete sobre los sucesos de Bagua es quién dio la orden de disparar. Esto alude a una responsabilidad política pues en este tipo de operativos el personal policial ejecuta órdenes. Sin embargo, hay otras preguntas que también deben ser aclaradas para desentrañar lo que realmente sucedió y determinar responsabilidades políticas y administrativas.

Resumen de los hechos:

Diversas fuentes coinciden en lo siguiente: Un destacamento de menos de una decena de personas habría rodeado a los manifestantes que tenían bloqueada el tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura de la Curva del Diablo, por un cerro lateral a las 5:30 de la mañana.

Al ser descubiertos por los nativos se produjo un primer enfrentamiento con saldo de muertos y heridos. En esta circunstancias los manifestantes se habrían apoderado de alguna arma de largo alcance para evitar que los sigan agrediendo.

El destacamento, al verse diezmado y no tener información con el batallón principal, habría tenido que llamar a Lima para describir de manera crítica su situación. Ante esto, el batallón principal recibió órdenes de recuperar las armas y las víctimas y proceder de inmediato al desalojo, a eso de las 7:30 a.m.

Apoyados, por lo menos con un helicóptero que lanzaba bombas lacrimógenas, los efectivos policiales pensaron que la turba de manifestantes iba a retroceder o dispersarse, pero no lo hizo. Esta situación provocó que un efectivo procediera a disparar y herir a un indígena.

Santiago Manuin, entre otros adultos y jóvenes, procedieron a acercarse al batallón con las manos en alto pidiendo paz y cese a la violencia. Sin embargo, Manuin recibió una ráfaga que lo impactó con ocho balas. Se discute si esta ráfaga vino de tierra o del helicóptero.

Ello desencadenó un enfrentamiento donde los indígenas recibieron ráfagas y disparos a diestra y siniestra lo que provocó entre 150 y 200 heridos, muchos de ellos de bala. Los indígenas se defendieron con lo que pudieron, lanzas, piedras y posiblemente con las armas que habían quitado al primer destacamento policial.

La policía mantuvo la situación de zozobra durante muchas horas y días e impidió que personal civil se acerque a recoger a las víctimas. Muchas fuentes señalan que este lapso de tiempo habría servido para que la policía recoja los cadáveres y los traslade a otro lugar.

A varios kilómetros de allí se encontraban los 38 efectivos policiales que había relevado a otro contingente del mismo número, quienes custodiaban la Estación 6 de petróleo en Imazita.

Ellos se sorprendieron que al llegar al lugar debieron entregar sus armas pues existía desde hace dos meses un acuerdo de paz entre los indígenas awajun y el destacamento policial para evitar cualquier acto de mutua agresión. Para esto las armas de fuego se colocaban en un ambiente del cual solo el Apu (jefe) tenía acceso mediante las llaves respectivas.

Los nativos, al recibir por radio información sobre los sucesos de la Curva del Diablo, entendieron que el pacto de no agresión había sido violado por parte de la policía y procedieron a las 2:30 de la tarde a trasladar a los efectivos policiales a un lugar descampado donde se discutiría qué represalia aplicar.

Existe duda sobre en qué circunstancias un operativo policial o del Ejército habría intervenido para intentar rescatar a una parte de los policías ya que 12 de ellos fallecieron en manos de los indígenas y otros estuvieron desaparecidos y uno aún no ha sido ubicado.

Toda esta situación no se esclarece de manera definitiva debido a que laas autoridades políticas de los ministerior del Interior y Defensa evitan dar detalles del operativo. La Ministra Mercedes Cabanillas ha evitado hasta la fecha dar un informe oficial sobre los acontecimientos.

Eso obliga a que además de responder: ¿quién dio la orden de disparar? se respondan -entre otras- las siguientes preguntas:

Cuestionario

1. ¿Sabían el Presidente Alan García, la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el Ministro de Defensa Ántero Flores-Araoz que sesenta días antes al desalojo de la carretera Fernando Beláunde Terry habían 38 efectivos policiales que custodiaban la Estación Petrolera Nº 6 de Imasita que se encontraban desarmados en virtud a un pacto de no agresión con los comuneros awajún?

2. ¿Sabían que a fin de evitar cualquier tragedia o agresión mutua entre indígenas y policías las armas se hallaban en un ambiente bajo llave a custodia del Apu de la comunidad?

3. ¿La Ministra Mercedes Cabanillas prestó atención a las alertas de inteligencia enviadas por el Director de Inteligencia del Ministerio del Interior que recomendaban un mayor refuerzo de efectivos en la zona?

4. ¿Sabía la Ministra del Interior que cualquier acción de desalojo iba a provocar represalias contra los 38 policías que custodiaban la estación petrolera Nº 6 y que se encontraban desarmados en virtud al acuerdo de no agresión suscrito con los comuneros awajún?

5. ¿Quién es la máxima autoridad que dio la orden de desalojo no solo con instrumentos antimotines (perdigones, bombas lacrimogénas, varas de goma, etc.) sino con armas de fuego y fusiles AKM?

6. ¿Quién fue la autoridad que dispuso que el contingente encargado del desalojo fuera el menor número posible de efectivos policiales?

7. ¿Por qué no se rescató previamente o se dio aviso a los policías de la Estación 6 que se iba a iniciar el operativo de desalojo?

8. ¿Es cierto o no es cierto que un helicóptero y efectivos del Ejército participaron del operativo de desalojo?

9. ¿Quién colocó al mando del operativo a una persona que recién llegó un día antes al lugar de operaciones y que desconocía el contexto situacional?

10. ¿Que unidades y desplazamientos de víctimas se realizaron mientras que el escenario de los hechos estuvo acordonado y la población estuvo impedida de recoger a sus víctimas?

11. ¿Por qué la Policía envió a unos pocos efectivos delante de todo el batallón a inspeccionar la situación sin estar adecuadamente comunicados con sus superiores?

12. ¿En qué circunstancias se procedió al “rescate” de los efectivos de la Estación 6, quienes estuvieron a cargo del operativo y con qué resultado?

Reflexiones al volver de Bagua

Por Wilfredo Ardito Vega*


El jueves pasado, cuando el Congreso derogó por fin los Decretos Legislativos 1090 y 1064, algunas personas creyeron que la crisis amazónica había concluido. Sin embargo, los acontecimientos del 5 de junio han generado problemas mucho más profundos que en nada soluciona la tardía decisión del Congreso.

Aquel día, la policía se comportó en las ciudades de Bagua y Bagua Grande como una fuerza de ocupación, apostando inclusive francotiradores en los techos que disparaban a la población. El caso de Leidi Luz, una niña de siete años que recibió un balazo en el estómago no fue un incidente aislado: la mayoría de los heridos y fallecidos no tenían relación con las protestas.

Sin embargo, los vecinos de ambas ciudades concuerdan en que la brutalidad de la policía fue mucho mayor en la Curva del Diablo.

Parece ser que ante los primeros disparos de los policías, el reconocido dirigente Santiago Manuim pretendió invocarles a detener el fuego, alzando las manos. En ese momento, sea por torpeza o ensañamiento, el propio Manuim recibió ocho balazos.

Cualquiera que conozca mínimamente a los awajún podía haber previsto lo que sucedería. Ellos se enfrentaron directamente a la policía.

-Cuando vimos caer a Santiago, para nosotros era vivir o morir. Estábamos en guerra y debíamos luchar por nuestra vida -declaran varios indígenas.

Al menos quince policías murieron en el enfrentamiento. ¿Y cuántos awajún? En las dos Baguas nadie cree que hayan sido solamente cuatro, como indican las cifras oficiales y mas bien se asume que durante cinco días la policía impidió el ingreso a la zona del Ministerio Público, la Iglesia y los organismos de derechos humanos, para poder trasladar los cuerpos de los indígenas.

Una mujer awajún relata que, cuando intentaba auxiliar a un nativo herido, un oficial declaró: “Aquí no hay ningún herido” y acto seguido lo mató de un tiro.

-¿Qué somos para Alan García? -exclama ella - ¿No somos personas? ¿Somos perros y perras que hace matar?

Ella cuenta que también vio cómo quemaban los cuerpos de otros nativos. Varias personas vieron cómo los policías disparaban por la espalda a los indígenas que huían, “como si cazaran venados”. Algunas religiosas indican que la policía se llevó dos cuerpos que aparecieron en la orilla del río. Durante varios días, en Bagua se indicaba que había fosas comunes, pero hasta el momento no han sido halladas.

El gobierno sostiene que no existen más muertos, porque los awajún no proporcionan nombres. En realidad, las comunidades vienen elaborando listas (vi catorce nombres en una de ellas) pero no presentan ninguna denuncia, porque temen las represalias.

Mientras los habitantes de Bagua Grande insistieron durante una semana hasta que el Ministerio Público aceptó sus denuncias contra los policías que mataron o hirieron a sus familias, para los awajún resulta absurdo denunciar ante el Estado los hechos que el mismo Estado cometió. Paradójicamente, la principal prueba de las desapariciones de los indígenas es el caso del mayor Felipe Bazán, cuyo cuerpo sigue siendo buscado por su angustiada familia. La hipótesis más probable es que Bazán murió a manos de los awajún y que éstos desnudaron su cadáver. Horas después, la policía lo habría confundido y así sufrió la misma suerte que los cuerpos de los indígenas.

Entretanto, la incertidumbre por los desaparecidos, los permanentes vuelos de helicópteros, las detenciones indiscriminadas y las torturas a los detenidos generan un fuerte clima de terror entre los awajún. Un profesor me contó cómo fue torturado hasta quedar inconsciente por seis miembros de la DINOES, pese a que ni siquiera salió de su comunidad durante las protestas. Ahora es un manojo de nervios y teme que, cuando comiencen las clases, vaya a ser detenido. Otro awajún, Ebelio Petsayit, falleció en su comunidad a consecuencia de los golpes sufridos.

En Bagua, los awajún detenidos sin mayores pruebas eran liberados durante el toque de queda, exponiéndolos a que fueran nuevamente detenidos o inclusive baleados. Los demás han sido trasladados a la cárcel de Chachapoyas, una ciudad muy alejada y actualmente casi incomunicada, lo cual rompe los vínculos con abogados, intérpretes y familiares.

Los awajún están convencidos que Alan García busca su exterminio. Es verdad que ya antes había quienes querían invadir sus tierras, pero ha sido el gobierno actual el que ha otorgado a empresas mineras sus ríos, sus tierras y sus cerros sagrados y los ha insultado repetidas veces, en una afrenta permanente a su dignidad como pueblo.

Lamentablemente, no se percibe ningún esfuerzo para que los awajún confíen en las autoridades. Es más, en lugar de aprovechar que Santiago Manuim sobrevivió para establecer un diálogo con él, el Poder Judicial lo acusa de instigar el asesinato de los policías de la Estación 6, aunque estaba inconsciente cuando ello sucedió. El jueves, la policía pretendió esposarlo en su cama del hospital Las Mercedes.

Detener los abusos hacia los indígenas, sancionar a los responsables, devolver los cuerpos a las familias, cambiar a la Ministra del Interior, cancelar las concesiones mineras, otorgar representación política a los indígenas amazónicos, serían señales que podrían iniciar un camino de reconciliación. ¿Será tan difícil que el torpe y arrogante gobierno se dé cuenta de ello?



* Wilfredo Ardito es un abogado y catedrático nacido en Lima.

martes, 23 de junio de 2009

Video de la ong IWGIA


Antecedentes

Tres semanas antes de la masacre de Bagua, el 13 de mayo después del desalojo del puente "24 de julio", más conocido como "Corral quemado" ya había un muerto, un desaparecido y 10 heridos, todos nativos aguarunas.
Estos días también se produce una embestida de un buque de la Marina de Guerra del Perú a las canoas de los indígenas que bloquean el río Napo. También se reportan acciones de la DINOES desde helicópteros en el Lote 6. Ante estas premisas los nativos firman un compromiso de no agresión con un mayor de la DINOES.


  • 3 de junio, Bagua, Marcha en apoyo al Paro Indígena.

No son sólo los Pueblos indígenas los que apoyan el Paro, son hombres y mujeres de Bagua y todos los amazonenses.

Lemas coreados en la marcha:

"Viva la lucha de los pueblos indígenas"
"Abajo los corruptos"
"Abajo los vende patrias"
"La selva no se vende, Amazonas se defiende"


  • 4 de junio, Carretera Fernando Belaúnde, Curva del Diablo

Declaraciones de los integrantes del Paro Amazónico en Carretera Fernando Belaúnde, Curva del Diablo





  • Zebelio Kayap, Presidente de ODECOFROC
Prácticamente hay dos piquetes grandes, el Reposo y Siempreviva, en el Reposo 3000 personas y en el caserío Siempreviva 2500 personas.

Nosotros con la población hemos tomado la decisión de que mientras el gobierno no ceda a dialogar con la organización nacional, que es AIDESEP, vamos a permanecer aquí hasta que haya solución.

Porque nuestro pedido ha sido desde el 9 de abril, derogatorias de los proyectos de leyes lesivos contra los pueblos indígenas y de la Amazonía peruana.


  • Lenny, Comunero Awajún, río Santiago
Nuestra tierra, desde nuestros ancestros, ha sido protegida. Tenemos una ciencia positiva, y gracias a esa ciencia nuestra cultura sigue siendo milenaria y no tiene fin. Por ejemplo hablamos de los hermanos que alimentan nuestra sed, nuestras necesidades, los que nos bañan, los que protegen todo, esto se llama el río. Nosotros no utilizamos desagües al río, un hermano jamás puede apuñalar a otro hermano, así nosotros no apuñalamos a un hermano que nos da de beber.

Si las transnacionales cuidaran a nuestras tierras como nosotros las hemos cuidado, con mucho gusto les daríamos campo para que trabajen. Pero que pasa que las transnacionales de lo único que se preocupan es de sacar sus beneficios económicos y de llenar sus arcas de plata.

Nosotros no entendemos porque el gobierno quiere talar nuestra vida, está talando nuestra vida si no deroga el paquete de decretos que nos están ajustando o asesinando la moralidad de nuestros pueblos indígenas.

Con esta lucha, no hemos venido a que la policía nos desaloje como si fuéramos personas que estamos haciendo una vía negativa, nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos, entonces ése señor mientras no nos responda, nosotros no vamos a dejar este sitio, vamos a estar hasta las últimas consecuencias.


  • Teolo Chamil, Vicepresidente del Comité de lucha de los pueblos jíbaros.
Nosotros estamos aquí en la curva del diablo por una sencilla razón, porque tenemos que defender la vida, la biodiversidad, el medio ambiente.

El agua que es el elemento vital para todos los seres humanos, en países desarrollados, no tienen agua, han removido todos sus recursos, han saqueado todos sus recursos.

Los pueblos indígenas no estamos reclamando solamente para nosotros, somos defensores del medio ambiente, nosotros queremos y seguimos defendiendo este medio ambiente para que todas las personas respiren el oxígeno puro que purifica nuestra vegetación .

Por esto estamos acá, pero que pasa , Alan García para implementar el tratado de libre comercio quiere entregar nuestros recursos, entonces los pueblos indígenas como siempre hemos vivido, queremos dejar una herencia para nuestras generaciones.

Vamos a continuar en la lucha hasta que se deroguen todas las leyes lesivas que van contra nuestros derechos


  • Julio Hinojosa, Comunero Wampis
La Amazonía es nuestra despensa, el bosque es la vida, el bosque es el que da vida a toda la humanidad.

Nosotros podemos morir en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestro medio ambiente.

El medio ambiente no hace daño a ninguna población mundial, al contrario le está dando algo bueno, algo beneficioso para toda la humanidad y para la generación. Tenemos que trabajar y eso, el gobierno tiene la obligación de promover las leyes en defensa del medio ambiente, pero sin embargo no lo está cumpliendo.

Al contrario quiere meter empresas mineras, petroleras madereras para contaminar todo esto, y eso a nosotros no nos gusta.


  • Mateo Impi, Comunero Awajún , río Santiago
Nosotros nos sentimos victoriosos porque hemos resistido 58 días y podemos más solamente nosotros, ¿Cuándo van a levantar el Paro? La respuesta la tiene el presidente, el Congreso tiene la respuesta. Si en el día de hoy se derogan, nosotros nos vamos.

Todo problema se soluciona cuando hay voluntad política. Eso es lo que tienen que hacer.



  • 5 de junio, Carretera Fernando Belaúnde, Curva del Diablo







Perú, Modelo Genocida



Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Genocidios han existido muchos y mucho antes de que existiera la palabra. El genocidio por América es historia conocida desde los tiempos del colonialismo europeo. Hay genocidios y genocidios, casos antiguos y casos modernos, modelos coloniales, modelos neocoloniales y hasta modelos postcoloniales. Perú ha sido un verdadero laboratorio de genocidios. Vuelve a serlo a pleno rendimiento generando en la Amazonía un modelo entre neocolonial, por la decisiva participación foránea, y postcolonial, por el entusiasta respaldo del Estado. El Perú de la segunda Presidencia de Alan García se ha convertido en el paladín de este modelo.

Hay un modelo amazónico de genocidio que se genera en el siglo XIX. Consiste en la simple invasión del territorio para aprovechamiento económico prescindiéndose tanto de la presencia de humanidad en el mismo como también de la riqueza de una naturaleza no inmediatamente aprovechable, de lo primero salvo a los efectos de explotación laboral descarnada. Es un modelo que arrasa con humanidad y con naturaleza de forma que el daño a la segunda resulta inescindible del perjuicio, letal a menudo, a la primera. La mortandad humana se incrementaba tanto por las prácticas laborales de un esclavismo violento como por la destrucción no sólo colateral de los medios de vida indígena. Un diplomático británico de nación irlandesa fue testigo y le contó al exterior la historia.

Me refiero a Roger Casement, famoso porque también desveló el genocidio belga en la cuenca del Congo, y a sus informes sobre las prácticas de la empresa británica Peruvian Amazon Company en la Amazonía, más concretamente en el Putumayo peruano. Fueron documentos oficiales que dieron lugar a la formación de una comisión en el Parlamento británico cuyas actas también se hicieron públicas. Con toda la importancia que podrían haber tenido para una toma de conciencia en el Perú y con la responsabilidad que también pudiera corresponder al Estado peruano, no tengo noticias de que el Special Report from the Select Committee on Putumayo together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence and Appendices (Londres, 1913) fuera traducido al castellano o de alguna otra forma difundido por América Latina. Sobre el conocimiento que se llegara a tener en algunos círculos peruanos, comenzándose por el Congreso, la Justicia y el Gobierno, no sé nada ni parece que nadie se haya preocupado hasta hoy por averiguarlo. He ahí, con la complicidad, como mínimo, del Perú, las evidencias de un flagrante genocidio antes de que la palabra existiera.

Ayer era por el caucho y hoy es por los hidrocarburos con otros recursos naturales siemore de por medio. La invasión depredatoria de la Amazonía ha proseguido y ahora cobra un auge renovado. Los métodos no son los mismos. Se configura un nuevo modelo. El Congreso y el Gobierno tienen un papel más activo produciendo la legislación y ejecutando las políticas no sólo de respaldo, sino también de impulso de la depredación. El esclavismo violento ya no es cosa practicable, aunque pueda todavía subsistir alguna que otra forma de trabajo forzoso. Pero la humanidad indígena ya está completamente de sobra para la codicia de unas empresas extractivas. Llevan consigo su propia mano de obra entrenada y aguerrida. Objetivo suyo es el desplazamiento o la reducción de la población indígena; su ideal, la desaparición o la extinción de esta presencia que consideran un estorbo. El exterminio directo tampoco es muy practicable a estas alturas. La intención de borrar del mapa toda una presencia humana es en todo caso paladina.

He ahí el nuevo modelo genocida para la explotación de la Amazonía. También ha sido descrito para el debido conocimiento tanto en el interior como en el exterior. La afectación de ignorancia ni cupo entonces ni cabe ahora. Ahora Roger Casement tiene el nombre, por ejemplo, de Racimos de Ungurahui, EarthRights International, Amazon Watch y World Wildlife Fund, las organizaciones que han elaborado el informe sobre el caso del pueblos achuar de Río Corrientes: Un Legado de Daño. Occidental Petroleum en Territorio Indígena de la Amazonía Peruana (Lima, 2007). Sin necesidad de hacer uso de la denominación de genocidio, he ahí la descripción con todo detalle de un genocidio del modelo entre neocolonial y postcolonial, el característico ciertamente en la actualidad de la Amazonía peruana. No sólo describe la situación, sino que también dilucida responsabilidades, tanto las políticas como las empresariales, exponiéndose cómo y en qué medida se ha violado tanto el derecho internacional de los derechos humanos como la legislación peruana.

Esto último, el escollo de la legislación peruana, ha querido resolverlo Alan García, quien ha lanzado a continuación, desde la Presidencia de la República, el programa más decidido de invasión depredatoria de la Amazonía comenzando por producir un vuelco del derecho vigente en el Perú. Por allanarse el camino, se hizo habilitar por el Congreso a fin de proceder a un cambio radical de legislación, mediante un centenar de decretos en el tiempo acelerado de seis meses, con el objetivo en particular nada oculto de desmantelar las garantías existentes para los derechos indígenas que se interponen frente a la depredación. Bajo la Presidencia de Alan García, tal política fue puesta en práctica por el Gobierno de Jorge del Castillo y ha sido mantenida por el de Yehude Simon, aunque éste pareció arrancar con otro discurso. Fuertes resistencias locales y serias advertencias internacionales no hicieron recapacitar. Con inenarrable entusiasmo, Alan García condujo su política de depredación de la Amazonía hasta provocar la masacre de Bagua en el intento vano de doblegar la resistencia indígena.

¿Ha sido Bagua un genocidio? No, ciertamente. Es sólo un episodio del genocidio. No hay genocidio porque haya muertos, sino que hay muertos porque venía cometiéndose genocidio, el genocidio del modelo entre neocolonial, por la decisiva participación empresarial foránea, y postcolonial, por el no menos decisivo papel político del Estado. Ha de reconocerse que Alan García ha perfeccionado el modelo al máximo que cabe. Doblegó a la legislación peruana, pero no es tan fácil doblegar a la resistencia indígena ni, a estas alturas, al derecho internacional de los derechos humanos, un escollo cuya entidad no se midió bien. Bajo Alan García, la Cancillería y las Embajadas peruanas han desplegado una línea de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional como forma de encubrir las políticas internas. Ha sido la resistencia indígena la que ha puesto el juego en evidencia.

El modelo de genocidio neopostcolonial es de un tiempo en el que ya existe el nombre, no digo el adjetivo. El neologismo fue acuñado justo a punto para que pudiera utilizarlo la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que data de 1948. La misma tipifica como tal, como genocidio, no sólo el exterminio directo, sino también, por ejemplo, la “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”, siempre que sea con la intención de eliminarlo “en todo o en parte”, y el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. ¿No se ven aquí descritas las consecuencias inhumanas de las prácticas depredatorias de la Amazonía? ¿No está así tipificado como delito de lesa humanidad lo que había ocurrido y lo que ocurriría en la Amazonía peruana? Cierto es, pero ha de reconocerse que el efecto disuasorio de la Convención fue nulo, ya no digo del penalizador. En el Perú se perdió cuidado y pudo reactivarse el impulso económico genocida. Así ha podido llegarse hasta el perfeccionamiento del modelo por Alan García y hasta la sangre derramada en Bagua.

Que la masacre de Bagua no sea genocidio, sino tal sólo un episodio del mismo, es relevante a los efectos de rectificación y reparación. La misma legislación alangarcista ha sido un instrumento de genocidio y no el genocidio mismo. Quiere esto decir que, para una rectificación, no basta con derogar una serie de decretos lesivos de derechos ni tampoco con ofrecerle, como se debe, reparación a las víctimas de una masacre. Hay que erradicar la política genocida y reparar sus efectos, todos sus efectos, todos y cada uno de los daños y perjuicios ocasionados, los direcos y los indirectos, por restitución o por compensación según resulte materialmente factible. ¿Para el futuro? Lo estipulado por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: consentimientos indígena libre, previo e informado con todas sus implicaciones.

En resumidas cuentas, las personas, las comunidades y los pueblos indígenas que han venido sufriendo el genocidio peruano tienen derecho no sólo a un ordenamiento conforme con el derecho internacional de los derechos humanos, sino también a la devolución y saneamiento de sus territorios con resarcimiento por todos los daños de todo género que se hayan causado. Otra cosa representaría un paliativo sin capacidad siquiera para interrumpir la larga continuidad de unas políticas genocidas.

Finalmente, cabe añadir que la tipificación del genocidio por el Estatuto de la Corte Penal Internacional es la misma de la Convención y que el Perú tiene ratificados ambos instrumentos. Las eventuales responsabilidades criminales, sean políticas o empresariales, podrían consiguientemente depurarse por la Corte Penal Internacional (salvo en el caso de empresarios nacionales de Estados que no tengan ratificado el Estatuto).

Una última sugerencia. Evitemos que el pasado inicuo se convierta en un futuro peor a través del presente indeciso. No nos preguntemos para qué ha servido la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Para una norma tan inoperativa hasta ahora, no es esa de mirar al pasado buena guía. Pues la Convención está completamente inédita en lo que interesa a pueblos indígenas, lo que hemos de preguntarnos es para qué puede y debe servir. Y obremos en consecuencia.


Anexo: Caso de genocidio neopostcolonial en la Amazonía peruana


Fuente: Bartolomé Clavero
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1767



Entrevista a Daisy Zapata vicepresidenta de AIDESEP



"Sólo quieren llevarse todos nuestros recursos naturales"



Diagonal Frente al modelo de extracción de materias primas a gran escala, ¿qué tipo de desarrollo propone Aidesep?

DAISY ZAPATA: Los pueblos indígenas siempre miramos un desarrollo sostenible, nosotros cuidamos, por ejemplo sacamos las maderas y vamos reforestando. Lamentablemente, este Gobierno está impulsando un desarrollo dentro de sus conveniencias. Por ejemplo, tenemos lotes petroleros dentro de comunidades nativas. Todas usan malas metodologías porque dejan el ambiente y los ríos contaminados.

Si hubiera una forma de explotar bien el petróleo sería magnífico, pero eso no pasa. Hay un lote petrolero de Repsol que está en la quebrada Mashansha (Ucayali). La exploración la hacen en la parte alta y la gente que vive en la parte baja toma el agua y se enferma. Hay que ir a la zona para ver cuál es la realidad, porque cuando hablan los señores de las petroleras hablan bonito, hablan lindo, pero no cumplen los estándares que pide el Gobierno. Eso hace que nuestros árboles, quebradas y peces vayan muriéndose.

D.: ¿Cuál es el balance del proceso de lucha hasta ahora y cuáles las estrategias de cara al futuro?

D.Z.: Los pueblos indígenas nunca nos quedamos callados, pero el Gobierno no obedece. El año pasado, el 9 de agosto, se emprendió una gran movilización que logró derogar dos Decretos Legislativos (DL) 1015 y 1073. Eso no terminó allí.

Cuando la Amazonía se levanta es fuerte y contundente porque creemos que las demandas de los pueblos indígenas no son en vano. Es lamentable porque han esperado a que mueran peruanos, que se maten entre peruanos, para recién derogar dos decretos (el 1090 y 1064).

Esperamos que los demás se deroguen también, quedan siete pendientes. Venimos trabajando dentro del marco del convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU, pero a los gobiernos de turno poco o nada les interesan estos convenios.

Hay cuatro ejes que queremos incluir en la mesa de diálogo: la reforma constitucional, dentro de ella el tema de tierra y territorios, la libre determinación, donde está la consulta previa e informada, educación y salud intercultural y la identidad.

Esperamos que esta vez sea más transparente. Porque cuando se sentaron con el hermano Alberto Pizango (presidente de Aidesep, responsabilizado por el Gobierno peruano de la revuelta indígena) querían hacer todo a su conveniencia para finalmente culpabilizarle y decir que él había pateado el tablero.

D.: Respecto a los acontecimientos ocurridos en Bagua y la persecución del dirigente Pizango refugiado en Nicaragua, ¿Cuál serán las acciones de Aidesep?

D.Z.: Vamos a seguir insistiendo al Gobierno que cese los procesos porque Alberto Pizango es inocente. Él es un líder que siempre ha llevado la voz de los pueblos indígenas y que nunca ha invocado a la violencia ni a enfrentamientos.

Creo que si [el primer ministro] Yehude Simon quiere entablar un diálogo de confianza y de reconciliación con nosotros sería bueno que cesen las persecuciones a nuestros dirigentes.

Sobre el tema de Bagua tenemos muy claro que se va a formar una comisión investigadora de lo acontecido allí, estamos pidiendo la atención humanitaria de los hermanos indígenas que están heridos y el retorno a sus lugares de origen, ellos están en el monte, escondidos. La policía en Bagua está creando temor en los hermanos.

También queremos incorporar en la mesa atención prioritaria a los que se han quedado sin familia, así como se está indemnizando a los policías lo mismo queremos para los indígenas.

D.: Durante la última visita del Relator de la ONU, el Gobierno repetía que las 12 millones de hectáreas que le pertenecen a las comunidades indígenas no serían tocadas...

D.Z.: Es mentira. Como verás, el mapa del Perú está lleno de ‘cuadraditos’ por los lotes petroleros, mineros, madereros, hay de todo, ésa es la ambición de Alán García. Tenemos que ser fuertes y consecuentes para defender nuestros territorios.

D.: De cara a la Cumbre para la negociación de un TLC entre la UEALC, en Madrid 2010 ¿cuál es la posición de Aidesep?

D.Z.: Nosotros estamos en contra de los llamados TLC porque nunca hemos sido consultados. Lo tomamos como si fuese una guerra que nos llega, que nunca vamos a aceptar.

Con la creación de la carretera transoceánica la gente estaba desesperada porque no entiende qué es, qué es lo que quiere el Gobierno, qué desarrollo es el que quiere buscar, cuando se ve que quiere matar a los pueblos no contactados, a las comunidades de la Amazonía, cuando nos damos cuenta que solo quiere llevarse todos nuestros recursos naturales.

A los hermanos que están permanentemente solidarizándose con la lucha contra el TLC, quiero decirles que sigan siendo fuertes y que no nos dejemos vencer fácilmente.


Fuente: Johnattan Rupire y Mar Soler. Redacción / Lima (Perú)
Diagonal- Martes 23 de junio de 2009
http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article8304

Rodolfo Stavenhagen: "Hay que hacer justicia. Hay un patrón organizado de violaciones de derechos humanos"

22/06/2009

El antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la religiosa Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad de Ecuador, estuvieron la semana pasada en Lima y en Bagua para indagar lo ocurrido durante el cruento enfrentamiento del gobierno contra los pueblos indígenas de la Amazonía. Se entrevistaron con las víctimas sobrevivientes de la represión policial, escucharon los testimonios de los indígenas sobre lo ocurrido en la “Curva del Diablo”, y también se reunieron con representantes del gobierno. Elaborarán un informe para la Federación Internacional de Derechos Humanos, el cual será entregado al presidente Alan García y también será hecho público. Este informe estaría listo en unos dos meses. En la siguiente entrevista ambos exponen sus primeras impresiones luego de terminada su visita de trabajo al Perú.

-¿Cuál es su impresión de lo ocurrido en Bagua luego de su visita a esta ciudad y de conversar con la población indígena y con las autoridades?
-Rodolfo Stavenhagen (RS): Mi impresión es que se va configurando un cuadro de muy serias violaciones de los derechos humanos, cometidss por el Estado en su tratamiento de las demandas de los pueblos indígenas.

Elsie Monge (EM): La causa de lo ocurrido es la no consulta a los pueblos indígenas de decisiones que los afectan.

-¿Cuál es su primer balance sobre el operativo policial del 5 de junio?
-RS: Durante ese operativo se cometieron serias violaciones de los derechos humanos, porque se agredió a la población indígena pacífica y hubo muchos muertos. Los civiles han sido víctimas de una agresión armada por parte de las fuerzas del Estado. Nadie sabe cuántos muertos ha habido…

-Las cifras oficiales hablan de veinticuatro policías y diez civiles muertos.
-RS: Esa cifra oficial sobre civiles muertos está muy por debajo de lo que nos indican los testimonios que hemos recogido…

-¿Cuántos muertos estiman ustedes que ha habido?
-RS: Exactamente cuántos muertos ha habido nadie lo sabe, pero creemos que ha sido una cantidad significativamente mayor que lo que señalan las cifras oficiales. Un testigo me ha dicho que calcula haber visto treinta cadáveres. Aparte de los muertos, están los heridos. Las autoridades no han tratado de ver cuántos heridos hay. Tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos de los heridos, y hay niños y niñas heridos; hay heridos graves. Y también hay desaparecidos.

-¿Tienen una cifra de desaparecidos?
-RS: No hay una cifra. Identificar a los desaparecidos es una tarea que hay que hacer. Las comunidades están elaborando listas de las personas desaparecidas.

-EM: Los testigos nos han dicho que la policía recogió cadáveres y no se sabe qué pasó con esos cadáveres. El hecho de que haya un mayor de la policía desaparecido nos parece un hecho revelador de que hubo más muertos que han sido desaparecidos. Este mayor posiblemente fue muerto por los indígenas y desaparecido por la policía. Hay testimonios que este mayor no estaba uniformado y habría sido desaparecido junto con otros muertos civiles sin saber que era policía.

-¿Han recibido denuncias de maltratos a los detenidos?
-RS: A algunos detenidos se les han levantado acusaciones que no están comprobadas. Hemos recibido los testimonios de familiares de los detenidos, que denuncian abusos físicos, presiones psicológicas, actitudes racistas contra los detenidos,

-EM: No hemos podido hablar con los detenidos en Bagua porque antes que lleguemos fueron trasladados a Chachapoyas. La coincidencia es demasiado grande. Ese traslado es inaceptable e ilegal, y afecta el proceso judicial

-¿Las acciones del gobierno posteriores a la matanza de Bagua han estado dirigidas a ocultar lo ocurrido?
-EM: La policía cercó el lugar durante varios días para que no ingrese nadie. Si no había nada que ocultar, entonces ¿por qué cerraron la zona durante cinco días? El ocultamiento de los hechos es uno de los mecanismos de la impunidad. Hacia eso se va. El Estado es el responsable de ese ocultamiento de la verdad.

-RS: Este ocultamiento de lo ocurrido genera responsabilidad en las autoridades. Y lo más importante es que si se oculta la verdad, se genera mucha frustración y mucha rabia entre la población. Y eso es una bomba de tiempo, y no me refiero solamente a los nativos, sino a la población en general, que en gran medida ha demostrado simpatía por la causa de los pueblos indígenas. Este ocultamiento de la verdad demuestra que hubo un patrón muy serio de violaciones del derecho a la vida y de todos los derechos que tienen los ciudadanos.

-Ustedes han conversado con varias autoridades, ¿qué han respondido frente a las denuncias de muertos no reconocidos oficialmente y desaparecidos?
-RS: No han dado ninguna explicación sobre eso. Nos han dicho que no tienen toda la información. Los funcionarios del gobierno con los que hemos hablado consideran que el asesinato de policías es un hecho delictivo demostrado y que va a ser perseguido. A lo demás tratan de no darle mucha importancia.

-¿Cómo aprecian el discurso del presidente García y de otros funcionarios del gobierno calificando a los indígenas desde “terroristas” hasta “ignorantes”?
-RS: Ese discurso que busca descalificar a los indígenas causa desasosiego, rabia y frustración. Es un discurso polarizante. Es un lenguaje que no debería tener lugar cuando se buscan soluciones a problemas económicos, sociales y políticos.

-¿Cómo ha quedado la imagen del gobierno peruano luego de estos hechos?
-RS: Su imagen se ha deteriorado considerablemente. Siento que eso el gobierno lo reconoce, porque el propio presidente ha pedido disculpas por los errores cometidos…

-¿Eso es suficiente?
-EM: Hay algunas rectificaciones, pero también hay señales negativas, como el ocultamiento de lo que pasó. Me parece fundamental que hayan admitido errores, pero hasta qué punto se va a tener una actitud de tomar en cuenta la vida, la cultura, los intereses del pueblo en general, y en este caso específico de los indígenas, todavía está por verse.

-RS: Pedir disculpas no basta. Hay que hacer justicia. Hay un patrón organizado de violaciones de derechos humanos y detrás de eso hay responsables.

-¿Hasta qué niveles del gobierno llegan esas responsabilidades?
-RS: Eso es lo que hay que investigar y la justicia debe determinar las responsabilidades. Pero vemos que no se está investigando. El Estado es el responsable de la decisión que produjo estos hechos. No sé exactamente a qué niveles se toman esas decisiones, pero probablemente sea a un nivel muy alto.

-¿Debe formarse una Comisión de la Verdad para investigar lo sucedido en Bagua?
-RS: Es posible que en nuestro informe recomendemos la formación de una comisión como la que usted señala.

  • No respetan derechos de los indígenas

-Después de haber dialogado con los indígenas, ¿cómo han percibido los sentimientos de esta población luego de lo ocurrido en Bagua?
-RS: La población se siente muy dolida, muy vulnerada en sus derechos, muy disminuida. Hemos escuchado testimonios realmente conmovedores, en los que una y otra vez las víctimas repiten: ‘no nos tratan como seres humanos, no nos tratan como ciudadanos peruanos que somos; nos tratan como terroristas, como salvajes, como bárbaros, como perros’. Aquel famoso comentario que hizo el presidente García sobre el perro del hortelano, los indígenas con los que hemos hablado lo perciben como un insulto racista.

-¿Cómo se sienten los indígenas frente al Estado?
-RS: Se sienten totalmente marginados e ignorados por el poder, menospreciados, insultados. La gente está muy molesta por lo ocurrido. Algunos funcionarios usan un discurso racista en su contra. El gobierno no ha tomado en cuenta los derechos legítimos de los pueblos indígenas de la Amazonía. El Estado le ha dado mucho apoyo a compañías extranjeras, sin tomar en consideración ni los derechos humanos de los indígenas ni las consideraciones ambientales.

-¿Hay una política institucionalizada en el Estado peruano de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas?
-RS: Yo diría que sí.

-EM: Hay un desconocimiento de los pueblos indígenas. Muchas veces no se toman como derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que están en juego con estas leyes dadas por el gobierno peruano y ahora derogadas.

-El gobierno ha dicho que la protesta indígena ha estado promovida desde el extranjero y que los indígenas han sido engañados y manipulados.
-EM: Es muy fácil satanizar planteamientos contrarios, y eso es lo que se está haciendo. Están satanizando a los indígenas porque no están de acuerdo con el modelo de desarrollo que propone Alan García. Yo no encuentro ninguna base en esa afirmación de que detrás de esta protesta indígena existe una intervención extranjera.


Fuente: Carlos Noriega Diario La Primera

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/hay-mas-muertos_40840.html



domingo, 21 de junio de 2009

FIDH. Misión Stavenhagen en Perú: 'Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad'


COMUNICADO DE PRENSA

Lima, 19 de junio de 2009

Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú en torno al conflicto en Bagua


Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos Humanos organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la colaboración de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros de la FIDH en el Perú.

Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Orga nización de las Naciones Unidas.

La misión tenía por objetivo:

  • Obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el departamento de amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros de la policía.
  • Determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos.
  • Conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto.

Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro Yehude Simon, con organizaciones de defensa de los derechos humanos, agentes pastorales en la región, organizaciones indígenas tales como la AIDESEP, y miembros de las comunidades nativas awajún de la Amazonía. Visitamos la zona de Bagua Grande, Bagua y Jaen, y realizamos entrevistas en la ciudad de Lima.

Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas que estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de la carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del Diablo”, se inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso. Según los testimonios, la policía comenzó disparando contra las personas que se acercaban para dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello produjo una respuesta de parte de las personas reunidas en la carretera y en la refriega también fallecieron ocho policías. La mayoría de las personas reunidas salieron huyendo del lugar. Cuando menos dos helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar disparando proyectiles de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la población, y algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde estos aparatos.


De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue cercado por la policía durante cinco días, sin que la población se pudiera acercar. En esas circunstancias se reportan numerosos desaparecidos que no han sido identificados ni localizados. Los representantes del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo sólo llegaron al lugar de los hechos horas después del comienzo de la balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció.

Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por la policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en las azoteas de las casas.

Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y coherente de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los “errores” que se habrían producido en el operativo. Las informaciones sobre los muertos, heridos y desaparecidos son incompletas y contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha proporcionado cifras preliminares que deberán ser completadas a raíz de las investigaciones en curso.

Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican estimaciones de muertos y desaparecidos superiores a las cifras oficiales, pero hasta la fecha no han sido documentadas con evidencia dura. Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Policía Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales).

Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los cuales 18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos delictivos.

Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron autorizados a ver a los detenidos. Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y psicológico.

El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez policías por parte de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a cierta de distancia de Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por estos homicidios.

El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los pueblos indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos legislativos vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella zona, que fueron adoptados por el Congreso de la República sin el consentimiento, la participación o la consulta a la población local. Cuando se produjeron los hechos violentos reportados, aún estaban dialogando los indígenas con las autoridades, por lo que resulta aún más sorprendente la acción intempestiva de la Policía Nacional contra los indígenas que bloqueaban la carretera.


  • Conclusión

Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto en la Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.

Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades.

Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los detenidos awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía Nacional local. Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, en la práctica casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados. También nos preocupa, en lo particular, la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen el día 5 de junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación al homicidio.

En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos.

Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento, denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de integrantes de esta asociación.


Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar la tragedia de Bagua. Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena participación de los pueblos indígenas. Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de establecer sendas comisiones de investigación sobre los eventos de Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer los hechos sino también establecer responsabilidades. Deben estar integradas por personas totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos particulares.

Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al Gobierno del Perú.

Agradecemos las atenciones que hemos recibido para el buen desempeño de nuestra tarea de las autoridades del gobierno, de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas de la región.



Fuente: Federación Internacional de Derechos Humanos
http://www.fidh.org/



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