jueves, 17 de septiembre de 2009

Extraña Comisión de Investigación sobre Bagua


Por: Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Desde Naciones Unidas, por parte del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, secundado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, se ha instado a Perú a que establezca una Comisión especial e independiente” para la “investigación exhaustiva, objetiva e imparcial de los sucesos ocurridos en Bagua “el 5 de junio de 2009 y días posteriores”, comisión a ser conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena, además de con participación de actores de la comunidad internacional. El 9 de septiembre se ha creado la “Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua”. A la luz no sólo de la recomendación procedente de tales instancias de Naciones Unidas, sino también de la simple lógica de sus propios objetivos, resulta una Comisión realmente extraña.


Las referidas instancias de Naciones Unidas se dirigían al Gobierno del Perú, pero no es exactamente el Gobierno quien responde con el establecimiento de la Comisión. El procedimiento utilizado resulta algo enrevesado. Pocos días después de los sucesos de Bagua, lo que el Gobierno decidió crear, mediante Resolución Suprema de los Presidentes de la República y del Consejo de Ministros, fue un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos formado por siete Ministerios (el de Ambiente, el de Energía y Minas, el de la Mujer y Desarrollo Social, el de Salud, el de Educación, el de Transportes y Comunicaciones y el de Vivienda, Construcción y Saneamiento), por los once gobiernos regionales con algún territorio amazónico (Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Cusco, Huanuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cajamarca), y por una decena de representantes indígenas. Este Grupo Nacional es el que, a principios de septiembre, tras algún intento fallido, adopta el acuerdo definitivo de crear la Comisión Especial sobre Bagua, lo cual se formaliza mediante Resolución Ministerial del departamento que ejerce la Presidencia del Grupo, el Ministerio de Agricultura. Es todo un extraño rodeo que, desde luego, encierra su intención y arrastra sus consecuencias.


La iniciativa comienza por comprometer muy relativamente al Gobierno y más bien nada a la Presidencia de la República, como tampoco al Congreso. Es un asunto ministerial, de un solo Ministerio, que ni siquiera pretende estar respondiendo al requerimiento de Naciones Unidas, al cual ni se hace referencia por la Resolución del caso. Ni siquiera responde la misma a la exigencia de consulta con instancias representativas de los pueblos indígenas del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, lo cual es más grave pues éste es un tratado internacional ratificado por Perú y obligatorio para su Gobierno. En el caso, habría de tratarse de la necesidad de contar como principal contraparte con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), pues ésta es la organización acreditadamente representativa de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Aunque hagan el amago, ni el Grupo Nacional ni la Comisión Especial cuentan en rigor con ella. Muy al contrario, el Gobierno está al tiempo alentando la persecución política, policial y judicial de dirigentes de AIDESEP y de la asociación misma, llegando hasta el extremo de intentar fraccionarla y anularla con una AIDESEP paralela.


La Resolución Ministerial que crea la Comisión Especial manifiesta que procede para crear un espacio de diálogo con ánimo y fines de reconciliación, lo cual resulta sencillamente inverosímil, por no decir que ofensivo, mientras que se mantenga dicha política de persecución de dirigentes indígenas. Sin entrar en absoluto en valoraciones personales, puede decirse que quienes han aceptado formar parte de dicha Comisión no ofrecen garantías de que vaya a conducir a una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial” desde el momento en que no han planteado como cuestiones previas ni la de atenerse a los compromisos internacionales del Perú en relación a los pueblos indígenas ni la de dar muestras previas de que el objetivo de la reconciliación no se proclama en vano y va en serio. Se le formula tan sólo para dejar excluido que la Comisión Especial pudiera revelar hechos conducentes a procesamientos por la justicia. El Presidente del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez Camacho, quien forma parte de la Comisión Especial, ya se ha adelantado a afirmar que el informe será “absolutamente objetivo” en el esclarecimiento de los hechos de Bagua. Difícil parece cuando la Resolución Ministerial ni le encomienda dicho objetivo ni le dota de medios para satisfacerlo.


Pese a su nombre completo, el objetivo de la Comisión Especial Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua se centra en lo segundo, en el análisis, y no en lo primero, en la investigación, como si ésta no fuera necesaria para aquel, la investigación para el análisis. La Resolución Ministerial concreta “el objeto” de la Comisión en estos términos: determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos de los sucesos de Bagua (la descoordinación gramatical es de la propia Resolución). Más parece mirar a trabajo de gabinete que a indagación sobre el terreno, lo cual guarda congruencia con la postura del Gobierno de dar, respecto a los hechos, por definitivo el informe apresurado de la Defensoría del Pueblo tras su visita a Bagua a poco de acontecer la masacre. Y a lo cual puede responder la llamativa circunstancia de que no se dote de fondos a la Comisión Especial. Ha de funcionar con partidas del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura, con las que éste pueda y tenga a bien participarle. En estas condiciones, ¿qué investigación va a poder conducirse sobre el terreno? ¿Cuántas comunidades indígenas van a poder visitarse, mediante qué criterios de selección y contándose con cuánto tiempo? La Resolución Ministerial fija el periodo más bien corto de noventa días, a partir del 10 de septiembre, para la entrega del informe final al Ministro de Agricultura.


Hay preguntas previas por supuesto.

¿Qué confianza va a granjearse esta Comisión Especial entre las comunidades para descubrir algo más de lo que malamente ya se sabe y el Gobierno además no reconoce?

¿Y qué no ha podido hacer el Gobierno mismo para alterar evidencias en los más de tres meses transcurridos desde los sucesos de Bagua?

¿No viene interponiendo todo tipo de impedimento frente a la investigación de las responsabilidades de quienes, de parte policial, provocaron muertes en Bagua o, de parte militar y política, dieron las órdenes?

Para contrarrestar todo esto, venía desde las instancias de Naciones Unidas el requerimiento de una credibilidad muy vinculada con representación indígena y con participación internacional. Tres miembros de los siete que forman la Comisión Especial se presentan como de parte indígena y puede que más de uno o de una mantengan en efecto sintonía, pero ninguno cuenta con credencial de representatividad. Uno de ellos, el profesor awajún Jesús Manacés Valverde, ha sido elegido Presidente de la Comisión por su voto unánime. Participación internacional no hay en absoluto. Hasta el derecho internacional con vigencia en Perú ya hemos visto que se ha excluido completamente.


En la forma como la Resolución Ministerial concreta el objetivo de la Comisión Especial podría verse algo positivo: determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos, sic como ya sabemos. Se trata entonces de analizar causas y consecuencias, algo realmente necesario que pudiera además estar al alcance de la Comisión. Pero hay al menos dos problemas. El primero está dicho. Tal y cómo se presenta todo esto por la Resolución Ministerial, el objetivo del análisis de gabinete sustituye al de indagación sobre el terreno en vez de complementarla. Para lo segundo, para hacer la investigación seriamente, ni siquiera se dotan medios. El otro problema es el de la forma como se relacionan de antemano los diversos órdenes, el socio-cultural, el económico, el político y el religioso, de las causas y consecuencias a ser identificadas y analizadas.


A los sucesos de Bagua se ha llegado por causas netamente políticas, de una política económica que, con todo empecinamiento, ha venido en el último par de años desmantelando mecanismos de garantía de derechos indígenas para acelerar y potenciar la invasión empresarial de la Amazonía en pleno curso sin el debido consentimiento de parte indígena. Es la política que, con sus visibles consecuencias depredatorias del hábitat amazónico, condujera en forma directa a una firme resistencia indígena con el desenlace de la masacre de Bagua como efecto más inmediato de una intervención policial no descontrolada, sino decidida y dirigida desde el Gobierno. Ésta es la principal vía para investigar y analizar causas de los sucesos de Bagua.


Obsérvese sin embargo dónde se sitúa el factor de la política por la Resolución Ministerial: causas y consecuencias de orden socio-cultural, económico, político y religioso, por este orden. La anteposición de lo socio-cultural responde a la mala idea de la peor antropología conforme a la cual el problema principal recae de parte indígena, de su presunta incapacidad social y cultural para desarrollo económico ninguno. No es pensable que la causa socio-cultural, la primera, se refiera a parte no indígena. Frente a lo que asegura Walter Gutiérrez, la orientación del informe viene prefigurada por la Resolución Ministerial. Si sinceramente no lo detecta, es porque comparte dicha composición de factores que cargan de antemano los problemas sobre la parte indígena.


AIDESEP se ha pronunciado. Lo ha hecho su Vicepresidenta, Daysi Zapata Fasabi (el Presidente, Alberto Pizango Chota, sigue en la situación de exilio forzado en Nicaragua), mediante una carta formal dirigida al Ministro de Agricultura, Alberto de Córdova Vélez, en la que le insta a la rectificación de la medida de creación de la Comisión Especial apelando a compromisos contraídos por el propio Gobierno. Por una parte, habría de efectuarse la creación mediante Resolución, no Ministerial, sino Suprema, para que quedase debidamente comprometido no sólo un Ministro, sino el Gobierno en su integridad, inclusive la Presidencia de la República. Por otra parte, las funciones de la Comisión habrían sido también objeto de negociación y acuerdo, a lo cual tampoco se ha dado cumplimiento. No tendrían nada que ver con esa vaguedad sesgada de estudiar causas y consecuencias de orden socio-político, económico, político y religioso. En fin, respecto a la creación de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, el Gobierno habría comenzado por faltar a su propia palabra.


A la carta formal de la Vicepresidenta de AIDESEP al Ministro de Agricultura responde informalmente el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velasquez Quesquén. No desmiente las alegaciones de Daysi Zapata en nombre de AIDESEP. Lo que declara es que sus reclamaciones no son más que “exquisiteces legales. Esta frivolidad, si revela algo, es el ínfimo grado de seriedad y compromiso del Gobierno del Perú para con sus propias obligaciones internacionales y para con los derechos de los pueblos indígenas.


Fuente: Blog de Bartolomé Clavero



viernes, 4 de septiembre de 2009

¿ Mucho más que una gripe ?


La gran amenaza del virus A(H1N1)

Por Ignacio Ramonet

En la ribera texana del ancho Valle del Río Grande, a dos pasos de la frontera con México, se halla Harlingen. En esa pequeña y coqueta ciudad estadounidense, el pasado 5 de mayo, falleció Judy Trunnell, una joven maestra de escuela de 33 años que acababa de dar a luz, por cesárea, a una niña radiante y saludable. "Era una persona maravillosa, cálida. Se consagraba a la educación de niños discapacitados", declararon sus familiares y amigos que acudieron a su vivienda, situada en una luminosa calle de esa localidad, para expresar su pésame en el funeral (1).

El destino quiso que Judy fuese la primera estadounidense fallecida a causa del virus de la nueva gripe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama ahora A(H1N1). Un nombre aséptico para evitar el uso de "gripe mexicana" que contraría a las autoridades aztecas, o de "gripe porcina" que enfada a los grandes industriales de carne de cerdo.

Sin dejarse distraer por esa astucia, el marido de Judy, Steven Trunnell, presentó ante un juez, el pasado 11 de mayo, una demanda contra la productora de carne porcina más importante del mundo: Smithfield Foods Inc. Esta multinacional posee -a través de su filial mexicana Granjas Carroll- unos gigantescos criaderos de cerdos cerca de un pueblecito de tres mil habitantes, La Gloria, perteneciente al municipio de Perote, en el Estado mexicano de Veracruz.

El abogado de Steven Trunnell, Marc Rosenthal, reveló que esa compañía posee más de un millón de cerdos hacinados en unas doscientas porquerizas situadas en el entorno de La Gloria. Añadió que los habitantes locales se quejan de la hediondez y de las pésimas condiciones higiénicas de las cochiqueras. La demanda tratará de reclamar daños y perjuicios por "la muerte injusta de Judy, provocada por Smithfield Foods"; y reclamará "unos mil millones de dólares". Marc Rosenthal (2) se propone denunciar el horror de los insalubres criaderos industriales de puercos y aportar pruebas de que la gripe A(H1N1), probablemente, tuvo su origen en esas pocilgas de La Gloria desde donde se está propagando a todo el planeta.

Aunque la empresa Smithfield Foods niega cualquier relación entre sus instalaciones y la aparición de un foco de nueva gripe a las puertas de sus granjas (3), un informe reciente de GRAIN (4) parece confirmarlo. Los expertos de esta organización no gubernamental alertan de que el aumento en gran escala de zahúrdas industriales ha creado las condiciones perfectas para el surgimiento y dispersión de nuevas formas de gripe altamente virulentas. Tales criaderos constituyen bombas de relojería listas para desencadenar epidemias mundiales. Ya en 2006, unos investigadores del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos habían declarado: "La alta concentración de enormes cantidades de animales apretujados en muy poco espacio facilita la rápida transmisión y mezcla de los virus" (5).

Tres años antes, en marzo de 2003, la revista Science (6) había advertido de que la gripe porcina estaba evolucionando en fase rápida a causa del aumento del tamaño de los criaderos industriales y del uso generalizado de antibióticos y vacunas. Los virólogos alertaban precisamente a México y a Estados Unidos del peligroso coctel vírico que estaba por venir (7). Afirmaban lo siguiente: "Parece que después de años de estabilidad, el virus de la gripe porcina de América del Norte se halla en una fase de rápida evolución y cada año produce nuevas variantes".

Achacaban la fulgurante mutación de los virus a dos causas: el hacinamiento en criaderos insalubres de un número cada vez mayor de cerdos; y la práctica de vacunar a las hembras ya que la vacuna actúa seleccionando nuevos virus mutantes. Esos dos factores, avisaban los expertos, "aumentan la probabilidad de que emerja un nuevo virus transmisible entre humanos". Luego, el virus se disemina de modo imparable.

En ese mismo artículo, el Dr. Christopher Olsen, virólogo molecular en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Wisconsin, en Madison, hasta se atrevió a profetizar: "Ahora debemos buscar en México, la granja en donde va a aparecer la próxima pandemia" (8).

Aunque la OMS, en sus últimos comunicados, no haya confirmado que el brote tuvo ahí su origen, todo indica que esa granja se ha localizado. Y que el infierno de la actual epidemia empezó en La Gloria. A escasa distancia de los criaderos de cerdos de la empresa Smithfield, una de las mayores empresas agroalimentarias del planeta y el número uno mundial de la carne de cerdo. Su sede se encuentra en la ciudad de Smithfield, Virginia; y posee filiales en nueve países a través del mundo. En España, Smithfield Foods controla el 24% del capital de Campofrío, líder español de la producción de carne de cerdo. Campofrío se fusionó, en junio de 2008, con la filial europea Smithfield Holdings (9) del gigante norteamericano para formar una nueva empresa Group Campofrío (10).

Con una cifra de negocios de casi 12.000 millones de dólares, Smithfield Foods es la tercera compañía estadounidense más poderosa en la producción de alimentos, después de Archer Daniels Midland y de Tyson Foods. En 2008, ocupó el lugar número 222 entre las 500 firmas más importantes del mundo, según la revista Fortune (11). Pero esta compañía, que abastece a las cadenas de comida rápida McDonald's y Subway, ha sido frecuentemente acusada de contaminar agua, suelo y aire, y de no respetar los derechos de sus trabajadores. En su informe de 2005, Sangre, sudor y miedo. Derechos de los trabajadores en las plantas cárnicas y avícolas de Estados Unidos , la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció duramente sus abusos (12). También fue multada, en 1997, con 12.300.000 dólares, por violar la Ley de Aguas Potables (13).

Para evitar esas acusaciones, Smithfield Foods trasladó parte de sus criaderos a países como México, Rumanía y Polonia, en los que las leyes en favor del medio ambiente son más laxas o inexistentes, y donde algunos políticos están más dispuestos a dejarse corromper (14). Mediante su filial Granjas Carroll, Smithfield se instaló en la remota zona rural mexicana de La Gloria en 1994, aprovechando el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y donde, gracias a la complicidad de políticos locales, no tiene que preocuparse de ser acusado de violar ley alguna sobre el medio ambiente.



En el interior de barracas con ventilación deficiente e iluminación constante para estimular su crecimiento, los cochinos viven encerrados en jaulas que impiden su movimiento. Son engordados hasta alcanzar unos 120 kilos. Los criaderos son verdaderas ciudades de cerdos, rodeadas de mares de excrementos y bazofias.

La contaminación provocada y su impacto en la salud de los habitantes vecinos, así como las lagunas en que depositan los desechos animales propiciaron, a partir de 2004, el surgimiento de un movimiento ecologista de protesta. Granjas Carroll respondió reprimiéndolo.
Muchos vecinos de La Gloria y de una decena de comunidades que viven desde hace años con esa hediondez y respiran día y noche una peste infernal, se unieron para protestar en contra de la expansión de la transnacional. Organizaron asambleas y marchas. La empresa los demandó por difamación. Varios activistas fueron reprimidos y procesados, otros detenidos y obligados a pagar una fianza para salir de prisión.

Un corresponsal del diario La Jornada (15), Andrés Timoteo, se desplazó al poblado para describir el ambiente en el que viven los habitantes: "Nubes de moscas emanan de las lagunas de oxidación donde la empresa Granjas Carroll vierte los desechos fecales de sus granjas porcícolas; y la contaminación a cielo abierto ya generó una epidemia de infecciones respiratorias (...) El vector epidémico serían las nubes de moscas que despiden las granjas porcícolas y las lagunas de oxidación donde la empresa mexicana-estadounidense arroja toneladas de estiércol".

Los habitantes atribuyen la aparición de infecciones a esa polución y al envenenamiento de las aguas y de la atmósfera.

Otro reportero, Jorge Morales Vázquez, contó en Milenio (16), cómo los pobladores llevan años protestando contra la expansión indiscriminada de la empresa porcícola y cómo han sufrido persecución policíaca, represión y amenazas. A su vez, durante su recorrido, el periodista constató "el fétido olor proveniente de las granjas de cerdos que se respira durante todo el día en la pequeña comunidad de apenas tres mil habitantes, así como la existencia de enjambres de moscas que infestan los domicilios de las familias". Verificó asimismo la proximidad de las "lagunas de oxidación" en las que se somete a un proceso de descomposición aéreo los desechos fecales de los cerdos -que se convierten en gas metano-, responsables del nauseabundo hedor que inunda la zona. El reportero transmitió que se sospecha, además, que haya problemas de filtración a las capas freáticas. Y pudo observar los llamados "biodigestores", fosas cubiertas con una puerta de metal, en donde se arrojan los cadáveres de cerdos enfermos o muertos por peleas en las pocilgas.

"En esos agujeros cavados en el suelo -relató- los cadáveres se descomponen, lo que representa una fuente más de contaminación y proliferación de moscas del tamaño de una abeja que llaman muerteras , las cuales, empujadas por el viento, viajan en enjambres hasta La Gloria e invaden los domicilios...". Muchas familias declaran haber sido afectadas por frecuentes dolores de cabeza, enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias, y han desarrollado diarreas, tos, infecciones de garganta, vómitos y fiebre.

En este lugar, presumiblemente, el virus A(H1N1) saltó de los cerdos a los humanos en algún momento entre noviembre de 2008 y enero de 2009. Y pudo haber comenzado a infectar a grandes cantidades de personas a partir de principos de marzo (17).

Las autoridades federales no difundieron públicamente la información. Pero, a finales del año pasado y principios de 2009, el número de enfermos fue tan insólito que varios organismos internacionales de salud empezaron a preocuparse por lo que estaba ocurriendo en La Gloria.
De tal modo que el pasado 6 de abril -o sea 18 días antes de que el Gobierno mexicano alertara a la OMS de la aparición de un nuevo virus de gripe humana-, la web de Biosurveillance, que pertenece a Veratect (18), Centro del Gobierno estadounidense encargado de la información epidemiológica, transmitió que, en La Gloria, se estaban produciendo una serie de extraños casos de "infecciones respiratorias parecidas a la bronquitis neumónica, con fiebre y fuerte tos" y que "el 60% de los habitantes" padecía de una nueva y atípica enfermedad.

Es probable que el Ejecutivo azteca supo pronto que un foco infeccioso grave de una gripe desconocida se había producido en el valle de Perote y que, sin que los tratamientos habituales pudieran impedirlo, el mal se estaba difundiendo rápidamente a través del país. Pero no dió la alerta. Ni movilizó seriamente a sus servicios de salud y a sus investigadores científicos. Tampoco informó, en ese momento, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la gravedad de una situación que se le estaba yendo de las manos.

¿Por qué actuó de ese modo el Gobierno mexicano? Según algunos analistas locales, esa "discreción" se puede explicar porque, cuando surgieron los primeros casos, se acercaban las vacaciones de Semana Santa. Periodo crucial, en tiempos de recesión, para la industria turística del país.

Pero todo indica que la causa principal de semejante silencio fue diplomática. Se trataba de evitar a toda costa que, por razones de seguridad sanitaria, se pospusiese la visita oficial de Barack Obama, prevista para los días 16 y 17 de abril, segunda salida al extranjero del Presidente estadounidense tras su estancia en Canadá en febrero pasado. Para el Presidente Felipe Calderón, cuya elección en julio de 2006 fue muy controvertida (19), la visita del mandatario estadounidense era una consagración definitiva. Nada -ni siquiera la amenaza de un nuevo virus devastador- debía retrasarla.

Prueba de lo avanzada que estaba ya por esas fechas la epidemia es que ya había llegado al propio entorno de Felipe Calderón. El arqueólogo Felipe Solís, quién recibió -con Felipe Calderón- en el Museo Nacional de Antropología de México al Presidente de Estados Unidos, estaba contaminado y murió seis días después de la visita del mandatario estadounidense. Un asesor del secretario estadounidense de Energía, Steven Chu, que había ido a México para preparar el viaje del Presidente Obama, se contagió también con la nueva enfermedad. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, reconoció que la esposa, el hijo y hasta el sobrino del funcionario también presentaron síntomas de la nueva gripe (20).

Ante la magnitud que tomaba la pandemia, los servicios mexicanos de salud decidieron por fin actuar enviando muestras médicas tomadas de algunos enfermos de La Gloria a laboratorios de Estados Unidos y Canadá. Fue el Laboratorio Nacional de Microbiología de la Agencia de Salud Pública de Canadá, en Winnipeg, el que detectó el nuevo virus que contiene elementos de la gripe aviar, de la porcina y de la humana juntos, el 23 de abril, al analizar una muestra tomada en un niño de cinco años que se había enfermado en marzo pasado.

Ese niño, hoy ya curado, identificado como el primer ser humano -el "paciente cero"- infectado por la virulenta cepa de la nueva gripe porcina, se llama Édgar Hernández y su historia, narrada por el New York Times (21), lo ha hecho famoso en el mundo entero. Édgar ha contado los severos síntomas que sufrió cuando todo empezó en La Gloria el 9 de marzo pasado: su cabeza le ardía, tosía, le dolía la barriga, la garganta y no tenía ganas de comer (22).

Según la revista Science (23), en su artículo difundido el pasado 11 de mayo, se estimaba que el 24 de abril, fecha en que México hizo pública la pandemia, ya presumiblemente había en ese país entre 6.000 y 32.000 casos de gripe porcina, o sea muchos más que los confirmados por los laboratorios.

Hay poca evidencia de que este brote de gripe A(H1N1) sea, por el momento, más peligroso que las infecciones rutinarias de las cepas usuales de los virus estacionales que cada año causan la muerte de entre 250.000 y 500.000 personas en el planeta. Sin embargo, según Science , el virus A(H1N1) parece mucho más contagioso que el de la gripe común. Otro elemento preocupante: ataca más a los jóvenes sanos. Por ejemplo, en La Gloria, hubo el doble de niños de menos de 15 años contaminados, en comparación con los adultos. Según datos publicados en la web del New England Journal of Medecine (24), el 40% de los afectados tiene entre 10 y 18 años; y apenas el 5% tiene más de 50 años.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el nuevo virus aún puede mutar, hacerse mucho más virulento y causar una pandemia que se podría propagar hasta tres veces. La OMS señala que "la gravedad de esta gripe está influida por la tendencia de las pandemias a dar la vuelta al mundo en al menos dos y quizás tres oleadas".

Actualmente, en el hemisferio austral, empieza el periodo habitual de la gripe, y el virus A(H1N1) podría allí foguearse con los antivirales (Tamiflu) y proceder a una nueva mutación para regresar al hemisferio boreal en octubre próximo en condiciones mucho más virulentas, como lo hizo la terrible "gripe española" en 1918. Todo indica sin embargo que la nueva epidemia será menos severa que la de 1918, aunque algunos expertos estiman que será tan letal como la de 1957 (la "gripe asiática") que causó más de dos millones de muertos ... Otro riesgo es que el virus se combine con el de la gripe aviar, el temible H5N1, establecido en varios países, y produzca un mutante asesino de masas...

Para proteger a sus ciudadanos, los Gobiernos del planeta están ahora adquiriendo cantidades importantes del medicamento antiviral Tamiflu (oseltamivir), uno de los pocos tratamientos eficaces (se toma en cápsulas por vía oral) para combatir el virus mutado H1N1, y recomendado incluso por la OMS.

La historia del Tamiflu, en estas circunstancias, no deja de ser sugestiva. Fue descubierto por la firma biofarmacéutica Gilead Sciences Inc, cuya sede se encuentra en Foster City, California. Gilead cedió los derechos de fabricación y de comercialización a la empresa multinacional suiza Roche, la cual le revierte el 22% de los beneficios anuales por las ventas de Tamiflu.

Es interesante notar que Donald Rumsfeld, el ex secretario de Defensa del Presidente George W. Bush y uno de los principales instigadores de la invasión ilegal de Irak (25), fue presidente de Gilead Siences Inc. desde diciembre de 1997 hasta hacerse cargo del Pentágono en 2001, y conserva un importante paquete de acciones.

Una de las primeras medidas de Rumsfeld, cuando asumió su cargo en el Gobierno, fue declarar el Tamiflu de uso obligado en el seno de las Fuerzas Armadas (26). Las ganancias de Roche y de Gilead (y por consiguiente el enriquecimiento personal de Donald Rumsfeld) se dispararon. Las acciones de la empresa se vieron también altamente beneficiadas en Bolsa, a partir de 2003, cuando surgieron en Asia las amenazas de epidemias del Síntoma respiratorio agudo severo (SRAS) y del virus H5N1 de la gripe aviar.

Fascinados por la teoría del complot, algunos han llegado a deducir que el detestado Rumsfeld debe estar implicado, de una manera u otra, en el surgimiento de estas epidemias y en particular en la aparición del nuevo virus mutante A(H1N1).

Es poco probable. La principal responsabilidad de esta grave amenaza sanitaria reside en la industrialización delirante de la producción pecuaria. El despiadado sistema de cría intensiva ha transformado radicalmente el sector. Hoy se parece más a la industria petroquímica que a la feliz granja familiar que aún describen los manuales en las escuelas (27).

En 1965, por ejemplo, había en Estados Unidos, 53 millones de cochinos repartidos entre más de un millón de granjas; ahora hay 65 millones de cerdos concentrados en sólo 65.000 explotaciones.
En España, hay actualmente 25 millones de cerdos (más de medio cerdo por habitante...), el 92% de ellos criados en explotaciones intensivas semejantes a las de las mexicanas Granjas Carroll de La Gloria. Se ha pasado en poco tiempo de las porquerizas caseras a infiernos "concentracionarios" en los que se hacinan, en medio de la hediondez y bajo calores asfixiantes, decenas de millares de animales que intercambian virus patógenos con gran intensidad.

Ese tipo de agricultura inhumana, intensiva y productivista, que desanimaliza al animal y lo considera como un mero producto industrial , un simple material que da carne y procura beneficios financieros, es el culpable de la pandemia en curso (28). Cuando, por los propios excesos de empresarios insensatos, ese depravado modelo revienta, el desastre sanitario amenaza con afectarnos a todos...


Por Ignacio Ramonet Le Monde Diplomatique del mes de junio en español



  • Las dos farmacéuticas que fabrican vacunas y antivirales valen 45.000 millones de euros más que antes de declararse la epidemia
Van a producir más de 400 millones de dosis de la vacuna contra la gripe A y ya tienen en el mercado los únicos antivirales efectivos. Dos grandes laboratorios farmacéuticos –la británica GlaxoSmithKline y la suiza Novartis– acumulan en sus laboratorios una auténtica mina de oro.

Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, ha sido muy preciso: se necesita una inversión de 720 millones de euros hasta final de 2009 para luchar contra el virus H1N1. Poco dinero si tenemos en cuenta los beneficios que determinados laboratorios, imprescindibles en la investigación médica, obtendrán con la última de las grandes pandemias. El otoño aún no ha llegado pero las dos grandes firmas farmacéuticas que fabrican antivirales y que producirán las vacunas contra el virus valen hoy 45.400 millones de euros más que antes del primer caso de gripe A.

La suiza Novartis ya ha confirmado el encargo de 170 millones de dosis de la vacuna, y la británica GlaxoSmithKline GSK), de otros 291 millones. Sólo el Ejecutivo español ha pedido a los dos laboratorios 37 millones de dosis, que costarán 266 millones de euros.

El comportamiento bursátil de ambas compañías es más que esclarecedor. Novartis ha subido un 16,4 por ciento entre el 23 de abril –fecha en que se hizo público el primer caso de gripe A en México– y el pasado 26 de agosto. Y a la británica GSK aún le ha ido mejor. Ha tenido una subida del 25,7 por ciento durante el mismo periodo. Hablamos de que la primera se ha revalorizado en 27.000 millones de euros, y la segunda, en 18.000 millones.

Según Covadonga Fernández, analista de Bolsa de la empresa de inversiones Self Bank, “si los resultados de la vacuna son buenos, éstas compañías tendrán subidas aún más importantes. Hablamos de un mercado potencial en Estados Unidos, Asia y Europa de 5.500 millones de habitantes”. A día de hoy se habla de que el precio de la vacuna en Estados Unidos y Europa estará entre los 10 y los 15 dólares. Sin embargo, todos los negocios tienen factores de riesgo: “Las farmacéuticas son un valor seguro –las medicinas siempre son necesarias– pero puede haber problemas en la investigación, dudas sobre su eficacia, negativa de permisos para la distribución…”, añade Fernández.

España pretende fabricar sus propias vacunas en dos años, después de que Sanidad llegase a un acuerdo con los laboratorios Rovi, lo que supondrá una inversión de 75 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo. La fábrica se instalará en Granada. De hecho, Rovi ha aumentado su valor un 21 por ciento desde que comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 30 de junio que investiga una vacuna contra la gripe. El efecto general de subida ha arrastrado a otros laboratorios como Sanofi Aventis, AstraZeneca o Baxter.

Como la vacuna tardará todavía en llegar al mercado, todos los ojos se vuelven hacia los remedios que ya se pueden comprar. La británica Glaxo vende en exclusiva uno de los dos antivirales usados para tratar los síntomas de la nueva gripe, el zanamivir (con el nombre comercial de Relenza), que junto con el oseltamivir, comercializado por Roche como Tamiflu, son los únicos tratamientos conocidos. Curiosamente, la llegada de la gripe A ha salvado el año a Roche y Glaxo. La primera había sufrido un desplome de sus acciones el pasado abril al fracasar en la preparación de un medicamento contra el cáncer de colon; y Glaxo se había venido abajo en el primer trimestre de 2009 ante la pérdida de diversas patentes que caducaban.

Pero a partir de mayo ambas empresas han cotizado al alza en las parqués europeos y mucho más desde que la OMS calificó la nueva gripe como pandemia. Roche subió un 9 por ciento más en el segundo trimestre del año gracias a la venta de Tamiflu. La facturación por la venta de este medicamento pasó de 32 millones de euros en el segundo trimestre de 2008 a 401 millones de euros en el mismo periodo de 2009. El Tamiflu es el nombre comercial de un compuesto sintetizado a partir del anís por Gilead Sciencies a principios de los 90. Esta empresa tuvo como presidente hasta diciembre de 1997 a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos con George Bush. Después Gilead vendió los derechos del Tamiflu a los suizos de Roche, que lo comercializan desde entonces y que lograron que sus acciones subieran como la espuma durante la última gripe aviaria.

La caja cuesta unos 40 dólares en Estados Unidos. En México, 45 dólares. En España no puede adquirirse en farmacias, puesto que todas las dosis están retiradas por el Ministerio de Sanidad y sólo se administran en hospitales.
Tras la recomendación de la OMS para el tratamiento de la gripe aviaria, Roche vendió dosis de Tamiflu por valor de 2.650 millones. Sin embargo, el pasado año sus ventas se redujeron en 1.073 millones, ya que la gripe aviaria no se convirtió en una gran epidemia.

En Glaxo las cosas no iban mejor. Hasta abril de este año su descenso en Bolsa era del 14 por ciento y anunció recortes de plantilla. Sus ganancias se habían reducido en 2008 a sólo 5.374 millones de euros. La empresa es la segunda farmacéutica del mundo por volumen de negocio y tiene 100.000 empleados en 116 países. Su cuartel general está en Brentford (Reino Unido) y su presidente ejecutivo es Andrew Witty, de 44 años, quien cobra un sueldo anual de algo más de dos millones de euros, según la revista Forbes. Witty accedió a la presidencia de GSK en octubre de 2007 y es miembro, entre otras organizaciones, del British Council for Britain.

Los productos más conocidos de Glaxo son Augmentine, Sensodyne, Ventolin y Zovirax. Hace dos meses se incorporó como director no ejecutivo James Murdoch, hijo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. En Glaxo España explican que nuestro país participará en dos de los 16 estudios previstos para hacer fiable y segura la vacuna. También dijeron que en 2008 se distribuyeron 1.100 dosis de millones de vacunas en 176 países del mundo. La compañía británica afirma que sólo Estados Unidos ha realizado pedidos por valor de 250 millones de dólares. Desde GSK recuerdan que “los primeros suministros estarán disponibles a partir de septiembre, y se prevé la distribución general durante la segunda mitad del 2009 y principios de 2010”. Además, aseguran que han donado el 20 por ciento de la producción de su planta en Canadá, 50 millones de dosis, a los países en desarrollo.

Miguel Jara, periodista y autor del libro Traficantes de salud, cree que “ahora los beneficios de los laboratorios se obtendrán de manera más segura porque la base de esta vacuna es la misma que la de todas las demás contra la gripe, y por eso se puede ofertar con cierta rapidez a un mercado que es mundial” y añade que “la campaña de la gripe aviaria fue un magnífico juego de implantación del márquetin del miedo para vender Tamiflu y Relenza. España compró dos millones de dosis y ahora compra más. Alguien debería explicar por qué”. Parecida opinión tiene Juan José de Torres, farmacéutico y vicepresidente de la asociación de consumidores Asusalud: “Parece más seria que la gripe aviaria, aunque seguro que aprovechan para subir el precio. Valdría más aumentar la información sobre medidas preventivas”.

Novartis –la compañía suiza a quien España ha encargado parte de las vacunas– ganó en el segundo trimestre de 2009 1.400 millones y estiman exportar por valor de 6.000 millones más. Tiene una participación del 32 por ciento en Roche, propietaria del Tamiflu. El presidente de Novartis, el doctor Daniel Vasella, lleva al frente de la compañía desde 1996. Vasella es además miembro del consejo de administración de Pepsico, la mayor distribuidora de alimentación de todo el mundo.

Según la revista Forbes, Vasella ganó en 2008 unos 228 millones, incentivos aparte. Ha sido nombrado el hombre de negocios europeo más influyente por el Financial Times y en 2004 la revista Time ya lo incluía entre los cien hombres más influyentes del año.
En 2008 Novartis contribuyó con 1.260 millones de dólares en medicamentos que llegaron a 74 millones de pacientes en todo el mundo y ha distribuido a precio de coste 216 millones de dosis contra la malaria que han salvado la vida a medio millón de personas. La compañía suiza adquirió en 2008 el compromiso de respetar el protocolo de Kioto de emisión de gases. En cuanto a las vacunas de la gripe, ya ha anunciado que negociará precios especiales para los países pobres.

La última alerta de la OMS dijo que la pandemia podría extenderse a 2.000 millones de personas. Si se vendiese una dosis de vacuna para cada posible afectado el negocio subiría a 20.000 y 30.000 millones de dólares, a repartir entre estos dos fabricantes. Pero a veces las previsiones no son exactas. La OMS advirtió en 2003 que la gripe aviaria podía matar a 7,4 millones de personas. La media de fallecidos es de 39 por año. Javier González Medel, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, explica que “estamos poniendo la venda antes que la herida y está bien, pero hay que tener en cuenta que el Tamiflu y el Relenza sólo son efectivos en los casos graves. En 1975, los efectos secundarios de la vacuna contra la gripe mataban más personas que la enfermedad. Seamos precavidos y sensatos antes de proceder a una vacunación masiva”. Eduard Soler, vocal de la ONG Farmamundi, recuerda cómo “después del 11-S se extendió el miedo a los ataques masivos con ántrax. La alemana Bayer tenía en exclusiva la patente del ciprobay, lo más efectivo. El Gobierno de Estados Unidos negoció, Bayer tuvo que bajar el precio, pero los ataques por ántrax fueron muy escasos”.


Reportaje por: Luis Miguel Montero en Interviú



  • Mafias farmacéuticas
Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.

¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.

Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2).

El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas " Big Pharma " -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe (5).

Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las " Big Pharma " una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los genéricos. Asimismo lanzan campañas engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es que, según el reciente Informe publicado por la Comisión Europea, los ciudadanos han tenido que esperar, por término medio, siete meses más de lo normal para acceder a los genéricos, lo cual se ha traducido en los últimos cinco años en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 millones de euros para los consumidores y en un 20% de aumento para los Sistemas Públicos de Salud.

La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las " Big Pharma ". Desde que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ALBA se comprometieron a "revisar la doctrina sobre la propiedad industrial", o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).

Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las " Big Pharma ", a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios de comunicación más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.

Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza de unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios.


Fuente Le Monde Diplomatique del mes de septiembre en español



  1. Se puede ver en Google Maps o Google Earth los impactos medioambientales de las lagunas de oxidación de Granjas Carroll en La Gloria, perteneciente al municipio de Perote, en el Estado mexicano de Veracruz.
  2. Ver el extremado cinismo de su página web donde recalca su cuidado respecto del medio ambiente y de como han obtenido un premio a este respecto concedido por una organización filantrópica. "Granjas Carroll de México fue certificada por primera ocasión como Empresa Socialmente Responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía".
  3. Recomendamos la lectura del artículo de Carlos Machado "Mafia farmacéutica, peor el remedio que la enfermedad"


Notas de : La gran amenaza del virus A(H1N1)

(1) Fuente: AP, 6 de mayo de 2009.
(2) Austin American-Statesman, 13 de mayo de 2009.
(3) Smithfield Foods Reaffirms No Incidence of A(H1N1) In Any of Its Herds or Employees. http://investors.smithfieldfoods.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=381309.
(4) "Influenza porcina: un sistema alimentario que mata. La industria de la carne desata una nueva plaga", www.grain.org/articles/?id=49
(5) http://cruzrojoepidemiologia.wordpress.com
(6) Bernice Wuethrich, "Infectious Disease:?Chasing the Fickle Swine Flu", Science , marzo de 2003.
(7) La Organización Mundial de la Salud también alertó, en 1999, de un posible brote de gripe porcina en México y recomendó crear laboratorios para desarrollar tratamientos de inmunización, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de vacunas. A pesar de esas advertencias, México sigue sin poseer las infraestructuras para desarrollar y producir vacunas contra el virus de gripe porcina.
(8) www.agenciamn.com/index.php/De-Pe-a-Pa/ Mexico-sabia-de-la-amenaza.html
(9) Esta firma opera en Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Alemania.
(10) Sus principales accionistas son: Smithfield Foods (37 %), Oaktree Capital (24 %), Pedro y Fernando Ballvé (12 %), la familia Díaz (5 %), Caja Burgos (4 %), QMC (2%) y el grupo Fuertes (2%).
(11) Fortune , 28 de marzo de 2008, http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/snapshots/728.html
(12) www.hrw.org/reports/2005/usa0105/resumen_sp.pdf
(13) F. William Engdahl, "Cerdos voladores, Tamiflu y granjas industriales", 3 de mayo de 2009. (Traducido del inglés por Felisa Sastre en: www.lahaine.org/index.php?p=37648)
(14) Luis Hernández Navarro, "Las ciudades de cerdos de Smithfield", La Jornada , México D. F., 12 de mayo de 2009.
(15) La Jornada , México D. F., 5 de abril de 2009.
(16) http://impreso.milenio.com/node/8559659
(17) "Pandemic Potential of a Strain of Influenza A (H1N1): Early Findings", Science , 11 de mayo de 2009.
(18) www.veratect.com/media.html
(19) Léase, Ignacio Ramonet, México fragmentado, Le Monde diplomatique en español , agosto de 2006.
(20) www.rtve.es/noticias/20090430/miembro-del-sequito-obama-muestra-sintomas-gripe/273070.shtml
(21) The New York Times , 29 abril 2009.
(22) www.abc.es/20090430/nacional-sociedad/todo-empezo-edgar-20090430.html
(23) op.cit. en la nota 3.
(24) http://healthmap.org/nejm/
(25) Léase, Ignacio Ramonet, Irak, Historia de un desastre, Debate, Madrid, 2005.
(26) Ernesto Carmona, "La influenza porcina ¿beneficia al Tamiflu de Donald Rumsfeld?", www.rebelion.org, 2 de mayo de 2009.
(27) Mike Davis, "La gripe porcina y el monstruoso poder de la gran industria pecuaria", Sin Permiso , 28 de abril de 2009. www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2528
(28) Carlos Martínez, "Una multinacional americana es denunciada como culpable del brote de la gripe porcina", www.rebelion.org



Notas de : Mafias farmacéuticas

(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/ pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, "La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad", 5 de marzo de 2007 (www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, "Los culpables de la gripe porcina", Le Monde diplomatique en español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009.


jueves, 3 de septiembre de 2009

Informe del CERD sobre Perú y Reflexión sobre sus Términos de Referencia por Bartolomé Clavero


Por Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas


El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha publicado sus Observaciones Finales o Informe sobre el examen del Perú que se celebró a principios de agosto incidiendo en derechos de los pueblos indígenas y especialmente en el derecho al consentimiento previo, libre e informado para la disposición de recursos de sus territorios o para actividades que afecten a sus condiciones de vida. Respecto a la masacre de Bagua, se suma a la recomendación, hasta ahora desatendida, del Relator Especial James Anaya instando a que se proceda a implementar con urgencia una Comisión Independiente para una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial, que cuente con representación indígena. En relación al problema de la dificultosa identificación de quien sea indígena en el Perú por el empleo oficial de los calificativos nativo y campesino, insiste en que ha de aplicarse primordialmente el criterio de la autoidentificación. ¿Cuáles son las bases normativas o los términos de referencia para pronunciamientos tan categóricos como éste?


Los términos de referencia deben ante todo ser los de la Convención específica, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, esta norma que crea y habilita al Comité, junto a las Recomendaciones Generales que este mismo, el Comité, desarrolla para su puesta en práctica. Dada la transversalidad de los derechos humanos y la necesidad consiguiente de integración entre sus instrumentos, no pueden constituir las referencias exclusivas, pero han de ser las primordiales. El Comité ha de mirar ante todo a la Convención y, adicionalmente, a efectos de interpretación, a la especie de jurisprudencia que desarrolla a través de sus Recomendaciones Generales. En lo que respecta al caso indígena, la regla puede llegar a invertirse porque la Convención no prevé nada a su respecto mientras que las Recomendaciones sí vienen atendiéndolo. Habiéndose últimamente adoptado por Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también se plantea la cuestión de hasta qué punto debe la misma sumarse a los términos primordiales de referencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.


El Informe último sobre Perú sienta el principio de autoidentificación indígena con referencia principal a una Recomendación, la octava que data de 1990: El Comité recomienda al Estado parte que continúe mejorando la metodología empleada en el censo para que refleje la complejidad étnica de la sociedad peruana teniendo en cuenta el principio de autoidentificación, de conformidad con su Recomendación general N.º 8…”. En efecto, esta Recomendación establece que la manera en que se define la condición de miembro de un determinado grupo o grupos raciales o étnicos (…), si nada justifica lo contrario, se basará en la definición hecha por la persona interesada. Bien está a los efectos del censo, pero queda ya insuficiente como principio general por su alcance meramente individual.¿No debería a estas alturas añadirse referencia a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aunque sólo fuera para reforzarse el principio de autoidentificación como expresión del derecho a la libre determinación? Esto tendría su efecto también favorable a la definición de la identidad del individuo neutralizándose aquel inciso de si nada justifica lo contrario.


El último Informe sobre Perú tan sólo se refiere en una ocasión a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, haciéndolo además de una forma más bien lateral. Es cuando acusa la confusión de la terminología oficial entre lo nativo y lo campesino. He aquí la referencia en su contexto: El Comité constata que para las autoridades del Estado parte, para los efectos de implementación de los derechos contenidos en el Convenio No. 169 y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, las categorías ‘comunidades campesinas’ y ‘comunidades nativas’ corresponden a la categoría ‘pueblos indígenas’ tal y como es utilizada en el derecho internacional de los derechos humanos y que los pueblos indígenas reclaman sea utilizada constitucionalmente. El Comité expresa su preocupación por la situación y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas que no estén constituidas aún en comunidades campesinas o nativas. Directamente, en este Informe, el Comité nunca alega la Declaración.


En otra ocasión relevante para los derechos de los pueblos indígenas, tanto como para referirse al derecho al consentimiento, el Comité se remite a una Recomendación propia. Helo: El Comité exhorta al Estado parte a que apruebe la Ley de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en Materia Ambiental tomando en cuenta su Recomendación general N.º 23 (párr. 4, inc. d) por la cual se insta ‘a los Estados partes a garantizar que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con los derechos e intereses de los pueblos indígenas sin su consentimiento informado’. A la luz de esta Recomendación general, el Comité exhorta al Estado parte a que consulte a las comunidades de los pueblos indígenas interesados en cada etapa del proceso y que obtenga su consentimiento antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales. En otro momento, sin referencia a la Recomendación y pese a que la misma ya utilizaba esta otras expresión, se refiere el Informe a consetimiento libre, previo e informado.


Tal Recomendación así citada sólo a medias, la número 23 que data de 1997, es precisamente relativa a los derechos de los pueblos indígenas, considerándolos bastante por encima del estándar del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Posterior a la Recomendación es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿No era el momento de tomarla directamente en cuenta para elevar el estándar en conformidad con la misma?


La cita de la Recomendación por el Informe habla de consentimiento informado, aunque la misma también ya se refería a consentimiento libre, previo e informado para el derecho de devolución de tierras y recursos o de indemnización por su pérdida sin consentimiento así cualificado. El Convenio se refiere a “consentimiento a secas y sólo como la eventualidad deseable, no en rigor como derecho. La Declaración requiere reiteradamente el consentimiento libre, previo e informado. La triple adjetivación no es gratuita. La indicación, por ejemplo, del Informe sobre Perú en el sentido de que puede obtenerse el consentimiento hasta un último momento, antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales, no cumple con el requerimiento de la Declaración de que sea previo, previo a todo el proceso y no sólo a la ejecución. En un Estado como el Perú y ante un Gobierno como el actual peruano con trayectoria acreditada de persecución y acoso, cuando no de manipulación y corrupción, de representantes indígenas, no hubiera estado de más añadir que el consentimiento ha de ser libre tal y como requiere la Declaración. Y habría de cuidarse en definir el sujeto del derecho al consentimiento no como las comunidades de los pueblos, sino los pueblos en cuanto además titulares de la libre determinación. Repito la pregunta de si no era el momento de tomar la Declaración directamente en consideración.


En el caso indígena el Comité, pues no encuentra apoyo en la Convención, tiende a limitar sus términos normativos de referencia a sus propias Recomendaciones, pero no a todas, precisamente no a una relativa al derecho a la libre determinación, la número 21, de 1996. Hace bien en olvidarse. La misma salía al paso del empeño de algunas minorías étnicas por alegar el no reconocimiento de su derecho a la libre determinación como motivo de discriminación racial, minorías étnicas que eran naturalmente pueblos indígenas, los cuales ni siquiera se mencionan como tales en esta Recomendación. Y esto ocurría a una alturas en que ya existía oficialmente en Naciones Unidas el proyecto de Declaración reconociendo la libre determinación de los pueblos indígenas. La Recomendación del año siguiente relativa a los derechos de los pueblos indígenas vino a intentar deshacer el entuerto de su reducción a minorías étnicas, pero la misma a su vez guarda silencio, pese a la existencia de dicho proyecto, acerca de la libre determinación y la consiguiente autonomía indígena. Es en este punto, y no en la era post-Declaración, donde se sitúa el Informe sobre el Perú. Sus silencios son esos.


En comparación con otros comités de tratados de derechos humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se caracteriza por estar mostrándose sensible ante la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque en este Informe no lo demuestre. Hay otra excepción, la del Comité de Derechos del Niño, pero éste ha procedido en este año 2009 a la emisión de una Recomendación o Comentario General, el undécimo suyo, que asume como término de referencia, junto naturalmente a la Convención sobre los Derechos del Niño que ya contempla el caso indígena, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dada la transversalidad de los derechos humanos y el silencio sobre el caso indígena de la mayoría de sus instrumentos, ¿no debieran hacer con mayor razón algo similar todos los comités de tratados de derechos humanos? Dada su materia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial habría de ofrecer ejemplo. ¿Cómo puede dicha discriminación someterse a escrutinio sin la guía de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Quizás no haga falta otra Recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que deje atrás a las habidas hasta ahora que afectan al caso indígena superando sus titubeos y contradicciones a la luz de la Declaración. Bastaría con que el Comité la sumase resuelta y consecuentemente a sus términos de referencia conforme a su artículo 42: Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia.


Necesita el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial el término de referencia de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por una doble razón que en el fondo es simple: porque para el caso la Convención propia no le ofrece guía y porque atenerse tan sólo a las propias Recomendaciones puede dar lugar a arbitrariedades, como la de los silencios y las medias palabras de este Informe. El Comité ni siquiera mantiene en su integridad los términos de su Recomendación 23 relativa a los derechos de los pueblos indígenas.


De hacerlo así respecto a los sucesos de Bagua no sólo se sumaría a la exigencia de una comisión de investigación, sino que también recordaría el derecho a la devolución de tierras y recursos o a la indemnización por su perdida ya que ésta se ha producido sin mediar consetimiento previo, libre e informado por parte de los pueblos indígenas.


El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial anticipó en 1997, con su Recomendación número 23, parte del contenido esencial de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora que la Declaración existe, el Comité ni siquiera se atiene a la integidad de su Recomendación.


Fuente: Blog de Bartolomé Clavero





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