Organizaciones de derechos humanos denuncian irregularidades en procesos contra nativos y mestizos por los trágicos sucesos de Bagua

Tras los trágicos sucesos ocurridos en Bagua el pasado 5 junio, la lucha de los ciudadanos indígenas por defender su territorio se ha trasladado a los tribunales de justicia. Casi un centenar de nativos y mestizos deben enfrentar denuncias penales a pesar de no existir pruebas ni indicios suficientes que acrediten su responsabilidad en los delitos que se les imputan.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy en conferencia de prensa, una serie de irregularidades y omisiones durante las investigaciones como no haber tomado las declaraciones del ex premier Yehude Simon, de la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, de altos mandos policiales y demás personas claves que estuvieron en el lugar de los hechos y que era indispensable para esclarecer los sucesos y hallar a los responsables.

Los abogados de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), han asumido la defensa de gran parte de los procesados indígenas y mestizos. Ellos han expresado su preocupación porque la etapa de investigación penal ya concluyó para los casos de “Curva de Diablo” y “Estación 6” sin haberse acopiado a lo largo de siete meses las pruebas suficientes para encontrar a los responsables.

“Exigimos objetividad, transparencia y celeridad en los procesos para que las muertes no queden impunes”, señaló el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra Herrera.

• 74 diligencias que no se cumplieron

Para el caso de “Estación 6”, no se han cumplido con 74 diligencias, según refiere el propio juez en su informe final en el que da por concluida la etapa de instrucción. Las pericias de necropsia de los fallecidos en la “Curva del Diablo” no se están ratificando ante el juez ni en presencia de las partes involucradas como ordena la ley. (ver infografía)

“Es necesario que se profundicen las investigaciones y se excluyan del proceso a quienes no tienen responsabilidad”, señaló el abogado Gustavo Campos de COMISEDH. Por su parte, el abogado Carlos Rivera del IDL advirtió que “sería lamentable llegar al juicio oral con insuficiencia de pruebas porque esto no permitiría identificar a los responsables”.

El abogado Juan José Quispe de IDL informó que las organizaciones han presentado la declaración de complejidad de los casos “Curva del Diablo” y “Estación 6” para que se amplíen las investigaciones durante ocho meses y se puedan hallar más pruebas. Sin embargo, el Juzgado Penal de Bagua Chica declaró improcedente la solicitud para el caso de “Estación 6”.

• Falta profundizar investigación contra los policías

Miguel Jugo, directivo de Aprodeh, cuestionó que la Fiscal Provisional de Utcubamba, Olga Bobadilla, recién luego de siete meses haya formulado denuncia penal contra los generales Luis Muguruza, ex jefe de la Dinoes, y Javier Uribe, como presuntos responsables de los sucesos de Bagua. “Esta denuncia es un primer paso, pero hace falta una investigación más exhaustiva porque vemos que hay estrategias dirigidas a la impunidad al no haberse cumplido varias diligencias”. Jugo también resaltó que en la denuncia de la Fiscal haya quedado claro que no fueron los nativos quienes empezaron a disparar contra los efectivos en “Curva del Diablo”.

Las organizaciones de derechos humanos señalaron que la instancia válida para investigar a los policías es el Primer Juzgado Penal de Utcubamba y no el fuero militar donde también se realiza una investigación paralela.

Como parte de los obstáculos que deben enfrentar los nativos y mestizos procesados, también se denunció que éstos no cuentan con traductores oficiales para que asuman su defensa en su idioma de origen y que los juzgados que ven los procesos no son especializados y por lo tanto enfrentan debilidades para impartir justicia.

• CLAVES

Como resultado de los sucesos de Bagua, existen siete casos: “Estación 6”, “Curva del Diablo”, “Mototaxistas”, “Menores”, “Nativos fallecidos y lesionados en la Curva del Diablo”, “Radio La Voz de Bagua” y “Daños a entidades públicas” que agrupan a un centenar de procesados por delitos de homicidio, secuestro agravado, disturbios, asociación ilícita, sedición, violencia y resistencia a la autoridad armada, disturbios, actos antisociales, lesiones graves, instigación y daños a entidades públicas.

Los casos principales y que albergan mayor número de acusados son “Curva del Diablo” y la “Estación 6”. En “Curva del Diablo”, la Fiscalía abrió proceso penal contra 58, en “Estación 6” contra 26 indígenas, en “Mototaxistas” contra 9 y por el caso “Menores” contra tres, lo que hace un total de 96 procesados ante el Poder Judicial.

• PERITAJES

-Durante las investigaciones se pudo determinar que 50 procesados que fueron sometidos a peritajes de absorción atómica por los hechos de “Curva del Diablo” no dispararon. El peritaje, Nº 3527-3567/0, concluye que 41 examinados el 6 de junio, a pocas horas de los sucesos violentos, no presentan restos de plomo, bario y antimonio; es decir no efectuaron disparos con armas de fuego. El mismo resultado arroja el dictamen pericial Nº 3518-3526 para otros nueve procesados.

Haz click en el video para ver la conferencia de prensa.

Fuente: Blog de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Bagua y Survival

Ante la desinformación y mentiras de los medios oficialistas sobre la versión gubernamental de la masacre de Bagua, fueron pocos los medios que no se alinearon (por intereses económicos, políticos o estratégicos) con la "Voz de su amo". No sólo en el Perú, sino también en el exterior.

En el país fueron contados los periodistas nacionales que no se ajustaron a las informaciones oficiales, bastantes blogueros y el programa "Enemigos Íntimos" de Beto Ortiz y Aldo Miyashiro, quienes –a pesar de las presiones que recibieron– emitieron imágenes que documentaban la matanza (paradójicamente el mismo día que la Defensoría corroboraba la versión oficial, como bien informaba Silvio Rendón desde el GranComboClub).

Survival, Amazon Watch y IWGIA dieron a conocer al mundo las denuncias desde Bagua y la Amazonía. Dos belgas que estaban en Perú trabajando con la ONG belga Catapa sobre los conflictos mineros, documentaron fotográficamente en un principio el ataque a los integrantes pacíficos del Paro Amazónico.

Son notables también los reportajes de video del ataque, el de Martín Arredondo y Orlando Cánepa y el de IWIGIA que empezaron a colgarse rápidamente en Youtube y otros canales de video en internet.

• La reacción oficial en los medios

La reacción oficial no se hizo esperar, complots contra la democracia, intereses económicos extranjeros (apuntando pero sin dar nombres, tirando la piedra y escondiendo la mano) manipulaciones de los indígenas por personas, ONGs y gobiernos extranjeros y toda esa tinta de calamar.
Y eso no es un complot, ni de Ollanta Humala, de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Fidel Castro, Wladimir Putin u Osama Bin Laden. Multinacionales extranjeras o ONG´s.

Ya lo apuntaba el editorialista de "El Comercio", Jaime de Althaus en un artículo anterior a la masacre debidamente respondido por Pedro García Hierro por alusiones personales en Servindi.
Para no extendernos demasiado, daremos unos ejemplos significativos por parte de políticos y periodistas defensores de la democracia y de la libertad de expresión.

• Políticos !!

Desde Andina llegaron las declaraciones del congresista Gonzales Posada.“La Cancillería debe, a través de un procurador especial ad hoc, denunciar a las ONG a nivel internacional, por difundir información falsa sobre los hechos ocurridos en la Amazonía. Principalmente a dos empresas que tienen sede en Washington y Londres.”

Indicó que también se debe exigir una indemnización de 100 millones de dólares a estas dos empresas, por impulsar una campaña de calumnias y desprestigio contra Perú, alentando a la violencia a través de sus páginas de internet.
( El ex canciller ejerciendo de fiscal, juez y jurado, todo un ejemplo de separación de poderes en la democracia que pretenden defender. Como nos han demostrado con la suspensión de congresistas, con Rómulo León y demás participantes en los petroaudios, Pizango, Manuin y otros miembros de Aidesep.)

El también ex canciller dijo que la ONG estadounidense Amazon Watch ha divulgado “infamias” al señalar que las fuerzas especiales “abrieron fuego contra manifestantes desarmados y pacíficos, incluso desde helicópteros, asesinando e hiriendo personas”. (Pueden ver en este enlace de Youtube el testimonio de una niña de 7 años herida de bala en Bagua desde un helicóptero)

Afirmó que estas organizaciones informaron también que la Policía arrojaba combustible sobre cadáveres y que vieron a civiles fallecidos lanzados a los ríos.
"Eso no lo podemos tolerar, porque esta campaña le causa un daño intenso a Perú y solivianta a la población indígena, que cree que estos hechos están ocurriendo; promoviendo con ello la violencia en el país.”
Detalló que lo mismo hizo la ONG Survival, que formuló un llamado para que las empresas petroleras en el país se retiren.
Por tal motivo, explico que la Cancillería debe coordinar con el Ministerio de Justicia a fin de realizar las acciones legales correspondientes contra estas organizaciones.

“El Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta campaña”, indicó.

El ex primer ministro Yehude Simon.
“En el nombre de Dios les digo que actuamos respetando los derechos humanos, dialogando… Me siento culpable de la muerte de los policías, porque dijimos que no llevaran armas mortales… Que debíamos hacer todo lo posible para que esa gente se retirase”, dijo.

Visiblemente alterado, el jefe del Gabinete Ministerial respondió que tiene la conciencia tranquila, pues ni él ni el Gobierno mataron a policías o indígenas.



"El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ¡ese es un criminal!..." No sé si el ex primer ministro conoce una cita de B. Brecht, pero aunque sea un anacronismo parece escrita para él.

Y Mercedes Cabanillas...
Por su parte, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, reiteró que la policía no es la responsable de los sucesos de violencia en Bagua y consideró necesario que la comunidad nacional e internacional tengan conciencia de ello.

El canciller José Antonio García Belaunde “La ambigüedad desconcertante del comunicado de la CIDH que no refleja el contexto en el que se produjeron los enfrentamientos y menos aun las condiciones atroces en las que fallecieron 25 policías, varios de los cuales se encontraban desarmados”.

“Hemos querido decirles lo que pasó en Bagua con las cifras que manejamos nosotros que son las mismas que maneja la Defensoría del Pueblo”, explicó el canciller.

Gobierno de Perú informa a la OEA sobre los incidentes en Bagua y reafirma el compromiso con los derechos humanos.

La Representante Permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), María Zavala Valladares sostuvo que el Ejecutivo mantiene un “firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho”.

• Periodistas !!

Desde "El Correo" Aldo Mariátegui, no dejaba de exhortar al gobierno e indicar los pasos a seguir. LA COLUMNA DEL DIRECTOR "Guerra de varios frentes"

"...complot rojo-chavista para tumbarse al TLC con EE.UU., al modelo económico como programa mínimo y a García como programa máximo se observan varios frentes a contrarrestar aparte de la Selva: internacional, ONG, serrano, calles de Lima, Congreso…".

"El frente del Congreso ha sido pacificado radicalmente con esta suspensión de los más revoltosos. Ahora es menester castigar drásticamente a la congresista Cajahuanca por azuzar con mentiras a los nativos, lo cual sería una oportuna advertencia a aquellos de estos legisladores que quieran usar sus "vacaciones" para incitar más asonadas".

"El frente internacional es tarea de las -a menudo inútiles- embajadas y del Ejecutivo. El gobierno puede encontrar muy poderosos aliados en medios decididamente antizquierdistas y antichavistas Y da una lista de medios. Con este circuito volteas el partido. Alan García debería contactarlos y hablar con los que pueda de estos medios"

"El frente ONG pasa por el cierre y bloqueo del dinero que llega de las que financian los proyectos más radicales (Amazon Watch, Ibis, Racimos, Oxfam, Fundación Soros, las clericales alemanas, etc.) y un muchísimo mayor control desde la Sunat y la APCI (habría que desempolvar y pulir el proyecto de Rolando Sousa). Conacami y Aidesep-sector Pizango ya deberían haber sido proscritas por violentistas.
(Le estamos muy agradecidos a Mariátegui por calificar a la Fundación Soros, de George Soros de radical, lo será dentro del capitalismo voraz tal vez, aunque lave su conciencia con fundaciones y ONGs. Soros es famoso por hacer quebrar el Banco de Inglaterra el Miércoles Negro en 1992. Fue calificado por la revista Forbes como la 97a. persona más rica en el mundo. Soros es el dueño del edificio más alto de Latinoamérica, la Torre Mayor, en la ciudad de México.También nos hace ver lo que haría el gobierno al inventarse una nueva Aidesep a su medida ).

"El frente "calles de Lima" es clave porque, a diferencia de Quito y La Paz, esta ciudad costeña no puede ser ocupada por hordas indígenas radicales. Sin embargo, la CGTP, el SUTEP y los sanmarquinos radicales pueden intentar tomas peligrosas de puntos estratégicos (Palacio, Congreso, PCM) para acompañar movimientos provincianos. No se les debe permitir nada más allá de su derecho a protestar. Todo vándalo a la cárcel".

"El frente serrano es complicado. La asonada ha comenzado en Andahuaylas con el radical FEDRA y lo de Doe Run en La Oroya podría complicar a Lima. El FACA de Arequipa seguramente fregará pronto. De todas formas, el SUTEP, algunos frentes regionales, la CNA y Conveagro son quienes movilizan más en provincias y a éstos hay que cargarles la mano".

"Con el frente Selva no sólo será cuestión de explicar sino de soltar dinero y hasta exoneraciones, como hizo Fujimori para desinflar el tremendo malhumor que se desató allá tras la paz con Ecuador".

Y por si fuera poco el sábado 13 de junio.

Pero no puede ser que hayan muerto tantos policías tan mansamente, encima por haber entregado sus armas. Lo más trágico es que las ONG caviares y los tontos útiles de afuera (esa chiquilla “Pocahontas” bordea la subnormalidad) hablan de una “matanza de nativos” y de una excesiva represión policial.



Como no iba a animarse Andrés Bedoya Ugarteche en ¡Pobrecitos chunchos! y otras torpezas y dar un paso más lejos que su director.

"la matanza en la Selva, gracias a que chunchos de la edad preagrícola, ignorantes, primitivos y feroces, fueron azuzados por comunistas y sinvergüenzas que desean convertirlos en los “tontos estúpidos” que los elevarán a las alturas de un gobierno dictatorial, asesino y carnicero.".
(Parece que se le escapó la definición exacta del actual gobierno)

"Y para desgracia nuestra, todo esto tiene para largo… para muy largo. No sé qué espera Alan que no prepara a su FAP con todo el napalm necesario".

Otra vez Silvio Rendón ponía las cosas en su sitio y nos recuerda la historia peruana:
Cuando la FAP bombardeó con napalm a los nativos mayoruna, No debe repetirse.

Y analiza:
Lamentablemente, Correo es un medio que anticipa lo que hace Alan García. El director de este medio ha venido anunciando diversas medidas, todo un plan de acción, que el gobierno ha venido cumpliendo puntillosamente.
Mucho cuidado. Ya han demostrado que pueden cometer atrocidades y ocultarlas con la complicidad de la prensa. Esta es una demostración de hasta donde puede llegar el racismo extremo y visceral.
Las palabras no son inocentes; acaban por pedir acción.

En la España de Franco existía una revista llamada "La Codorniz" que burlaba incesantemente la censura férrea del régimen con dobles sentidos y juegos de palabras entre líneas a falta de otros medios para divulgar su mensaje, tenía como lema "La revista más audaz, para el lector más inteligente".

Nosotros con internet y la supuesta libertad de prensa y de expresión lo tenemos más fácil.

El lector del blog puede sacar sus propias conclusiones, leyendo en los medios las declaraciones y viendo los vídeos que los acompañan.

Saque por sí mismo sus conclusiones y recuerde lo que decía, otra vez, Bertolt Brecht sobre algunos políticos.

"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales".

Como este post estaba dedicado a la ONG Survival, desde aquí les expresamos el agradecimiento de los Pueblos y Naciones de la Amazonía peruana por difundir al mundo la verdad de los hechos en Bagua y hacer escuchar sus voces.

• Sobre Survival

Survival es una organización internacional que apoya a los pueblos indígenas de todo el mundo. Fue fundada en 1969 tras la publicación de un artículo de Norman Lewis en el diario británico Sunday Times, en el que se exponían las masacres, el robo de tierras y el genocidio que se estaban produciendo en la Amazonia brasileña.
Al igual que muchas de las atrocidades que se cometen hoy, la opresión racista de los indígenas de Brasil se llevaba a cabo en nombre del "crecimiento económico".

Sus programas de sensibilización van dirigidos a los ciudadanos "occidentales" o del "Norte". Pretenden demoler el mito de que los pueblos indígenas son reliquias, destinadas a perecer con el avance del "progreso". Promueven el respeto hacia sus culturas y explican la relevancia contemporánea de su modo de vida.
El trabajo de sensibilización de Survival adopta varias formas, tanto dentro como fuera de las escuelas, para niños y para adultos. Proporcionan materiales educativos gratuitos a profesores y alumnos, ofrecen charlas sobre los pueblos indígenas en las escuelas, e informan al público general a través de charlas, libros, conferencias, exposiciones fotográficas, etc.

Proporcionan una plataforma a los representantes indígenas para que puedan hablar directamente con las compañías que invaden sus tierras. También divulgan información entre las comunidades indígenas, empleando medios como la radio o textos escritos e informándoles de la situación de otros pueblos, al tiempo que les alertan de las amenazas que suponen las multinacionales.

De este modo, les dan acceso a la información que necesitan para hacer escuchar sus voces. Survival también desarrolla un papel fundamental en lograr que los proyectos humanitarios, de auto-ayuda, educación y sanidad reciban adecuada financiación. Un buen ejemplo es el fondo sanitario yanomami, que logró erradicar prácticamente la malaria en algunas áreas indígenas.

En la actualidad, Survival cuenta con simpatizantes en 82 países. Su trabajo de apoyo a los pueblos indígenas adopta tres facetas complementarias: trabajo educativo, de mediación y campañas. También ofrecen a los propios indígenas una plataforma desde la que dirigirse al mundo. Colaboran estrechamente con organizaciones indígenas locales, centrándose en aquellos pueblos que tienen más que perder, y que son normalmente los que han entrado más recientemente en contacto con el mundo exterior.

"Creemos que la opinión pública es la fuerza más eficaz para el cambio. Su poder hará que cada vez sea más difícil, o incluso que llegue a ser imposible, que los gobiernos y compañías continúen su opresión contra los pueblos indígenas".

Desde 1969, la actitud del "mundo desarrollado" hacia los indígenas ha cambiado radicalmente. Entonces se asumía que los indígenas desaparecerían o serían asimilados. Ahora, al menos en algunos lugares, su experiencia y valores se consideran importantes. Survival ha contribuido a llevar los asuntos indígenas a la primera plana del pensamiento político y cultural. Éste es, quizás, su mayor logro. Pero existen aún muchas barreras relacionadas con el racismo, la tiranía y la avaricia que aún debemos derribar.

Sus campañas no van dirigidas sólo contra gobiernos, sino contra multinacionales, bancos, misioneros extremistas, guerrillas, naturalistas de mente estrecha o cualquiera que viole los derechos de los pueblos indígenas.

Survival fue la primera organización en dirigir la atención a los proyectos del Banco Mundial, al que ahora se considera una de las principales causas de la miseria que afecta a muchos países empobrecidos.

Además del envío de cartas, que canaliza miles de actos de protesta individuales, usan muchas otras tácticas: desde concentraciones frente a embajadas, a presión directa a los poderosos; remiten informes a Naciones Unidas y asesoran en la elaboración de normativas internacionales; informan a las tribus de sus derechos legales, y organizan actos de protesta llamativos que la prensa recoge. Todo su trabajo se basa en el contacto directo y personal con cientos de comunidades indígenas.

Survival es la organización más grande, y una de las más antiguas, que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas. Es también la única que hace partícipe a la opinión pública y que emplea la acción social para conseguir mejoras duraderas para los pueblos indígenas. Es la única organización de gran tamaño en su campo que rechaza fondos de gobiernos nacionales y depende del público para financiarse; esto nos asegura libertad de acción, pero también nos obliga a distribuir muy eficazmente nuestros escasos recursos.

Survival es la única organización internacional de apoyo a los pueblos indígenas que ha recibido el prestigioso "Premio Nóbel Alternativo" (Right Livelihood Award), así como el Premio León Felipe en España y el Premio "Medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati", en Italia. Pero, lo que es más importante, nuestro trabajo ha sido elogiado por innumerables representantes y organizaciones indígenas de todo el mundo.

Teniendo en cuenta la gran capacidad de influencia de las ONGs sobre la opinión pública, la participación ciudadana y las políticas gubernamentales, es fundamental reconocer que este poder conlleva una gran responsabilidad en términos de transparencia y comportamiento ético.

Con el propósito de fortalecer la responsabilidad del sector de las ONGs, demostrar cómo valoran la confianza del público y para contribuir a mejorar el impacto y la habilidad de las ONGs para desarrollar su trabajo de manera eficaz, Survival, junto a otras 10 organizaciones internacionales entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón-Oxfam, ha sido pionera en elaborar un código de conducta para ONGs, llamado Carta de Responsabilidades.

La Carta de Responsabilidades –firmada en junio 2006- establece una serie de pautas de transparencia y comportamiento. Entre estas se encuentran el buen gobierno y la gestión profesional, la transparencia, el compromiso con nuestros donantes y la recaudación ética de fondos. También hace especial referencia al respeto por principios universales, la independencia, la defensa responsable de nuestros intereses, el desarrollo de programas efectivos y la no discriminación.

Página web en español:

Descarga el informe "Muerte en la Curva del Diablo: el relato de testigos"

Descarga el código de conducta para ONGs.

Pronunciamiento del Pueblo Jíbaro Wampis

9 de julio, 2009.
Las autoridades comunales, comuneros y comuneras del pueblo Jíbaro Wampis de la comunidad nativa de Villa Gonzalo, distrito de Río Santiago, Amazonas, denunciaron que los indígenas encarcelados en el penal de Huancas, Chachapoyas, “fueron obligados a firmar documentos aceptando su culpabilidad en la tragedia sucedida en Bagua”

Agregaron que “han sufrido actos de coacción por parte de fiscales, policías y servicios de inteligencia” durante su detención en este centro penitenciario alejado de sus lugares de origen.
Al respecto exigieron “que sean liberados inmediatamente” y manifestaron que “más que un acto jurídico es un acto político del gobierno”.

A través de un pronunciamiento los manifestantes comunales del río Santiago, consideraron que el presidente Alan García Pérez, el premier Yehude Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, cometieron el “delito de genocidio contra los pueblos indígenas e hispanohablantes de la región Amazonas”.

“Nuestros hermanos nativos han muerto por defender la vida y del medio ambiente y, por qué no decir, por defender la democracia”, detalló el documento.
Las personas que permanecen hasta el momento en el mencionado penal fueron detenidos el pasado 5 de junio tras los enfrentamientos entre los pobladores nativos de Bagua, Amazonas, con la policía en la Curva del Diablo, que terminó con la vida de 34 personas.

“Los familiares y deudos de los hermanos policías han sido indemnizados por el gobierno; nos preguntamos ¿Quién indemnizará a los familiares y deudos de los nativos e hijos huérfanos?; sabemos que nadie responderá esta pregunta”, cuestionó el documento.
Finalmente, los pobladores indígenas de la etnia Jíbaro Wampis de la comunidad Nativa de Villa Gonzalo acordaron no permitir el ingreso a las instituciones privadas, nacionales e internacionales, ONGs y otras comisiones multipartidarias del Estado.

Pronunciamiento del Pueblo Jíbaro Wampis

“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO JIBARO WAMPIS

Las autoridades comunales, comuneros y comuneras de la comunidad nativa de Villa Gonzalo, Distrito de Río Santiago, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas; frente al acto de genocidio y a la persecución política del gobierno contra los pueblos indígenas; nos pronunciamos ante la opinión pública, nacional e internacional:

Primero. La vida republicana del Perú, este 28 de Julio cumplirá su 188 aniversario, van casi 2 siglos, en donde pasaron y pasan gobiernos tras gobiernos, con vocabulario siempre con la democracia, respeto de derechos humanos; en la misma constitución política, que en su artículo primero afirma: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado. Sin embargo, en nuestro país, hasta el bicho se da cuenta que no existe una verdadera democracia, los hechos y acontecimientos lo reafirman así. En nuestro país, lamentablemente la única forma de ser escuchados, respetados y atendidos rápidamente, es cuando la sociedad civil levanta el paro, la huelga, protestan, toma de carreteras, y hasta derramamiento de sangre, como ocurrió en Bagua, en la zona llamada CURVA DEL DIABLO, donde se mataron entre peruanos (nativos, mestizos y policías). Nosotros, los jíbaros reclamando los justos derechos de nuestra vida y los policías por obedecer el orden de un gobierno corrupto como Alan García, Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, y otros parlamentarios burócratas y corruptos.

Segundo. El señor Alan García Pérez, prófugo de justicia, donde después de generar la hiperinflación en nuestro país, se fugó al exterior por 10 años, pero no aprendió nada ni en su primer gobierno; es bastante vergonzoso tener este tipo de persona psicópata que gobierne al país. Cuando se escucha sus discursos en diferentes medios de comunicación dice así: gobierno para 28 millones de personas y no a un grupo; perro del hortelano y últimamente, los nativos son gente de última clase; según la filosofía del APRA presidido por García, en Perú aun es vigente las clases sociales. Nos preguntamos entonces ¿dónde está la democracia?, entendemos que la verdadera democracia, no importa cuantas personas reclamen sus derechos; así sea un individuo debería de ser escuchado, respetado y atendido sus demandas, sólo así construiremos una verdadera pacificación y democracia en nuestro país.

Tercero. Un día, 5 de junio justo por el día mundial del medio ambiente, ocurrió los lamentables hechos en la curva del diablo - Bagua. Tan solo pro reclamar nuestros justos derechos fuimos atacados por efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Por vía terrestre y aérea, ciertamente no fue desalojo, fue una guerra y acto de genocidio. Todos se preguntan para encontrar responsables, no podemos perder tiempo buscando responsables de los hechos, el único responsable es: ALAN GARCIA PEREZ, un abogado ignorante, que durante sus ensayos políticos, sólo aprendió describir la cajita de fósforo por 3 horas diarias de allí poder de convencimiento a la gente para aprovecharse de su poder.

Cuarto. Por nuestros compatriotas detenidos y encarcelados en el penal de huancas - Chachapoyas. Han sufrido los actos de coacción por parte de fiscales, policías y servicios de inteligencia, ya que muchas veces han sido exigidos a declarar y firmar el documentos sin que hayan cometido tal delito; que sean liberados inmediatamente, es bastante claro más que un acto jurídico es político del gobierno, y por reclamar los justos derechos nadie debe ser juzgado por ley.
Lo que sí, exigimos la inmediata detención y captura del señor Alan García Pérez, Yehude Simón, Mercedes Cabanillas otros legisladores corruptos, para que de una vez por todo sean sentenciados a cadena perpetua por delito de GENOCIDIO contra los pueblos indígenas e hispanohablantes de la Región Amazonas. También sugerirles por si fuera necesario, que nosotros los indígenas tenemos el cárcel de máxima seguridad (cueva de los tayos), allí es el lugar apropiado para todos los corruptos y violadores de derechos humanos.

Quinto. Ante la persecución política del gobierno contra nuestros dirigentes, exigimos la apelación inmediata de las demandas judiciales, solo de esta manera apostaremos sí a la verdadera pacificación y reconciliación nacional. También manifestamos y desmentimos categóricamente el robo de armamentos y pertenencias policiales que esten supuestamente guardados en las comunidades nativas. Instamos a los defensores de derechos humanos, que no queremos más provocaciones, ni intimidaciones del gobierno contra los pueblos indígenas. Ante presencia de fuerza de orden para saquear las pertenencias comunales, el pueblo jíbaro wampís, caracterizado por reductores de cabeza del enemigo, responderá para defenderse.

Sexto. A los medios de comunicación y televisión nacional, lamentablemente controlados por el poder de gobierno, no han informado los sucesos verídicos que ocurrió en Bagua (curva del diablo), por ejemplo: incineración de pertenencias personales y cadáveres, arrojo de cadáveres en río marañón, y muchas otras actos de violencia, también han sido muertos las mujeres. Escuchar noticias e imágenes editados, no es lo mismo haber estado en el mismo lugar de los hechos y en el momento de los acontecimientos. Por lo que manifestamos que nos devuelvan nuestras pertenencias (mochilas, lanzas, coronas y otros, que se encuentran en manos y/o no, posiblemente de fiscal o efectivos de DINOES.

Séptimo. El señor Alan García ha manifestado que los policías han perdido la vida por cumplir el deber y los ha consignado como héroes de la patria. Para sepa todo el mundo, los amigos policías han muerto por defender la política del gobierno corrupto y antidemocrático. Pero sí, nuestros hermanos nativos han muerto por defender la vida y del medio ambiente y, por que no decir por defender la democracia.
Los familiares y deudos de los hermanos policías han sido indemnizados por el gobierno; nos preguntamos ¿Quién indemnizará a los familiares y deudos de los nativos e hijos huérfanos?; sabemos que nadie responderá esta pregunta. Sin embargo exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad por estos actos de genocidio.

Octavo. Por razones manifestados, en términos populares, el pueblo jíbaro Wampís de la comunidad Nativa de Villa Gonzalo, acuerda lo siguiente: No permitir a las instituciones privadas, nacionales e internacionales, ONGs y otras comisiones multipartidarias del estado que pretendan ingresar en nuestra zona con el fin de consultar a los pueblos sobre territorios, estudios ambientales, investigaciones de las culturas, ya que muchas veces vienen con intereses políticos y personales a costa de los habitantes, y con proyectos elaborados desde Lima. Que conste, a partir de la fecha sólo aceptaremos a las instituciones que verdaderamente tengan el espíritu de apoyarnos incondicionalmente. También, cualquier proyecto deberá ser elaborado en nuestra zona de acuerdo a la demanda de la población; ya no más corrupciones y burocracia.

Finalmente expresamos:

¡No basta decir que el Perú es un país multiétnico, plurilingüe y multicultural!

¡Una constitución peruana sin pueblos indígenas no tiene historia ni futuro!

¡La sangre derramada nunca será olvidada!

¡Viva el pueblo indígena!

Río Santiago del 2009

Fuente : Servindi

¿Quién dio la orden de disparar?… y otras preguntas importantes

Por Jorge Agurto

Escuchamos en los últimos días que la principal pregunta que debe responder el gabinete sobre los sucesos de Bagua es quién dio la orden de disparar. Esto alude a una responsabilidad política pues en este tipo de operativos el personal policial ejecuta órdenes. Sin embargo, hay otras preguntas que también deben ser aclaradas para desentrañar lo que realmente sucedió y determinar responsabilidades políticas y administrativas.

Resumen de los hechos:

Diversas fuentes coinciden en lo siguiente: Un destacamento de menos de una decena de personas habría rodeado a los manifestantes que tenían bloqueada el tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura de la Curva del Diablo, por un cerro lateral a las 5:30 de la mañana.

Al ser descubiertos por los nativos se produjo un primer enfrentamiento con saldo de muertos y heridos. En esta circunstancias los manifestantes se habrían apoderado de alguna arma de largo alcance para evitar que los sigan agrediendo.

El destacamento, al verse diezmado y no tener información con el batallón principal, habría tenido que llamar a Lima para describir de manera crítica su situación. Ante esto, el batallón principal recibió órdenes de recuperar las armas y las víctimas y proceder de inmediato al desalojo, a eso de las 7:30 a.m.

Apoyados, por lo menos con un helicóptero que lanzaba bombas lacrimógenas, los efectivos policiales pensaron que la turba de manifestantes iba a retroceder o dispersarse, pero no lo hizo. Esta situación provocó que un efectivo procediera a disparar y herir a un indígena.

Santiago Manuin, entre otros adultos y jóvenes, procedieron a acercarse al batallón con las manos en alto pidiendo paz y cese a la violencia. Sin embargo, Manuin recibió una ráfaga que lo impactó con ocho balas. Se discute si esta ráfaga vino de tierra o del helicóptero.

Ello desencadenó un enfrentamiento donde los indígenas recibieron ráfagas y disparos a diestra y siniestra lo que provocó entre 150 y 200 heridos, muchos de ellos de bala. Los indígenas se defendieron con lo que pudieron, lanzas, piedras y posiblemente con las armas que habían quitado al primer destacamento policial.

La policía mantuvo la situación de zozobra durante muchas horas y días e impidió que personal civil se acerque a recoger a las víctimas. Muchas fuentes señalan que este lapso de tiempo habría servido para que la policía recoja los cadáveres y los traslade a otro lugar.

A varios kilómetros de allí se encontraban los 38 efectivos policiales que había relevado a otro contingente del mismo número, quienes custodiaban la Estación 6 de petróleo en Imazita.

Ellos se sorprendieron que al llegar al lugar debieron entregar sus armas pues existía desde hace dos meses un acuerdo de paz entre los indígenas awajun y el destacamento policial para evitar cualquier acto de mutua agresión. Para esto las armas de fuego se colocaban en un ambiente del cual solo el Apu (jefe) tenía acceso mediante las llaves respectivas.

Los nativos, al recibir por radio información sobre los sucesos de la Curva del Diablo, entendieron que el pacto de no agresión había sido violado por parte de la policía y procedieron a las 2:30 de la tarde a trasladar a los efectivos policiales a un lugar descampado donde se discutiría qué represalia aplicar.

Existe duda sobre en qué circunstancias un operativo policial o del Ejército habría intervenido para intentar rescatar a una parte de los policías ya que 12 de ellos fallecieron en manos de los indígenas y otros estuvieron desaparecidos y uno aún no ha sido ubicado.

Toda esta situación no se esclarece de manera definitiva debido a que laas autoridades políticas de los ministerior del Interior y Defensa evitan dar detalles del operativo. La Ministra Mercedes Cabanillas ha evitado hasta la fecha dar un informe oficial sobre los acontecimientos.

Eso obliga a que además de responder: ¿quién dio la orden de disparar? se respondan -entre otras- las siguientes preguntas:

Cuestionario

1. ¿Sabían el Presidente Alan García, la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el Ministro de Defensa Ántero Flores-Araoz que sesenta días antes al desalojo de la carretera Fernando Beláunde Terry habían 38 efectivos policiales que custodiaban la Estación Petrolera Nº 6 de Imasita que se encontraban desarmados en virtud a un pacto de no agresión con los comuneros awajún?

2. ¿Sabían que a fin de evitar cualquier tragedia o agresión mutua entre indígenas y policías las armas se hallaban en un ambiente bajo llave a custodia del Apu de la comunidad?

3. ¿La Ministra Mercedes Cabanillas prestó atención a las alertas de inteligencia enviadas por el Director de Inteligencia del Ministerio del Interior que recomendaban un mayor refuerzo de efectivos en la zona?

4. ¿Sabía la Ministra del Interior que cualquier acción de desalojo iba a provocar represalias contra los 38 policías que custodiaban la estación petrolera Nº 6 y que se encontraban desarmados en virtud al acuerdo de no agresión suscrito con los comuneros awajún?

5. ¿Quién es la máxima autoridad que dio la orden de desalojo no solo con instrumentos antimotines (perdigones, bombas lacrimogénas, varas de goma, etc.) sino con armas de fuego y fusiles AKM?

6. ¿Quién fue la autoridad que dispuso que el contingente encargado del desalojo fuera el menor número posible de efectivos policiales?

7. ¿Por qué no se rescató previamente o se dio aviso a los policías de la Estación 6 que se iba a iniciar el operativo de desalojo?

8. ¿Es cierto o no es cierto que un helicóptero y efectivos del Ejército participaron del operativo de desalojo?

9. ¿Quién colocó al mando del operativo a una persona que recién llegó un día antes al lugar de operaciones y que desconocía el contexto situacional?

10. ¿Que unidades y desplazamientos de víctimas se realizaron mientras que el escenario de los hechos estuvo acordonado y la población estuvo impedida de recoger a sus víctimas?

11. ¿Por qué la Policía envió a unos pocos efectivos delante de todo el batallón a inspeccionar la situación sin estar adecuadamente comunicados con sus superiores?

12. ¿En qué circunstancias se procedió al “rescate” de los efectivos de la Estación 6, quienes estuvieron a cargo del operativo y con qué resultado?

Reflexiones al volver de Bagua

Por Wilfredo Ardito Vega*

El jueves pasado, cuando el Congreso derogó por fin los Decretos Legislativos 1090 y 1064, algunas personas creyeron que la crisis amazónica había concluido. Sin embargo, los acontecimientos del 5 de junio han generado problemas mucho más profundos que en nada soluciona la tardía decisión del Congreso.

Aquel día, la policía se comportó en las ciudades de Bagua y Bagua Grande como una fuerza de ocupación, apostando inclusive francotiradores en los techos que disparaban a la población. El caso de Leidi Luz, una niña de siete años que recibió un balazo en el estómago no fue un incidente aislado: la mayoría de los heridos y fallecidos no tenían relación con las protestas.

Sin embargo, los vecinos de ambas ciudades concuerdan en que la brutalidad de la policía fue mucho mayor en la Curva del Diablo.

Parece ser que ante los primeros disparos de los policías, el reconocido dirigente Santiago Manuim pretendió invocarles a detener el fuego, alzando las manos. En ese momento, sea por torpeza o ensañamiento, el propio Manuim recibió ocho balazos.

Cualquiera que conozca mínimamente a los awajún podía haber previsto lo que sucedería. Ellos se enfrentaron directamente a la policía.

-Cuando vimos caer a Santiago, para nosotros era vivir o morir. Estábamos en guerra y debíamos luchar por nuestra vida -declaran varios indígenas.

Al menos quince policías murieron en el enfrentamiento. ¿Y cuántos awajún? En las dos Baguas nadie cree que hayan sido solamente cuatro, como indican las cifras oficiales y mas bien se asume que durante cinco días la policía impidió el ingreso a la zona del Ministerio Público, la Iglesia y los organismos de derechos humanos, para poder trasladar los cuerpos de los indígenas.

Una mujer awajún relata que, cuando intentaba auxiliar a un nativo herido, un oficial declaró: “Aquí no hay ningún herido” y acto seguido lo mató de un tiro.

-¿Qué somos para Alan García? -exclama ella - ¿No somos personas? ¿Somos perros y perras que hace matar?

Ella cuenta que también vio cómo quemaban los cuerpos de otros nativos. Varias personas vieron cómo los policías disparaban por la espalda a los indígenas que huían, “como si cazaran venados”. Algunas religiosas indican que la policía se llevó dos cuerpos que aparecieron en la orilla del río. Durante varios días, en Bagua se indicaba que había fosas comunes, pero hasta el momento no han sido halladas.

El gobierno sostiene que no existen más muertos, porque los awajún no proporcionan nombres. En realidad, las comunidades vienen elaborando listas (vi catorce nombres en una de ellas) pero no presentan ninguna denuncia, porque temen las represalias.

Mientras los habitantes de Bagua Grande insistieron durante una semana hasta que el Ministerio Público aceptó sus denuncias contra los policías que mataron o hirieron a sus familias, para los awajún resulta absurdo denunciar ante el Estado los hechos que el mismo Estado cometió. Paradójicamente, la principal prueba de las desapariciones de los indígenas es el caso del mayor Felipe Bazán, cuyo cuerpo sigue siendo buscado por su angustiada familia. La hipótesis más probable es que Bazán murió a manos de los awajún y que éstos desnudaron su cadáver. Horas después, la policía lo habría confundido y así sufrió la misma suerte que los cuerpos de los indígenas.

Entretanto, la incertidumbre por los desaparecidos, los permanentes vuelos de helicópteros, las detenciones indiscriminadas y las torturas a los detenidos generan un fuerte clima de terror entre los awajún. Un profesor me contó cómo fue torturado hasta quedar inconsciente por seis miembros de la DINOES, pese a que ni siquiera salió de su comunidad durante las protestas. Ahora es un manojo de nervios y teme que, cuando comiencen las clases, vaya a ser detenido. Otro awajún, Ebelio Petsayit, falleció en su comunidad a consecuencia de los golpes sufridos.

En Bagua, los awajún detenidos sin mayores pruebas eran liberados durante el toque de queda, exponiéndolos a que fueran nuevamente detenidos o inclusive baleados. Los demás han sido trasladados a la cárcel de Chachapoyas, una ciudad muy alejada y actualmente casi incomunicada, lo cual rompe los vínculos con abogados, intérpretes y familiares.

Los awajún están convencidos que Alan García busca su exterminio. Es verdad que ya antes había quienes querían invadir sus tierras, pero ha sido el gobierno actual el que ha otorgado a empresas mineras sus ríos, sus tierras y sus cerros sagrados y los ha insultado repetidas veces, en una afrenta permanente a su dignidad como pueblo.

Lamentablemente, no se percibe ningún esfuerzo para que los awajún confíen en las autoridades. Es más, en lugar de aprovechar que Santiago Manuim sobrevivió para establecer un diálogo con él, el Poder Judicial lo acusa de instigar el asesinato de los policías de la Estación 6, aunque estaba inconsciente cuando ello sucedió. El jueves, la policía pretendió esposarlo en su cama del hospital Las Mercedes.

Detener los abusos hacia los indígenas, sancionar a los responsables, devolver los cuerpos a las familias, cambiar a la Ministra del Interior, cancelar las concesiones mineras, otorgar representación política a los indígenas amazónicos, serían señales que podrían iniciar un camino de reconciliación. ¿Será tan difícil que el torpe y arrogante gobierno se dé cuenta de ello?

* Wilfredo Ardito es un abogado y catedrático nacido en Lima.

A Propósito del Perú: ¿De Qué Sirve el Derecho Penal Internacional?

Por Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Después de la experiencia del juicio de Nuremberg que hubo de improvisarse en cuanto al derecho aplicable, un derecho penal internacional sobre bases firmes se inició en 1948 con la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se inició y se agotó durante medio siglo. A nivel internacional, la Convención no tuvo desarrollo o ni siquiera aplicación por varias décadas. El tribunal internacional previsto por ella para el enjuiciamiento de individuos imputados de genocidio sólo pudo constituirse cincuenta años más tarde con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se ha producido en efecto en 1998. El derecho penal internacional no sirvió para nada durante bastante tiempo y hoy todavía, dada la novedad de su operatividad, resulta bien arduo ponerlo en práctica.

Dicho mismo Estatuto ha venido además a desarrollar el derecho penal internacional tipificando una serie de delitos junto al de genocidio, los delitos por ejemplo de esclavitud, inclusive la sexual, traslado forzoso de población, privación grave de libertad, tortura, violación, prostitución forzosa, embarazo forzado, esterilización forzosa, desaparición forzada, apartheid, “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos”, etc. Ahora es posible perseguir internacionalmente una buena serie de delitos, delitos que están cometiéndose notoriamente, por ejemplo, en el Perú. Son delitos que sufren habitualmente los pueblos indígenas no sólo por América.

Genocidios se cometieron por supuesto durante todo ese tiempo de inoperancia de un derecho penal internacional ya existente. Hay casos americanos bien notorios por aquellos mismos años, como el genocidio sufrido por el pueblo aché en Paraguay. ¿Reaccionó Naciones Unidas o alguno de sus Estados miembros en nombre de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio? Algún revuelo hubo que no llevó a nada. Al Gobierno paraguayo le bastó con asegurar públicamente que no había genocidio porque no existía de su parte intención ninguna de exterminar a ningún pueblo. No mucho después, en 1988, Estados Unidas ratificó tardíamente la Convención añadiendo la doctrina contraria a la letra de la misma de que no había genocidio si no existía intención dolosa, una intención en definitiva de asesinar en masa. Al cabo de otros pocos años, la Corte Internacional de Justicia, a propósito del caso yugoslavo, ha hecho suya esa doctrina americana. Es caso el yugoslavo que ha debido atenderse mediante un tribunal internacional ad hoc, lo que no es buena práctica en derecho penal.

Durante todo el tiempo de inoperancia del derecho penal internacional, se ha impuesto además en los medios de Naciones Unidas, no sólo entre los Estados miembros, la idea también contraria a la letra de la Convención (no hablo del espíritu porque en el derecho penal es a la letra a lo que hay que estar) conforme a la cual sólo es genocidio el que se comete mediante matanza bruta y monstruosa. Hasta el Asesor Espacial del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio se mueve hasta el momento sobre dichas premisas, considerando signos de alarma de la posibilidad de genocidio conductas que para la Convención ya constituyen genocidio. Y no se ha acometido todavía a efectos prácticos el encuadramiento del genocidio junto a otros delitos similares que ahora están tipificados por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Aparte las ratificaciones, se dice que el mismo sólo se ha limitado a registrar en su tipificación de delitos un derecho consuetudinario de carácter general que ya existía, lo que siempre es problemático en el campo del derecho penal, pero con ello no se avanza en dicha integración de un derecho penal internacional en el que el genocidio no sea un tipo solitario e inoperante.

Pareciera que el derecho penal internacional de carácter general estuviera condenado a la neutralización más absoluta. Lo ha salvado el Estatuto de 1998 y la erección consiguiente de la Corte Penal Internacional ya en nuestra década. Puede decirse que el derecho penal internacional es así de reciente, con muchas de sus posibilidades todavía inéditas. Al contrario que la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional no depende en el ejercicio de su jurisdicción de la acción o el parabién de los Estados. Representa ya una justicia internacional independiente. Su fiscalía puede presentar casos de oficio y conforme a criterio propio, según la información que recabe o las denuncias que reciba. Igualmente, la Corte Penal Internacional admite casos como cualquier otra jurisdicción ordinaria, conforme a los méritos del mismo sin otras consideraciones ni políticas ni diplomáticas. Casos como el del Perú pueden ahora denunciarse ante una justicia internacional independiente. Dado que estamos ante posibilidades inéditas, otra es la cuestión por supuesto de que la denuncia prospere. En todo caso, ahora las víctimas de delitos internacionales, ellas mismas mediante representantes que controlen, pueden accionar el derecho penal internacional a través de la fiscalía de la Corte Internacional de Justicia.

Las políticas del Gobierno peruano en el último par largo de años de cara a los pueblos indígenas de la Amazonía presentan indicios serios de incurrir en supuestos tipificados por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Las posiciones y manifestaciones racistas de sus responsables ante la resistencia de dichos pueblos acentúan los indicios. El recurso a la acción militar con resultados letales, junto a la forma como se le ha presentado por parte oficial, constituye la última evidencia. Puede estar cometiéndose genocidio y algún delito más de los tipificados por dicho Estatuto penal internacional. Aparte de que se le pueda entender como expresión de derecho consuetudinario, el mismo es aplicable para el Perú por ratificación formalizada en 2001. El Estatuto, por ser de derecho penal, no tiene efecto retroactivo, pero el delito se ha cometido con posterioridad y el crimen de genocidio es además imprescriptible en derecho internacional. Ahora o en cualquier momento, las víctimas pueden accionar.

Puede accionarse ahora denunciando a presuntos autores como Alan García, Presidente de la República; a presuntos cómplices como Mercedes Cabanillas, Ministra del Interior, y Antero Flores-Araos, Ministro de Defensa; a presuntos encubridores como José Antonio García Belaúnde, Canciller, y Mercedes Aráoz, Ministra de Comercio Exterior. Se entiende la ansiedad mostrada estos últimos días por el Gobierno peruano respecto a la calificación de su política como genocida, igual que se entiende el alivio que ha manifestado al conseguir que el Relator Especial sobre la situación de lo derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en visita oficial, opine que no aprecia la existencia de genocidio en el Perú. Esto por supuesto no prejuzga nada ni sienta presunción de inocencia particular ninguna. Se tiene la misma que justamente corresponde en todo caso de acusación penal.

Según el derecho penal internacional, la jurisdicción no compete a instancia ninguna no estrictamente judicial de Naciones Unidas, sino a la Corte Penal Internacional, la cual actúa con todas las garantías del debido proceso. He ahí la sede donde deberá sustanciarse una garantía para los derechos de los pueblos indígenas tan importante como la de carácter penal frente a quienes los conculcan gravemente. El caso del Perú podría sentar un precedente.