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lunes, 14 de diciembre de 2009

Informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua

Desde hace unos días empezaron las filtraciones (interesadas) del borrador de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, ¿ Un globo sonda para calibrar unos minimos creíbles, o no ? llevamos 6 meses con esta técnica.

Bartolomé Clavero en su blog hace este análisis sucinto del borrador:

"El borrador muy avanzado del Informe de la Comisión para la Investigación de los Sucesos de Bagua se ha filtrado para vergüenza de quienes están ultimándolo. No es un documento de investigación fría, sino de gabinete incendiario. Rezuma racismo tratando a las gentes indígenas como ignorantes e incapaces al tiempo que se permite repartir acusaciones de racismo a diestro y siniestro para constituirse en oráculo único sobre el mal que se ha hecho y el
bien que debe hacerse".

"El mal en último término se carga sobre la presunta incapacidad indígena y la imaginaria manipulación foránea. El bien ya puede adivinarse dónde se sitúa, en las mismas políticas que han conducido a la masacre sólo que formuladas y aplicadas de forma todavía más taimada. Por mucho que intente todavía retocarse, mal arreglo tiene un documento de concepción tan infame y exposición tan ignominiosa. Una miembro digna de la Comisión ya ha anunciado que no lo firmará".




  • Informe del Ejecutivo sobre Bagua se caería por “superficial y tendencioso”

Servindi, 12 de diciembre, 2009.
El informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua conformada por el Poder Ejecutivo caería en un vacío por no ser resultado de una investigación seria y recoger principalmente argumentos superficiales y tendenciosos.

Ello se desprende no solo de la opinión de diversos analistas que han tenido acceso a una versión preliminar del informe, sino también a la postura de uno de sus miembros, que declinó suscribir el informe e hizo pública su discrepancia. Se trata de la religiosa española María del Carmen Gómez Calleja, quién el viernes declaró a un medio local que el informe no realiza una “investigación imparcial e exhaustiva”, tal como lo recomendó el relator de las Naciones Unidas James Anaya.

Tal como está elaborado “impide conocer la verdad” y “no esclarece los sucesos del 5 de junio” donde murieron 34 personas, entre indígenas y miembros de las fuerzas policiales.
Según Carmen Gómez, la comisión investigadora quiere concluir en que el origen de los problemas fue que los nativos fueron mal informados acerca de los decretos legislativos y fueron azuzados por organizaciones nacionales y extranjeras.

Existe la tendencia de concluir en que los indígenas no tenían razones de peso para pedir la derogatoria de las normas y que carecían de criterios propios para decidir su protesta, idea que yo rechacé, expresó la religiosa.

En la reunión del 7 de diciembre la mayoría de los miembros de la comisión investigadora estuvieron de acuerdo en desarrollar las causas, consecuencias y recomendaciones pero evitar esclarecer lo que realmente pasó aquel fatídico 5 de junio, dijo María del Carmen.

“No hubo apoyo del Estado”
Jesús Manacés Valverde, Presidente de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, en diálogo con Servindi, confirmó que el trabajo realizado era deficiente por la falta de tiempo, recursos y apoyo de diversas instituciones del Estado.

Por ejemplo, indicó que el Ministerio Público le había negado la investigación fiscal que halló responsabilidades en los mandos y personal policial. Como podrá recordarse, la fiscal que efectuó la denuncia fue removida del caso y enviada a la jurisdicción de Chachapoyas. Manacés también confirmó a Servindi que tampoco le habían remitido el informe de Control Interno del Ministerio del Interior que también halló responsabilidades en el personal policial, a pesar de haberlo solicitado de forma insistente.

En ambos casos, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior se excusaron de proporcionar dicha documentación esencial para el trabajo de la comisión con el argumento de que ambas investigaciones estaban en proceso.

A pesar de todas las deficiencias existentes y de que el plazo venció el 10 de diciembre Manacés indicó que la Comisión sigue trabajando y de no haber consenso en el contenido el dejará constancia de sus discrepancias u observaciones. Según ha trascendido el informe se presentaría el miércoles 15 de diciembre.

Investigación tendenciosa
Diversas opiniones recogidas por Servindi en El Cenepa señalaron que las dos visitas realizadas por la Comisión Investigadora han sido insuficientes para dialogar y recoger los testimonios de los apus de las comunidades.

Raúl Vargas, colaborador de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), destacó que los comisionados sostuvieron asambleas de un par de horas con cientos de personas pero no realizaron una investigación verdadera.

Por ejemplo, destacó que la ex Ministra Susana Pinilla, tuvo un marcado afán por transmitir la versión del gobierno sobre los hechos en la asamblea de dos horas que se realizó en el Cenepa.
Otro asambleísta del Cenepa nos indicó que según su parecer “los comisionados más que investigar fueron a ‘echar flores’ al gobierno y dar un saludo protocolar a los asambleístas”.

Llueven críticas al informe preliminar
Patricia Wiesse Risso, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quién tuvo acceso al Informe preliminar (documento de trabajo) del 7 de diciembre opinó que “es la antítesis de un trabajo de investigación serio”.

Para la especialista “la metodología empleada no ha partido del análisis de los testimonios recogidos en la zona” sino que “ha sido elaborado a partir de los preconceptos de cada integrante”.

En el boletín Ideele-mail difundido el 12 de diciembre Wiesse observa una “concepción paternalista” que muestra “a un indígena ignorante que no entendió los beneficios de los decretos derogados”.

Según dicho documento los indígenas fueron “azuzados” por fuerzas externas, por partidos y gremios radicales, organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y antropólogos romántico- racistas. Asimismo, carga toda la responsabilidad de lo ocurrido a los indígenas que “emboscaron a los policías e iniciaron la balacera” sostiene el Ideele.

De otro lado, el psicoanalista y analista de actualidad Jorge Bruce, quién también tuvo acceso al informe preliminar, señaló en su columna dominical del diario La República que lo afirmado por la religiosa Maricarmen es cierto y sus razones para no suscribirlo son válidas.

El informe, según Bruce, “no cumple con el cometido de explicar la tragedia del 5 de junio: ¿qué pasó realmente ese día? ¿quiénes fueron los responsables directos o indirectos de las muertes de policías y civiles?”

“De la lectura del mismo no se desprenden conclusiones acerca de los graves hechos ocurridos. En cambio, hay una gran cantidad de afirmaciones nebulosas acerca de la ‘realidad’ de los pueblos indígenas” escribe Bruce.

“Si fuera un ensayo de uno de mis alumnos en la universidad, el comentario sería: tienes que trabajarlo mucho y ser más específico, menos tendencioso y generalizador” afirma el también catedrático universitario. Para Bruce, el informe preliminar da una visión “antropológica” apresurada y elude las causas inmediatas de la matanza.

“No sabemos si faltó tiempo o, sencillamente, terminó primando la voluntad soterrada de exculpar a las autoridades gubernamentales. Habrá que leer el informe final, pero, por lo que se aprecia en esta versión preliminar, hace bien Maricarmen Gómez en negarse a firmar” concluye el analista.

La Comisión Investigadora
El acuerdo de constituir la comisión se adoptó el 2 de septiembre en base a siete personas. Pilar Mazzeti Soler (ex Ministra del Interior), María del Carmen Gómez Calleja y Jesús Manacés Valverde, propuestos por las comunidades indígenas.

En tanto, que Ricardo Álvarez Lobo, Susana Pinilla Cisneros (ex Ministra de la Mujer y el Desarrollo Humano) y el Decano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez Camacho fueron designado por el Poder Ejecutivo. Por los gobiernos regionales se designó al sociólogo Manuel Bernales Alvarado.

Según Ideele la ex ministra Pilar Mazzetti jugó “un triste papel, tratando de conciliar posiciones” mientras que los gobiernistas “encabezados por la otra ex ministra, Susana Pinilla, iban con la consigna de imponer y ratificar a toda costa la versión oficialista que culpa a los indígenas de lo ocurrido en Bagua”.

Al final, Mazzetti estaría avalando un informe “que es una verdadera burla, y ha traicionado la confianza de los indígenas que la eligieron porque la recordaban como la comprometida Ministra de Salud que tuvo una especial preocupación por los programas de salud en las zonas más lejanas de la Amazonía” señala Ideele.



  • Niebla sobre Bagua
Por: Jorge Bruce

La comisión encargada de investigar los sucesos de Bagua debe emitir su informe final el 13 de diciembre, un día después de redactada esta nota. El viernes pude entrevistar, en Radio Capital, a la religiosa Maricarmen Gómez Calleja, una de las integrantes de dicha comisión, quien acudió a explicar por qué se niega a firmar el documento. Según su versión, no se cumple con el cometido de explicar la tragedia del 5 de junio: ¿qué pasó realmente ese día? ¿quiénes fueron los responsables directos o indirectos de las muertes de policías y civiles?
Por otra vía tuve acceso al borrador de dicho informe.

Al leerlo, me quedó claro que lo declarado por la religiosa es cierto. De la lectura del mismo no se desprenden conclusiones acerca de los graves hechos ocurridos. En cambio, hay una gran cantidad de afirmaciones nebulosas acerca de la “realidad” de los pueblos indígenas, que los occidentales no comprendemos. Si fuera un ensayo de uno de mis alumnos en la universidad, el comentario sería: tienes que trabajarlo mucho y ser más específico, menos tendencioso y generalizador.

Un botón de muestra:
“Pizango no representaba a toda la Amazonía. Fueron los antropólogos, los asesores, las ONG, los periodistas, el Estado y el Congreso quienes dieron autoridad a Pizango, pues necesitaban de un interlocutor cercano para relacionarse con él y solucionar los problemas de la selva. Pero no era así, pues el sistema indígena es horizontal y no vertical. No obstante lo hicieron funcionar aunque ficticiamente. El mismo Pizango en varias oportunidades dijo que él no podía solucionar el problema, sino las bases. Pero Pizango no era conocido ni nunca visitó la selva como jefe absoluto. Si hubiera sido realmente jefe hubiera permanecido en Perú hasta la cárcel y la muerte, pero huyó a la embajada de Nicaragua. Con esto revelaba dos cosas: Que no era líder absoluto ni dominaba el movimiento. Se hizo manifiesto que ha tenido asesores externos que no eran buenos asesores.”

¿De dónde sale la conclusión que “Si fuera realmente jefe hubiera permanecido en el Perú hasta la cárcel y la muerte”? Parece extraída de una pésima novela o película sobre el comportamiento de los “indios”.

El borrador, en muchos pasajes como éste, confirma lo que pretende denunciar: una ideología impregnada de visiones estereotipadas sobre una cultura que se desconoce y que se presta, admirablemente, para construcciones fantasmáticas como la citada.

En muchos sentidos, recuerda al informe de Uchuraccay y, en los mismos, se aleja del de la CVR. En el primero, un grupo con excelentes intenciones pero entrampado en una mirada colonial, cayó en el fantasma de la “nación cercada” (Juan Carlos Ubilluz). Ya la CVR había criticado esa visión restrictiva del Otro, que no es tan otro como parece. Lo propio sucede aquí.

Al dar una visión “antropológica” apresurada, se eluden las causas inmediatas de la matanza. No sabemos si faltó tiempo o, sencillamente, terminó primando la voluntad soterrada de exculpar a las autoridades gubernamentales. Habrá que leer el informe final, pero, por lo que se aprecia en esta versión preliminar, hace bien Maricarmen Gómez en negarse a firmar.



  • Misionera no firmará informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua
Por Patricia Wiesse Risso

12 de diciembre de 2009.- Un miembro de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua se ha negado a firmar el Informe que el día 15 de diciembre entregará a la opinión pública. Se trata de la hermana Mari Carmen Gómez Calleja, misionera que trabaja y vive en Bagua, que estuvo el 5 de junio en la Curva del Diablo y, por lo tanto, es testigo presencial de lo que ocurrió.

Ella fue elegida por los indígenas para representarlos en la Comisión, junto al profesor awajún y representante de AIDESEP, Jesús Manacés y a la ex ministra Pilar Mazzetti. Esta última ha jugado un triste papel, tratando de conciliar posiciones, una tarea imposible en tanto los gobiernistas en la Comisión, encabezados por la otra ex ministra, Susana Pinilla, iban con la consigna de imponer y ratificar a toda costa la versión oficialista que culpa a los indígenas de lo ocurrido en Bagua.

Al final, Mazzetti -seguramente resguardando su auspicioso futuro político- está avalando un Informe que es una verdadera burla, y ha traicionado la confianza de los indígenas que la eligieron porque la recordaban como la comprometida Ministra de Salud que tuvo una especial preocupación por los programas de salud en las zonas más lejanas de la Amazonía.

Hasta el cierre de esta nota, no podemos asegurar cuál será la respuesta final de Manacés. Su actitud ha sido ambigua, a pesar que AIDESEP ha manifestado tajantemente su rechazo al documento.

Ideele tuvo acceso al Informe preliminar que consideramos es la antítesis de un trabajo de investigación serio. La metodología empleada no ha partido del análisis de los testimonios recogidos en la zona, ha sido elaborado a partir de los preconceptos de cada integrante (cuando no de la ideología gobiernista).

La concepción paternalista se trasluce desde el primer párrafo, mostrando a un indígena ignorante que no entendió los beneficios de los decretos derogados, que fue “azuzado” por fuerzas externas, por partidos y gremios radicales, ONG, Iglesia Católica y antropólogos romántico- racistas. Y por último, como era de esperar, le carga toda la responsabilidad de lo ocurrido a los indígenas que, según este Informe, emboscaron a los policías e iniciaron la balacera.

La hermana Mari Carmen Gómez tiene razones contundentes para negarse a firmar el documento. Citamos las principales:

1. No responde a la recomendación del relator de las NNUU que sugirió la conformación de una comisión que investigue, de forma imparcial y exhaustiva, los sucesos del 5 de Junio.

2. No responde al contenido del acta de la Mesa 1, que dice que se llamará “Comisión Investigadora de la Verdad sobre los Sucesos de Bagua”, y que tomará en cuenta la narración de los hechos, las motivaciones, cómo y por qué ocurrieron los hechos, sus consecuencias y recomendaciones.

3. No se les concedió el plazo de ampliación solicitado y, por lo tanto, no hubo tiempo para que se reúnan y realicen un análisis del material recogido que debió ser el insumo principal para elaborar el documento.

En cuanto al contenido, las objeciones de la hermana Mari Carmen coinciden con las señaladas por Ideele. En conclusión, estamos ante un Informe que le cae como anillo al gordo dedo de Alan García.

Incluimos también el informe "Bagua, seis meses después" de Amnistía Internacional.




Fuentes:

Servindi

Patricia Wiesse Risso es miembro del Instituto de Defensa Legal.
Boletín electrónico Ideele.mail Nº 624, 12 de diciembre del 2009

Jorge Bruce es psicoanalista y columnista del diario La República.
Niebla sobre Bagua

domingo, 9 de agosto de 2009

Baguas, Temucos y el CERD en el 9 de agosto "Día de los Pueblos Indígenas y de la Declaración de sus Derechos"



En estos últimos meses se han sucedido los excesos criminales por parte de los estados en toda Abya Yala, América Latina y del Norte.
Perú, Colombia y Chile puede que sean los escenarios de actualidad más recientemente conocidos, pero desde Alaska a la Tierra del Fuego y en el resto de la tierra se cometen excesos contra los pueblos y naciones indígenas.

A la presidenta encargada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, y al dirigente mapuche Aucan Huilcaman les fue impedido de salir de Perú y Chile (países democráticos) para exponer los informes alternativos en las sesiones de examen del Comite Para la Eliminacion Racial (CERD) y a participar de la reunión del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas para Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sufriendo la globalización de los excesos, poco importa que que los líderes indígenas sean presidentes democráticos de sus paises o que un descendiente de esclavos dirija los destinos del imperio dominante.

Son las transnacionales las que rigen los destinos del planeta y por ende de sus afectados directos e indirectos. La contaminación y el cambio climático ha incluído a todos en la categoría de víctimas.

Tres especialistas en temas amazónicos, Frederica Barclay, Alberto Chirif y Jorge Agurto de Servindi, durante la presentación del anuario de IWGIA "Mundo Indígena 2009", expusieron la lucha que viene llevando el movimiento indígena peruano contra las políticas neoliberales del gobierno.

Tras las ponencias de los antropólogos, el indígena awajún Diógenes Anpam, técnico de una de las federaciones afiliadas a la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN), relató la situación actual de los pueblos amazónicos tras los sucesos de Bagua.

Diógenes Ampam, habla sobre el racismo del gobierno peruano, la persecución de líderes nativos y lo sucedido el 5 de junio en Bagua, día en que la policía disparó contra manifestantes indígenas que protestaban por un conjunto de decretos legislativos que iban a permitir a grandes empresas explotar recursos en sus territorios.

"El territorio y la tierra para nosotros es sagrado y es nuestra madre".
Ante las informaciones del gobierno y de los medios de comunicación afines y cómplices, donde se cuestionan los métodos de protesta de los awajún y wampís, deja claro primero, que el proceso viene desde el 2008, y que el actual gobierno nunca ha tenido en cuenta ni a los pueblos indígenas ni los tratados subscritos por Perú, indicando que se están vulnerando sus derechos y la ley peruana e internacional.

"Si vamos por diferentes ministerios, ustedes pueden ver archivos y paquetes donde hay pronunciamientos, planteamientos, reestructuración de políticas, de interculturalidad, de mejorar la educación la salud y el desarrollo sostenible" elaborados por estas organizaciones indígenas.



Vuelve a confirmar que los awajún y wampis, llegaron a un acuerdo con la policía que iban a regresar a sus comunidades el día 5 de junio por la mañana pero en la madrugada, la policía Dinoes cercaron un cerro donde los integrantes del Paro Amazónico.
A traición fue la intervención pues los responsables habían conversado con el responsable directo de la Dinoes que iban a regresar a sus comunidades después de 57 días de comportamiento pacífico y sin incidentes violentos.

"Sabemos que si no hay una orden superior la policía no iba a intervenir, consideramos que hubo autorización y orden de la intervención, y es de responsabilidad política".
"Y es más, conversamos con el ex premier Yehude Simon el 2 de julio sobre el cese de la persecución legal a los hermanos awajún y wampís, que tenemos a más de 50 con orden de captura".

Y añade como prueba de la voluntad "conciliatoria" del gobierno y de su respeto a los compromisos pactados y aireados mediáticamente de cara al exterior del país y organismos internacionales, " Como prueba de ello, ante el Comité Para la Eliminacion Racial de las Naciones Unidas (CERD) el actual Ministro de Justicia Aurelio Pastor acusa a los awajún y wampís de las muertes de Bagua"

Ampam, miembro de la cuarta mesa de diálogo con el Gobierno reveló que en la mesa de trabajo en la que participa no hay ningún tipo de avance y que el actual Gobierno no tiene intención de recibir a los indígenas.

Es el mejor de los tiempos. Es el peor de los tiempos. Es la edad de la justicia. Es la edad de la codicia. Es el periodo de las luces. Es el periodo de las sombras. Es la primavera de la esperanza. Es el invierno de la desesperación. Todo se tiene al alcance. Nada se tiene al alcance. Es, en suma, la historia de dos mundos paralelos llamados abiertamente a encontrase y condenados aparentemente a no hacerlo.

Esta es la entrada del artículo de Bartolomé Clavero "9 de agosto: Día de los Pueblos Indígenas y de la Declaración de sus Derechos" miembro del Foro Permanente Para las Cuestiones Indigenas de Naciones Unidas y catedrático de la Universidad de Sevilla.

Victoria Tauli-Corpus, una indígena filipina y Presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas declaraba hace poco:

"Esto que está sucediendo en Rusia, Canadá, Filipinas, Camboya, Mongolia, Nigeria, el Amazonas, en toda América Latina, Papúa Nueva Guinea y África. Es global. Estamos viendo una emergencia en materia de derechos humanos. Una batalla se está llevando a cabo por los recursos naturales en todo el mundo".

"Gran parte del capital natural del mundo - petróleo, gas, madera, minerales - se encuentra en o por debajo de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas . Hay una crisis de los derechos humanos. Cada vez son más las detenciones, los asesinatos y abusos". A medida que los países y el Banco Mundial aumentan el gasto en grandes proyectos de infraestructura para contrarrestar la crisis económica, los conflictos se espera que crezcan".

¿ Hasta dónde y cuándo la sociedad civil de todos los países va a permitir el ecocidio y los genocidios ?.

Lenny, un comunero awajún del Río Santiago que participaba en el pacífico Paro Amazónico en Bagua hablaba el día antes de la masacre sobre las transnacionales, y aclaraba la posición de los pueblos indígenas, awajún y wampís, con respecto a la defensa del medio ambiente.



También si lo desean pueden ver el vídeo con declaraciones sobre el medio ambiente por parte de dirigentes de organizaciones convocantes del Paro.

Tata Inti usutawa. El sol está enfermo. ¿Qué haremos para sanarlo?, me llegaba desde Bolivia Indígena vía Twitter, también la Pachamama y sus hijos, añadimos desde aquí.



viernes, 26 de junio de 2009

Últimas noticias de Servindi, 26 de junio

  • Denuncia contra dirigentes de AIDESEP fue rechazada


26 de junio, 2009.-

La jueza del 37 Juzgado Penal de Lima (JPL), Carmen Arauco Benavente, devolvió a la Fiscalía la denuncia interpuesta contra el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, y otros cuatro dirigentes de esta organización.

En la resolución, la jueza detalló que rechazó la denuncia debido a que no precisa el aporte delictivo de cada uno de los denunciados, “debiendo efectuarse una descripción detallada de los hechos y el sustento probatorio de los mismos como garantía al principio del derecho a la defensa”.

El informe derivado a la fiscal Silvia Sack Ramos remarcó que la denuncia no cumple, en su total integridad, con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales.”Es decir, no se ha individualizado a los presuntos autores con los delitos denunciados o su participación en ellos”, refirió Arauco Benavente.

Los líderes indígenas de la Amazonía fueron denunciados tras el trágico incidente ocurrido en la ciudad de Bagua, Amazonas, por el presunto delito de incitar a la violencia durante el paro indefinido que acataban exigiendo la derogatoria de una serie de decretos legislativos considerados lesivos para sus derechos fundamentales.



Fuente: Servindi



  • Militares niegan participación en violencia en la Amazonía


26 de junio, 2009.-

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú desmintió que soldados indígenas se hayan escapado de los cuarteles para apoyar a los pobladores nativos en la trágica intervención de la Curva del Diablo, Amazonas, como lo manifestó el general de la Policía Luis Muruguza.

“Exhortamos a no confundir a la población, pues no es lo mismo estar en servicio que haberlo concluido y pasar a reserva. Mientras no vuelvan al servicio, no existe entre ellos y las Fuerzas Armadas ningún vínculo de dependencia”, manifestó la institución castrense en un comunicado.

En los últimos días circularon versiones de que hubo militares entre los nativos que enfrentaron con armas de fuego a la Policía. Según esas especulaciones, se pretende explicar la pericia de “nativos con armas de guerra”.

Sin embargo, días atrás el programa de televisión “Enemigos Íntimos” publicó un video inédito en el que el general Muruguza, al mando del operativo que acabó con la vida de 34 personas, da cuenta de la supuesta existencia de soldados en el bando contrario.

“Hay personal que por radio ha escuchado que 25 soldados han hecho abandono de destino. ¿Para qué? hay que pensar, hay que protegernos, no hay que regalarnos”, arengó el jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En tanto, miembros de la policía que estuvieron en el tiroteo mencionaron que dentro del grupo de manifestantes indígenas había gente con prendas de camuflaje y evidente destreza en el manejo de fusiles.

En las comunidades ubicadas en las inmediaciones de la ciudad de Bagua, Amazonas, es común el reclutamiento de pobladores indígenas, por lo que muchos tienen experiencia en lucha contra la subversión.

Muchos indígenas participaron defendiendo la soberanía peruana en el conflicto armado contra Ecuador en 1995.

Durante el tiroteo murieron 13 policías y 10 civiles. Mientras que en la estación petrolera número seis, 11 efectivos policiales que permanecían como rehenes fueron ultimados.


Fuente Servindi

miércoles, 10 de junio de 2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama al Estado peruano a respetar derechos humanos


Servindi, 09 de junio, 2009.-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer enérgicamente los graves hechos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio en Bagua, en el norte de Perú, que habrían ocasionado la muerte de varias personas.

El organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) recordó al Estado su obligación de esclarecer judicialmente los hechos de violencia ocurridos en Bagua y reparar sus consecuencias.

Según la información recibida, por lo menos 30 personas habrían muerto y otras habrían resultado heridas, incluyendo líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú.

El operativo tuvo como finalidad dispersar el bloqueo que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. El acto de protesta había sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios.

La CIDH llamó al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos debido a que los centros de atención a la salud en Bagua no estarían capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos..

Asimismo, llamó a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta.



“La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión” recordó la CIDH.

En referencia al estado de sitio declarado en varias ciudades amazónicas el 9 de mayo la CIDH recordó que existen derechos que no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos.

Ello se encuentra dispuesto en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, en vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la CIDH llamó al Estado peruano “a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.



Documento de la CIDH

COMUNICADO DE PRENSA de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

No. 35/09

LA CIDH CONDENA HECHOS DE VIOLENCIA EN PERÚ



Washington, D.C., 8 de junio de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio en Bagua, en el norte de Perú, que habrían ocasionado la muerte de varias personas.


Según la información recibida, por lo menos 30 personas habrían muerto y otras habrían resultado heridas, incluyendo líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú para dispersar el bloqueo que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. El acto de protesta había sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios. La Comisión Interamericana recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias.


La información recibida señala que los centros de atención a la salud en Bagua no estarían capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos. La CIDH llama al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos.


La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. Como ha manifestado la CIDH: “La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.


Por último, la CIDH ha tomado conocimiento que el 9 de mayo el Gobierno declaró el estado de sitio. La Comisión desea recordar que el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enumeran los derechos que no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. En vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la CIDH llama al Estado peruano a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Fuentes: Serviindi y CIDH


domingo, 7 de junio de 2009

ONU: Presidenta del Foro Permanente llama al gobierno a detener la violencia contra indígenas

Servindi, 6 de junio, 2009.-

Victoria Tauli-Corpuz, Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, pidió al gobierno peruano poner “fin de inmediato a todos los actos de violencia contra las comunidades y organizaciones indígenas”

La funcionaria titular del foro de las Naciones Unidas expresó “su indignación y profundo pesar por las atrocidades cometidas a partir del 5 de junio contra los pueblos indígenas en la región amazónica, que han resultado en la pérdida de vidas, desapariciones y lesiones graves”.



Tauli-Corpuz envió su más sentido pésame a las familias de las víctimas y apremió al gobierno de Perú para que “garantice la inmediata y urgente atención médica de los heridos y proporcione ayuda a las familias de las víctimas”.

Asimismo, demandó que “cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos, especialmente su derecho a la vida y la seguridad.”

ONU: Foro Permanente califica de masacre, el asesinato de 25 indígenas de Perú

Erbol, 5 Junio, 2009.-

La vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Elisa Canqui, calificó de masacre la matanza de 25 indígenas en la región amazónica del norte peruano.

Canqui, en declaraciones a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol, aseveró que “estamos consternados ante esta nueva acción del gobierno de Alan García”.



Recordó que los pasados días la Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, pidió al gobierno peruano respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

La vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas aseveró que “el accionar del gobierno de García se traduce en masacre, esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los derechos humanos”.

Al menos 25 nativos y siete uniformados fallecieron este viernes en el cerro Curva del Diablo, del caserío Siempre Viva, en la provincia cajamarquina de Jaén, tras la incursión de la Policía peruana para desbloquear una carretera, que fue tomada hace algunos días por indígenas amazónicos.


Claves del conflicto en la Amazonía peruana


En respuesta al Sr. Althaus


Por Pedro García-Hierro*
extracto del artículo publicado en Servindi: En respuesta al Sr. Althaus publicado el 18 de mayo 2009.
La masacre de Bagua se produjo el 5 de junio de 2009.


  • ¿Quiere saber lo que yo creo que enerva a los comuneros?

  • El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera conocen.
  • El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado por el propio gobierno.
  • El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.
  • El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios del Perú.
  • El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.
  • El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera, mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.
  • El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.
  • El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo.
  • El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin ninguna atención de los servicios de salud del Estado.
  • El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta hoy no hayan podido recuperarse.
  • El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios mineros.
  • El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están todas las nacientes de sus ríos.
  • El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional; el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de las riquezas nacionales.
  • El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando un poco más de lo mismo que les empobrece.
Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos indígenas es que ya no pueden más. Que se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.

Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en las comunidades del Cenepa y Marañón durante 16 años, y allí se había logrado un desarrollo muy propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel entonces la más mínima presencia. La Central del Cenepa contaba con un sistema de bazares bien organizado, vendía regularmente cacao, artesanía y otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos, promovía gallineros, piscigranjas, había logrado un cierto desarrollo de la salud en base a servicios propios y capacitaba a sus sanitarios y laboratoristas, promocionaba talleres de costura y artesanía y vendía sus productos, realizaba capacitación técnica en muchos aspectos, habían incursionado en empresas tan modernas como el Serpentario o un incipiente tratamiento del oro extraído artesanalmente.

El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso hundiendo en la hiperinflación los pequeños negocios que habían surgido. Como ocurrió con tantos a los que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y “apoya” con las limosnas humillantes de programas como Juntos o Crecer.

Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros del hortelano. Eso es lo que a mi juicio les enerva. Y a la ciudadanía debiera enervarle también.

En estos últimos días la impotencia, la rabia y la exclusión han llevado a los dirigentes de AIDESEP a expresar su hartazgo con medidas y proclamas que a todos nos han sumido en preocupación. No es otro cosa que furia ante el menosprecio. En términos prácticos significa muy poco más que eso.

Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más amenazante en términos prácticos, es la nueva provocación del Sr. Presidente. En su expresión “las tierras de la Amazonía son de ustedes, son de todos los peruanos” hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica, a la invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así fuera, hubiera continuado diciendo que, en ese mismo sentido, son de todos los peruanos las fincas de Ica, los palmerales de Cainarachi, las haciendas azucareras, los terrenos del club de Golf o los solares y patios de cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o posesión legítima de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que dijo es que una es la propiedad de los ciudadanos nacionales y otra cosa es la propiedad de los indígenas: esa es de todos. Es el retorno del General Custer. Una proclama tan imprudente e irresponsable como esta es un verdadero llamado al genocidio.

Ojalá la ciudadanía se dé cuenta de ello.

En fin , no son los pueblos indígenas los que violan la soberanía nacional ni nunca lo pretendieron. Sí la violan aquellos que negocian los recursos mineros fronterizos, los que generan “los faenones” petroleros, los que negocian por debajo de las mesas la vida de los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan a sus ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de lotes petroleros sin la más mínima consideración por su vida y su salud.

Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento” empiece por investigar los negociados del chuponeo telefónico y los entretelones de cada concesión minera o petrolera en este país, los nombres y las firmas detrás de cada habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San Martín a los grupos bancarios, las concesiones mineras fronterizas del Cenepa, …. Hay mucho por descubrir se lo aseguro. Y ahí obtendrá una explicación, mucho más sencilla que la que usted propone, de la intriga internacional que subyace a esta problemática.

Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar judicialmente frente a las difamaciones del editorialista del Comercio, pero creo que ser difamado es un asunto más serio.

El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es normal, eso ha sido mi vida y no me queda ya mucho para cambiarla. Siempre me enorgullecerá el ubicarme de ese lado.

Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones indígenas por la insolencia del Sr. Althaus de despojarles a ustedes de su protagonismo. Saben que siempre trabajé en una segunda fila y así me gustaría poder seguir colaborando.

Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes tengan alma, de que piensen por sí mismos y de que no haya una mano negra que mueve sus inocentes designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los otros indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado sus servicios para doblegar a sus paisanos, como ha ocurrido desde siempre, por desgracia, en toda la historia de la conquista del Perú.


* Pedro García-Hierro es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado durante los últimos 35 años con diversas organizaciones indígenas tanto peruanas como internacionales en temas referidos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el impulso de reformas democráticas interculturales.


Artículo de Jaime de Althaus, El radicalismo indígena del 15 de Mayo de 2009


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