Escuchamos en los últimos días que la principal pregunta que debe responder el gabinete sobre los sucesos de Bagua es quién dio la orden de disparar. Esto alude a una responsabilidad política pues en este tipo de operativos el personal policial ejecuta órdenes. Sin embargo, hay otras preguntas que también deben ser aclaradas para desentrañar lo que realmente sucedió y determinar responsabilidades políticas y administrativas.
Resumen de los hechos:
Diversas fuentes coinciden en lo siguiente: Un destacamento de menos de una decena de 
personas habría rodeado a los manifestantes que tenían bloqueada el tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura de la Curva del Diablo, por un cerro lateral a las 5:30 de la mañana.
Al ser descubiertos por los nativos se produjo un primer enfrentamiento con saldo de muertos y heridos. En esta circunstancias los manifestantes se habrían apoderado de alguna arma de largo alcance para evitar que los sigan agrediendo.
El destacamento, al verse diezmado y no tener información con el batallón principal, habría tenido que llamar a Lima para describir de manera crítica su situación. Ante esto, el batallón principal recibió órdenes de recuperar las armas y las víctimas y proceder de inmediato al desalojo, a eso de las 7:30 a.m.
Apoyados, por lo menos con un helicóptero que lanzaba bombas lacrimógenas, los efectivos policiales pensaron que la turba de manifestantes iba a retroceder o dispersarse, pero no lo hizo. Esta situación provocó que un efectivo procediera a disparar y herir a un indígena.
Santiago Manuin, entre otros adultos y jóvenes, procedieron a acercarse al batallón con las manos en alto pidiendo paz y cese a la violencia. Sin embargo, Manuin recibió una ráfaga que lo impactó con ocho balas. Se discute si esta ráfaga vino de tierra o del helicóptero.
Ello desencadenó un enfrentamiento donde los indígenas recibieron ráfagas y disparos a diestra y siniestra lo que provocó entre 150 y 200 heridos, muchos de ellos de bala. Los indígenas se defendieron con lo que pudieron, lanzas, piedras y posiblemente con las armas que habían quitado al primer destacamento policial.
civil se acerque a recoger a las víctimas. Muchas fuentes señalan que este lapso de tiempo habría servido para que la policía recoja los cadáveres y los traslade a otro lugar. A varios kilómetros de allí se encontraban los 38 efectivos policiales que había relevado a otro contingente del mismo número, quienes custodiaban la Estación 6 de petróleo en Imazita.
Ellos se sorprendieron que al llegar al lugar debieron entregar sus armas pues existía desde hace dos meses un acuerdo de paz entre los indígenas awajun y el destacamento policial para evitar cualquier acto de mutua agresión. Para esto las armas de fuego se colocaban en un ambiente del cual solo el Apu (jefe) tenía acceso mediante las llaves respectivas.
Los nativos, al recibir por radio información sobre los sucesos de la Curva del Diablo, entendieron que el pacto de no agresión había sido violado por parte de la policía y procedieron a las 2:30 de la tarde a trasladar a los efectivos policiales a un lugar descampado donde se discutiría qué represalia aplicar.
Existe duda sobre en qué circunstancias un operativo policial o del Ejército habría intervenido para intentar rescatar a una parte de los policías ya que 12 de ellos fallecieron en manos de los indígenas y otros estuvieron desaparecidos y uno aún no ha sido ubicado.
Toda esta situación no se esclarece de manera definitiva debido a que laas autoridades políticas de los ministerior del Interior y Defensa evitan dar detalles del operativo. La Ministra Mercedes Cabanillas ha evitado hasta la fecha dar un informe oficial sobre los acontecimientos.
Eso obliga a que además de responder: ¿quién dio la orden de disparar? se respondan -entre otras- las siguientes preguntas:
Cuestionario
de Defensa Ántero Flores-Araoz que sesenta días antes al desalojo de la carretera Fernando Beláunde Terry habían 38 efectivos policiales que custodiaban la Estación Petrolera Nº 6 de Imasita que se encontraban desarmados en virtud a un pacto de no agresión con los comuneros awajún? 2. ¿Sabían que a fin de evitar cualquier tragedia o agresión mutua entre indígenas y policías las armas se hallaban en un ambiente bajo llave a custodia del Apu de la comunidad?
3. ¿La Ministra Mercedes Cabanillas prestó atención a las alertas de inteligencia enviadas por el Director de Inteligencia del Ministerio del Interior que recomendaban un mayor refuerzo de efectivos en la zona?
4. ¿Sabía la Ministra del Interior que cualquier acción de desalojo iba a provocar represalias contra los 38 policías que custodiaban la estación petrolera Nº 6 y que se encontraban desarmados en virtud al acuerdo de no agresión suscrito con los comuneros awajún?
5. ¿Quién es la máxima autoridad que dio la orden de desalojo no solo con instrumentos antimotines (perdigones, bombas lacrimogénas, varas de goma, etc.) sino con armas de fuego y fusiles AKM?
6. ¿Quién fue la autoridad que dispuso que el contingente encargado del desalojo fuera el menor número posible de efectivos policiales?
7. ¿Por qué no se rescató previamente o se dio aviso a los policías de la Estación 6 que se iba a iniciar el operativo de desalojo?
8. ¿Es cierto o no es cierto que un helicóptero y efectivos del Ejército participaron del operativo de desalojo?
9. ¿Quién colocó al mando del operativo a una persona que recién llegó un día antes al lugar de operaciones y que desconocía el contexto situacional?
10. ¿Que unidades y desplazamientos de víctimas se realizaron mientras que el escenario de los hechos estuvo acordonado y la población estuvo impedida de recoger a sus víctimas?
11. ¿Por qué la Policía envió a unos pocos efectivos delante de todo el batallón a inspeccionar la situación sin estar adecuadamente comunicados con sus superiores?
12. ¿En qué circunstancias se procedió al “rescate” de los efectivos de la Estación 6, quienes estuvieron a cargo del operativo y con qué resultado?
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