Informe Bagua: Razones de los integrantes de la Comisión en desacuerdo

Las razones por las cuales los representantes de los nativos no firmaron el informe del Ejecutivo que limpia a los verdaderos responsables de la muerte de 34 peruanos en Bagua.

El presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manacés, y la integrante de esta comisión, religiosa Carmen Gómez Calleja, entregaron el pasado sábado al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova Vélez, explicando sus razones por las que no están de acuerdo con el informe firmado por los otros miembros de la comisión.

Lima, 25 de Diciembre del 2009

Señor:
Adolfo de Córdova Vélez
Ministro de Agricultura.

Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:

1 En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen Gómez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisión y el cual -tal como se me comunicó oportunamente- había sido dejado desde el día 22 de diciembre el año en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los demás miembros de la CEI pudiéramos leerlo y decidir si lo suscribíamos o no. Fue sólo gracias a la gestión del Presidente de la Comisión que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.

2 En segundo lugar, era de esperarse que luego de las unánimes críticas que desató una primera versión del Informe, que fue de conocimiento público, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relación con las pruebas recopiladas por nuestra Comisión durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurrió.

3 Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias.

4 En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayoría de sus afirmaciones carece de una sustentación rigurosa, por más esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se están tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ningún correlato con lo recogido por la Comisión.

5 Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no “comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas.



Durante el tiempo de trabajo de la comisión se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados tenían distintos puntos de vista y no se llegó a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexión conjunta; de ahí nuestra insistencia en la ampliación del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son más complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opinión de algunos miembros de la comisión, pero la afirmación de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de indígenas u organizaciones representativas.

Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicación o explicación de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran número de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.

6 Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos.

7 En la cronología efectuada se han incluido muchos hechos que no tienen una justificación adecuada, mientras que, a la vez, se omiten otros que, por el contrario, son sumamente relevantes. En varios momentos de la cronología, además, el Informe Final no se limita a mencionar el hecho, sino que lo comenta o valora, lo que desnaturaliza el recuento de hechos y le infiere un componente de subjetividad valorativa impropio de una investigación objetiva e imparcial.

8 Si bien de los testimonios que se logró recoger, y que no han sido valorados adecuadamente por falta de tiempo, se vislumbran responsabilidades en los militares y policías, no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo, qué coordinaciones se tuvo entre ambas instituciones o con otras instituciones del Estado y cual fue el rol del ejecutivo en estos hechos.

9 En suma, la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones.

10 Como es de dominio público, el 5 de junio de 2009 aconteció en Bagua, Amazonas, Perú, una situación de conmoción y confrontación social acumulada, que tuvo como protagonistas al Estado y a los pueblos indígenas amazónicos y dejó un lamentable saldo de 33 víctimas mortales, un policía desaparecido y más de 200 heridos, de los cuales 82 fueron de impacto de bala.

Tres meses más tarde, el 7 de septiembre de 2009, se creó la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a través de la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG asignándole como objeto “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicas, políticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación”.

Conforme a su norma de creación, la CEI debió estar presidida por los principios de verdad, justicia, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad y exhaustividad; y su finalidad esencial es contribuir a que “hechos similares nunca más vuelvan a suceder”.

No obstante, los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. En particular, la responsabilidad de quienes, por la posición que ocupaban u ocupan en el ejercicio del poder, tuvieron una implicación directa y pública en estos hechos; derivándose más bien estas responsabilidades a actores secundarios o, alterando incluso la verdadera naturaleza de los hechos, para sindicar dicha responsabilidad a terceros, lo que impide esclarecer las verdaderas responsabilidades.

11 El análisis de los sucesos de Bagua hecho por los miembros de la Comisión que suscriben el denominado Informe Final, no sólo no ha respetado el principio de objetividad, imparcialidad y exhaustividad al que estaba obligada por mandato legal, sino que, además, no ha respetado aspectos sustanciales del procedimiento formal para el logro de sus objetivos.

12 El gobierno, por su parte, no colaboró efectivamente con el desarrollo del objetivo de la Comisión, pues no se le otorgó el financiamiento y medios necesarios para que lleve a cabo con eficiencia su labor.

13 En efecto, la CEI se instaló el 7 de septiembre de 2009, pero nunca se aprobó el Presupuesto, ni asignaron, y menos se proveyeron las recursos y el tiempo necesarios para que pudiera cumplir con su objeto. Recursos aprobados con este fin por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca se hicieron efectivos. El Ministerio de Agricultura solventó dos viajes de la CEI; este fue el único apoyo en lo que se refiere a presupuesto.

14 Otros órganos del Estado obstaculizaron igualmente la actuación de la CEI, como fue el caso de funcionarios del Ministerio Público, quienes negaron al Presidente de la Comisión, señor Jesús Manacés, los documentos de la investigación fiscal. Lo mismo ocurrió con el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior, que le fue negado al Presidente de la CEI pese a solicitarlo en varias oportunidades. Ambas entidades se excusaron argumentando para ello que las investigaciones estaban en proceso.

15 A pesar de tener por objeto la búsqueda de la verdad, la CEI no pudo interrogar, en ningún momento, a diversos personajes que, sin embargo, son protagonistas esenciales del relato que ella misma construyó alrededor de los sucesos del 05 de junio de 2009 en Bagua, así como de los hechos anteriores y posteriores al mismo.

16 No se pudo lograr la entrevista con el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, que hubiera sido muy importante para aclarar algunos aspectos que se dieron previo, durante y después del proceso, que contribuirían a la reconciliación nacional, de acuerdo a la finalidad de esta comisión.

17 La CEI tampoco interrogó a los promotores directos de los decretos legislativos que, como la misma CEI reconoce, afectaban los derechos indígenas, carecían de legitimidad porque no fueron consultados con los pueblos indígenas, tal como instruía el Convenio 169 de la OIT y fueron “el desencadenante que generó el paro y las movilizaciones amazónicas a nivel nacional”. En el caso particular de la Ministra Mercedes Flores Aráoz, pese a que se la citó, no se pudieron conocer las razones que la llevaron a sostener, con insistencia y una buena dosis de alarmismo, que si se derogaban los decretos legislativos cuestionados se ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio celebrado (TLC) con los EE.UU. y el Perú podía ser objeto de sanciones internacionales. Afirmación que luego el señor Yehude Simon, ex Presidente del Consejo de Ministros durante los sucesos de Bagua, se encargó de desmentir tajantemente. Este último, tampoco fue entrevistado por la Comisión pese a la eminente y crítica posición que ocupó en el momento en que ocurrían los hechos objeto de investigación por la CEI.

18 En el Informe Final, los miembros de la CEI que lo suscriben, hacen graves imputaciones a organizaciones sociales, dirigentes, ONGs, medios de comunicación y miembros de la Iglesia Católica, a los que sin embargo, ni individualizaron, ni citaron para tomar su declaración y poder confirmar o desvirtuar los cargos que les atribuía. Lo cual invalida estas afirmaciones, pues no fueron llamados a rendir sus declaraciones; por ello consideramos que este informe es incompleto y tendiente a graves errores y no contribuye a la reconciliación nacional.

19 Asimismo, aunque el Informe Final atribuye directa responsabilidad a varios parlamentarios del Partido Nacionalista (PNP), a quienes sindica como promotores de la movilización indígena y la comisión de actos violentos urbanos (sic), en su gran mayoría tampoco fueron citados ni escuchados. De igual forma, no fueron citados ni escuchados los representantes de las rondas campesinas, dirigentes magisteriales o integrantes de determinados Frentes de Defensa locales a quienes el Informe Final atribuye la comisión de actos violentos, como también ocurrió respecto de representantes y dirigentes indígenas.

20 El Informe Final tampoco incluyó la versión u opinión de ninguno de los deudos de las víctimas civiles, fueran estas mestizas o indígenas y de ninguno de los 16 trabajadores que estuvieron en la Estación de Bombeo Nº 6. Ningún miembro de la DINOES declaró de forma reservada ante la CEI.

21 A pesar de haber entrevistado al Presidente del Congreso durante los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, señor Javier Velásquez Quesquén, y teniendo claro que la palabra empeñada del Congreso para revisar los decretos fue frustrada, el Informe Final no ofrece ninguna explicación de por qué, pese a que desde el mes de diciembre de 2008 una Comisión Multipartidaria, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, había recomendado la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo por inconstitucionales, dicha decisión se postergó una y otra vez, siendo algunos derogados cuando ya la violencia se había desatado con el conocido saldo lamentable de víctimas mortales que produjo.

22 El Informe Final no toma en cuenta el marco internacional de respeto a los derechos humanos de todas las personas y en especial de los pueblos indígenas y en estado de emergencia.

23 Aunque el Informe Final destaca la promulgación por el Poder Ejecutivo y el Congreso de una vasta cantidad de normas, con implicaciones directas e indirectas vinculadas al ejercicio de derechos indígenas, no pone de relieve que ninguna de estas fue consultada con las organizaciones indígenas, violando con ello su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones de la administración que les afectan.

24 Los miembros firmantes del Informe Final pasan por alto que la dolorosa pérdida de vidas humanas con que se saldó el conflicto de Bagua en junio pasado, obligaba a una profunda reflexión encaminada a reconciliar al Estado peruano con los pueblos indígenas amazónicos del Perú; y, por este motivo, procurar por todos los medios, evitar las circunstancias que podrían dificultar un diálogo genuinamente respetuoso y de buena fe entre ambas partes, disipando con ello la posibilidad de que ocurran nuevos conflictos.

En este mismo sentido se ha pronunciado unánimemente la comunidad internacional, como se desprende de los pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (señor James Anaya), la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Comité de la ONU contra todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes persistentemente han hecho llamados a la prudencia, a un diálogo respetuoso y al cese de la represión contra los dirigentes y representantes indígenas.

25 La CEI no contó con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos que tenía planteados; El Informe Final apenas hace referencia a las recomendaciones de las agencias internacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.

26 Temas de investigación y protagonistas esenciales en los hechos materia de investigación no fueron abordados; el valioso material informativo recopilado por la Comisión no fue analizado conjuntamente por sus miembros de forma debida. El tiempo tan corto fue uno de los elementos en contra.

27 En el Informe Final se da un peso excesivo a los testimonios ligados a la versión oficial de los hechos, y se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua.

28 A pesar de que superficialmente se habla en el Informe Final de la exclusión y marginación histórica y estructural de los Pueblos Indígenas, no profundiza en las verdaderas raíces del conflicto, por lo que no contribuye en concreto a generar las condiciones que permitan superar estas brechas. Especialmente, no analiza en profundidad el deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas a partir del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Un deterioro profundizado por los decretos legislativos emitidos con base a la delegación de facultades legislativas llevada a cabo por el Congreso para implementar el TLC y cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos.

29 El Informe Final omite destacar, asimismo, el traumático estado actual de todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ante la inconsulta y progresiva ocupación de sus territorios y el deterioro sustantivo de sus recursos vitales, así como los gravísimos impactos a su salud, a su derecho a la alimentación y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna, por parte de las empresas extractivas -petroleras, mineras y madereras- beneficiadas con las concesiones otorgadas por el Estado. Esta omisión elude tratar la causa estructural que, según los pueblos indígenas amazónicos, explica el actual conflicto con el Estado peruano.

30 Pese a que se reconoce que no existen mecanismos para garantizar la participación de los pueblos indígenas, el Informe Final no profundiza en el significado que esta ausencia tiene respecto del control de estos pueblos sobre su propio desarrollo.

31 En el recuento de los hechos de violencia cometidos durante los sucesos de Bagua, el Informe Final se basa en testimonios parciales que caracterizan como una actuación defensiva una acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir -como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía.

32 En este mismo sentido, no se explican las razones que tuvieron los mandos policiales y militares para actuar como actuaron o, en su caso, para determinar quién les ordenó que actuaran de esta forma.

33 La formulación del Informe Final no tuvo suficientemente en cuenta la característica que tiene el proceso colectivo y no individualizado de toma de decisiones de los pueblos indígenas, donde los dirigentes deben asumir la función para la que han sido designados y no tratar los asuntos de sus pueblos como una cuestión personal o particular.

34 El Informe Final no manifiesta un principio y derecho básico referido al valor de la vida y que todo acto de violencia, venga de donde venga, va en contra de toda legalidad. No se explicita el repudio de las formas como se enfrentaron hermanos peruanos. No se debe olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. No se expresan las condolencias a todo familiar y toda persona que ha sido gravemente afectado por este conflicto. Falta el aspecto de sensibilidad humana en el Informe Final.

35 Junto con la búsqueda de la verdad, la CEI tiene como objetivo proponer condiciones para que tales hechos no se repitan. A pesar de ello ésta no ha hecho notar el clima de permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas.

36 El Informe Final carece de una dimensión inherente a la reconciliación, que es la de generar medidas para reparar los daños infringidos a todas las partes involucradas en el conflicto; y en especial, proponer medidas que reviertan, aunque fuere en parte, el dolor sufrido por las familias y comunidades que han sufrido la pérdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto.

Proponemos que a la brevedad posible se cumpla con satisfacer las demandas que los afectados directamente por los sucesos del 5 de Junio, tanto civiles como policías o deudos, teniendo en cuenta los aspectos de salud, situación económica, situación legal e indemnizaciones.

37 Debe garantizarse la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la Comisión, su sistematización adecuada y la identificación de los vacíos de información pendientes, tomando este acervo como material de base para que, con los recursos y el tiempo requeridos, se pueda realizar el trabajo de investigación que la CEI no pudo concluir.

38 Se deben buscar los mecanismos que garanticen una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten su propio desarrollo, implementando de manera sistemática y efectiva el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la revisión de la legislación y las instituciones concernidas para adecuarlas al carácter plurinacional de nuestro país.

39 Lamentamos que todo el esfuerzo desplegado no haya llegado a buen fin, básicamente porque no se ha contado con el tiempo ni los mecanismos, ni las facilidades para hacer el trabajo que el Informe Final requería.

40 Debe asumirse como una tarea pendiente esclarecer lo que verdaderamente ocurrió el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones, aprovechando el material ya recopilado y completando éste.

41 Es muy importante que en cualquier investigación se cuente con la participación de los organismos internacionales; tal como lo sugirió el relator de las NNUU en su informe.

42 Los suscritos manifestamos que el presente documento tiene como objetivo explicar las razones por las que no podemos suscribir el Informe Final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Hacemos también observaciones en cuanto a puntos afirmados, por su falta de sustentación, su disconformidad con la investigación realizada por la CEI y por contradecir ideas y afirmaciones que existen al respecto.

43 Los que suscribimos esta carta nos comprometemos a presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisión, así como en otros documentos públicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta.

Fuente: Diario La Primera

Informe presentado al Ministro de Agricultura.

Últimas noticias de AIDESEP, 26 de junio

• Solicitan a Fiscalía investigar a policías por sucesos en Bagua

26 de junio de 2009.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció ante la Fiscalía de la Nación que las pesquisas iniciadas por la muerte de diez civiles por los sucesos en Bagua (Amazonas) están a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que los investigados son miembros de la misma institución.

“La investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque son los denunciados”, declaró el abogado de Aprodeh, Juan José Quispe. “Quizás algunos miembros de la PNP hayan participado en el desalojo, por lo que no procede que se encarguen de la investigación”.

En el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales tras los sucesos de Bagua se encuentran procesados 84 civiles. Dentro de estas diligencias, la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba también inició de oficio una investigación en contra de algunos efectivos policiales por los delitos de homicidio y lesiones.

Esta denuncia fue archivada provisionalmente al no haberse individualizado a los presuntos autores. Por ello, el pasado 19 de junio, un grupo de civiles e indígenas heridos y también familiares de civiles fallecidos presentaron ante el Ministerio Público una nueva denuncia.

Sin embargo, los denunciantes fueron notificados el 22 de junio por personal de la División de Investigación Homicidios de la Dirincri - Lima para declarar al día siguiente en el local de la policía en Bagua.

Este hecho ha motivado que la FIDH, junto con Aprodeh, dirija una carta a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para pedir que la investigación sea trasladada a la Fiscalía, tal y como establece el artículo Nº 159 de la Constitución.

“Ante la irresponsabilidad del Ministerio Público de correr el trasladado de la investigación a sabiendas que los denunciados son miembros de la PNP, lo que ahora se debería hacer es que la división de investigación criminal remita las denuncias a la fiscalía para que de acuerdo a ley sea la Fiscalía la que realice la investigación y no la PNP”, consideró Juan José Quispe.

Fuente AIDESEP

• Iglesia cree en la inocencia de muchos procesados por los lamentables sucesos de Bagua

25 de junio de 2009.

“Creemos en la inocencia de estas personas”, declaró hoy la abogada Ketty Herrera, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), órgano de servicio de la Conferencia Episcopal que ve de oficio los casos de 36 de los 84 procesados tras los sucesos de Bagua (Amazonas) e informó que a la mayor parte de los procesados se les atribuye “muchísimas imputaciones”.

“Hay muchos de los casos que el Vicariato y CEAS está viendo y definitivamente creemos en la inocencia de estas personas”, declaró a CNR. “Hay un grupo minoritario que estamos evaluando, lo cual no quiere decir que sean culpables, sino solo que estamos evaluando y viendo”.

Muchos de los procesados son líderes indígenas, sindicales y sociales de las provincias de Bagua y Utcubamba. Entre ellos se encuentra Santiago Manuim Valera, reconocido internacionalmente por el Premio Reina Sofía en honor a su trabajo en favor de la amazonía.

“En realidad a todos los que tienen cargo dirigencial se les ha denunciado por todos los delitos que han podido denunciar”, informó. “Esto implica ir desvirtuando cada uno de los delitos, lo primero porque es imposible que puedan estar en dos lugares a la vez”, señaló tras pedir que a cada una de estas personas se le garantice su derecho a la defensa.

Según la lista proporcionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Manuim Valera se encuentra procesado por los delitos de “homicidio calificado y lesiones graves, contra los medios de transporte público, motín, tranquilidad pública, contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas”.

Manuim Valera, según los numerosos testimonios recogidos por el Vicariato de Jaén (Cajamarca), actuó el 5 de junio como intermediador con la policía y fue el primer nativo en caer herido tras recibir en el abdomen una ráfaga de ocho tiros de fusil AKM. Pese a ello, se encuentra en calidad de “no habido” y como es de conocimiento público, el líder indígena se encuentra internado en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo después de ser intervenido quirúrgicamente.

Respecto a las personas que desde el 5 de junio no retornan a sus comunidades, por lo que se encontrarían en calidad de desaparecidos, la abogada del CEAS confirmó que agentes pastorales están levantando listados en las mismas poblaciones indígenas para poder elaborar un listado confiable de las personas ausentes.

Fuente AIDESEP


Lista de detenidos y cargos que se les imputan.

Rodolfo Stavenhagen: "Hay que hacer justicia. Hay un patrón organizado de violaciones de derechos humanos"

22/06/2009

El antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la religiosa Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad de Ecuador, estuvieron la semana pasada en Lima y en Bagua para indagar lo ocurrido durante el cruento enfrentamiento del gobierno contra los pueblos indígenas de la Amazonía. Se entrevistaron con las víctimas sobrevivientes de la represión policial, escucharon los testimonios de los indígenas sobre lo ocurrido en la “Curva del Diablo”, y también se reunieron con representantes del gobierno. Elaborarán un informe para la Federación Internacional de Derechos Humanos, el cual será entregado al presidente Alan García y también será hecho público. Este informe estaría listo en unos dos meses. En la siguiente entrevista ambos exponen sus primeras impresiones luego de terminada su visita de trabajo al Perú.

-¿Cuál es su impresión de lo ocurrido en Bagua luego de su visita a esta ciudad y de conversar con la población indígena y con las autoridades?
-Rodolfo Stavenhagen (RS): Mi impresión es que se va configurando un cuadro de muy serias violaciones de los derechos humanos, cometidss por el Estado en su tratamiento de las demandas de los pueblos indígenas.

Elsie Monge (EM): La causa de lo ocurrido es la no consulta a los pueblos indígenas de decisiones que los afectan.

-¿Cuál es su primer balance sobre el operativo policial del 5 de junio?
-RS: Durante ese operativo se cometieron serias violaciones de los derechos humanos, porque se agredió a la población indígena pacífica y hubo muchos muertos. Los civiles han sido víctimas de una agresión armada por parte de las fuerzas del Estado. Nadie sabe cuántos muertos ha habido…

-Las cifras oficiales hablan de veinticuatro policías y diez civiles muertos.
-RS: Esa cifra oficial sobre civiles muertos está muy por debajo de lo que nos indican los testimonios que hemos recogido…

-¿Cuántos muertos estiman ustedes que ha habido?
-RS: Exactamente cuántos muertos ha habido nadie lo sabe, pero creemos que ha sido una cantidad significativamente mayor que lo que señalan las cifras oficiales. Un testigo me ha dicho que calcula haber visto treinta cadáveres. Aparte de los muertos, están los heridos. Las autoridades no han tratado de ver cuántos heridos hay. Tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos de los heridos, y hay niños y niñas heridos; hay heridos graves. Y también hay desaparecidos.

-¿Tienen una cifra de desaparecidos?
-RS: No hay una cifra. Identificar a los desaparecidos es una tarea que hay que hacer. Las comunidades están elaborando listas de las personas desaparecidas.

-EM: Los testigos nos han dicho que la policía recogió cadáveres y no se sabe qué pasó con esos cadáveres. El hecho de que haya un mayor de la policía desaparecido nos parece un hecho revelador de que hubo más muertos que han sido desaparecidos. Este mayor posiblemente fue muerto por los indígenas y desaparecido por la policía. Hay testimonios que este mayor no estaba uniformado y habría sido desaparecido junto con otros muertos civiles sin saber que era policía.

-¿Han recibido denuncias de maltratos a los detenidos?
-RS: A algunos detenidos se les han levantado acusaciones que no están comprobadas. Hemos recibido los testimonios de familiares de los detenidos, que denuncian abusos físicos, presiones psicológicas, actitudes racistas contra los detenidos,

-EM: No hemos podido hablar con los detenidos en Bagua porque antes que lleguemos fueron trasladados a Chachapoyas. La coincidencia es demasiado grande. Ese traslado es inaceptable e ilegal, y afecta el proceso judicial

-¿Las acciones del gobierno posteriores a la matanza de Bagua han estado dirigidas a ocultar lo ocurrido?
-EM: La policía cercó el lugar durante varios días para que no ingrese nadie. Si no había nada que ocultar, entonces ¿por qué cerraron la zona durante cinco días? El ocultamiento de los hechos es uno de los mecanismos de la impunidad. Hacia eso se va. El Estado es el responsable de ese ocultamiento de la verdad.

-RS: Este ocultamiento de lo ocurrido genera responsabilidad en las autoridades. Y lo más importante es que si se oculta la verdad, se genera mucha frustración y mucha rabia entre la población. Y eso es una bomba de tiempo, y no me refiero solamente a los nativos, sino a la población en general, que en gran medida ha demostrado simpatía por la causa de los pueblos indígenas. Este ocultamiento de la verdad demuestra que hubo un patrón muy serio de violaciones del derecho a la vida y de todos los derechos que tienen los ciudadanos.

-Ustedes han conversado con varias autoridades, ¿qué han respondido frente a las denuncias de muertos no reconocidos oficialmente y desaparecidos?
-RS: No han dado ninguna explicación sobre eso. Nos han dicho que no tienen toda la información. Los funcionarios del gobierno con los que hemos hablado consideran que el asesinato de policías es un hecho delictivo demostrado y que va a ser perseguido. A lo demás tratan de no darle mucha importancia.

-¿Cómo aprecian el discurso del presidente García y de otros funcionarios del gobierno calificando a los indígenas desde “terroristas” hasta “ignorantes”?
-RS: Ese discurso que busca descalificar a los indígenas causa desasosiego, rabia y frustración. Es un discurso polarizante. Es un lenguaje que no debería tener lugar cuando se buscan soluciones a problemas económicos, sociales y políticos.

-¿Cómo ha quedado la imagen del gobierno peruano luego de estos hechos?
-RS: Su imagen se ha deteriorado considerablemente. Siento que eso el gobierno lo reconoce, porque el propio presidente ha pedido disculpas por los errores cometidos…

-¿Eso es suficiente?
-EM: Hay algunas rectificaciones, pero también hay señales negativas, como el ocultamiento de lo que pasó. Me parece fundamental que hayan admitido errores, pero hasta qué punto se va a tener una actitud de tomar en cuenta la vida, la cultura, los intereses del pueblo en general, y en este caso específico de los indígenas, todavía está por verse.

-RS: Pedir disculpas no basta. Hay que hacer justicia. Hay un patrón organizado de violaciones de derechos humanos y detrás de eso hay responsables.

-¿Hasta qué niveles del gobierno llegan esas responsabilidades?
-RS: Eso es lo que hay que investigar y la justicia debe determinar las responsabilidades. Pero vemos que no se está investigando. El Estado es el responsable de la decisión que produjo estos hechos. No sé exactamente a qué niveles se toman esas decisiones, pero probablemente sea a un nivel muy alto.

-¿Debe formarse una Comisión de la Verdad para investigar lo sucedido en Bagua?
-RS: Es posible que en nuestro informe recomendemos la formación de una comisión como la que usted señala.

• No respetan derechos de los indígenas

-Después de haber dialogado con los indígenas, ¿cómo han percibido los sentimientos de esta población luego de lo ocurrido en Bagua?
-RS: La población se siente muy dolida, muy vulnerada en sus derechos, muy disminuida. Hemos escuchado testimonios realmente conmovedores, en los que una y otra vez las víctimas repiten: ‘no nos tratan como seres humanos, no nos tratan como ciudadanos peruanos que somos; nos tratan como terroristas, como salvajes, como bárbaros, como perros’. Aquel famoso comentario que hizo el presidente García sobre el perro del hortelano, los indígenas con los que hemos hablado lo perciben como un insulto racista.

-¿Cómo se sienten los indígenas frente al Estado?
-RS: Se sienten totalmente marginados e ignorados por el poder, menospreciados, insultados. La gente está muy molesta por lo ocurrido. Algunos funcionarios usan un discurso racista en su contra. El gobierno no ha tomado en cuenta los derechos legítimos de los pueblos indígenas de la Amazonía. El Estado le ha dado mucho apoyo a compañías extranjeras, sin tomar en consideración ni los derechos humanos de los indígenas ni las consideraciones ambientales.

-¿Hay una política institucionalizada en el Estado peruano de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas?
-RS: Yo diría que sí.

-EM: Hay un desconocimiento de los pueblos indígenas. Muchas veces no se toman como derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que están en juego con estas leyes dadas por el gobierno peruano y ahora derogadas.

-El gobierno ha dicho que la protesta indígena ha estado promovida desde el extranjero y que los indígenas han sido engañados y manipulados.
-EM: Es muy fácil satanizar planteamientos contrarios, y eso es lo que se está haciendo. Están satanizando a los indígenas porque no están de acuerdo con el modelo de desarrollo que propone Alan García. Yo no encuentro ninguna base en esa afirmación de que detrás de esta protesta indígena existe una intervención extranjera.

Fuente: Carlos Noriega Diario La Primera

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/hay-mas-muertos_40840.html

FIDH. Misión Stavenhagen en Perú: 'Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad'

COMUNICADO DE PRENSA

Lima, 19 de junio de 2009

Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú en torno al conflicto en Bagua


Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos Humanos organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la colaboración de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros de la FIDH en el Perú.

Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Orga nización de las Naciones Unidas.

La misión tenía por objetivo:

• Obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el departamento de amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros de la policía.

• Determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos.

• Conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto.

Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro Yehude Simon, con organizaciones de defensa de los derechos humanos, agentes pastorales en la región, organizaciones indígenas tales como la AIDESEP, y miembros de las comunidades nativas awajún de la Amazonía. Visitamos la zona de Bagua Grande, Bagua y Jaen, y realizamos entrevistas en la ciudad de Lima.

Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas que estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de la carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del Diablo”, se inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso. Según los testimonios, la policía comenzó disparando contra las personas que se acercaban para dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello produjo una respuesta de parte de las personas reunidas en la carretera y en la refriega también fallecieron ocho policías. La mayoría de las personas reunidas salieron huyendo del lugar. Cuando menos dos helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar disparando proyectiles de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la población, y algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde estos aparatos.


De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue cercado por la policía durante cinco días, sin que la población se pudiera acercar. En esas circunstancias se reportan numerosos desaparecidos que no han sido identificados ni localizados. Los representantes del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo sólo llegaron al lugar de los hechos horas después del comienzo de la balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció.

Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por la policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en las azoteas de las casas.

Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y coherente de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los “errores” que se habrían producido en el operativo. Las informaciones sobre los muertos, heridos y desaparecidos son incompletas y contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha proporcionado cifras preliminares que deberán ser completadas a raíz de las investigaciones en curso.

Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican estimaciones de muertos y desaparecidos superiores a las cifras oficiales, pero hasta la fecha no han sido documentadas con evidencia dura. Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Policía Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales).

Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los cuales 18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos delictivos.

Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron autorizados a ver a los detenidos. Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y psicológico.

El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez policías por parte de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a cierta de distancia de Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por estos homicidios.

El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los pueblos indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos legislativos vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella zona, que fueron adoptados por el Congreso de la República sin el consentimiento, la participación o la consulta a la población local. Cuando se produjeron los hechos violentos reportados, aún estaban dialogando los indígenas con las autoridades, por lo que resulta aún más sorprendente la acción intempestiva de la Policía Nacional contra los indígenas que bloqueaban la carretera.

• Conclusión

Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto en la Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.

Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades.

Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los detenidos awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía Nacional local. Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, en la práctica casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados. También nos preocupa, en lo particular, la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen el día 5 de junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación al homicidio.

En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos.

Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento, denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de integrantes de esta asociación.


Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar la tragedia de Bagua. Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena participación de los pueblos indígenas. Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de establecer sendas comisiones de investigación sobre los eventos de Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer los hechos sino también establecer responsabilidades. Deben estar integradas por personas totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos particulares.

Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al Gobierno del Perú.

Agradecemos las atenciones que hemos recibido para el buen desempeño de nuestra tarea de las autoridades del gobierno, de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas de la región.



Fuente: Federación Internacional de Derechos Humanos
http://www.fidh.org/

Denuncian que fiscalía se niega a investigar muerte de nativos

Lima, 20/06/2009 (CNR)

Luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de los enfrentamientos del 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente.

Así reveló el miembro del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Juan José Quispe, quien explicó que la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias se ampara en que no se ha individualizado a los policías autores.

“Archivar provisionalmente significa que la investigación está durmiendo en la esquina de los recuerdos”, dijo y detalló que ante la situación Aprodeh activó la denuncia ante la primera fiscalía provincial a afectos de que investiguen estos homicidios y lesiones.

El representante de APRODEH, cContó que se entrevistó con las víctimas y pudo comprobar que había personas con huellas de profundos orificios de entrada y de salida, con consecuencias posteriores. “Ellos, a diferencia de los deudos de los policías, no reciben nada, y será en el marco de un proceso penal donde se incorpore al Estado como tercero civil responsable para que den una indemnización a los familiares de estas personas”, indicó.

Las denuncias que la fiscalía se niega a investigar son las de Rufina Linares Terrones, por el homicidio de su conviviente Alejandro Salazar Huamán; de Sandra Jacqueline Oblitas Torres, por la muerte de su pareja Porfirio Coronel Jiménez; del profesor Leodoro Gonzales Uriarte, por las lesiones graves que ha sufrido; del también profesor Julio César Vásquez Elera por lesiones graves; de José Santos Adrianzén Medina, por lesiones leves con un proyectil de arma de fuego; de Claudina Pérez Navarro, sobre lesiones graves que sufrió su nieta de siete años Lady Luz Montes Gonzales, a quien hasta la fecha no le extirpan una bala, y de Elia Flor Vásquez Rodrigo, por las lesiones graves de su hermano Geiner Briones Rodrigo.

Informe no habido
Por otra parte, el doctor Quispe —quien visitó la zona en dos oportunidades luego del conflicto y estuvo presente en la conferencia de prensa convocada por la FIDH—, reveló también que la policía se niega a entregar a la fiscalía el informe del operativo de desalojo del 5 de junio en el que murieron más de 30 personas entre policías, civiles y nativos.

Anunció por ello que Aprodeh está evaluando pedir a la fiscalía que solicite al juez una orden de allanamiento a los locales policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que debían entregar el informe sobre la operación y se niegan a hacerlo.

Sospechan 'chuponeo' Juan José Quispe denunció, además, que las llamadas telefónicas que realiza a sus defendidos en la amazonía están siendo interceptadas.
Relató que en Bagua cuando conversaba telefónicamente con uno de sus defendidos apareció un mensaje en su teléfono celular que decía “llamada interceptada por otro interlocutor”, y mientras hablaba escuchaba unas voces lejanas al fondo.
Atribuyó el caso a que la labor y la posición de Aprodeh y de él como abogado de la institución ya es conocida en la zona de conflictos.

Fuente: Coordinadora nacional de Radio, Perú
http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26625