Rodolfo Stavenhagen: "Hay que hacer justicia. Hay un patrón organizado de violaciones de derechos humanos"

22/06/2009

El antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la religiosa Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad de Ecuador, estuvieron la semana pasada en Lima y en Bagua para indagar lo ocurrido durante el cruento enfrentamiento del gobierno contra los pueblos indígenas de la Amazonía. Se entrevistaron con las víctimas sobrevivientes de la represión policial, escucharon los testimonios de los indígenas sobre lo ocurrido en la “Curva del Diablo”, y también se reunieron con representantes del gobierno. Elaborarán un informe para la Federación Internacional de Derechos Humanos, el cual será entregado al presidente Alan García y también será hecho público. Este informe estaría listo en unos dos meses. En la siguiente entrevista ambos exponen sus primeras impresiones luego de terminada su visita de trabajo al Perú.

-¿Cuál es su impresión de lo ocurrido en Bagua luego de su visita a esta ciudad y de conversar con la población indígena y con las autoridades?
-Rodolfo Stavenhagen (RS): Mi impresión es que se va configurando un cuadro de muy serias violaciones de los derechos humanos, cometidss por el Estado en su tratamiento de las demandas de los pueblos indígenas.

Elsie Monge (EM): La causa de lo ocurrido es la no consulta a los pueblos indígenas de decisiones que los afectan.

-¿Cuál es su primer balance sobre el operativo policial del 5 de junio?
-RS: Durante ese operativo se cometieron serias violaciones de los derechos humanos, porque se agredió a la población indígena pacífica y hubo muchos muertos. Los civiles han sido víctimas de una agresión armada por parte de las fuerzas del Estado. Nadie sabe cuántos muertos ha habido…

-Las cifras oficiales hablan de veinticuatro policías y diez civiles muertos.
-RS: Esa cifra oficial sobre civiles muertos está muy por debajo de lo que nos indican los testimonios que hemos recogido…

-¿Cuántos muertos estiman ustedes que ha habido?
-RS: Exactamente cuántos muertos ha habido nadie lo sabe, pero creemos que ha sido una cantidad significativamente mayor que lo que señalan las cifras oficiales. Un testigo me ha dicho que calcula haber visto treinta cadáveres. Aparte de los muertos, están los heridos. Las autoridades no han tratado de ver cuántos heridos hay. Tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos de los heridos, y hay niños y niñas heridos; hay heridos graves. Y también hay desaparecidos.

-¿Tienen una cifra de desaparecidos?
-RS: No hay una cifra. Identificar a los desaparecidos es una tarea que hay que hacer. Las comunidades están elaborando listas de las personas desaparecidas.

-EM: Los testigos nos han dicho que la policía recogió cadáveres y no se sabe qué pasó con esos cadáveres. El hecho de que haya un mayor de la policía desaparecido nos parece un hecho revelador de que hubo más muertos que han sido desaparecidos. Este mayor posiblemente fue muerto por los indígenas y desaparecido por la policía. Hay testimonios que este mayor no estaba uniformado y habría sido desaparecido junto con otros muertos civiles sin saber que era policía.

-¿Han recibido denuncias de maltratos a los detenidos?
-RS: A algunos detenidos se les han levantado acusaciones que no están comprobadas. Hemos recibido los testimonios de familiares de los detenidos, que denuncian abusos físicos, presiones psicológicas, actitudes racistas contra los detenidos,

-EM: No hemos podido hablar con los detenidos en Bagua porque antes que lleguemos fueron trasladados a Chachapoyas. La coincidencia es demasiado grande. Ese traslado es inaceptable e ilegal, y afecta el proceso judicial

-¿Las acciones del gobierno posteriores a la matanza de Bagua han estado dirigidas a ocultar lo ocurrido?
-EM: La policía cercó el lugar durante varios días para que no ingrese nadie. Si no había nada que ocultar, entonces ¿por qué cerraron la zona durante cinco días? El ocultamiento de los hechos es uno de los mecanismos de la impunidad. Hacia eso se va. El Estado es el responsable de ese ocultamiento de la verdad.

-RS: Este ocultamiento de lo ocurrido genera responsabilidad en las autoridades. Y lo más importante es que si se oculta la verdad, se genera mucha frustración y mucha rabia entre la población. Y eso es una bomba de tiempo, y no me refiero solamente a los nativos, sino a la población en general, que en gran medida ha demostrado simpatía por la causa de los pueblos indígenas. Este ocultamiento de la verdad demuestra que hubo un patrón muy serio de violaciones del derecho a la vida y de todos los derechos que tienen los ciudadanos.

-Ustedes han conversado con varias autoridades, ¿qué han respondido frente a las denuncias de muertos no reconocidos oficialmente y desaparecidos?
-RS: No han dado ninguna explicación sobre eso. Nos han dicho que no tienen toda la información. Los funcionarios del gobierno con los que hemos hablado consideran que el asesinato de policías es un hecho delictivo demostrado y que va a ser perseguido. A lo demás tratan de no darle mucha importancia.

-¿Cómo aprecian el discurso del presidente García y de otros funcionarios del gobierno calificando a los indígenas desde “terroristas” hasta “ignorantes”?
-RS: Ese discurso que busca descalificar a los indígenas causa desasosiego, rabia y frustración. Es un discurso polarizante. Es un lenguaje que no debería tener lugar cuando se buscan soluciones a problemas económicos, sociales y políticos.

-¿Cómo ha quedado la imagen del gobierno peruano luego de estos hechos?
-RS: Su imagen se ha deteriorado considerablemente. Siento que eso el gobierno lo reconoce, porque el propio presidente ha pedido disculpas por los errores cometidos…

-¿Eso es suficiente?
-EM: Hay algunas rectificaciones, pero también hay señales negativas, como el ocultamiento de lo que pasó. Me parece fundamental que hayan admitido errores, pero hasta qué punto se va a tener una actitud de tomar en cuenta la vida, la cultura, los intereses del pueblo en general, y en este caso específico de los indígenas, todavía está por verse.

-RS: Pedir disculpas no basta. Hay que hacer justicia. Hay un patrón organizado de violaciones de derechos humanos y detrás de eso hay responsables.

-¿Hasta qué niveles del gobierno llegan esas responsabilidades?
-RS: Eso es lo que hay que investigar y la justicia debe determinar las responsabilidades. Pero vemos que no se está investigando. El Estado es el responsable de la decisión que produjo estos hechos. No sé exactamente a qué niveles se toman esas decisiones, pero probablemente sea a un nivel muy alto.

-¿Debe formarse una Comisión de la Verdad para investigar lo sucedido en Bagua?
-RS: Es posible que en nuestro informe recomendemos la formación de una comisión como la que usted señala.

• No respetan derechos de los indígenas

-Después de haber dialogado con los indígenas, ¿cómo han percibido los sentimientos de esta población luego de lo ocurrido en Bagua?
-RS: La población se siente muy dolida, muy vulnerada en sus derechos, muy disminuida. Hemos escuchado testimonios realmente conmovedores, en los que una y otra vez las víctimas repiten: ‘no nos tratan como seres humanos, no nos tratan como ciudadanos peruanos que somos; nos tratan como terroristas, como salvajes, como bárbaros, como perros’. Aquel famoso comentario que hizo el presidente García sobre el perro del hortelano, los indígenas con los que hemos hablado lo perciben como un insulto racista.

-¿Cómo se sienten los indígenas frente al Estado?
-RS: Se sienten totalmente marginados e ignorados por el poder, menospreciados, insultados. La gente está muy molesta por lo ocurrido. Algunos funcionarios usan un discurso racista en su contra. El gobierno no ha tomado en cuenta los derechos legítimos de los pueblos indígenas de la Amazonía. El Estado le ha dado mucho apoyo a compañías extranjeras, sin tomar en consideración ni los derechos humanos de los indígenas ni las consideraciones ambientales.

-¿Hay una política institucionalizada en el Estado peruano de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas?
-RS: Yo diría que sí.

-EM: Hay un desconocimiento de los pueblos indígenas. Muchas veces no se toman como derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que están en juego con estas leyes dadas por el gobierno peruano y ahora derogadas.

-El gobierno ha dicho que la protesta indígena ha estado promovida desde el extranjero y que los indígenas han sido engañados y manipulados.
-EM: Es muy fácil satanizar planteamientos contrarios, y eso es lo que se está haciendo. Están satanizando a los indígenas porque no están de acuerdo con el modelo de desarrollo que propone Alan García. Yo no encuentro ninguna base en esa afirmación de que detrás de esta protesta indígena existe una intervención extranjera.

Fuente: Carlos Noriega Diario La Primera

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/hay-mas-muertos_40840.html

FIDH. Misión Stavenhagen en Perú: 'Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad'

COMUNICADO DE PRENSA

Lima, 19 de junio de 2009

Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú en torno al conflicto en Bagua


Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos Humanos organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la colaboración de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros de la FIDH en el Perú.

Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Orga nización de las Naciones Unidas.

La misión tenía por objetivo:

• Obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el departamento de amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros de la policía.

• Determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos.

• Conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto.

Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro Yehude Simon, con organizaciones de defensa de los derechos humanos, agentes pastorales en la región, organizaciones indígenas tales como la AIDESEP, y miembros de las comunidades nativas awajún de la Amazonía. Visitamos la zona de Bagua Grande, Bagua y Jaen, y realizamos entrevistas en la ciudad de Lima.

Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas que estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de la carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del Diablo”, se inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso. Según los testimonios, la policía comenzó disparando contra las personas que se acercaban para dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello produjo una respuesta de parte de las personas reunidas en la carretera y en la refriega también fallecieron ocho policías. La mayoría de las personas reunidas salieron huyendo del lugar. Cuando menos dos helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar disparando proyectiles de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la población, y algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde estos aparatos.


De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue cercado por la policía durante cinco días, sin que la población se pudiera acercar. En esas circunstancias se reportan numerosos desaparecidos que no han sido identificados ni localizados. Los representantes del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo sólo llegaron al lugar de los hechos horas después del comienzo de la balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció.

Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por la policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en las azoteas de las casas.

Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y coherente de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los “errores” que se habrían producido en el operativo. Las informaciones sobre los muertos, heridos y desaparecidos son incompletas y contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha proporcionado cifras preliminares que deberán ser completadas a raíz de las investigaciones en curso.

Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican estimaciones de muertos y desaparecidos superiores a las cifras oficiales, pero hasta la fecha no han sido documentadas con evidencia dura. Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Policía Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales).

Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los cuales 18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos delictivos.

Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron autorizados a ver a los detenidos. Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y psicológico.

El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez policías por parte de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a cierta de distancia de Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por estos homicidios.

El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los pueblos indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos legislativos vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella zona, que fueron adoptados por el Congreso de la República sin el consentimiento, la participación o la consulta a la población local. Cuando se produjeron los hechos violentos reportados, aún estaban dialogando los indígenas con las autoridades, por lo que resulta aún más sorprendente la acción intempestiva de la Policía Nacional contra los indígenas que bloqueaban la carretera.

• Conclusión

Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto en la Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.

Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades.

Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los detenidos awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía Nacional local. Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, en la práctica casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados. También nos preocupa, en lo particular, la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen el día 5 de junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación al homicidio.

En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos.

Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento, denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de integrantes de esta asociación.


Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar la tragedia de Bagua. Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena participación de los pueblos indígenas. Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de establecer sendas comisiones de investigación sobre los eventos de Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer los hechos sino también establecer responsabilidades. Deben estar integradas por personas totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos particulares.

Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al Gobierno del Perú.

Agradecemos las atenciones que hemos recibido para el buen desempeño de nuestra tarea de las autoridades del gobierno, de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas de la región.



Fuente: Federación Internacional de Derechos Humanos
http://www.fidh.org/