La voz de los pueblos Awajún y Wampís a dos años de los sucesos de Bagua

Amazonas Indígena reproduce dos artículos de Servindi a los dos años de los luctuosos hechos de Bagua. En el primero, son los Awajún y Wampís los que toman la palabra, en el segundo es Jorge Agurto el que analiza los entresijos políticos y lo que puede ocurrir si se aprueba la versión de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Amazonía o la versión de la Comisión de Constitución "de un aprismo trasnochado históricamente."

• La voz de los pueblos Awajún y Wampís a dos años de los sucesos de Bagua.

A dos años de los luctuosos sucesos de Bagua, un video resume el sentimiento y la postura de los pueblos awajun y wampis.

El video fue producido en el marco del Taller de Comunicación para el fortalecimiento de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN-P), realizado del 29 de mayo al 1 de junio, en la ciudad de Bagua chica.

El mismo fue auspiciado por la Comisión Europea y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). El video fue producido por Servicios en Comunicación Intercultural Servindi con la colaboración de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN-P).

• Campaña a los dos años de Bagua

El texto base consensuado por los participantes del taller como mensaje a la sociedad nacional e internacional es el siguiente:

• Fuimos afectados en nuestros derechos por defender el bosque, donde está nuestra vida y el sentido de nuestra existencia.

• Fuimos victimados por las fuerzas policiales, militares y discriminados por el gobierno de turno.

• Muchos peruanos quedaron huérfanos.

• Pedimos atención a los familiares de los fallecidos, no más derramamiento de sangre inocente y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

¡ Bagua, 5 de junio !: ¡ No más agresión !. ¡ Sí al diálogo y al respeto a los derechos de los pueblos indígenas !.

• El gobierno aprista no ha aprendido nada del Baguazo.

Por Jorge Agurto, en Servindi, 10 de junio, 2011.

El 9 de junio de 2011 el Congreso aprobó el informe sobre los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, que derivaron en la muerte de 34 personas, entre estos 24 policías. El informe libera de responsabilidad penal a los principales responsables políticos del fatídico suceso. El debate confirmó que el Apra no ha aprendido nada del “Baguazo” y los días que le restan en el gobierno son harto peligrosos por las decisiones que puede adoptar de espaldas a la realidad y a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Una forma de ocultar las responsabilidades

Los sucesos de Bagua han producido seis informes, d0os elaborados por la Comisión formada por el Ejecutivo; y cuatro por el Congreso de la República.

El informe más exhaustivo e imparcial ha sido el que elaboró el congresista Guido Lombardi y que destaca elementos importantes omitidos por los demás, como el sentimiento agraviante generado por el propio presidente de la República al usar el calificativo de “perros del hortelano” y de no ser “ciudadanos de primera clase” a quienes se oponen a las inversiones en la amazonía. “La palabra ‘perro’ -uno de los peores insultos para los indígenas- los hirió profundamente” (p. 256).

Lombardi también registra en sus conclusiones la actitud complaciente del Estado peruano “con intereses económicos vinculados a la explotación minera” en la zona de la Cordillera del Cóndor, y que es sin duda uno de los factores que subyacen en el Baguazo.

El informe Lombardi es meridiamente claro al concluir que la protesta indígena “estuvo motivada, fundamentalmente, por el incumplimiento del derecho a la consulta previa”.

Este informe sostiene que la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas actuó con incapacidad absoluta y recomienda que el Congreso de la República evalúe la posibilidad de denunciarla por infracción constitucional. La ex ministra no hizo nada para evitar el desenlace fatal y su responsabilidad política deriva de su inexcusable omisión.

El informe de Lombardi también propone que se evalúe denunciar a los ministros Mercedes Aráoz y Octavio Salazar y al ex premier Yehude Simon. De la primera afirma que es “deleznable” que la ministra dijera que, por desconocimiento, no se consultó a los nativos sobre las leyes que generaron la protesta en la selva. “El Estado no se puede eximir del cumplimiento de esta obligación [la consulta previa], aduciendo la ausencia de regulación interna. Es más, esta ausencia agrava su responsabilidad” (p. 257)

“Su responsabilidad política se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de someter a consulta los decretos que afectaban a los pueblos indígenas”, precisa Lombardi.

Respecto de Yehude Simon, el parlamentario sostiene que no dio una solución política a la crisis en Bagua y que se concentró en organizar “mesas de diálogo infructuosas”. Finalmente, señala que el actual congresista electo, Octavio Salazar, incumplió con su obligación de entregar la información que le solicitó la comisión investigadora.

El informe exculpatorio

De otra parte, el informe aprobado por la mayoría oficialista insiste en señalar que actores externos azuzaron el conflicto y que “hubo inaceptables casos de injerencias (…) como son las ONG que exacerbaron los ánimos con informaciones falsas y exageradas” (p. 95).

Las adhesiones a las protestas amazónicas y los movimientos locales “fueron infiltrados por elementos subversivos que generaron respuestas y propuestas que desnaturalizaban las protestas netamente reivindicativas”. En este sentido considera que el comando policial no evaluó adecuadamente la presencia de “elementos ajenos a los indígenas que actuaban con pasamontañas y que utilizaron armas de fuego, así como otras armas impropias de los nativos” (p. 98).

Si bien el informe Moyano no puede dejar de reconocer que hubo un “mal diseño, equivocada estrategia y mala ejecución” de los operativos descarga la responsabilidad funcional en el General Luis Muguruza “en su condición de oficial más antiguo y a cargo del operativo”.

El informe Moyano señala que la falla “determinante en el fatal resultado del operativo” fue que éste empezó con un número menor de efectivos debido a la tardanza del arribo del contingente de tierra encabezada por Luis Muguruza. Es decir, si la represión se hubiera iniciado con el doble o triple de efectivos policiales no se hubiera producido el fatal desenlace.

Sin lugar a duda, la decisión de discutir y aprobar un informe sobre el caso de Bagua a dos años de los hechos, y después de un año de haber sido elaborados, demuestra más que una sincera preocupación por el tema un afán de impunidad para las autoridades políticas responsables e involucradas en los hechos.

La Ley de Consulta en manos del Apra

Es oportuno recordar que el oficialismo en el Congreso no pretende poner a debate en primera opción la Ley de Consulta previa aprobada el 19 de mayo de 2010 luego de un arduo consenso, sino el dictamen de la Comisión de Constitución que se allana a todas las observaciones formuladas por el mandatario Alan García Pérez, y que la desnaturaliza por completo. Esta grosería política es totalmente posible por la forma antojadiza, desnaturalizada y arbitraria como el Apra maneja e interpreta el tema indígena.

La opinión ciudadana debe estar muy atenta a cuál es el dictamen que prevalece finalmente. Si el dictamen de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Amazonía que insiste en la versión de consenso aprobada el 19 de mayo; o si aprueba la versión descaradamente mutilada de la Comisión de Constitución, y que es la visión de “consulta” de un aprismo trasnochado históricamente.

Si se aprueba la versión de la Comisión de Pueblos el Estado enviará una señal positiva a los pueblos indígenas y podrá retomarse el camino de la reconciliación y el de respeto al régimen jurídico internacional que protege los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Si se aprueba la versión de la Comisión de Constitución se ensancharán las heridas y un nuevo clima de desazón y descontento social se reiniciará con mayor virulencia en el que nuevos “baguazos” podrán repetirse por la necedad y la indolencia política de quienes -a pesar del rechazo ciudadano expresado en las últimas elecciones- aún tienen en sus manos importantes decisiones de Estado.

Más información en Servindi: La verdad del Baguazo, por Jorge Agurto.


A Dos Años de Bagua, por Bartolomé Clavero

BAGUA Nunca más (en Facebook)

Pronunciamiento del Pueblo Jíbaro Wampis

9 de julio, 2009.
Las autoridades comunales, comuneros y comuneras del pueblo Jíbaro Wampis de la comunidad nativa de Villa Gonzalo, distrito de Río Santiago, Amazonas, denunciaron que los indígenas encarcelados en el penal de Huancas, Chachapoyas, “fueron obligados a firmar documentos aceptando su culpabilidad en la tragedia sucedida en Bagua”

Agregaron que “han sufrido actos de coacción por parte de fiscales, policías y servicios de inteligencia” durante su detención en este centro penitenciario alejado de sus lugares de origen.
Al respecto exigieron “que sean liberados inmediatamente” y manifestaron que “más que un acto jurídico es un acto político del gobierno”.

A través de un pronunciamiento los manifestantes comunales del río Santiago, consideraron que el presidente Alan García Pérez, el premier Yehude Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, cometieron el “delito de genocidio contra los pueblos indígenas e hispanohablantes de la región Amazonas”.

“Nuestros hermanos nativos han muerto por defender la vida y del medio ambiente y, por qué no decir, por defender la democracia”, detalló el documento.
Las personas que permanecen hasta el momento en el mencionado penal fueron detenidos el pasado 5 de junio tras los enfrentamientos entre los pobladores nativos de Bagua, Amazonas, con la policía en la Curva del Diablo, que terminó con la vida de 34 personas.

“Los familiares y deudos de los hermanos policías han sido indemnizados por el gobierno; nos preguntamos ¿Quién indemnizará a los familiares y deudos de los nativos e hijos huérfanos?; sabemos que nadie responderá esta pregunta”, cuestionó el documento.
Finalmente, los pobladores indígenas de la etnia Jíbaro Wampis de la comunidad Nativa de Villa Gonzalo acordaron no permitir el ingreso a las instituciones privadas, nacionales e internacionales, ONGs y otras comisiones multipartidarias del Estado.

Pronunciamiento del Pueblo Jíbaro Wampis

“AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO JIBARO WAMPIS

Las autoridades comunales, comuneros y comuneras de la comunidad nativa de Villa Gonzalo, Distrito de Río Santiago, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas; frente al acto de genocidio y a la persecución política del gobierno contra los pueblos indígenas; nos pronunciamos ante la opinión pública, nacional e internacional:

Primero. La vida republicana del Perú, este 28 de Julio cumplirá su 188 aniversario, van casi 2 siglos, en donde pasaron y pasan gobiernos tras gobiernos, con vocabulario siempre con la democracia, respeto de derechos humanos; en la misma constitución política, que en su artículo primero afirma: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado. Sin embargo, en nuestro país, hasta el bicho se da cuenta que no existe una verdadera democracia, los hechos y acontecimientos lo reafirman así. En nuestro país, lamentablemente la única forma de ser escuchados, respetados y atendidos rápidamente, es cuando la sociedad civil levanta el paro, la huelga, protestan, toma de carreteras, y hasta derramamiento de sangre, como ocurrió en Bagua, en la zona llamada CURVA DEL DIABLO, donde se mataron entre peruanos (nativos, mestizos y policías). Nosotros, los jíbaros reclamando los justos derechos de nuestra vida y los policías por obedecer el orden de un gobierno corrupto como Alan García, Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, y otros parlamentarios burócratas y corruptos.

Segundo. El señor Alan García Pérez, prófugo de justicia, donde después de generar la hiperinflación en nuestro país, se fugó al exterior por 10 años, pero no aprendió nada ni en su primer gobierno; es bastante vergonzoso tener este tipo de persona psicópata que gobierne al país. Cuando se escucha sus discursos en diferentes medios de comunicación dice así: gobierno para 28 millones de personas y no a un grupo; perro del hortelano y últimamente, los nativos son gente de última clase; según la filosofía del APRA presidido por García, en Perú aun es vigente las clases sociales. Nos preguntamos entonces ¿dónde está la democracia?, entendemos que la verdadera democracia, no importa cuantas personas reclamen sus derechos; así sea un individuo debería de ser escuchado, respetado y atendido sus demandas, sólo así construiremos una verdadera pacificación y democracia en nuestro país.

Tercero. Un día, 5 de junio justo por el día mundial del medio ambiente, ocurrió los lamentables hechos en la curva del diablo - Bagua. Tan solo pro reclamar nuestros justos derechos fuimos atacados por efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Por vía terrestre y aérea, ciertamente no fue desalojo, fue una guerra y acto de genocidio. Todos se preguntan para encontrar responsables, no podemos perder tiempo buscando responsables de los hechos, el único responsable es: ALAN GARCIA PEREZ, un abogado ignorante, que durante sus ensayos políticos, sólo aprendió describir la cajita de fósforo por 3 horas diarias de allí poder de convencimiento a la gente para aprovecharse de su poder.

Cuarto. Por nuestros compatriotas detenidos y encarcelados en el penal de huancas - Chachapoyas. Han sufrido los actos de coacción por parte de fiscales, policías y servicios de inteligencia, ya que muchas veces han sido exigidos a declarar y firmar el documentos sin que hayan cometido tal delito; que sean liberados inmediatamente, es bastante claro más que un acto jurídico es político del gobierno, y por reclamar los justos derechos nadie debe ser juzgado por ley.
Lo que sí, exigimos la inmediata detención y captura del señor Alan García Pérez, Yehude Simón, Mercedes Cabanillas otros legisladores corruptos, para que de una vez por todo sean sentenciados a cadena perpetua por delito de GENOCIDIO contra los pueblos indígenas e hispanohablantes de la Región Amazonas. También sugerirles por si fuera necesario, que nosotros los indígenas tenemos el cárcel de máxima seguridad (cueva de los tayos), allí es el lugar apropiado para todos los corruptos y violadores de derechos humanos.

Quinto. Ante la persecución política del gobierno contra nuestros dirigentes, exigimos la apelación inmediata de las demandas judiciales, solo de esta manera apostaremos sí a la verdadera pacificación y reconciliación nacional. También manifestamos y desmentimos categóricamente el robo de armamentos y pertenencias policiales que esten supuestamente guardados en las comunidades nativas. Instamos a los defensores de derechos humanos, que no queremos más provocaciones, ni intimidaciones del gobierno contra los pueblos indígenas. Ante presencia de fuerza de orden para saquear las pertenencias comunales, el pueblo jíbaro wampís, caracterizado por reductores de cabeza del enemigo, responderá para defenderse.

Sexto. A los medios de comunicación y televisión nacional, lamentablemente controlados por el poder de gobierno, no han informado los sucesos verídicos que ocurrió en Bagua (curva del diablo), por ejemplo: incineración de pertenencias personales y cadáveres, arrojo de cadáveres en río marañón, y muchas otras actos de violencia, también han sido muertos las mujeres. Escuchar noticias e imágenes editados, no es lo mismo haber estado en el mismo lugar de los hechos y en el momento de los acontecimientos. Por lo que manifestamos que nos devuelvan nuestras pertenencias (mochilas, lanzas, coronas y otros, que se encuentran en manos y/o no, posiblemente de fiscal o efectivos de DINOES.

Séptimo. El señor Alan García ha manifestado que los policías han perdido la vida por cumplir el deber y los ha consignado como héroes de la patria. Para sepa todo el mundo, los amigos policías han muerto por defender la política del gobierno corrupto y antidemocrático. Pero sí, nuestros hermanos nativos han muerto por defender la vida y del medio ambiente y, por que no decir por defender la democracia.
Los familiares y deudos de los hermanos policías han sido indemnizados por el gobierno; nos preguntamos ¿Quién indemnizará a los familiares y deudos de los nativos e hijos huérfanos?; sabemos que nadie responderá esta pregunta. Sin embargo exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad por estos actos de genocidio.

Octavo. Por razones manifestados, en términos populares, el pueblo jíbaro Wampís de la comunidad Nativa de Villa Gonzalo, acuerda lo siguiente: No permitir a las instituciones privadas, nacionales e internacionales, ONGs y otras comisiones multipartidarias del estado que pretendan ingresar en nuestra zona con el fin de consultar a los pueblos sobre territorios, estudios ambientales, investigaciones de las culturas, ya que muchas veces vienen con intereses políticos y personales a costa de los habitantes, y con proyectos elaborados desde Lima. Que conste, a partir de la fecha sólo aceptaremos a las instituciones que verdaderamente tengan el espíritu de apoyarnos incondicionalmente. También, cualquier proyecto deberá ser elaborado en nuestra zona de acuerdo a la demanda de la población; ya no más corrupciones y burocracia.

Finalmente expresamos:

¡No basta decir que el Perú es un país multiétnico, plurilingüe y multicultural!

¡Una constitución peruana sin pueblos indígenas no tiene historia ni futuro!

¡La sangre derramada nunca será olvidada!

¡Viva el pueblo indígena!

Río Santiago del 2009

Fuente : Servindi

¿Quién ordenó disparar a muerte en el Perú?

Por Bartolomé Clavero*

Yehude Simón ya parece estar pensando en su defensa ante la justicia. Ayer día 8 de junio ha alegado ante el Congreso que el gobierno presidido por él no dispuso en ningún momento la utilización de armas letales, sino que siempre ha optado por el diálogo y la persuasión. Según la Constitución de la República del Perú, “velar por el orden interno” así como “presidir el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” (art. 118.4 y 14) son competencias del Presidente de la República, Alan García ahora, y no del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón por el momento. Hay que darle a éste último la razón constitucional respecto a este estricto punto de la responsabilidad, pero éste es el único aspecto en el que la razón puede concedérsele.

Los responsables constitucionales de la orden de atacar a indígenas la madrugada del pasado viernes 5 de junio, por aire desde helicópteros con bombas de gas y por tierra con ráfagas de metralleta, es el Presidente de la República, Alan García, y al mando militar que se prestó a un operativo de efecto letal asegurado. Si el primero lo hizo sin consejo de sus ministros con su presidente a la cabeza, no se entiende el comportamiento posterior de los mismos, particularmente de la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y del Ministro de Defensa, Antero Flores-Araoz, respaldando incondicionalmente la operación, ni, aún menos, la postura del Presidente del Consejo, Yehude Simón, eximiéndose a sí mismo de responsabilidad. Pero tomemos en serio sus palabras. Resultan graves sus implicaciones.

Si el Consejo de Ministros, como asevera su Presidente, no dispuso, lo que constitucionalmente no le cabe, ni aconsejó, lo que constitucionalmente le corresponde, el operativo militar y policial, entonces las palabras de Yehude Simón están de hecho imputando la responsabilidad por los crímenes ante todo a Alan García. Por otra parte, si lo que se asevera es cierto, no se entiende cómo el entero Consejo de Ministros, con su Presidente a la cabeza, no presentaron de forma inmediata su dimisión fulminante. Con sus palabras, Yehude Simón está también reconociendo la cuota seria de responsabilidad criminal que le corresponde junto a todos sus ministros, con Antero Flores-Araoz y Mercedes Cabanillas en primera línea.

No se olvide que la responsabilidad penal es individual. Responsabilidad al Estado le corresponde en cuanto al importante capítulo de la reparación y la compensación. Son responsabilidades distintas. Tratándose de un crimen de sangre al que se ha llegado por la práctica empeñada de una política genocida, pues busca el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, art. 2.c), las responsabilidades individuales podrían depurarse, si la justicia peruana no procede, ante la Corte Penal Internacional y la del Estado, ante la Corte Internacional de Justicia.

Las implicaciones de las palabras del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso también interesan al escenario del crimen. Si, según afirma, se mantenía una posición de diálogo es porque el diálogo cabía, como indudablemente cabe. Las medidas indígenas de bloqueo de comunicaciones responden a la determinación de defender unos derechos atropellados por decretos y políticas gubernamentales que respaldan y promocionan la invasión empresarial de sus territorios y depredación consiguiente de sus recursos. Es una posición la indígena con buenas razones de derecho, a la luz tanto del derecho constitucional peruano como del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que el Gobierno no ha hecho ni el intento de formular la suya en términos jurídicos, constándole como le consta que carece de razones de derechos ni constitucionales ni humanos o de derechos sin más. Su lenguaje es el de los intereses con el añadido encima de un racismo rampante.

No debe pasarse por alto que las explicaciones suplementarias de Yehude Simón ante el Congreso, tras intentar en vano desprenderse de responsabilidad, abundan, con lenguaje ciertamente menos combativo, en el racismo paladino del que hace alarde estos días el Presidente de la República Alan García. Mirando a las víctimas, se identifica emotivamente con las de la policía al tiempo que guardan un silencio vergonzoso sobre las indígenas. Para Simón y García, las unas merecen conteo y honores; las otras, ocultación y desprecio. Según la perspectiva expresada por los máximos responsables de la política peruana, la que está inspirando sus decisiones, se trata de nosotros y ellos, de gente de razón y gente irracional, de defensores naturales e infractores inveterados del orden, de peruanos e indígenas.

Todavía peor. Tanto Simón como García presentan el conflicto como si se estuviera poco menos que produciendo una invasión del Perú, como si los indígenas fueran invasores en sus propios territorios, los territorios que son suyos desde antes de la existencia de la República del Perú. La misma inverosimilitud de las palabras de Yehude Simón sólo se explica en este contexto de convicciones racistas profundas. Dándose por hecho que las palabras se dirigen a gentes igual de racistas, se muestran confiados en que se les de crédito. El insulto se añade al crimen. Naturalmente, por mucho que el delito de política y de acción genocidas pueda considerarse flagrante y confeso, no digo que, antes de que haya condena mediante el debido juicio con todas sus garantías, todos los mencionados sean criminales, pero el criminal también se caracteriza por buscar, ante las evidencias, complicidades.

Encuentro este comentario por internet: “El libreto ha sido decir aborigen malo, gobierno bueno, aborigen perro del hortelano, gobierno defensor de la democracia. El maniqueísmo simplón del gobierno hasta podría ser divertido dentro de su frivolidad, si no fuera porque ha costado ya muchas vidas humanas“. Espero que al autor o a la autora no le importe que las haga mías. Lo peor ahora es que la situación provocadora de muertes se mantiene. El Gobierno no deroga los decretos lesivos de derechos indígenas y, por esto mismo, no levanta el estado de suspensión de libertades personales y políticas indígenas.


* Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.

Fuente: Servindi
http://www.servindi.org/actualidad/opinion/12653

No es tiempo para permanecer callados

Por Alberto Chirif*

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos . Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad.

Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena.

Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.

La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de “perros del hortelano”, para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.

La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol.

El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado.

Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año.

El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.

Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.

La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.

Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas. La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas.

El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro. Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.

La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto. Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.

Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.

Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.

Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones.

Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.

Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla.

Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.

Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.

Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.



* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.


Fuente: Servindi
http://www.servindi.org/actualidad/opinion/12683