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viernes, 26 de junio de 2009

Últimas noticias de AIDESEP, 26 de junio

  • Solicitan a Fiscalía investigar a policías por sucesos en Bagua

26 de junio de 2009.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció ante la Fiscalía de la Nación que las pesquisas iniciadas por la muerte de diez civiles por los sucesos en Bagua (Amazonas) están a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que los investigados son miembros de la misma institución.

“La investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque son los denunciados”, declaró el abogado de Aprodeh, Juan José Quispe. “Quizás algunos miembros de la PNP hayan participado en el desalojo, por lo que no procede que se encarguen de la investigación”.

En el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales tras los sucesos de Bagua se encuentran procesados 84 civiles. Dentro de estas diligencias, la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba también inició de oficio una investigación en contra de algunos efectivos policiales por los delitos de homicidio y lesiones.

Esta denuncia fue archivada provisionalmente al no haberse individualizado a los presuntos autores. Por ello, el pasado 19 de junio, un grupo de civiles e indígenas heridos y también familiares de civiles fallecidos presentaron ante el Ministerio Público una nueva denuncia.

Sin embargo, los denunciantes fueron notificados el 22 de junio por personal de la División de Investigación Homicidios de la Dirincri - Lima para declarar al día siguiente en el local de la policía en Bagua.

Este hecho ha motivado que la FIDH, junto con Aprodeh, dirija una carta a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para pedir que la investigación sea trasladada a la Fiscalía, tal y como establece el artículo Nº 159 de la Constitución.

“Ante la irresponsabilidad del Ministerio Público de correr el trasladado de la investigación a sabiendas que los denunciados son miembros de la PNP, lo que ahora se debería hacer es que la división de investigación criminal remita las denuncias a la fiscalía para que de acuerdo a ley sea la Fiscalía la que realice la investigación y no la PNP”, consideró Juan José Quispe.



Fuente AIDESEP


  • Iglesia cree en la inocencia de muchos procesados por los lamentables sucesos de Bagua


25 de junio de 2009.

“Creemos en la inocencia de estas personas”, declaró hoy la abogada Ketty Herrera, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), órgano de servicio de la Conferencia Episcopal que ve de oficio los casos de 36 de los 84 procesados tras los sucesos de Bagua (Amazonas) e informó que a la mayor parte de los procesados se les atribuye “muchísimas imputaciones”.

“Hay muchos de los casos que el Vicariato y CEAS está viendo y definitivamente creemos en la inocencia de estas personas”, declaró a CNR. “Hay un grupo minoritario que estamos evaluando, lo cual no quiere decir que sean culpables, sino solo que estamos evaluando y viendo”.

Muchos de los procesados son líderes indígenas, sindicales y sociales de las provincias de Bagua y Utcubamba. Entre ellos se encuentra Santiago Manuim Valera, reconocido internacionalmente por el Premio Reina Sofía en honor a su trabajo en favor de la amazonía.

“En realidad a todos los que tienen cargo dirigencial se les ha denunciado por todos los delitos que han podido denunciar”, informó. “Esto implica ir desvirtuando cada uno de los delitos, lo primero porque es imposible que puedan estar en dos lugares a la vez”, señaló tras pedir que a cada una de estas personas se le garantice su derecho a la defensa.

Según la lista proporcionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Manuim Valera se encuentra procesado por los delitos de “homicidio calificado y lesiones graves, contra los medios de transporte público, motín, tranquilidad pública, contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas”.

Manuim Valera, según los numerosos testimonios recogidos por el Vicariato de Jaén (Cajamarca), actuó el 5 de junio como intermediador con la policía y fue el primer nativo en caer herido tras recibir en el abdomen una ráfaga de ocho tiros de fusil AKM. Pese a ello, se encuentra en calidad de “no habido” y como es de conocimiento público, el líder indígena se encuentra internado en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo después de ser intervenido quirúrgicamente.

Respecto a las personas que desde el 5 de junio no retornan a sus comunidades, por lo que se encontrarían en calidad de desaparecidos, la abogada del CEAS confirmó que agentes pastorales están levantando listados en las mismas poblaciones indígenas para poder elaborar un listado confiable de las personas ausentes.



Fuente AIDESEP


Lista de detenidos y cargos que se les imputan.

domingo, 21 de junio de 2009

Denuncian que fiscalía se niega a investigar muerte de nativos



Lima, 20/06/2009 (CNR)

Luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de los enfrentamientos del 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente.

Así reveló el miembro del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Juan José Quispe, quien explicó que la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias se ampara en que no se ha individualizado a los policías autores.

“Archivar provisionalmente significa que la investigación está durmiendo en la esquina de los recuerdos”, dijo y detalló que ante la situación Aprodeh activó la denuncia ante la primera fiscalía provincial a afectos de que investiguen estos homicidios y lesiones.

El representante de APRODEH, cContó que se entrevistó con las víctimas y pudo comprobar que había personas con huellas de profundos orificios de entrada y de salida, con consecuencias posteriores. “Ellos, a diferencia de los deudos de los policías, no reciben nada, y será en el marco de un proceso penal donde se incorpore al Estado como tercero civil responsable para que den una indemnización a los familiares de estas personas”, indicó.

Las denuncias que la fiscalía se niega a investigar son las de Rufina Linares Terrones, por el homicidio de su conviviente Alejandro Salazar Huamán; de Sandra Jacqueline Oblitas Torres, por la muerte de su pareja Porfirio Coronel Jiménez; del profesor Leodoro Gonzales Uriarte, por las lesiones graves que ha sufrido; del también profesor Julio César Vásquez Elera por lesiones graves; de José Santos Adrianzén Medina, por lesiones leves con un proyectil de arma de fuego; de Claudina Pérez Navarro, sobre lesiones graves que sufrió su nieta de siete años Lady Luz Montes Gonzales, a quien hasta la fecha no le extirpan una bala, y de Elia Flor Vásquez Rodrigo, por las lesiones graves de su hermano Geiner Briones Rodrigo.

Informe no habido
Por otra parte, el doctor Quispe —quien visitó la zona en dos oportunidades luego del conflicto y estuvo presente en la conferencia de prensa convocada por la FIDH—, reveló también que la policía se niega a entregar a la fiscalía el informe del operativo de desalojo del 5 de junio en el que murieron más de 30 personas entre policías, civiles y nativos.

Anunció por ello que Aprodeh está evaluando pedir a la fiscalía que solicite al juez una orden de allanamiento a los locales policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que debían entregar el informe sobre la operación y se niegan a hacerlo.

Sospechan 'chuponeo' Juan José Quispe denunció, además, que las llamadas telefónicas que realiza a sus defendidos en la amazonía están siendo interceptadas.
Relató que en Bagua cuando conversaba telefónicamente con uno de sus defendidos apareció un mensaje en su teléfono celular que decía “llamada interceptada por otro interlocutor”, y mientras hablaba escuchaba unas voces lejanas al fondo.
Atribuyó el caso a que la labor y la posición de Aprodeh y de él como abogado de la institución ya es conocida en la zona de conflictos.

Fuente: Coordinadora nacional de Radio, Perú
http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26625

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