No es tiempo para permanecer callados

Por Alberto Chirif*

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos . Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad.

Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena.

Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.

La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de “perros del hortelano”, para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.

La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol.

El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado.

Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año.

El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.

Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.

La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.

Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas. La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas.

El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro. Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.

La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto. Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.

Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.

Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.

Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones.

Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.

Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla.

Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.

Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.

Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.



* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.


Fuente: Servindi
http://www.servindi.org/actualidad/opinion/12683

Claves del conflicto en la Amazonía peruana

En respuesta al Sr. Althaus

Por Pedro García-Hierro*
extracto del artículo publicado en Servindi: En respuesta al Sr. Althaus publicado el 18 de mayo 2009.
La masacre de Bagua se produjo el 5 de junio de 2009.

• ¿Quiere saber lo que yo creo que enerva a los comuneros?

• El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera conocen.

• El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado por el propio gobierno.

• El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.

• El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios del Perú.

• El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.

• El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera, mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.

• El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.

• El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo.

• El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin ninguna atención de los servicios de salud del Estado.

• El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta hoy no hayan podido recuperarse.

• El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios mineros.

• El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están todas las nacientes de sus ríos.

• El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional; el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de las riquezas nacionales.

• El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando un poco más de lo mismo que les empobrece.

Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos indígenas es que ya no pueden más. Que se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.

Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en las comunidades del Cenepa y Marañón durante 16 años, y allí se había logrado un desarrollo muy propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel entonces la más mínima presencia. La Central del Cenepa contaba con un sistema de bazares bien organizado, vendía regularmente cacao, artesanía y otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos, promovía gallineros, piscigranjas, había logrado un cierto desarrollo de la salud en base a servicios propios y capacitaba a sus sanitarios y laboratoristas, promocionaba talleres de costura y artesanía y vendía sus productos, realizaba capacitación técnica en muchos aspectos, habían incursionado en empresas tan modernas como el Serpentario o un incipiente tratamiento del oro extraído artesanalmente.

El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso hundiendo en la hiperinflación los pequeños negocios que habían surgido. Como ocurrió con tantos a los que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y “apoya” con las limosnas humillantes de programas como Juntos o Crecer.

Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros del hortelano. Eso es lo que a mi juicio les enerva. Y a la ciudadanía debiera enervarle también.

En estos últimos días la impotencia, la rabia y la exclusión han llevado a los dirigentes de AIDESEP a expresar su hartazgo con medidas y proclamas que a todos nos han sumido en preocupación. No es otro cosa que furia ante el menosprecio. En términos prácticos significa muy poco más que eso.

Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más amenazante en términos prácticos, es la nueva provocación del Sr. Presidente. En su expresión “las tierras de la Amazonía son de ustedes, son de todos los peruanos” hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica, a la invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así fuera, hubiera continuado diciendo que, en ese mismo sentido, son de todos los peruanos las fincas de Ica, los palmerales de Cainarachi, las haciendas azucareras, los terrenos del club de Golf o los solares y patios de cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o posesión legítima de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que dijo es que una es la propiedad de los ciudadanos nacionales y otra cosa es la propiedad de los indígenas: esa es de todos. Es el retorno del General Custer. Una proclama tan imprudente e irresponsable como esta es un verdadero llamado al genocidio.

Ojalá la ciudadanía se dé cuenta de ello.

En fin , no son los pueblos indígenas los que violan la soberanía nacional ni nunca lo pretendieron. Sí la violan aquellos que negocian los recursos mineros fronterizos, los que generan “los faenones” petroleros, los que negocian por debajo de las mesas la vida de los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan a sus ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de lotes petroleros sin la más mínima consideración por su vida y su salud.

Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento” empiece por investigar los negociados del chuponeo telefónico y los entretelones de cada concesión minera o petrolera en este país, los nombres y las firmas detrás de cada habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San Martín a los grupos bancarios, las concesiones mineras fronterizas del Cenepa, …. Hay mucho por descubrir se lo aseguro. Y ahí obtendrá una explicación, mucho más sencilla que la que usted propone, de la intriga internacional que subyace a esta problemática.

Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar judicialmente frente a las difamaciones del editorialista del Comercio, pero creo que ser difamado es un asunto más serio.

El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es normal, eso ha sido mi vida y no me queda ya mucho para cambiarla. Siempre me enorgullecerá el ubicarme de ese lado.

Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones indígenas por la insolencia del Sr. Althaus de despojarles a ustedes de su protagonismo. Saben que siempre trabajé en una segunda fila y así me gustaría poder seguir colaborando.

Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes tengan alma, de que piensen por sí mismos y de que no haya una mano negra que mueve sus inocentes designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los otros indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado sus servicios para doblegar a sus paisanos, como ha ocurrido desde siempre, por desgracia, en toda la historia de la conquista del Perú.


* Pedro García-Hierro es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado durante los últimos 35 años con diversas organizaciones indígenas tanto peruanas como internacionales en temas referidos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el impulso de reformas democráticas interculturales.


Artículo de Jaime de Althaus, El radicalismo indígena del 15 de Mayo de 2009