Carta de Evo Morales / Letter from Evo Morales

La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta.

Hermanos indígenas del mundo:

Estoy profundamente preocupado porque se pretende utilizar a algunos dirigentes y grupos indígenas para promover la mercantilización de la naturaleza y en particular de los bosques a través de la creación del mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) y sus versiones REDD+ y REED++.

Cada día desaparece en el mundo una extensión de bosques y selva equivalente a 36.000 canchas de fútbol. Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques y selva. A este ritmo, los bosques desaparecerán antes de fines de siglo.

Los bosques y la selva son la mayor fuente de biodiversidad. Si continua la deforestación, miles de especies animales y vegetales se perderán para siempre. Más de tres cuartas partes del agua dulce accesible vienen de zonas de captación en bosques, de ahí que la calidad del agua empeora cuando la condición del bosque se deteriora. Los bosques constituyen una protección ante inundaciones, erosiones y desastres naturales. Proveen bienes no maderables y maderables. Los bosques son una fuente de medicinas naturales y elementos de curación aun no descubiertos. Los bosques y la selva son los pulmones de la atmósfera. El 18 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el mundo son provocados por la deforestación.

Es fundamental detener esta destrucción de nuestra Madre Tierra.

Actualmente en las negociaciones de cambio climático todos reconocen que es esencial evitar la deforestación y degradación de los bosques. Sin embargo, para lograrlo, algunos proponen mercantilizar los bosques con el falso argumento de que sólo se cuida y conserva aquello que tiene precio y propietario.

Su propuesta es tomar en cuenta sólo una de las funciones de los bosques, que es su capacidad de absorción de dióxido de carbono, y emitir “certificados”, “bonos” o “derechos de carbono” que se comercialicen en un mercado de carbono. De esta forma, las empresas del Norte podrán optar entre hacer reducciones de emisiones en sus países o comprar “certificados REDD” en países de Sur según su conveniencia económica. Por ejemplo, si una empresa tiene que invertir 40 ó 50 $US para reducir la emisión de una tonelada de CO2 en un “país desarrollado”, preferirá comprar un “certificado REDD” por 10 ó 20 $US en un “país en vías de desarrollo” para decir que ha cumplido con la reducción de emisiones de dicha tonelada de CO2.

A través de este mecanismo los países desarrollados traspasarán su obligación de reducir sus emisiones a los países en vías de desarrollo, y el Sur una vez más volverá a financiar al Norte ya que esa empresa del Norte se ahorrará mucho dinero comprando “certificados” de carbono de bosques del Sur.

Pero no sólo harán trampa con sus compromisos de reducción de emisiones, sino que además darán inicio a la mercantilización de la naturaleza empezando por los bosques. Los bosques pasarán a tener precio por la cantidad de toneladas de CO2 que son capaces de absorber. Los “bonos” o “derechos de carbono” que certifican esa capacidad de absorción serán vendidos y comprados como cualquier mercancía a nivel mundial.

Para asegurar que nadie afecte la propiedad de los compradores de “certificados REDD” se instaurarán una serie de restricciones que acabarán afectando el derecho soberano de los países y los pueblos indígenas sobres sus bosques y la selvas. Así comenzará una nueva etapa de privatización de la naturaleza nunca antes vista que se irá extendido al agua, la biodiversidad y lo que ellos denominan “servicios ambientales”.

Mientras nosotros afirmamos que el capitalismo es la causa del calentamiento global y de la destrucción de los bosques, la selva y la Madre Tierra, ellos buscan ahora expandir el capitalismo a la mercantilización de la naturaleza con el denominativo de “economía verde”.

Para conseguir el apoyo a esta propuesta de mercantilización de la naturaleza algunas entidades financieras, gobiernos, ONG, fundaciones, “expertos” y empresas intermediarias están ofreciendo un porcentaje de los “beneficios” de esta mercantilización de la naturaleza a los pueblos indígenas y a las comunidades que viven en los bosques nativos y la selva.

La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta.

Por siglos los pueblos indígenas hemos vivido conservando y preservando los bosques nativos y la selva. Para nosotros los bosques y la selva no son objetos, no son cosas que uno puede poner precio y privatizar. No aceptamos que se reduzca a los bosques nativos y selvas a una simple cantidad mensurable de carbono. Tampoco aceptamos que se confunda los bosques nativos con simples plantaciones de una o dos especies de árboles. Los bosques son nuestro hogar, son la casa grande donde coexisten plantas, animales, agua, suelo, aire puro y seres humanos.

Es fundamental que todos los piases del mundo trabajemos juntos para evitar la deforestación y degradación de los bosques y selva. Es una obligación de los países desarrollados, y es parte de su deuda climática y ambiental, contribuir económicamente a la preservación de los bosques, pero No a través de su mercantilización. Hay muchas formas de apoyar y financiar a los países en vías de desarrollo, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que contribuyen a la preservación de los bosques.

Los países desarrollados gastan decenas de veces más recursos públicos en la defensa, la seguridad y las guerras que en el cambio climático. Incluso durante la crisis financiera muchos han mantenido e incrementado sus gastos militares. No es admisible que aprovechando de las necesidades de las comunidades y las ambiciones de algunos dirigentes y “expertos” indígenas se pretenda involucrar a los pueblos indígenas en la mercantilización de la naturaleza.

Todo mecanismo de e protección de los bosques y la selva debe garantizar los derechos y la participación indígena, pero no porque llegue a haber participación indígenas en REDD podemos aceptar que se ponga precio y se negocie en un mercado mundial el carbono de los bosques y las selva.

Hermanos indígenas, no nos dejemos confundir. Hay quienes nos dicen que el mecanismo de mercado de carbono de REDD será voluntario. Es decir que el que quiere podrá vender y comprar, y el que no lo desee se podrá marginar. Nosotros no podemos aceptar que con nuestro consentimiento se cree un mecanismo en el que voluntariamente unos vendan a la Madre Tierra mientras otros miran cruzados de manos.

Frente a estas visiones reduccionistas y mercantilistas de los bosques y la selva, los pueblos indígenas junto a los campesinos y movimientos sociales del mundo debemos luchar por las propuestas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra:

1) Manejo integral de los bosques nativos y la selva tomando en cuenta no sólo su función mitigadora de emisiones de CO2 sino todas sus funciones y potencialidades evitando confundirlos con simples plantaciones.

2) Respecto a la soberanía de los países en vías de desarrollo en la gestión integral de sus bosques.

3) Pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales; reconocimiento y respeto a sus territorios; revalorización y aplicación de los conocimientos indígenas para la preservación de los bosques; participación y gestión de los bosques y la selva por los pueblos indígenas.

4) Financiamiento de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo y a los pueblos indígenas para el manejo integral de los bosques como parte de su deuda climática y ambiental. No establecimiento de ningún mecanismo de mercado de carbono o de “incentivos” bosque conlleve a la mercantilización de los bosques y selva.

5) Reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra que comprende los bosques, la selva y todos sus componentes. Para restablecer la armonía con la madre Tierra, el camino no es ponerle precio a la naturaleza sino reconocer que no sólo los seres humanos tenemos derechos a la vida y a reproducirnos, sino que también la naturaleza tiene derecho a la vida y a regenerarse, y que sin la madre Tierra los seres humanos no podemos vivir.

Hermanos indígenas, junto a los hermanos campesinos y a los movimientos sociales del mundo, movilizarnos para que las conclusiones de Cochabamba sean asumidas en Cancún y para impulsar un mecanismo de ACCIONES RELATIVAS A LOS BOSQUES basado en estos cinco principios, manteniendo siempre en alto la unidad de los pueblos indígenas y los principios de respeto a la Madre Tierra que por siglos hemos preservado y heredado de nuestros antepasados.


Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.


Letter from Evo Morales:

Nature, forests and indigenous peoples are not for sale

Indigenous brothers of the world:

I am deeply concerned because attempts are being made to use some indigenous leaders and groups to promote the commodification of nature and, in particular, of forests through the establishment of the REDD mechanism and its REDD+ and REDD++ versions.

Every day an area of forests and rainforests equal to 36,000 soccer fields disappears in the world. Each year, 13 million hectares of forest and rainforest are lost. At this rate, the forests will disappear by the end of the century.

Forests and rainforests are the largest source of biodiversity. If deforestation continues, thousands of animal and vegetable species will be lost forever. More than three quarters of accessible freshwater come from catchment areas in forests; therefore water quality worsens when the forest condition deteriorates. The forests provide protection against flooding, erosion and natural disasters. They provide both non-timber and timber goods. Forests are a source of natural medicine and healing elements that have yet to be discovered. Forests and rainforests are the lungs of the atmosphere. Eighteen percent of all greenhouse gas emissions produced in the world is caused by deforestation.

It is essential to stop the destruction of our Mother Earth.

In climate change negotiations, everyone currently recognizes the importance of preventing the deforestation and degradation of forests. However, to achieve this, some propose to commodify forests on the false argument that people only care for and conserve that which has a price and an owner.

Their proposal is to only consider one of the functions of the forests, which is their ability to absorb carbon dioxide, and issue “certificates”, “bonds” or “carbon rights” that are commercialized in a carbon market. Therefore, the companies of the north may choose between reducing emissions in their countries or buying “REDD certificates” in the countries of the south, according to their economic convenience. For example, if a company has to invest US$ 40 or US$ 50 to reduce the emission of one ton of CO2 in a “developed country,” it would prefer to buy a “REDD certificate” for US$ 10 or US$ 20 in a “developing country,” so it can say it has reduced the emissions of said ton of CO2.

Through this mechanism, developed countries will hand off their obligation of reducing their emissions to developing countries and the south will once again fund the north, since the company in the north will save a lot of money by buying carbon “certificates” from the forests in the south.

Not only will they cheat on their commitments to reduce emissions, but they will also kick off the commodification of nature starting with the forests. The forests will start being priced based on the number of CO2 tons they are able to absorb. The “bonds” or “carbon rights” that certify this absorption capacity will be sold and bought like any good around the world. In order to make sure that no one damages the property of the buyers of “REDD certificates”, a series of restrictions that will ultimately affect the sovereign right of countries and indigenous peoples over their forests and rainforests will be put into place. So begins a new stage of privatization of nature never before seen that will extend to water, biodiversity and what are referred to as “environmental services”.

While we assert that capitalism is the cause of global warming and the destruction of forests, rainforests and Mother Earth, they are now looking to expand capitalism to the commodification of nature under the term “green economy”.

In order to obtain support for this proposal to commodify nature, some financial institutions, governments, NGOs, foundations, “experts,” and trading companies are offering a percentage of the “profits” of this commodification of nature to the indigenous peoples and communities living in native forests and rainforests.

Nature, forests and indigenous peoples are not for sale.

For centuries, the indigenous peoples have lived conserving and preserving the native forests and rainforests. For us, the forests and rainforests are not objects; they are not things that can be priced and privatized. We do not accept reducing the native forests and rainforests to a single measurable quantity of carbon. Nor do we accept confusing native forests with simple plantations of one or two tree species. The forests are our homes; they are a big house where plants, animals, water, soil, pure air and human beings coexist.

It is important for all countries of the world to work together in order to prevent the deforestation and degradation of the forests and rainforests. It is the developed countries’ obligation and it is part of their climate and environmental debt to contribute financially to the preservation of forests, but NOT through their commodification. There are many ways to support and finance developing countries, indigenous peoples and local communities that contribute to the preservation of forests.

Developed countries spend ten times more public resources on defense, security and wars than climate change. Even during the financial crisis, many have maintained and increased their military spending. It is unacceptable that attempts are made to involve indigenous peoples in the commodification of nature by taking advantage of the needs of communities and the ambitions of some indigenous leaders and “experts”.

All forest and rainforest protection mechanisms must guarantee indigenous rights and participation, but we cannot accept that the carbon from forests and rainforests is priced and negotiated in a world market just because indigenous participation is achieved in REDD.

Indigenous brothers, let us not get confused. Some people tell us that the REDD carbon market mechanism will be voluntary. In other words, he who wants to sell and buy will be able to do so, and he who does not want to will be able to stand aside. We cannot accept that a mechanism is created with our consent in which some people voluntarily sell Mother Earth while others look on and do nothing.

In light of these reductionist and commercial views of forests and rainforests, the indigenous peoples with the peasants and social movements of the world must fight for the proposals set forth by the World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth:

1) Integrated management of native forests and rainforests, considering not only their role in mitigating CO2 emissions, but all their functions and potential, avoiding confusion with simple plantations.

2) Respect for the sovereignty of developing countries in the comprehensive management of their forests.

3) Full compliance with the Rights of Indigenous Peoples established by the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Convention 169 of the ILO and other international instruments; recognition of and respect for their territories; revaluation and implementation of indigenous knowledge for the preservation of forests; indigenous peoples’ participation and management of forests and rainforests.

4) Funding of developed countries to developing countries and indigenous peoples for the comprehensive management of forests as part of their climate and environmental debt. No establishment of any mechanism of carbon markets or forest “incentives” that may lead to the commodification of forests and rainforests.

5) Recognition of the rights of Mother Earth that include forests, rainforests and all its components. In order to restore harmony with Mother Earth, the path to be taken is not to put a price on nature, but rather to recognize that not only humans have rights to life and reproduce, but that nature has the right to life and to reproduce and that human beings cannot life without Mother Earth.

Indigenous brothers, together with our peasant brothers and the social movements of the world, we must mobilize so that the conclusions of Cochabamba are taken up in Cancun to promote a mechanism of FOREST ACTIONS based on these five principles, while always deeply valuing the unit of indigenous peoples and principles of respect for Mother Earth, which we have preserved for centuries and inherited from our ancestors.

Evo Morales

President of the Plurinational State of Bolivia

Informe Bagua: Razones de los integrantes de la Comisión en desacuerdo

Las razones por las cuales los representantes de los nativos no firmaron el informe del Ejecutivo que limpia a los verdaderos responsables de la muerte de 34 peruanos en Bagua.

El presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manacés, y la integrante de esta comisión, religiosa Carmen Gómez Calleja, entregaron el pasado sábado al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova Vélez, explicando sus razones por las que no están de acuerdo con el informe firmado por los otros miembros de la comisión.

Lima, 25 de Diciembre del 2009

Señor:
Adolfo de Córdova Vélez
Ministro de Agricultura.

Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:

1 En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen Gómez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisión y el cual -tal como se me comunicó oportunamente- había sido dejado desde el día 22 de diciembre el año en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los demás miembros de la CEI pudiéramos leerlo y decidir si lo suscribíamos o no. Fue sólo gracias a la gestión del Presidente de la Comisión que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.

2 En segundo lugar, era de esperarse que luego de las unánimes críticas que desató una primera versión del Informe, que fue de conocimiento público, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relación con las pruebas recopiladas por nuestra Comisión durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurrió.

3 Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias.

4 En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayoría de sus afirmaciones carece de una sustentación rigurosa, por más esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se están tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ningún correlato con lo recogido por la Comisión.

5 Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no “comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas.



Durante el tiempo de trabajo de la comisión se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados tenían distintos puntos de vista y no se llegó a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexión conjunta; de ahí nuestra insistencia en la ampliación del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son más complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opinión de algunos miembros de la comisión, pero la afirmación de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de indígenas u organizaciones representativas.

Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicación o explicación de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran número de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.

6 Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos.

7 En la cronología efectuada se han incluido muchos hechos que no tienen una justificación adecuada, mientras que, a la vez, se omiten otros que, por el contrario, son sumamente relevantes. En varios momentos de la cronología, además, el Informe Final no se limita a mencionar el hecho, sino que lo comenta o valora, lo que desnaturaliza el recuento de hechos y le infiere un componente de subjetividad valorativa impropio de una investigación objetiva e imparcial.

8 Si bien de los testimonios que se logró recoger, y que no han sido valorados adecuadamente por falta de tiempo, se vislumbran responsabilidades en los militares y policías, no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo, qué coordinaciones se tuvo entre ambas instituciones o con otras instituciones del Estado y cual fue el rol del ejecutivo en estos hechos.

9 En suma, la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones.

10 Como es de dominio público, el 5 de junio de 2009 aconteció en Bagua, Amazonas, Perú, una situación de conmoción y confrontación social acumulada, que tuvo como protagonistas al Estado y a los pueblos indígenas amazónicos y dejó un lamentable saldo de 33 víctimas mortales, un policía desaparecido y más de 200 heridos, de los cuales 82 fueron de impacto de bala.

Tres meses más tarde, el 7 de septiembre de 2009, se creó la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a través de la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG asignándole como objeto “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicas, políticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación”.

Conforme a su norma de creación, la CEI debió estar presidida por los principios de verdad, justicia, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad y exhaustividad; y su finalidad esencial es contribuir a que “hechos similares nunca más vuelvan a suceder”.

No obstante, los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. En particular, la responsabilidad de quienes, por la posición que ocupaban u ocupan en el ejercicio del poder, tuvieron una implicación directa y pública en estos hechos; derivándose más bien estas responsabilidades a actores secundarios o, alterando incluso la verdadera naturaleza de los hechos, para sindicar dicha responsabilidad a terceros, lo que impide esclarecer las verdaderas responsabilidades.

11 El análisis de los sucesos de Bagua hecho por los miembros de la Comisión que suscriben el denominado Informe Final, no sólo no ha respetado el principio de objetividad, imparcialidad y exhaustividad al que estaba obligada por mandato legal, sino que, además, no ha respetado aspectos sustanciales del procedimiento formal para el logro de sus objetivos.

12 El gobierno, por su parte, no colaboró efectivamente con el desarrollo del objetivo de la Comisión, pues no se le otorgó el financiamiento y medios necesarios para que lleve a cabo con eficiencia su labor.

13 En efecto, la CEI se instaló el 7 de septiembre de 2009, pero nunca se aprobó el Presupuesto, ni asignaron, y menos se proveyeron las recursos y el tiempo necesarios para que pudiera cumplir con su objeto. Recursos aprobados con este fin por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca se hicieron efectivos. El Ministerio de Agricultura solventó dos viajes de la CEI; este fue el único apoyo en lo que se refiere a presupuesto.

14 Otros órganos del Estado obstaculizaron igualmente la actuación de la CEI, como fue el caso de funcionarios del Ministerio Público, quienes negaron al Presidente de la Comisión, señor Jesús Manacés, los documentos de la investigación fiscal. Lo mismo ocurrió con el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior, que le fue negado al Presidente de la CEI pese a solicitarlo en varias oportunidades. Ambas entidades se excusaron argumentando para ello que las investigaciones estaban en proceso.

15 A pesar de tener por objeto la búsqueda de la verdad, la CEI no pudo interrogar, en ningún momento, a diversos personajes que, sin embargo, son protagonistas esenciales del relato que ella misma construyó alrededor de los sucesos del 05 de junio de 2009 en Bagua, así como de los hechos anteriores y posteriores al mismo.

16 No se pudo lograr la entrevista con el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, que hubiera sido muy importante para aclarar algunos aspectos que se dieron previo, durante y después del proceso, que contribuirían a la reconciliación nacional, de acuerdo a la finalidad de esta comisión.

17 La CEI tampoco interrogó a los promotores directos de los decretos legislativos que, como la misma CEI reconoce, afectaban los derechos indígenas, carecían de legitimidad porque no fueron consultados con los pueblos indígenas, tal como instruía el Convenio 169 de la OIT y fueron “el desencadenante que generó el paro y las movilizaciones amazónicas a nivel nacional”. En el caso particular de la Ministra Mercedes Flores Aráoz, pese a que se la citó, no se pudieron conocer las razones que la llevaron a sostener, con insistencia y una buena dosis de alarmismo, que si se derogaban los decretos legislativos cuestionados se ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio celebrado (TLC) con los EE.UU. y el Perú podía ser objeto de sanciones internacionales. Afirmación que luego el señor Yehude Simon, ex Presidente del Consejo de Ministros durante los sucesos de Bagua, se encargó de desmentir tajantemente. Este último, tampoco fue entrevistado por la Comisión pese a la eminente y crítica posición que ocupó en el momento en que ocurrían los hechos objeto de investigación por la CEI.

18 En el Informe Final, los miembros de la CEI que lo suscriben, hacen graves imputaciones a organizaciones sociales, dirigentes, ONGs, medios de comunicación y miembros de la Iglesia Católica, a los que sin embargo, ni individualizaron, ni citaron para tomar su declaración y poder confirmar o desvirtuar los cargos que les atribuía. Lo cual invalida estas afirmaciones, pues no fueron llamados a rendir sus declaraciones; por ello consideramos que este informe es incompleto y tendiente a graves errores y no contribuye a la reconciliación nacional.

19 Asimismo, aunque el Informe Final atribuye directa responsabilidad a varios parlamentarios del Partido Nacionalista (PNP), a quienes sindica como promotores de la movilización indígena y la comisión de actos violentos urbanos (sic), en su gran mayoría tampoco fueron citados ni escuchados. De igual forma, no fueron citados ni escuchados los representantes de las rondas campesinas, dirigentes magisteriales o integrantes de determinados Frentes de Defensa locales a quienes el Informe Final atribuye la comisión de actos violentos, como también ocurrió respecto de representantes y dirigentes indígenas.

20 El Informe Final tampoco incluyó la versión u opinión de ninguno de los deudos de las víctimas civiles, fueran estas mestizas o indígenas y de ninguno de los 16 trabajadores que estuvieron en la Estación de Bombeo Nº 6. Ningún miembro de la DINOES declaró de forma reservada ante la CEI.

21 A pesar de haber entrevistado al Presidente del Congreso durante los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, señor Javier Velásquez Quesquén, y teniendo claro que la palabra empeñada del Congreso para revisar los decretos fue frustrada, el Informe Final no ofrece ninguna explicación de por qué, pese a que desde el mes de diciembre de 2008 una Comisión Multipartidaria, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, había recomendado la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo por inconstitucionales, dicha decisión se postergó una y otra vez, siendo algunos derogados cuando ya la violencia se había desatado con el conocido saldo lamentable de víctimas mortales que produjo.

22 El Informe Final no toma en cuenta el marco internacional de respeto a los derechos humanos de todas las personas y en especial de los pueblos indígenas y en estado de emergencia.

23 Aunque el Informe Final destaca la promulgación por el Poder Ejecutivo y el Congreso de una vasta cantidad de normas, con implicaciones directas e indirectas vinculadas al ejercicio de derechos indígenas, no pone de relieve que ninguna de estas fue consultada con las organizaciones indígenas, violando con ello su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones de la administración que les afectan.

24 Los miembros firmantes del Informe Final pasan por alto que la dolorosa pérdida de vidas humanas con que se saldó el conflicto de Bagua en junio pasado, obligaba a una profunda reflexión encaminada a reconciliar al Estado peruano con los pueblos indígenas amazónicos del Perú; y, por este motivo, procurar por todos los medios, evitar las circunstancias que podrían dificultar un diálogo genuinamente respetuoso y de buena fe entre ambas partes, disipando con ello la posibilidad de que ocurran nuevos conflictos.

En este mismo sentido se ha pronunciado unánimemente la comunidad internacional, como se desprende de los pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (señor James Anaya), la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Comité de la ONU contra todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes persistentemente han hecho llamados a la prudencia, a un diálogo respetuoso y al cese de la represión contra los dirigentes y representantes indígenas.

25 La CEI no contó con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos que tenía planteados; El Informe Final apenas hace referencia a las recomendaciones de las agencias internacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.

26 Temas de investigación y protagonistas esenciales en los hechos materia de investigación no fueron abordados; el valioso material informativo recopilado por la Comisión no fue analizado conjuntamente por sus miembros de forma debida. El tiempo tan corto fue uno de los elementos en contra.

27 En el Informe Final se da un peso excesivo a los testimonios ligados a la versión oficial de los hechos, y se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua.

28 A pesar de que superficialmente se habla en el Informe Final de la exclusión y marginación histórica y estructural de los Pueblos Indígenas, no profundiza en las verdaderas raíces del conflicto, por lo que no contribuye en concreto a generar las condiciones que permitan superar estas brechas. Especialmente, no analiza en profundidad el deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas a partir del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Un deterioro profundizado por los decretos legislativos emitidos con base a la delegación de facultades legislativas llevada a cabo por el Congreso para implementar el TLC y cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos.

29 El Informe Final omite destacar, asimismo, el traumático estado actual de todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ante la inconsulta y progresiva ocupación de sus territorios y el deterioro sustantivo de sus recursos vitales, así como los gravísimos impactos a su salud, a su derecho a la alimentación y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna, por parte de las empresas extractivas -petroleras, mineras y madereras- beneficiadas con las concesiones otorgadas por el Estado. Esta omisión elude tratar la causa estructural que, según los pueblos indígenas amazónicos, explica el actual conflicto con el Estado peruano.

30 Pese a que se reconoce que no existen mecanismos para garantizar la participación de los pueblos indígenas, el Informe Final no profundiza en el significado que esta ausencia tiene respecto del control de estos pueblos sobre su propio desarrollo.

31 En el recuento de los hechos de violencia cometidos durante los sucesos de Bagua, el Informe Final se basa en testimonios parciales que caracterizan como una actuación defensiva una acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir -como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía.

32 En este mismo sentido, no se explican las razones que tuvieron los mandos policiales y militares para actuar como actuaron o, en su caso, para determinar quién les ordenó que actuaran de esta forma.

33 La formulación del Informe Final no tuvo suficientemente en cuenta la característica que tiene el proceso colectivo y no individualizado de toma de decisiones de los pueblos indígenas, donde los dirigentes deben asumir la función para la que han sido designados y no tratar los asuntos de sus pueblos como una cuestión personal o particular.

34 El Informe Final no manifiesta un principio y derecho básico referido al valor de la vida y que todo acto de violencia, venga de donde venga, va en contra de toda legalidad. No se explicita el repudio de las formas como se enfrentaron hermanos peruanos. No se debe olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. No se expresan las condolencias a todo familiar y toda persona que ha sido gravemente afectado por este conflicto. Falta el aspecto de sensibilidad humana en el Informe Final.

35 Junto con la búsqueda de la verdad, la CEI tiene como objetivo proponer condiciones para que tales hechos no se repitan. A pesar de ello ésta no ha hecho notar el clima de permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas.

36 El Informe Final carece de una dimensión inherente a la reconciliación, que es la de generar medidas para reparar los daños infringidos a todas las partes involucradas en el conflicto; y en especial, proponer medidas que reviertan, aunque fuere en parte, el dolor sufrido por las familias y comunidades que han sufrido la pérdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto.

Proponemos que a la brevedad posible se cumpla con satisfacer las demandas que los afectados directamente por los sucesos del 5 de Junio, tanto civiles como policías o deudos, teniendo en cuenta los aspectos de salud, situación económica, situación legal e indemnizaciones.

37 Debe garantizarse la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la Comisión, su sistematización adecuada y la identificación de los vacíos de información pendientes, tomando este acervo como material de base para que, con los recursos y el tiempo requeridos, se pueda realizar el trabajo de investigación que la CEI no pudo concluir.

38 Se deben buscar los mecanismos que garanticen una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten su propio desarrollo, implementando de manera sistemática y efectiva el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la revisión de la legislación y las instituciones concernidas para adecuarlas al carácter plurinacional de nuestro país.

39 Lamentamos que todo el esfuerzo desplegado no haya llegado a buen fin, básicamente porque no se ha contado con el tiempo ni los mecanismos, ni las facilidades para hacer el trabajo que el Informe Final requería.

40 Debe asumirse como una tarea pendiente esclarecer lo que verdaderamente ocurrió el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones, aprovechando el material ya recopilado y completando éste.

41 Es muy importante que en cualquier investigación se cuente con la participación de los organismos internacionales; tal como lo sugirió el relator de las NNUU en su informe.

42 Los suscritos manifestamos que el presente documento tiene como objetivo explicar las razones por las que no podemos suscribir el Informe Final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Hacemos también observaciones en cuanto a puntos afirmados, por su falta de sustentación, su disconformidad con la investigación realizada por la CEI y por contradecir ideas y afirmaciones que existen al respecto.

43 Los que suscribimos esta carta nos comprometemos a presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisión, así como en otros documentos públicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta.

Fuente: Diario La Primera

Informe presentado al Ministro de Agricultura.

COP#15, Copenhague : "Ave imperator, morituri te salutant"

La Cumbre sobre el Cambio Climático de la ONU en Copenhague, COP#15 ha sido oficialmente clausurada con un acuerdo que está muy lejos de las medidas necesarias para abordar el calentamiento global.

El acuerdo no vinculante, que llegó de los EE.UU. con los países clave, incluyendo China, India, Brasil y Suráfrica (España y Suecia como convidados de piedra representando a Europa) incluye el reconocimiento a limitar la subida de la temperatura a menos de 2 º centígrados, pero no impone objetivos específicos para la reducción de gases de efecto invernadero.

Obama llegó a Copenhague, como dejó claro en su discurso ante el pleno, para presionar a China sobre la necesidad de aceptar alguna forma de control sobre las promesas de recorte de emisiones. Trató en el encuentro con Wen Jibao el control de emisiones y la transparencia, pero Wen Jibao no se dio por aludido, es más su malestar por la forma de exponerlo le condujo a que el interlocutor chino fuera un funcionario de tercera categoría del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Salió de esa reunión tan indignado con la actitud china que pidió otra entrevista bilateral con Wen y dijo sólo hablaría con el primer ministro en persona.

Estados Unidos trataba de organizar una reunión con los líderes de Brasil, de India, y de Suráfrica ya que estos tres países han venido respaldando de forma más o menos coordinada las posiciones de China.

India dijo que su delegación ya estaba en el aeropuerto, Brasil manifestó que, sin los indios, no participaría, y Suráfrica, que aceptaba inicialmente, no creía necesario acudir a la reunión si no estaban ni indios ni brasileños.

Cuando Obama acudió a su entrevista con Wen Jibao fue informado de que la sala prevista para el encuentro estaba ya ocupada por una reunión de Wen con Brasil, India y Suráfrica. Abrió la puerta, le preguntó en voz alta a Wen -esta parte fue grabada por las televisiones-: "¿Estás listo para encontrarnos?" y, tras la respuesta obtenida, entró. El presidente norteamericano ni siquiera tenía un asiento en la mesa.

Wen Jibao demostró que Estados Unidos de Norteamérica es un "Tigre de Papel"(moneda) y aplicó la famosa frase de Deng Xiaoping de que "lo importante del gato, sea negro o blanco, es que cace ratones". China convocó en el mismo lugar y a la misma hora por separado a Obama y a su grupo de países amigos.

Obama les dijo a los líderes de esos cuatro países que, si ellos no aceptaban un acuerdo, Estados Unidos estaba decidido a anunciar un compromiso por separado con los países europeos y otros muchos de otras partes del mundo. Les advirtió del riesgo de que aparecieran ante la opinión pública como los responsables del fracaso de Copenhague.

Lula, se marchó de la conferencia de Copenhague casi al mismo tiempo que su homólogo estadounidense, Barack Obama, es decir, sin esperar a que concluyesen las negociaciones. Brasil tenía claro que la cumbre había fracasado y que la mejor opción era abandonar la capital danesa rápidamente. El líder brasileño, cuando ya sabía que las negociaciones habían entrado en punto muerto, pronunció un ovacionado discurso, y ante la sorpresa de su propio equipo negociador, se mostró dispuesto a que Brasil contribuyese con dinero al fondo verde global, que sufragaría la adaptación de los países pobres a los retos del cambio climático. Sabía que con su ofrecimiento estaba dejando en evidencia a un Obama de perfil bajo. Lula supo jugar sus cartas, con astucia y sin estridencias.

Barack Obama declaró "Hoy hemos hecho un progreso significativo y sin precedentes , aquí en Copenhague. Por primera vez en la historia, todas las mayores economías se han unido para asumir la responsabilidad de tomar medidas para afrontar la amenaza del cambio climático.". "Esto es lo que habíamos venido a hacer", confesó a los periodistas, con la sensación del deber cumplido.

Pero a la vez, Washington ha conseguido lo que Bush no logró: sacar la negociación fuera del plenario de Naciones Unidas, donde cualquiera de los 193 países puede vetar cualquier acuerdo y eternizar las discusiones. Obama negoció a puerta cerrada, lo entregó al pleno y se fue. Bush intentó crear un foro paralelo a la ONU en el que las grandes economías se pusieran de acuerdo para, de forma voluntaria, afrontar el cambio climático. Fracasó.

Para muchos, Barack Obama ha sido la gran decepción. En todo el Bella Centre, los periodistas y delegados se pararon para ver los monitores de televisión, esperando a que el presidente estadounidense hiciera un milagro o empleara su oratoria para inspirar a todos a sacar un acuerdo de la manga. Se escucharon comentarios como: "Nada nuevo", "¿Porqué vino?", "Qué decepción", comentaba el analista de la BBC James Painter.

La declaración suaviza las alusiones de textos anteriores a los mecanismos de supervisión y verificación de las emisiones, a lo que se oponía China, y alude a sistemas "internacionales de consulta y análisis" que "garantizarán que se respeta la soberanía nacional".

Los países que reciban fondos para esas acciones de mitigación deberán someter sus emisiones a mediciones nacionales y comunicarlas cada dos años a la Convención de la ONU del Cambio Climático.

El acuerdo refleja la postura de los países emergentes, como China, la India y Brasil, que se han negado durante la conferencia a asumir compromisos vinculantes a escala internacional y que pedían que los mecanismos de supervisión no vulneraran su soberanía.

Pero las Naciones Unidas reconocieron formalmente la declaración política dirigida por el Presidente de los EE.UU., Barack Obama, y el premier chino Wen Jiabao la pasada noche, fuera del proceso oficial de negociación.

"Tenemos un acuerdo", aseguró el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sin embargo, el máximo responsable de la ONU admitió que es "consciente de que esto es sólo el principio. Deberemos transformar esto en un tratado legalmente vinculante el año que viene. La importancia del texto sólo será reconocida cuando se convierta en una ley internacional", matizó.

Muchos estados aceptaron el acuerdo a regañadientes porque lo consideran corto en acciones concretas. Otros, como algunos países latinoamericanos y algunos estados insulares, se sienten descontentos, no sólo con el contenido del acuerdo, sino también con la manera en que se ha elaborado, ya que fueron excluidos del proceso de elaboración.

Corresponde ahora a los parlamentos nacionales a adoptar el acuerdo, después de lo cual los firmantes se verán obligados a tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y empezar a prepararse para ayudar a los países pobres a adaptarse a el cambio climático.

El acuerdo, de una aceptación mucho más amplia de las naciones que el calentamiento global debe limitarse a un aumento de menos de 2º centígrados. También preserva la Protocolo de Kyoto por ahora. Por supuesto después de ofrecer el "palo", vino la zanahoria de dinero para ayudar a las naciones más pobres frente al cambio climático ,y prometen una inversión de 30 mil millones de dólares desde 2010 a2012 y hasta 100 mil millones de dólares al año a partir de 2020 , pero no se dieron detalles sobre su origen. Esta cifra equivale apenas a la sexta parte del presupuesto militar de Estados Unidos.

La representante de Venezuela aseguró que no estaban dispuestos a "vender su voto por 30.000 millones de dólares". Varios grupos ambientalistas expresaron su profunda desilusión. John Sauven, de Greenpeace dijo que “la ciudad de Copenhague es esta noche la escena de un crimen, en la que los culpables están escapando al aeropuerto. No hay objetivos para los recortes de carbono y no hay acuerdo sobre un tratado legalmente vinculante”.

También hubo protestas por parte de representantes de naciones pequeñas como la isla de Tuvalu, cuyo representante calificó el acuerdo de inaceptable.

El documento no hace mención de los puntos clave en los que el acuerdo se había previsto. No hay objetivos específicos para la reducción de gases de efecto invernadero, es decir, ninguna medida para mantener las temperaturas en el aumento de menos de 2 º centígrados que estaba definida.

Tampoco hubo ninguna fecha límite para la conclusión de las negociaciones sobre el clima, a pesar que muchos líderes habían dicho anteriormente que de seis meses a un año debería ser el plazo máximo de demora.

Lumumba Di-Aping, el presidente de Sudán, del grupo G77 de 130 países pobres, comparó el acuerdo propuesto con el Holocausto."Esto es pedir a África firmar un pacto de suicidio, un pacto de incineración con el fin de mantener la dependencia económica de unos pocos países. Es una solución basada en los valores que llevaron a seis millones de personas en Europa a los hornos crematorios".

Di-Aping con los comentarios provocó protestas inmediatas y pidieron que retirara sus comentarios. Suecia lo definió como "absolutamente despreciable" y el ministro británico, Ed Miliband, condenó lo que calificó de "repugnante la comparación", que dijo "debería ofender a la gente de esta conferencia, independientemente del origen de dónde vengan". En la sesión plenaria final, un delegado de Venezuela dijo "Ustedes son testigos de un golpe de Estado contra la ONU".

Todavía no está claro cuántos estados van a firmar el acuerdo. La Unión Europea, Japón, la Unión Africana y la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS) todos los delegados instaron a adoptar el plan, pero algunos países de América Latina y Sudán se sabe que están vehementemente en contra.

La conferencia dijo que "toma nota" del acuerdo y dijo que el documento que establece el acuerdo final especifica una lista de países que están a favor del acuerdo, ya que algunos países estaban todavía inflexibles y dijeron que no lo aceptarían. Los convenios sobre los bosques, la tecnología, las finanzas y la reducción de las emisiones se negociarán durante el próximo año

• Culpas y pactos.

Los países ricos y pobres (o en desarrollo, según el eufemismo generalmente utilizado) se culpan mutuamente por el fracaso de acuerdo de Copenhague, las naciones ricas han acusado de tácticas intimidatorias a los países en desarrollo.

El juego de la culpa en el fracaso de las negociaciones de Copenhague sobre el clima comenzó con los países que se acusan mutuamente de una total falta de voluntad de compromiso. El grupo G-77, de 130 naciones en desarrollo culpó a Obama por "bloqueo a los pobres en la pobreza permanente, al negarse a reducir las emisiones de EE.UU. más".

" Los acontecimientos de hoy son los peores para el desarrollo de el cambio climático en la historia ", dijo su portavoz. Pablo Solón, embajador de Bolivia ante la ONU, culpó a los anfitriones daneses por convocar sólo un pequeño grupo de países para preparar un texto que exponer ante los líderes del mundo. "Esto es totalmente inaceptable. ¿Cómo puede ser que del 25 al 30 naciones cocinen de un acuerdo que excluye a la mayoría de las 190 naciones".

Pero los países ricos, dijeron, que los países en desarrollo habían perdido demasiado tiempo en los "procesos" en lugar de la sustancia de las conversaciones. Sin embargo, Martin Khor, director del South Centre, un think tank de un grupo de expertos para países desarrollo dijo, "los países en desarrollo están muy decepcionados porque han invertido mucho tiempo en los documentos que se están negociando aquí."

"Se trató de sobornar e intimidar a las naciones en desarrollo a firmar hasta el equivalente de una sentencia de muerte. El mejor resultado ahora no es el acuerdo", dijo Tim Jones, director de política climática del World Development Movement.

El primer ministro chino, Wen Jiabao, culpó a la falta de confianza entre los países: "Para responder al desafío del cambio climático, la comunidad internacional debe fortalecer la confianza, construir consensos, realizar esfuerzos vigorosos y mejorar la cooperación".

El presidente boliviano Evo Morales culpó al capitalismo y los EE.UU. "La reunión ha fracasado. Es lamentable para el planeta. La culpa es de la falta de voluntad política por un pequeño grupo de países encabezados por los EE.UU.".

Incluso los veteranos de las anteriores negociaciones ambientales se fueron decepcionados. "Teniendo en cuenta donde comenzamos y las expectativas para esta conferencia, nada menos que un producto jurídicamente vinculante y de acuerdo está muy por debajo de lo marcado", dijo John Ashe, Presidente de las negociaciones del protocolo de Kioto.

El máximo responsable de Greenpeace, Kumi Naidoo, ha culpado a los líderes mundiales del fiasco y criticado un texto que, ha dicho, “no es justo, vinculante ni ambicioso”.

“Durante dos años, desde Bali, hemos trabajado para mostrar a los líderes la urgencia de un conjunto de acuerdos que eviten alteraciones climáticas catastróficas y una pérdida de vidas que ya está ocurriendo a un ritmo de entre 200.000 y 300.000 personas por año, debido a los impactos climáticos. Desgraciadamente, nuestros líderes no han actuado con la urgencia que requiere la situación”, ha señalado Naidoo.

• Filtrado el informe confidencial de la ONU.

El proyecto inicial de la secretaría de la ONU muestra diferencias de hasta 4,2 gigatoneladas de CO2 entre las promesas actuales y los recortes necesarios para limitar un aumento a 2º centígrados.

Los recortes de las emisiones ofrecidas hasta ahora en la Cumbre de Copenhague para Cambio Climático todavía daría lugar a aumento de la temperatura global en un promedio de 3º centígrados, según un análisis confidencial de las Naciones Unidas.

Con las conversaciones de las últimas 24 horas (viernes y sábado) , la aparición del documento socava gravemente las declaraciones de los gobiernos que están destinadas a limitar las emisiones hasta un nivel que garantice no más de un aumento de la temperatura 2º centígrados en el próximo siglo.

Un aumento de 3º centígrados supondría que 170 millones de personas sufrirán graves inundaciones costeras y 550 millones más en riesgo de hambruna, según el informe Stern del cambio climático para el gobierno del Reino Unido, así como dejar hasta un 50% de las especies en peligro de extinción. Incluso un aumento de la 2º centígrados daría lugar a una fuerte disminución de los rendimientos de los cultivos tropicales, más inundaciones y sequías.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se comprometió a respaldar los EE.UU. a $ 100 mil millones a un fondo mundial de años el clima a partir de 2020 para proteger a los países pobres de los estragos del calentamiento global. Barack Obama espera ofrecer aún más dinero en efectivo.

El documento fue elaborado por la Secretaría de las Naciones Unidas ejecuta la cumbre de Copenhague y tiene fecha, 15 de diciembre y hora, 11 p.m. en la noche del martes. Está marcado "no distribuir" y "proyecto inicial".
(Puede leerse, en inglés al final del post).

Joss Garman de Greenpeace, dijo: "Este es un documento explosivo que muestra los números sobre la mesa en este momento conducirían a nada menos que la ruptura del clima y una situación extremadamente peligrosa para la humanidad. La ONU está admitiendo en privado que las promesas hechas por los líderes del mundo conducirían a un aumento de las temperaturas de 3º centígrados. La ciencia demuestra que puede llevar al colapso de la selva amazónica, la escasez de agua paralizante en toda América del Sur y Australia y la casi extinción de los arrecifes de coral tropicales, y eso es sólo el comienzo de la misma".

Bill McKibben, fundador de la campaña 350.org, señaló: "En cierto sentido esto no es ningún secreto lo hemos estado diciendo durante meses. Sin embargo, es de gran alcance que las Naciones Unidas confirman su propia falta de sinceridad". No sabía porqué su nombre fue escrito en la parte superior del documento filtrado.

El documento interno dice: "Otras medidas son posibles y necesarios para llenar el vacío. Esto podría hacerse mediante el aumento de las reducciones de emisiones globales [en los países ricos], al menos el 30% por debajo de los niveles de referencia, las acciones voluntarias más fuertes de los países en desarrollo [ tales como China y la India] para reducir sus emisiones al menos un 20% por debajo de negocios como de costumbre, y reducir aún más las emisiones de la deforestación y de la aviación internacional y el transporte marítimo ".

Asesor climático de Oxfam Internacional, Hugh Cole, dijo: "En esta etapa, un acuerdo que no mantiene el aumento de la temperatura por debajo de dos grados no es simplemente lo suficientemente bueno."

A principios de esta semana Rajendra Pachauri, que dirige el panel Intergubernamental de las Naciones Unidas de Expertos sobre el Cambio Climático, dijo que incluso con la subida de 1.5º grados , muchas comunidades lo sufrirán. "La mayoría de las regiones más vulnerables del mundo serán los más afectados. Estos serán los países más grandes del mundo en desarrollo. Tienen poca infraestructura que pueda protegerlos de los cambios climáticos. La tragedia de la situación es que los países que no han contribuido en absoluto al problema del cambio climático serán los más afectados ".

"Algunas partes del mundo, incluso con un aumento de 1.5º centígrados, sufrirán grandes penurias y pierden su capacidad de llevar una forma digna y estable de la existencia. Si vamos a estar preocupados por estas comunidades, quizá es el aumento de 1.5º centígrados debería ser el objetivo. Pero si podemos encontrar los medios por los cuales las comunidades pueden ser ayudadas a soportar el impacto del cambio climático con un flujo sustancial de las finanzas, tal vez se puede conseguir con el aumento de 2º centígrados .

Un juzgado de Copenhague ha dictado este sábado prisión preventiva hasta el 7 de enero para el director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, y otros dos activistas de este grupo por irrumpir el viernes por la noche en la cena de gala para líderes mundiales en la cumbre climática, presidida por la reina Margarita de Dinamarca donde desplegaron una pancarta con el lema "Los políticos hablan, los líderes actúan", antes de ser detenidos.

*"Ave imperator, morituri te salutant" (literalmente. "Salud, Emperador, los que van a morir te saludan)". Es una invocación al emperador romano Claudio. La apelación no provenía de los gladiadores dirigiéndose a Julio César, sino de los condenados a muerte que iban a participar en una Naumaquia en la celebración del drenaje del lago Fucino en el año 52 y se dirigieron así, en esa ocasión única y especial, al emperador Claudio.

Borrador filtrado

Acuerdo final de la conferencia.

Bagua: Comisión de la Falsedad y Proyecto de la Ignominia

Por: Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

De la Comisión de la Falsedad se ha filtrado el Proyecto de la Ignominia, el borrador casi ultimado de su Informe sobre Bagua. Ésas son denominaciones merecidas desde que hace unos días se ha conocido el texto. La Comisión ha sido corta en la averiguación y el Proyecto es largo en el adoctrinamiento. Pontifica en todo lo que no ha investigado, esto es en todo. Trivializa hechos e ignora derechos. Reparte a mansalva responsabilidades y no identifica las que desencadenaron la masacre. Adopta una posición paternalista respecto tanto a la ciudadanía peruana como a los pueblos indígenas al tiempo que se permite repartir acusaciones de racismo por doquier.

El racismo hoy más operativo y hasta agresivo es el del paternalismo que se arroga la facultad de decidir por los demás. Es lo que hace la Comisión particularmente respecto a indígenas. ¿Y qué decide por ellos y ellas? Que necesitan tratamiento paliativo para que asimilen más pacíficamente las mismas políticas que vienen atropellando sus derechos y han conducido a la masacre.

Para el Proyecto de la Ignominia tales políticas son plausibles, sólo que no se ha sabido venderlas a indígenas y a la otra parte remisa de la misma ciudadanía peruana. El problema no radica, según el Proyecto, en ellas, sino en la deficiente percepción indígena y de ese contingente no indígena acerca de ellas: “Los nativos piensan que el Estado (…) les quiere quitar todo lo que poseen para proponerlo a la libre disposición de los empresarios”, por lo cual “los nativos reclaman al Estado una consulta y un diálogo amplios”.

No es el Convenio 169, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que el Perú tiene ratificado, el que exige tal consulta, sino solamente “los nativos” y esto además sólo porque ha faltado, asevera el Proyecto, “un diálogo sereno e intercultural”.

El Proyecto no atiende el Convenio 169, este tratado sobre pueblos indígenas, ni siquiera para la terminología. Habla de nativos no sólo porque sea la denominación adoptada por la Constitución del Perú, sino también por cortar toda posibilidad de aplicación del Convenio 169, al que empecinadamente ignora como derecho en vigor a pesar de que ha de mencionarlo en más de una ocasión

El racismo del Proyecto da la cara desde temprano al explicar que el Estado no debe intentar entenderse con indígenas de comunidades ni con representantes de las mismas, sino con quienes ya se hayan transculturalizado, lo que entiende que ocurre por la mera realización de estudios. Está así diciéndose que el Estado puede y debe cooptar la representación indígena. Cito literalmente porque comprendo que resulten posturas difíciles de comprender a estas alturas: “El Estado falló porque tomaba como interlocutores a indígenas que no habían estudiado y marginó a los indígenas que habían estudiado y con los cuales hubiera podido mantener un diálogo hasta comprenderse mutuamente.

El Estado no conocía a los indígenas y tomó a todos como ignorantes. Esto fue interpretado en muchos ambientes como si el Estado hubiera querido sorprender al indígena en su ignorancia para manejarle a su antojo”. El Proyecto pone especial empeño, puede suponerse que interesado, en denunciar “la marginación y exclusión de muchos indígenas que han realizado estudios superiores”.

Lo que se afirma respecto a que el intento del Estado por entenderse directamente con los indígenas fue malentendido resulta en especial ofensivo no sólo por la presunción racista de ignorancia indígena, sino también por el descaro insultante como se presentan unos hechos. El Gobierno efectivamente cooptó sin éxito tras Bagua representación indígena intentando postergar a la respaldada por las comunidades y ahora el Proyecto de la Ignominia pretende que tal fue la percepción errada de la ciudadanía peruana. Este de la contrafactualidad descarada es el tenor continuo del Proyecto.

En el Perú por lo visto tan sólo los miembros de la Comisión de la Falsedad dispuestos a suscribir el Informe, así como sus mandantes, ignoran el transcurso de los hechos. Es por supuesto una afectación de ignorancia que, gracias a la falta notoria de investigación, puede atravesar todo el Proyecto. No voy a comentarlo por entero. Sería cansino y bastante inútil.

Si el Informe final responde al Proyecto, se desmentirá por sí mismo en casa y no se granjeará en el exterior crédito entre gentes de buena fe no sólo por sus torpes alardes de racismo, sino también, más sustantivamente, por no atenerse al derecho internacional de los derechos humanos y, en la forma, por su estilo de vaguedad con los hechos y ataque con las presunciones nada homologable ni compresible internacionalmente.

“A este error (el de intentar entenderse con gentes tan ignorantes como todos y todas los indígenas que no han cursado estudios) contribuyeron personas, ONGs, instituciones y empresas”, así entran en escenas caracteres dramáticos pues les corresponden papeles de malos en la esa obra de ficción que pergeña este Proyecto. Son quienes no dejan al Estado a solas para que, con el papel de bueno que se le asigna a éste, pueda arreglarlo todo con los indígenas.

El mismo Proyecto ya ha sentado que “hay antropólogos, sociólogos, periodistas y ONGs que definen e inculcan diferentes identidades radicales en los indígenas amazónicos; movimientos ideológicos que orientan a los pueblos indígenas en distintas direcciones, se destacan muchos los derechos y poco las responsabilidades”, etc., etc.

La responsabilidad grave para el Proyecto es la de predicar y defender derechos, con lo cual entiende que se genera un mundo de ficción que encandila a los indígenas. He ahí “los conceptos de comunidad nativa, de federación, de economía, de territorio, impuestos desde el exterior con modelos ficticios” y que han venido a romper, asegura el Proyecto, “con el sistema de desarrollo que se habían formulado las misiones preparando a jóvenes en estudios superiores para elevar el nivel educativo y formar una fuerza cultural, intelectual y de desarrollo comunal que superara las contradicciones de la marginación y la exclusión”. Entre el Estado y las viejas misiones, si les dejasen solos, arreglarían las cosas. Para la Comisión de la Falsedad su propia ficción constituye naturalmente la verdad en singular por única.

La presunción racista respecto a indígenas no sólo es la de ignorancia, sino también la de pobreza, una pobreza rodeada de recursos sobre los que no se les reconoce derechos y que así necesitan la intervención del Estado junto, se sobrentiende, a las empresas para beneficio que se presume de los propios indígenas. Es la virtud y el horizonte, afirma el Proyecto, del “desarrollo sostenible”.

Ni siquiera se considera la posibilidad a la vista de que, contando con territorios y recursos, la pobreza indígena, en lo que efectivamente existe, es inducida, como tampoco la consiguiente de que, si se parte del respeto de los derechos indígenas, puede haber otras formas de desarrollo que se beneficien del conocimiento y cuenten con las aspiraciones de las comunidades amazónicas. Nada en este Proyecto se verifica, consulta ni contrasta.

Todo es en él presunción. Y todo para él resulta una cadena de “errores” desde que se ha producido el rechazo de la mediación de las viejas misiones y sus indígenas trasculturalizados entrando en su lugar ONGs y otras huestes que promocionan en cambio “líderes sin estudios”, los que, según el Proyecto, tienen la responsabilidad de haber precipitado los acontecimientos.

A las comunidades indígenas mismas también se les imputa los efectos perversos de esa sustitución y, según siempre el Proyecto, suplantación de mediación y representación. “A este error han contribuido también los pueblos nativos. Estos deben saber que una cosa es la organización interna de las comunidades y el parentesco y otra cosa distinta son las relaciones del Estado con las comunidades nativas. Los Apus y los Curacas tienen poder y autoridad en lo referente a la comunidad pero para entenderse con el Estado deben dejar paso a los indígenas que han estudiado, quienes por su estudio pueden establecen un diálogo fructífero.

Del mismo modo deben abandonar el criterio y el juicio de que los nativos son todos iguales, porque desde el momento en que unos han estudiado y otros no, ya que el que ha estudiado y puede entender a ambas partes, puede defender mejor a su comunidad”. Las comunidades indígenas deben en suma volver a la posición de subordinación propia del colonialismo, lo que el Proyecto no dice así por supuesto. ¿Quién ha hablado de democracia? ¿Quién habla de ciudadanía? No desde luego, respecto a indígenas, el Proyecto de la Ignominia debido a la Comisión de la Falsedad.

Hay misiones distintas a las viejas, a éstas que se ensalzan por mantener unas políticas de tracto colonial, le consta al Proyecto, pero forman facción, nos explica, con las nuevas instituciones mediadoras, los malos de esta ficción, los racistas para el racismo del Proyecto: “Las instituciones foráneas llegan a la selva con prejuicios de raza, de origen cultural y social, de nivel de desarrollo y de comprensión. Los antropólogos, las ONG, los petroleros y misioneros, se muestran superiores a los nativos, en conocimientos, en dinero, en ofertas y en posibilidades, debido a un racismo atávico”.

En todo el Perú, sólo los miembros de la Comisión de la Falsedad dispuestos a suscribir el Proyecto de la Ignominia están libres de racismo. Sólo ellas y ellos conocen la verdad sobre el indígena: “Hay un falso concepto de hombre amazónico y, de aquí, un falso concepto de cultura, lo cual ha llevado a un error en el planteamiento de las relaciones con los indígenas amazónicos. Sobre todo ha habido un falso concepto de hombre, del ser del hombre. El orgullo de la sociedad occidental desprecia los valores de las culturas indígenas”.

He aquí siempre el racismo imaginado en la superficie del espejo donde se refleja el racismo real, el que quiere recuperar e imponer la subordinación sustancialmente colonial. En tales términos extremistas de manipulación interesada no cabe ni siquiera un debate entre posiciones. La Falsedad y la Ignominia va a lo que va, al dominio de los recursos por medio de la trasculturalización de indígenas, y el resto del texto, todo él entonces, no es más que cháchara, pero cháchara agresiva y peligrosa.

Sin investigación propia digna del nombre, el Proyecto de la Ignominia elaborado por la Comisión de la Falsedad copiotea narrativas de aquí y de allá, sin más novedad que la de doblegarlas a su agenda de “desarrollo sostenible” sin participación indígena en la Amazonía. A la parte indígena el Proyecto ni siquiera le reconoce el derecho a la consulta que resulta obligada por el mandato del Convenio 169.

Tan sólo se habla, en sede ya de recomendaciones, de que el Estado debe esmerarse en un “diálogo intercultural” a fin de ir creando, con la ayuda de políticas transculturalizadoras, las condiciones para celebrarse consultas desde el día en que por fin se logre un “código de comunicación”, esto es, puede entenderse, cuando todos y todas las indígenas se hayan transculturalizado. ¿Y qué ocurre mientras tanto con los derechos indígenas? ¿Han de esperar hasta ese momento? Así resulta. El planteamiento no puede ser más colonial.

He aquí la conclusión que puede extraerse del inminente Informe de la Ignominia de la Comisión de la Falsedad. Los indígenas, mientras que lo sean, lo que tienen son obligaciones para con el Perú y con la humanidad. Los derechos para sí mismos son cosas de los no-indígenas y de los indígenas cuando dejen de serlo: “La libertad y la felicidad de los nativos no deben concebirse en forma individual, ni solo del grupo étnico, sino desde la perspectiva del bien común de toda la familia humana, pensando que ya no está solo en la selva, sino al lado de otros grupos que tienen sus derechos”.

Fuente: El blog de Bartolomé Clavero.
Publicado el 15 Diciembre, 2009

Informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua

Desde hace unos días empezaron las filtraciones (interesadas) del borrador de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, ¿ Un globo sonda para calibrar unos minimos creíbles, o no ? llevamos 6 meses con esta técnica.

Bartolomé Clavero en su blog hace este análisis sucinto del borrador:

"El borrador muy avanzado del Informe de la Comisión para la Investigación de los Sucesos de Bagua se ha filtrado para vergüenza de quienes están ultimándolo. No es un documento de investigación fría, sino de gabinete incendiario. Rezuma racismo tratando a las gentes indígenas como ignorantes e incapaces al tiempo que se permite repartir acusaciones de racismo a diestro y siniestro para constituirse en oráculo único sobre el mal que se ha hecho y el
bien que debe hacerse".

"El mal en último término se carga sobre la presunta incapacidad indígena y la imaginaria manipulación foránea. El bien ya puede adivinarse dónde se sitúa, en las mismas políticas que han conducido a la masacre sólo que formuladas y aplicadas de forma todavía más taimada. Por mucho que intente todavía retocarse, mal arreglo tiene un documento de concepción tan infame y exposición tan ignominiosa. Una miembro digna de la Comisión ya ha anunciado que no lo firmará".

• Informe del Ejecutivo sobre Bagua se caería por “superficial y tendencioso”

Servindi, 12 de diciembre, 2009.
El informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua conformada por el Poder Ejecutivo caería en un vacío por no ser resultado de una investigación seria y recoger principalmente argumentos superficiales y tendenciosos.

Ello se desprende no solo de la opinión de diversos analistas que han tenido acceso a una versión preliminar del informe, sino también a la postura de uno de sus miembros, que declinó suscribir el informe e hizo pública su discrepancia. Se trata de la religiosa española María del Carmen Gómez Calleja, quién el viernes declaró a un medio local que el informe no realiza una “investigación imparcial e exhaustiva”, tal como lo recomendó el relator de las Naciones Unidas James Anaya.

Tal como está elaborado “impide conocer la verdad” y “no esclarece los sucesos del 5 de junio” donde murieron 34 personas, entre indígenas y miembros de las fuerzas policiales.
Según Carmen Gómez, la comisión investigadora quiere concluir en que el origen de los problemas fue que los nativos fueron mal informados acerca de los decretos legislativos y fueron azuzados por organizaciones nacionales y extranjeras.

Existe la tendencia de concluir en que los indígenas no tenían razones de peso para pedir la derogatoria de las normas y que carecían de criterios propios para decidir su protesta, idea que yo rechacé, expresó la religiosa.

En la reunión del 7 de diciembre la mayoría de los miembros de la comisión investigadora estuvieron de acuerdo en desarrollar las causas, consecuencias y recomendaciones pero evitar esclarecer lo que realmente pasó aquel fatídico 5 de junio, dijo María del Carmen.

“No hubo apoyo del Estado”
Jesús Manacés Valverde, Presidente de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, en diálogo con Servindi, confirmó que el trabajo realizado era deficiente por la falta de tiempo, recursos y apoyo de diversas instituciones del Estado.

Por ejemplo, indicó que el Ministerio Público le había negado la investigación fiscal que halló responsabilidades en los mandos y personal policial. Como podrá recordarse, la fiscal que efectuó la denuncia fue removida del caso y enviada a la jurisdicción de Chachapoyas. Manacés también confirmó a Servindi que tampoco le habían remitido el informe de Control Interno del Ministerio del Interior que también halló responsabilidades en el personal policial, a pesar de haberlo solicitado de forma insistente.

En ambos casos, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior se excusaron de proporcionar dicha documentación esencial para el trabajo de la comisión con el argumento de que ambas investigaciones estaban en proceso.

A pesar de todas las deficiencias existentes y de que el plazo venció el 10 de diciembre Manacés indicó que la Comisión sigue trabajando y de no haber consenso en el contenido el dejará constancia de sus discrepancias u observaciones. Según ha trascendido el informe se presentaría el miércoles 15 de diciembre.

Investigación tendenciosa
Diversas opiniones recogidas por Servindi en El Cenepa señalaron que las dos visitas realizadas por la Comisión Investigadora han sido insuficientes para dialogar y recoger los testimonios de los apus de las comunidades.

Raúl Vargas, colaborador de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), destacó que los comisionados sostuvieron asambleas de un par de horas con cientos de personas pero no realizaron una investigación verdadera.

Por ejemplo, destacó que la ex Ministra Susana Pinilla, tuvo un marcado afán por transmitir la versión del gobierno sobre los hechos en la asamblea de dos horas que se realizó en el Cenepa.
Otro asambleísta del Cenepa nos indicó que según su parecer “los comisionados más que investigar fueron a ‘echar flores’ al gobierno y dar un saludo protocolar a los asambleístas”.

Llueven críticas al informe preliminar
Patricia Wiesse Risso, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quién tuvo acceso al Informe preliminar (documento de trabajo) del 7 de diciembre opinó que “es la antítesis de un trabajo de investigación serio”.

Para la especialista “la metodología empleada no ha partido del análisis de los testimonios recogidos en la zona” sino que “ha sido elaborado a partir de los preconceptos de cada integrante”.

En el boletín Ideele-mail difundido el 12 de diciembre Wiesse observa una “concepción paternalista” que muestra “a un indígena ignorante que no entendió los beneficios de los decretos derogados”.

Según dicho documento los indígenas fueron “azuzados” por fuerzas externas, por partidos y gremios radicales, organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y antropólogos romántico- racistas. Asimismo, carga toda la responsabilidad de lo ocurrido a los indígenas que “emboscaron a los policías e iniciaron la balacera” sostiene el Ideele.

De otro lado, el psicoanalista y analista de actualidad Jorge Bruce, quién también tuvo acceso al informe preliminar, señaló en su columna dominical del diario La República que lo afirmado por la religiosa Maricarmen es cierto y sus razones para no suscribirlo son válidas.

El informe, según Bruce, “no cumple con el cometido de explicar la tragedia del 5 de junio: ¿qué pasó realmente ese día? ¿quiénes fueron los responsables directos o indirectos de las muertes de policías y civiles?”

“De la lectura del mismo no se desprenden conclusiones acerca de los graves hechos ocurridos. En cambio, hay una gran cantidad de afirmaciones nebulosas acerca de la ‘realidad’ de los pueblos indígenas” escribe Bruce.

“Si fuera un ensayo de uno de mis alumnos en la universidad, el comentario sería: tienes que trabajarlo mucho y ser más específico, menos tendencioso y generalizador” afirma el también catedrático universitario. Para Bruce, el informe preliminar da una visión “antropológica” apresurada y elude las causas inmediatas de la matanza.

“No sabemos si faltó tiempo o, sencillamente, terminó primando la voluntad soterrada de exculpar a las autoridades gubernamentales. Habrá que leer el informe final, pero, por lo que se aprecia en esta versión preliminar, hace bien Maricarmen Gómez en negarse a firmar” concluye el analista.

La Comisión Investigadora
El acuerdo de constituir la comisión se adoptó el 2 de septiembre en base a siete personas. Pilar Mazzeti Soler (ex Ministra del Interior), María del Carmen Gómez Calleja y Jesús Manacés Valverde, propuestos por las comunidades indígenas.

En tanto, que Ricardo Álvarez Lobo, Susana Pinilla Cisneros (ex Ministra de la Mujer y el Desarrollo Humano) y el Decano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez Camacho fueron designado por el Poder Ejecutivo. Por los gobiernos regionales se designó al sociólogo Manuel Bernales Alvarado.

Según Ideele la ex ministra Pilar Mazzetti jugó “un triste papel, tratando de conciliar posiciones” mientras que los gobiernistas “encabezados por la otra ex ministra, Susana Pinilla, iban con la consigna de imponer y ratificar a toda costa la versión oficialista que culpa a los indígenas de lo ocurrido en Bagua”.

Al final, Mazzetti estaría avalando un informe “que es una verdadera burla, y ha traicionado la confianza de los indígenas que la eligieron porque la recordaban como la comprometida Ministra de Salud que tuvo una especial preocupación por los programas de salud en las zonas más lejanas de la Amazonía” señala Ideele.

• Niebla sobre Bagua

Por: Jorge Bruce

La comisión encargada de investigar los sucesos de Bagua debe emitir su informe final el 13 de diciembre, un día después de redactada esta nota. El viernes pude entrevistar, en Radio Capital, a la religiosa Maricarmen Gómez Calleja, una de las integrantes de dicha comisión, quien acudió a explicar por qué se niega a firmar el documento. Según su versión, no se cumple con el cometido de explicar la tragedia del 5 de junio: ¿qué pasó realmente ese día? ¿quiénes fueron los responsables directos o indirectos de las muertes de policías y civiles?
Por otra vía tuve acceso al borrador de dicho informe.

Al leerlo, me quedó claro que lo declarado por la religiosa es cierto. De la lectura del mismo no se desprenden conclusiones acerca de los graves hechos ocurridos. En cambio, hay una gran cantidad de afirmaciones nebulosas acerca de la “realidad” de los pueblos indígenas, que los occidentales no comprendemos. Si fuera un ensayo de uno de mis alumnos en la universidad, el comentario sería: tienes que trabajarlo mucho y ser más específico, menos tendencioso y generalizador.

Un botón de muestra:
“Pizango no representaba a toda la Amazonía. Fueron los antropólogos, los asesores, las ONG, los periodistas, el Estado y el Congreso quienes dieron autoridad a Pizango, pues necesitaban de un interlocutor cercano para relacionarse con él y solucionar los problemas de la selva. Pero no era así, pues el sistema indígena es horizontal y no vertical. No obstante lo hicieron funcionar aunque ficticiamente. El mismo Pizango en varias oportunidades dijo que él no podía solucionar el problema, sino las bases. Pero Pizango no era conocido ni nunca visitó la selva como jefe absoluto. Si hubiera sido realmente jefe hubiera permanecido en Perú hasta la cárcel y la muerte, pero huyó a la embajada de Nicaragua. Con esto revelaba dos cosas: Que no era líder absoluto ni dominaba el movimiento. Se hizo manifiesto que ha tenido asesores externos que no eran buenos asesores.”

¿De dónde sale la conclusión que “Si fuera realmente jefe hubiera permanecido en el Perú hasta la cárcel y la muerte”? Parece extraída de una pésima novela o película sobre el comportamiento de los “indios”.

El borrador, en muchos pasajes como éste, confirma lo que pretende denunciar: una ideología impregnada de visiones estereotipadas sobre una cultura que se desconoce y que se presta, admirablemente, para construcciones fantasmáticas como la citada.

En muchos sentidos, recuerda al informe de Uchuraccay y, en los mismos, se aleja del de la CVR. En el primero, un grupo con excelentes intenciones pero entrampado en una mirada colonial, cayó en el fantasma de la “nación cercada” (Juan Carlos Ubilluz). Ya la CVR había criticado esa visión restrictiva del Otro, que no es tan otro como parece. Lo propio sucede aquí.

Al dar una visión “antropológica” apresurada, se eluden las causas inmediatas de la matanza. No sabemos si faltó tiempo o, sencillamente, terminó primando la voluntad soterrada de exculpar a las autoridades gubernamentales. Habrá que leer el informe final, pero, por lo que se aprecia en esta versión preliminar, hace bien Maricarmen Gómez en negarse a firmar.

• Misionera no firmará informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua

Por Patricia Wiesse Risso

12 de diciembre de 2009.- Un miembro de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua se ha negado a firmar el Informe que el día 15 de diciembre entregará a la opinión pública. Se trata de la hermana Mari Carmen Gómez Calleja, misionera que trabaja y vive en Bagua, que estuvo el 5 de junio en la Curva del Diablo y, por lo tanto, es testigo presencial de lo que ocurrió.

Ella fue elegida por los indígenas para representarlos en la Comisión, junto al profesor awajún y representante de AIDESEP, Jesús Manacés y a la ex ministra Pilar Mazzetti. Esta última ha jugado un triste papel, tratando de conciliar posiciones, una tarea imposible en tanto los gobiernistas en la Comisión, encabezados por la otra ex ministra, Susana Pinilla, iban con la consigna de imponer y ratificar a toda costa la versión oficialista que culpa a los indígenas de lo ocurrido en Bagua.

Al final, Mazzetti -seguramente resguardando su auspicioso futuro político- está avalando un Informe que es una verdadera burla, y ha traicionado la confianza de los indígenas que la eligieron porque la recordaban como la comprometida Ministra de Salud que tuvo una especial preocupación por los programas de salud en las zonas más lejanas de la Amazonía.

Hasta el cierre de esta nota, no podemos asegurar cuál será la respuesta final de Manacés. Su actitud ha sido ambigua, a pesar que AIDESEP ha manifestado tajantemente su rechazo al documento.

Ideele tuvo acceso al Informe preliminar que consideramos es la antítesis de un trabajo de investigación serio. La metodología empleada no ha partido del análisis de los testimonios recogidos en la zona, ha sido elaborado a partir de los preconceptos de cada integrante (cuando no de la ideología gobiernista).

La concepción paternalista se trasluce desde el primer párrafo, mostrando a un indígena ignorante que no entendió los beneficios de los decretos derogados, que fue “azuzado” por fuerzas externas, por partidos y gremios radicales, ONG, Iglesia Católica y antropólogos romántico- racistas. Y por último, como era de esperar, le carga toda la responsabilidad de lo ocurrido a los indígenas que, según este Informe, emboscaron a los policías e iniciaron la balacera.

La hermana Mari Carmen Gómez tiene razones contundentes para negarse a firmar el documento. Citamos las principales:

1. No responde a la recomendación del relator de las NNUU que sugirió la conformación de una comisión que investigue, de forma imparcial y exhaustiva, los sucesos del 5 de Junio.

2. No responde al contenido del acta de la Mesa 1, que dice que se llamará “Comisión Investigadora de la Verdad sobre los Sucesos de Bagua”, y que tomará en cuenta la narración de los hechos, las motivaciones, cómo y por qué ocurrieron los hechos, sus consecuencias y recomendaciones.

3. No se les concedió el plazo de ampliación solicitado y, por lo tanto, no hubo tiempo para que se reúnan y realicen un análisis del material recogido que debió ser el insumo principal para elaborar el documento.

En cuanto al contenido, las objeciones de la hermana Mari Carmen coinciden con las señaladas por Ideele. En conclusión, estamos ante un Informe que le cae como anillo al gordo dedo de Alan García.

Incluimos también el informe "Bagua, seis meses después" de Amnistía Internacional.




Fuentes:

Servindi

Patricia Wiesse Risso es miembro del Instituto de Defensa Legal.
Boletín electrónico Ideele.mail Nº 624, 12 de diciembre del 2009

Jorge Bruce es psicoanalista y columnista del diario La República.

Niebla sobre Bagua