Bagua: Comisión de la Falsedad y Proyecto de la Ignominia

Por: Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

De la Comisión de la Falsedad se ha filtrado el Proyecto de la Ignominia, el borrador casi ultimado de su Informe sobre Bagua. Ésas son denominaciones merecidas desde que hace unos días se ha conocido el texto. La Comisión ha sido corta en la averiguación y el Proyecto es largo en el adoctrinamiento. Pontifica en todo lo que no ha investigado, esto es en todo. Trivializa hechos e ignora derechos. Reparte a mansalva responsabilidades y no identifica las que desencadenaron la masacre. Adopta una posición paternalista respecto tanto a la ciudadanía peruana como a los pueblos indígenas al tiempo que se permite repartir acusaciones de racismo por doquier.

El racismo hoy más operativo y hasta agresivo es el del paternalismo que se arroga la facultad de decidir por los demás. Es lo que hace la Comisión particularmente respecto a indígenas. ¿Y qué decide por ellos y ellas? Que necesitan tratamiento paliativo para que asimilen más pacíficamente las mismas políticas que vienen atropellando sus derechos y han conducido a la masacre.

Para el Proyecto de la Ignominia tales políticas son plausibles, sólo que no se ha sabido venderlas a indígenas y a la otra parte remisa de la misma ciudadanía peruana. El problema no radica, según el Proyecto, en ellas, sino en la deficiente percepción indígena y de ese contingente no indígena acerca de ellas: “Los nativos piensan que el Estado (…) les quiere quitar todo lo que poseen para proponerlo a la libre disposición de los empresarios”, por lo cual “los nativos reclaman al Estado una consulta y un diálogo amplios”.

No es el Convenio 169, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que el Perú tiene ratificado, el que exige tal consulta, sino solamente “los nativos” y esto además sólo porque ha faltado, asevera el Proyecto, “un diálogo sereno e intercultural”.

El Proyecto no atiende el Convenio 169, este tratado sobre pueblos indígenas, ni siquiera para la terminología. Habla de nativos no sólo porque sea la denominación adoptada por la Constitución del Perú, sino también por cortar toda posibilidad de aplicación del Convenio 169, al que empecinadamente ignora como derecho en vigor a pesar de que ha de mencionarlo en más de una ocasión

El racismo del Proyecto da la cara desde temprano al explicar que el Estado no debe intentar entenderse con indígenas de comunidades ni con representantes de las mismas, sino con quienes ya se hayan transculturalizado, lo que entiende que ocurre por la mera realización de estudios. Está así diciéndose que el Estado puede y debe cooptar la representación indígena. Cito literalmente porque comprendo que resulten posturas difíciles de comprender a estas alturas: “El Estado falló porque tomaba como interlocutores a indígenas que no habían estudiado y marginó a los indígenas que habían estudiado y con los cuales hubiera podido mantener un diálogo hasta comprenderse mutuamente.

El Estado no conocía a los indígenas y tomó a todos como ignorantes. Esto fue interpretado en muchos ambientes como si el Estado hubiera querido sorprender al indígena en su ignorancia para manejarle a su antojo”. El Proyecto pone especial empeño, puede suponerse que interesado, en denunciar “la marginación y exclusión de muchos indígenas que han realizado estudios superiores”.

Lo que se afirma respecto a que el intento del Estado por entenderse directamente con los indígenas fue malentendido resulta en especial ofensivo no sólo por la presunción racista de ignorancia indígena, sino también por el descaro insultante como se presentan unos hechos. El Gobierno efectivamente cooptó sin éxito tras Bagua representación indígena intentando postergar a la respaldada por las comunidades y ahora el Proyecto de la Ignominia pretende que tal fue la percepción errada de la ciudadanía peruana. Este de la contrafactualidad descarada es el tenor continuo del Proyecto.

En el Perú por lo visto tan sólo los miembros de la Comisión de la Falsedad dispuestos a suscribir el Informe, así como sus mandantes, ignoran el transcurso de los hechos. Es por supuesto una afectación de ignorancia que, gracias a la falta notoria de investigación, puede atravesar todo el Proyecto. No voy a comentarlo por entero. Sería cansino y bastante inútil.

Si el Informe final responde al Proyecto, se desmentirá por sí mismo en casa y no se granjeará en el exterior crédito entre gentes de buena fe no sólo por sus torpes alardes de racismo, sino también, más sustantivamente, por no atenerse al derecho internacional de los derechos humanos y, en la forma, por su estilo de vaguedad con los hechos y ataque con las presunciones nada homologable ni compresible internacionalmente.

“A este error (el de intentar entenderse con gentes tan ignorantes como todos y todas los indígenas que no han cursado estudios) contribuyeron personas, ONGs, instituciones y empresas”, así entran en escenas caracteres dramáticos pues les corresponden papeles de malos en la esa obra de ficción que pergeña este Proyecto. Son quienes no dejan al Estado a solas para que, con el papel de bueno que se le asigna a éste, pueda arreglarlo todo con los indígenas.

El mismo Proyecto ya ha sentado que “hay antropólogos, sociólogos, periodistas y ONGs que definen e inculcan diferentes identidades radicales en los indígenas amazónicos; movimientos ideológicos que orientan a los pueblos indígenas en distintas direcciones, se destacan muchos los derechos y poco las responsabilidades”, etc., etc.

La responsabilidad grave para el Proyecto es la de predicar y defender derechos, con lo cual entiende que se genera un mundo de ficción que encandila a los indígenas. He ahí “los conceptos de comunidad nativa, de federación, de economía, de territorio, impuestos desde el exterior con modelos ficticios” y que han venido a romper, asegura el Proyecto, “con el sistema de desarrollo que se habían formulado las misiones preparando a jóvenes en estudios superiores para elevar el nivel educativo y formar una fuerza cultural, intelectual y de desarrollo comunal que superara las contradicciones de la marginación y la exclusión”. Entre el Estado y las viejas misiones, si les dejasen solos, arreglarían las cosas. Para la Comisión de la Falsedad su propia ficción constituye naturalmente la verdad en singular por única.

La presunción racista respecto a indígenas no sólo es la de ignorancia, sino también la de pobreza, una pobreza rodeada de recursos sobre los que no se les reconoce derechos y que así necesitan la intervención del Estado junto, se sobrentiende, a las empresas para beneficio que se presume de los propios indígenas. Es la virtud y el horizonte, afirma el Proyecto, del “desarrollo sostenible”.

Ni siquiera se considera la posibilidad a la vista de que, contando con territorios y recursos, la pobreza indígena, en lo que efectivamente existe, es inducida, como tampoco la consiguiente de que, si se parte del respeto de los derechos indígenas, puede haber otras formas de desarrollo que se beneficien del conocimiento y cuenten con las aspiraciones de las comunidades amazónicas. Nada en este Proyecto se verifica, consulta ni contrasta.

Todo es en él presunción. Y todo para él resulta una cadena de “errores” desde que se ha producido el rechazo de la mediación de las viejas misiones y sus indígenas trasculturalizados entrando en su lugar ONGs y otras huestes que promocionan en cambio “líderes sin estudios”, los que, según el Proyecto, tienen la responsabilidad de haber precipitado los acontecimientos.

A las comunidades indígenas mismas también se les imputa los efectos perversos de esa sustitución y, según siempre el Proyecto, suplantación de mediación y representación. “A este error han contribuido también los pueblos nativos. Estos deben saber que una cosa es la organización interna de las comunidades y el parentesco y otra cosa distinta son las relaciones del Estado con las comunidades nativas. Los Apus y los Curacas tienen poder y autoridad en lo referente a la comunidad pero para entenderse con el Estado deben dejar paso a los indígenas que han estudiado, quienes por su estudio pueden establecen un diálogo fructífero.

Del mismo modo deben abandonar el criterio y el juicio de que los nativos son todos iguales, porque desde el momento en que unos han estudiado y otros no, ya que el que ha estudiado y puede entender a ambas partes, puede defender mejor a su comunidad”. Las comunidades indígenas deben en suma volver a la posición de subordinación propia del colonialismo, lo que el Proyecto no dice así por supuesto. ¿Quién ha hablado de democracia? ¿Quién habla de ciudadanía? No desde luego, respecto a indígenas, el Proyecto de la Ignominia debido a la Comisión de la Falsedad.

Hay misiones distintas a las viejas, a éstas que se ensalzan por mantener unas políticas de tracto colonial, le consta al Proyecto, pero forman facción, nos explica, con las nuevas instituciones mediadoras, los malos de esta ficción, los racistas para el racismo del Proyecto: “Las instituciones foráneas llegan a la selva con prejuicios de raza, de origen cultural y social, de nivel de desarrollo y de comprensión. Los antropólogos, las ONG, los petroleros y misioneros, se muestran superiores a los nativos, en conocimientos, en dinero, en ofertas y en posibilidades, debido a un racismo atávico”.

En todo el Perú, sólo los miembros de la Comisión de la Falsedad dispuestos a suscribir el Proyecto de la Ignominia están libres de racismo. Sólo ellas y ellos conocen la verdad sobre el indígena: “Hay un falso concepto de hombre amazónico y, de aquí, un falso concepto de cultura, lo cual ha llevado a un error en el planteamiento de las relaciones con los indígenas amazónicos. Sobre todo ha habido un falso concepto de hombre, del ser del hombre. El orgullo de la sociedad occidental desprecia los valores de las culturas indígenas”.

He aquí siempre el racismo imaginado en la superficie del espejo donde se refleja el racismo real, el que quiere recuperar e imponer la subordinación sustancialmente colonial. En tales términos extremistas de manipulación interesada no cabe ni siquiera un debate entre posiciones. La Falsedad y la Ignominia va a lo que va, al dominio de los recursos por medio de la trasculturalización de indígenas, y el resto del texto, todo él entonces, no es más que cháchara, pero cháchara agresiva y peligrosa.

Sin investigación propia digna del nombre, el Proyecto de la Ignominia elaborado por la Comisión de la Falsedad copiotea narrativas de aquí y de allá, sin más novedad que la de doblegarlas a su agenda de “desarrollo sostenible” sin participación indígena en la Amazonía. A la parte indígena el Proyecto ni siquiera le reconoce el derecho a la consulta que resulta obligada por el mandato del Convenio 169.

Tan sólo se habla, en sede ya de recomendaciones, de que el Estado debe esmerarse en un “diálogo intercultural” a fin de ir creando, con la ayuda de políticas transculturalizadoras, las condiciones para celebrarse consultas desde el día en que por fin se logre un “código de comunicación”, esto es, puede entenderse, cuando todos y todas las indígenas se hayan transculturalizado. ¿Y qué ocurre mientras tanto con los derechos indígenas? ¿Han de esperar hasta ese momento? Así resulta. El planteamiento no puede ser más colonial.

He aquí la conclusión que puede extraerse del inminente Informe de la Ignominia de la Comisión de la Falsedad. Los indígenas, mientras que lo sean, lo que tienen son obligaciones para con el Perú y con la humanidad. Los derechos para sí mismos son cosas de los no-indígenas y de los indígenas cuando dejen de serlo: “La libertad y la felicidad de los nativos no deben concebirse en forma individual, ni solo del grupo étnico, sino desde la perspectiva del bien común de toda la familia humana, pensando que ya no está solo en la selva, sino al lado de otros grupos que tienen sus derechos”.

Fuente: El blog de Bartolomé Clavero.
Publicado el 15 Diciembre, 2009

Comentario General acerca del valor normativo de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

ARTÍCULO 42 DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(publicado en el Informe sobre el Octavo Periodo de Sesiones, 18 a 29 de mayo de 2009:
E/C.19/2009/14)

• El artículo 42 como base de una función nueva

1. El propósito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es servir de base jurídica para todas las actividades en la esfera de las cuestiones indígenas. La tarea del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en los años venideros, tras la histórica aprobación de la Declaración por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, consistirá en transformar la Declaración en su conjunto en leyes concretas, cuya aplicación se habrá logrado cuando los pueblos indígenas obtengan resultados prácticos.

2. La Declaración constituye una nueva base para los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el Foro ha recibido un mandato amplio con una función nueva basada en el artículo 42, en el que se estipula lo siguiente: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia”.

3. El objetivo de la presente observación general es determinar y detallar en cierta medida las obligaciones del Foro enunciadas en el artículo 42 de la Declaración e indicar la forma en que el Foro puede cumplir esas obligaciones. Para determinar y detallar las obligaciones y acciones, es preciso aclarar el sentido jurídico del artículo. Ello debe hacerse en el contexto del carácter de la Declaración como instrumento del derecho internacional en materia de derechos humanos.

4. El Foro es el único órgano de las Naciones Unidas que se menciona expresamente en el artículo 42. Allí se destaca que, en su calidad de órgano de las Naciones Unidas creado especialmente para ocuparse de las cuestiones indígenas, el Foro tiene la responsabilidad de convertir en realidad lo dispuesto en el artículo.

5. El Foro fue creado con arreglo a la resolución 2000/22 del Consejo Económico y Social. Como órgano asesor del Consejo Económico y Social, el mandato del Foro ha abarcado hasta ahora seis esferas, vale decir las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Si bien el Foro es un órgano subsidiario del Consejo, la Asamblea General, en su condición de órgano mundial del sistema de las Naciones Unidas, puede ampliar y reforzar el mandato del Foro. En el artículo 42 se prevé una función y responsabilidad nueva que debe interpretarse a la luz del artículo como fuente del derecho internacional.

• El carácter jurídico de la Declaración

6. La Declaración es el instrumento más universal, amplio y fundamental sobre los derechos de los pueblos indígenas. Junto con la resolución 2000/22 del Consejo Económico y Social, es el marco jurídico del Foro. La Declaración no es un tratado y, en consecuencia, no tiene la fuerza vinculante de un tratado. No obstante, ello no significa en absoluto que la Declaración deje de tener efecto jurídicamente vinculante alguno. Al aprobar los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se aspira a que tengan cierto efecto vinculante. El valor vinculante de la Declaración debe verse en el contexto normativo más amplio de las innovaciones ocurridas en los últimos años en las normas internacionales de derechos humanos.

7. La Declaración es parte de las normas universales de derechos humanos. Los principios básicos de la Declaración son idénticos a los de los principales pactos de derechos humanos. Así pues, en el artículo 3 de la Declaración se afirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, en términos que constituyen la reformulación de las disposiciones comunes del artículo 1 de los dos pactos internacionales de 1966. Como lo indica la práctica, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos se remiten a la Declaración cuando se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración no es un instrumento de un organismo especializado que obliga únicamente a los Estados partes, sino un instrumento general de derechos humanos.

8. La Declaración es una norma de derechos humanos basada en los derechos fundamentales de aplicación universal y elaborada en el contexto cultural, económico, político y social de los pueblos indígenas. Debe aplicarse así, independientemente de cómo haya votado cada Estado en la Asamblea General durante su aprobación o la posición que el Estado haya adoptado posteriormente. Se podría discutir cuántos de los derechos concretos que figuran en la Declaración son derechos humanos conforme a los instrumentos básicos de derechos humanos. Por cierto que el carácter de documento de derechos humanos de la Declaración en su conjunto lleva esa marca, lo que deberá ser el elemento principal cuando se interprete el documento y cuando se decidan los métodos de trabajo del Foro en el contexto del artículo 42.

9. La Declaración es un instrumento que se elaboró con un procedimiento que le confirió su condición especial de declaración. Se preparó durante un decenio de negociaciones entre representantes de los Estados y representantes de los pueblos indígenas, período en el que los representantes de los Estados utilizaron la palabra “negociaciones” a menudo. El largo proceso dio como resultado un documento en el que se expresa una amplia base común que cuenta ahora también con el apoyo de la Asamblea General. Si bien en realidad no se trata oficialmente de un acuerdo, el documento fue concebido de tal forma que constituye un instrumento que prácticamente cuenta con el acuerdo universal. Así pues, la Declaración es parte de una práctica que ha promovido un creciente acercamiento entre las declaraciones y los tratados.

10. Los diversos artículos pueden ser parte de normas internacionales vinculantes basadas en otros instrumentos o costumbres, independientemente de su inclusión en la Declaración. Los derechos humanos previstos en la Declaración son los mismos derechos humanos reconocidos para el resto de la humanidad, pero no ha habido necesidad alguna de producir una declaración especial sobre los derechos de los pueblos no indígenas. Varios de los artículos se basan en los pactos de derechos humanos y otras convenciones, o pueden tener ya la calidad de derecho consuetudinario en virtud de las políticas que se aplican en jurisdicciones nacionales. Como expresiones del derecho consuetudinario internacional, deben aplicarse cualquiera que sea el carácter del documento en el que se declaren o aprueben.

11. El voto en la Asamblea General, que demuestra que la gran mayoría de la comunidad internacional apoya la Declaración, es un factor importante al determinar el peso jurídico de la Declaración. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia estipula que las fuentes de derecho internacional que la Corte aplica incluyen “los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. La Declaración se ha formulado a partir de “principios del derecho”, centrados en el concepto principal de los “derechos”; y con la adhesión mundial a la Declaración, y la reducción del grupo pequeño de Estados que aún no la han adoptado, pronto podrá considerarse que cumple el criterio de reconocimiento por las “naciones civilizadas”.

12. El efecto combinado de esos elementos concede a la Declaración una condición jurídica cada vez más importante. Se podría sostener que la Declaración en su conjunto ya ha adquirido un lugar como parte del derecho internacional vinculante. En efecto, tal es el caso de varios de sus artículos.

13. La comprensión de lo aquí descrito sobre la Declaración deberá formar la base de las actividades que realice el Foro. Por cierto, el Foro ya ha incluido en su programa un tema sobre la Declaración.

• El efecto del artículo 42

14. La función nueva asignada al Foro con arreglo al artículo 42 es de gran alcance y su aplicación consta de dos niveles.

15. En primer lugar, el Foro deberá promover no solo el respeto sino también la “plena aplicación” de la Declaración. Ello entraña que el Foro se esfuerce por promover la incorporación de la Declaración en la legislación nacional y su aplicación en los tribunales nacionales y las decisiones administrativas de los diversos países.

16. Por otra parte, el Foro deberá velar por la “eficacia” de la Declaración, es decir, comprobar si la realidad (“ley en la práctica”) corresponde a la legislación y las decisiones escritas (“ley escrita”) y, en caso contrario, adoptar las medidas que sean necesarias para reducir las deficiencias en la aplicación.

17. En la redacción del artículo esta responsabilidad nueva y amplia no corresponde a ninguna autoridad para lograr lo que se requiere al respecto. En consecuencia, la autoridad del Foro habrá de decidirse mediante la lectura del artículo 42 basada en la Declaración en su conjunto. En ese proceso de interpretación se confiará en algunos principios o directrices acordes con el espíritu de la Declaración.

18. Algunas de las directrices aceptadas para la interpretación en ese caso serán la labor del Foro en el pasado, el propósito del artículo 42 y la forma acostumbrada de proteger los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

19. El mecanismo actual de trabajo del Foro tiene que ser el punto de partida para la lectura del artículo. El propósito del artículo 42 es contribuir a la eficacia de la Declaración, y en consecuencia, la lectura del artículo debe basarse de preferencia en los métodos de trabajo del Foro que se orientan a la obtención de resultados importantes para los pueblos indígenas en su condición de titulares de derechos. La protección de los derechos humanos de la forma acostumbrada en el sistema de las Naciones Unidas también cuenta con apoyo en la redacción del artículo, donde el Foro figura al mismo nivel que otros órganos de las Naciones Unidas.

20. Cuando el Foro Permanente desarrolle métodos de trabajo para cumplir su nueva responsabilidad con arreglo al artículo 42, habrá que remitirse al sistema establecido para otros derechos humanos. Los órganos creados en virtud de los pactos de derechos humanos deben considerarse modelos para el Foro.

21. Tal interpretación entraña contar con la autoridad necesaria para organizar diálogos con los Estados sobre la aplicación de la Declaración y, posteriormente, hacer un seguimiento de su eficacia y formular conclusiones relativas a cada Estado respecto de su proceder en el contexto de la Declaración, que contengan críticas sobre deficiencias en la aplicación y señalen las reformas necesarias. Esta interpretación supone asimismo que los Estados tienen el deber de responder a la solicitud del Foro de que se entable un diálogo sobre la Declaración. El artículo 42 no faculta expresamente al Foro a convocar a los Estados a comparecer en las reuniones del Foro y responder a preguntas de los miembros. En consecuencia, el Foro podrá decidir por razones prácticas y políticas no poner a prueba esta conclusión inicialmente y, más bien, seguir un curso voluntario en relación con los Estados.

22. La base principal de los diálogos debe ser la información proporcionada por los gobiernos sobre sus políticas y prácticas nacionales. Será preciso desarrollar métodos creativos para la preparación sustantiva de los diálogos, como el envío a los Estados de un cuestionario sobre la aplicación. Los informes sobre los pueblos indígenas tendrán que prepararse con arreglo al artículo 38 de la Declaración, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas. También habrá de incluirse como material complementario importante la información proporcionada por organizaciones de pueblos indígenas, diversas organizaciones no gubernamentales y miembros del Foro. El objetivo sería organizar un diálogo debidamente estructurado y sustancialmente constructivo seguido por observaciones finales del Foro.

23. El Foro integrará la Declaración en sus recomendaciones sobre las seis esferas sustantivas de su mandato así como en su labor en relación con el tema especial de los períodos de sesiones pertinentes y sus temas y prioridades permanentes. De tal forma, el Foro abarcará no solamente los artículos de la Declaración sino también los párrafos del preámbulo.

24. El Foro, como uno de los tres mecanismos de las Naciones Unidas con el mandato concreto de ocuparse de los pueblos indígenas, habrá de colaborar y coordinar su labor con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a fin de asegurar que las actividades se complementen al máximo. Esos tres mecanismos se encargarán de promover la aplicación y la eficacia de la Declaración en todos los órganos y organismos de las Naciones Unidas.

25. De conformidad con el artículo 42, el Foro habrá de considerar que la Declaración es un conjunto de normas superiores que deben aplicarse con eficacia en todas las jurisdicciones nacionales. Por consiguiente, en la labor del Foro la Declaración ocupará una categoría superior respecto de la legislación nacional. Más aun, es el deber del Foro difundir ese punto de vista en todo el mundo.

Fuente: Blog de Bartolomé Clavero

Video de la ong IWGIA

Antecedentes

Tres semanas antes de la masacre de Bagua, el 13 de mayo después del desalojo del puente "24 de julio", más conocido como "Corral quemado" ya había un muerto, un desaparecido y 10 heridos, todos nativos aguarunas.
Estos días también se produce una embestida de un buque de la Marina de Guerra del Perú a las canoas de los indígenas que bloquean el río Napo. También se reportan acciones de la DINOES desde helicópteros en el Lote 6. Ante estas premisas los nativos firman un compromiso de no agresión con un mayor de la DINOES.

• 3 de junio, Bagua, Marcha en apoyo al Paro Indígena.

No son sólo los Pueblos indígenas los que apoyan el Paro, son hombres y mujeres de Bagua y todos los amazonenses.

Lemas coreados en la marcha:

"Viva la lucha de los pueblos indígenas"
"Abajo los corruptos"
"Abajo los vende patrias"
"La selva no se vende, Amazonas se defiende"

• 4 de junio, Carretera Fernando Belaúnde, Curva del Diablo

Declaraciones de los integrantes del Paro Amazónico en Carretera Fernando Belaúnde, Curva del Diablo

• Zebelio Kayap, Presidente de ODECOFROC

Prácticamente hay dos piquetes grandes, el Reposo y Siempreviva, en el Reposo 3000 personas y en el caserío Siempreviva 2500 personas.

Nosotros con la población hemos tomado la decisión de que mientras el gobierno no ceda a dialogar con la organización nacional, que es AIDESEP, vamos a permanecer aquí hasta que haya solución.

Porque nuestro pedido ha sido desde el 9 de abril, derogatorias de los proyectos de leyes lesivos contra los pueblos indígenas y de la Amazonía peruana.

• Lenny, Comunero Awajún, río Santiago

Nuestra tierra, desde nuestros ancestros, ha sido protegida. Tenemos una ciencia positiva, y gracias a esa ciencia nuestra cultura sigue siendo milenaria y no tiene fin. Por ejemplo hablamos de los hermanos que alimentan nuestra sed, nuestras necesidades, los que nos bañan, los que protegen todo, esto se llama el río. Nosotros no utilizamos desagües al río, un hermano jamás puede apuñalar a otro hermano, así nosotros no apuñalamos a un hermano que nos da de beber.

Si las transnacionales cuidaran a nuestras tierras como nosotros las hemos cuidado, con mucho gusto les daríamos campo para que trabajen. Pero que pasa que las transnacionales de lo único que se preocupan es de sacar sus beneficios económicos y de llenar sus arcas de plata.

Nosotros no entendemos porque el gobierno quiere talar nuestra vida, está talando nuestra vida si no deroga el paquete de decretos que nos están ajustando o asesinando la moralidad de nuestros pueblos indígenas.

Con esta lucha, no hemos venido a que la policía nos desaloje como si fuéramos personas que estamos haciendo una vía negativa, nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos, entonces ése señor mientras no nos responda, nosotros no vamos a dejar este sitio, vamos a estar hasta las últimas consecuencias.

• Teolo Chamil, Vicepresidente del Comité de lucha de los pueblos jíbaros.

Nosotros estamos aquí en la curva del diablo por una sencilla razón, porque tenemos que defender la vida, la biodiversidad, el medio ambiente.

El agua que es el elemento vital para todos los seres humanos, en países desarrollados, no tienen agua, han removido todos sus recursos, han saqueado todos sus recursos.

Los pueblos indígenas no estamos reclamando solamente para nosotros, somos defensores del medio ambiente, nosotros queremos y seguimos defendiendo este medio ambiente para que todas las personas respiren el oxígeno puro que purifica nuestra vegetación .

Por esto estamos acá, pero que pasa , Alan García para implementar el tratado de libre comercio quiere entregar nuestros recursos, entonces los pueblos indígenas como siempre hemos vivido, queremos dejar una herencia para nuestras generaciones.

Vamos a continuar en la lucha hasta que se deroguen todas las leyes lesivas que van contra nuestros derechos

• Julio Hinojosa, Comunero Wampis
  

La Amazonía es nuestra despensa, el bosque es la vida, el bosque es el que da vida a toda la humanidad.

Nosotros podemos morir en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestro medio ambiente.

El medio ambiente no hace daño a ninguna población mundial, al contrario le está dando algo bueno, algo beneficioso para toda la humanidad y para la generación. Tenemos que trabajar y eso, el gobierno tiene la obligación de promover las leyes en defensa del medio ambiente, pero sin embargo no lo está cumpliendo.

Al contrario quiere meter empresas mineras, petroleras madereras para contaminar todo esto, y eso a nosotros no nos gusta.

• Mateo Impi, Comunero Awajún , río Santiago

Nosotros nos sentimos victoriosos porque hemos resistido 58 días y podemos más solamente nosotros, ¿Cuándo van a levantar el Paro? La respuesta la tiene el presidente, el Congreso tiene la respuesta. Si en el día de hoy se derogan, nosotros nos vamos.

Todo problema se soluciona cuando hay voluntad política. Eso es lo que tienen que hacer.

• 5 de junio, Carretera Fernando Belaúnde, Curva del Diablo

Confusión Informativa sobre la Masacre de Bagua

Por Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

La visita urgente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas motivada por la masacre de Bagua concluye con una cierta confusión informativa por causa ante todo de la interferencia de la Cancillería. La misma ha puesto en marcha una campaña de desinformación dirigida a la emigración peruana con rasgos de puro cinismo en el relato de los hechos y la presentación de las posiciones. Desde el mismo momento en que cursó su invitación, el Canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, ha intentado capitalizar a favor del Gobierno la visita del Relator Especial, James Anaya.

“Debería haber una investigación exhaustiva”, ha declarado el Relator Especial a la conclusión de su visita, añadiendo que la comisión encargada de la indagación debiera ser de un carácter tripartito: gubernamental, indígena e internacional. Asimismo estima que se está produciendo un “cambio positivo” desde la derogación del par de decretos que impulsaban la privatización de propiedades comunitarias, añadiendo que tal cambio debe conseguir una mejor comunicación con la parte indígena y proceder siempre para la puesta en práctica de acuerdos mediante el mecanismo de la consulta a los pueblos indígenas. Tras estas consideraciones el Relator Especial rechazó la posibilidad de que se haya cometido genocidio, pues, arguyó, “genocidio implica el exterminio de un pueblo como definición jurídica internacional”, lo que “no he visto”.

Por su parte, desde Bogotá, donde se encuentra, el Canciller hace sus declaraciones eludiendo la necesidad de la investigación exhaustiva e imparcial y el requisito del respeto a la consulta para el encauzamiento de la situación y centrándose en el descarte del genocidio: “En la entrevista que tuve yo con él (Anaya), él nos dijo a mí y a las ministras que estaban conmigo que no era posible hablar de genocidio y no se debía hablar de genocidio”. El Canciller entiende que la misma visita del Relator Especial sale al paso de “la clara y manifiesta campaña de ciertas organizaciones por exagerar y dramatizar e inventar, digamos, situaciones que no se han dado” y se muestra confiado en que James Anaya cumplirá el papel que se le asigna: “Tenemos amplia confianza en que va a decir su verdad, porque nos interesa que todo sea transparente; no tenemos nada que esconder y tenemos plena confianza”. Ni tiene el detalle diplomático de esperar a su informe, que tendrá por supuesto que elaborarse, ni entiende que haga falta mayor indagación y, aún menos, imparcial.

La indagación ya la ha comenzado la justicia peruana actuando con la parcialidad que le caracteriza. Procesa por diversos cargos a más de sesenta indígenas y a ningún mando policial, militar ni político. Bastantes de esos indígenas están en paradero desconocido y la justicia no se plantea indagar sobre su posible muerte o retención a manos de responsables públicos. Ni el Relator Especial ni el Canciller han declarado nada sobre estos particulares. Cargo de genocidio no se presenta, aunque el Código Penal peruano ofrece base. Y también lo hace desde luego el derecho internacional. “Genocidio implica el exterminio de un pueblo”, ciertamente, pero también algo más. Conforme a la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, no hace falta exterminar a todo un pueblo para que lo haya, sino que basta que se le elimine “en parte”.

Testimonia el Relator Especial que no ha visto en la masacre de Bagua “el exterminio de un pueblo”. Ni total ni parcialmente, desde luego. Pero para la Convención sobre el Genocidio lo es también, sin necesidad de eliminación física directa, el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Me consta que, en la visita del Relator Especial a las comunidades que han sufrido víctimas, se le ha explicado cumplidamente cómo la intrusión de empresas extractivas por concesión gubernamental sin consulta indígena les están sometiendo a unas condiciones imposibles de vida; digámoslo con el lenguaje del derecho penal internacional: “a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física”. La derogación de un par de decretos no cambia para nada en absoluto tales condiciones.

¿Por qué no estima el Relator Especial que pueda haber genocidio? Adviértase bien. En el caso no es que constituya genocidio una masacre, pues no es así ciertamente. Es que puede constituirlo la política gubernamental y la actividad empresarial, todo esto que hasta ahora, en su rápida visita, no ha podido analizar el Relator Especial. Cierto es que en el ámbito internacional impera una idea restrictiva de genocidio. Empezó a gestarse con los términos de la ratificación de la Convención por los Estados Unidos y ha llegado a hacerse doctrina autorizada por obra de la Corte Internacional de Justicia. Es la idea de que el genocidio sólo es matanza y matanza cometida con la intención deliberadamente asesina de eliminar por la violencia directa a todo un grupo humano. Ni es éste el único medio de exterminio de pueblos ni la Convención sobre el Genocidio mantiene dicho concepto. Sobre la posibilidad de que exista genocidio en el Perú, se entiende la ansiedad del Gobierno peruano por despejarla bastante mejor que el apresuramiento del Relator Especial por descartarla.

La Cancillería por su parte no está ociosa. Se ha hecho cargo de la campaña de desinformación hacia el exterior. A través de los consulados transmite una visión radicalmente sesgada de los acontecimientos a la ciudadanía peruana que reside en el extranjero. La mala fe ya queda con esto completamente al desnudo. El comunicado asevera que, ante los sucesos de Bagua, el Gobierno ha cuidado sumamente el respeto de “los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción y proporcionándoles la asistencia legal y la supervisión de las autoridades competentes” incluso todo ello en el caso de unos procesamientos: “en el proceso judicial correspondiente, las personas implicadas continuarán gozando de todas las garantías inherentes al debido proceso”. Dada la línea inmaculada de comportamiento, de otras responsabilidades, ni políticas ni criminales, es el caso. No entran en cuestión.

Hay más explicaciones: “El objetivo del gobierno es evitar la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera”. Sobre derechos indígenas tampoco hay cuestión pues es en dicho contexto donde se comprende una serie de leyes y decretos: “Para defender este patrimonio ecológico de la humanidad, reforestar las áreas destruidas y establecer el orden, el gobierno impulsó una legislación moderna”. Si otra cosa se ha entendido en medios indígenas es porque “movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras”. Con este despliegue ejercicio de transparencia todo queda cristalinamente claro. Ya se sabe ahora por qué las empresas extractivas irrumpen, concesión gubernativa mediante, en la Amazonía: para evitar su destrucción en manos de gente desaprensiva.

En esta instrucción de la Cancillería a los consulados peruanos unas políticas alegadamente genocidas pueden aparecer transvertidas. He aquí el remate del comunicado: “El Gobierno peruano reitera su firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en esta delicada problemática y su voluntad de evitar la destrucción de la amazonía, cumpliendo su compromiso con las propias etnias nativas y con el futuro de la humanidad”. Punto. Y seguido por supuesto, nada final como se quiere.


Fuente:
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1737

La sociedad civil condena la masacre de indígenas en el Perú

• La sociedad civil condena la masacre de indígenas en el Perú y hace un llamado al Perú y a la Comunidad Internacional para que se respeten los derechos humanos.

6 de junio de 2009
Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos la violencia contra los manifestantes pacíficos indígenas y la policía en el Perú, que ha resultado en la muerte de al menos 30 personas hasta la fecha.

Hacemos un llamado tanto al Gobierno del Perú como a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) para que establezcan un diálogo de buena fe para prevenir una mayor escalada de violencia. Apremiamos a la comunidad internacional para que envíe un claro mensaje a Perú de que la represión militar no es una forma aceptable para la resolución de conflictos.

La actual y violenta crisis en el respeto de los derechos humanos ilustra de forma vívida las consecuencias de un fracaso sistemático en los procesos básicos de gobernanza relativos a procesos de consulta, tenencia de tierras y acceso a los recursos.

La movilización de los pueblos indígenas que desembocó en violencia el pasado viernes comenzó en abril como reacción a una serie de leyes promulgadas por el gobierno del Presidente Alan García durante el pasado año. Las leyes contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran como una amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus bosques, recursos y territorios. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin ningún tipo de consulta formal o informal con los pueblos indígenas, en violación de los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta es la segunda ocasión en menos de un año en que los pueblos indígenas amazónicos han tenido que recurrir a grandes bloqueos prolongados de carreteras, ríos e infraestructuras de las industrias extractivas, después de que sus frecuentes peticiones de consulta y diálogo hayan sido ignoradas en Lima.

El trágico desarrollo de estos incidentes pone en evidencia que ignorar los derechos de los pueblos y su participación en los procesos que afectan sus tierras y medios de vida puede resultar en serios conflictos sociales y políticas fallidas. Mientras lo negociadores de cambio climático se reúnen en Bonn, se debe prestar especial atención a estos sucesos y las lecciones que de ellos pueden extraerse, de forma que pueda garantizarse que los derechos de los pueblos indígenas se consideren como una parte integral de cualquier acuerdo final para salvar los bosques y el clima.


Amazon Alliance
Asian Indigenous Women's Network (AIWN).
COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
Consumers Association of Penang, Malaysia
Ecologistas en Acción, Spain
Ecological Society of the Philippines
Environmental Investigation Agency, US & UK
FERN
Friends of the Earth International
Global Exchange, United States
Global Social Justice, Belgium
Global Witness, UK
Greenpeace International
Humane Society International, Australia
Indigenous Environmental Network (IEN)
International Accountability Project, US
International Youth Caucus, Bonn
North East Peoples Alliance on Trade, Finance and Development, India
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Foundation UK
Salva le Foreste, Italy
Sierra Club, United States
Sustainability Watch Network, Central America
Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education)
Terra!, Italy
Third World Network
Wetlands International, Netherlands
World Rainforest Movement, Uruguay
The Wilderness Society, Australia

• Premio Nobel de la Paz envió carta a al presidente Alan García

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU SEÑOR ALAN GARCÍA:


Señor Presidente:


Con indignación y dolor he sido testigo a distancia del giro de los acontecimientos en la República de Perú, a raíz del rechazo de los pueblos indígenas amazónicos a los acuerdos comerciales internacionales suscritos por su persona en su calidad de Presidente, violatorios de la Constitución Política, del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y las leyes de su país.

La brutal respuesta del Estado peruano en Bagua, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a la resistencia indígena en defensa de la Madre Naturaleza (tras 56 días de movilización amazónica, fracaso del diálogo y postergación de la derogatoria de varios decretos legislativos), ha costado la vida de numerosas personas y el desplazamiento de cientos de familias en busca de resguardo para evitar ser víctimas mortales de la acción represiva de la fuerza pública.

La supuesta ‘conspiración internacional’ denunciada por su gobierno, es una farsa. Los pueblos indígenas del Continente sólo están reclamando consulta, participación, respeto a las comunidades originarias y salvaguarda de la naturaleza. Están rechazando en forma enérgica la subordinación de la clase política y de los empresarios nacionales a los poderosos intereses de las compañías transnacionales. Muestran con dignidad su rostro y se movilizan por la identidad, las culturas ancestrales y el vínculo íntimo de ‘vida humana - Madre Naturaleza’. Emergen, se levantan y luchan en contra de una concepción de desarrollo que empobrece a la gente, mata paulatinamente al planeta Tierra y envilece los verdaderos intereses nacionales en cada país. Esa es la ‘conspiración internacional’ a la cual Usted y su gobierno aluden.

Por tal motivo, me uno al clamor de los ciudadanos y ciudadanas de mi país y del mundo y demando de Usted y su gobierno el cese de la represión en Bagua, se levante el estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, se detenga la persecución en contra de la población y dirigencia, y se realice una investigación internacional para una aclaración total de los hechos en los cuales se perdieron vidas humanas y lo cual condenamos enérgicamente en esa región, así como se dé paso al irrestricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. El ejercicio de derechos no debe criminalizarse. La represión estatal debe ceder espacio a la búsqueda racional de soluciones mediante el diálogo y la negociación con voluntad política real.


Atentamente,


Rigoberta Menchú Tum*

• Perú: Investigar violencia en Bagua. Al menos 32 muertes confirmadas
  

Junio 10, 2009

Ministra Gladys Margot Echaíz Ramos
Fiscal de la Nación
Ministerio Público-Fiscalía De La Nación
Av. Abancay Cdra 5
Lima

Estimada Dra. Echaíz,

Me dirijo a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por el violento enfrentamiento que tuvo lugar el 5 de junio en la provincia de Bagua y en el cual perdieron la vida al menos 32 personas, entre ellas varios policías y civiles que participaban en una manifestación. Hasta hoy, tanto el gobierno como los grupos indígenas ofrecen versiones contradictorias de los hechos. Dada la gravedad de lo ocurrido la semana pasada, es crucial que la Fiscalía promueva una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial que permita identificar y juzgar a quienes cometieron delitos.

Hemos recibido denuncias creíbles de que el viernes 5 de junio la policía intentó despejar violentamente una manifestación organizada por grupos indígenas en la provincia de Bagua. La manifestación se produjo tras varias semanas de protestas que reclamaban que el gobierno del Presidente García suspendiera una serie de decretos legislativos que facilitarían actividades económicas en el Amazonas peruano. Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena. Esto aparentemente profundizó el enojo de los manifestantes, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes que tuvo como saldo decenas de policías y civiles muertos. Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana.

Se han brindado versiones contradictorias sobre la cantidad de policías y civiles que murieron durante los sucesos en Bagua. Según las cifras oficiales, 23 oficiales de policía perdieron la vida y 24 resultaron heridos, en tanto el saldo entre los manifestantes indígenas fue de 9 víctimas fatales y 155 heridos. Sin embargo, el número de muertos civiles continúa siendo incierto. Otras fuentes señalan que más de 25 civiles fueron asesinados y, según información recibida por Human Rights Watch, algunos testigos afirman que miembros de las fuerzas de seguridad habrían arrojado los cuerpos de varios manifestantes al río.

En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía. Para facilitar estas investigaciones, deberían darse inmediatamente los siguientes pasos:

* Asegurar que se adopten las medidas pertinentes para que los miembros de la policía y el Ejército no aprovechen el acceso que tienen a algunas zonas durante el toque de queda para ocultar o destruir pruebas incriminatorias;
* Elaborar y difundir una lista de todos los civiles que participaron en las manifestaciones y cuyo paradero se desconoce, que luego deberá ser usada para investigar dónde se encuentran y determinar la cantidad exacta de víctimas civiles; y
* Coordinar con la Defensoría del Pueblo para asegurar que los testigos, tanto civiles como policías, sientan que cuentan con la protección necesaria para ofrecer su testimonio en un entorno seguro.

Estamos sumamente preocupados porque hemos recibido denuncias de defensores de derechos humanos que sugieren que estas medidas todavía no han sido adoptadas.

Además de lo anterior, y con el propósito de fortalecer el trabajo de la Fiscalía de la zona, la instamos respetuosamente a que conforme una comisión de fiscales de alto nivel con la experiencia profesional y los antecedentes adecuados para llevar a cabo esta investigación crítica. Deben contar con las facultades y los recursos necesarios para determinar cuestiones clave sobre responsabilidad penal, incluido el alcance de cualquier participación estatal en los crímenes.

Quisiera agradecerle de antemano su atención a la presente carta.

Atentamente,

José Miguel Vivanco*
CC: Presidente Alan García

• Q’orianka: Estoy orgullosa de ser indígena

Ante la constante actitud del presidente Alan García por sus cuestionamientos a las condiciones humanas de los pobladores indígenas, la actriz de origen peruano Q’orianka Kilcher afirmó esta mañana –en conferencia de prensa en Lima- que “todos los peruanos son ciudadanos de primera clase” y lamentó que el gobierno aprista haya preferido optar por la violencia en vez de dialogar con los pueblos indígenas.

“He escuchado que el señor Alan García ha dicho que nuestros hermanos indígenas no son ciudadanos de primera clase. Todos los peruanos somos de primera clase y yo estoy orgullosa de ser indígena”, dijo Kilcher en conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

La protagonista de ‘Pocahontas’ explicó que su presencia en el Perú es para solidarizarse con sus hermanos indígenas. “He venido, impresionada, para saber la verdad de lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas”, agregó.

Manifestó que le “encantaría conversar” con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama para explicarle la situación de los indígenas peruanos y “sé que él (Obama) está entendiendo la situación”. Dijo, asimismo, que está “contando y movilizando” a sus amigos actores.



Q’orianka anunció que, como joven y con nueva orientación, donará cincuenta mini equipos audiovisuales a los jóvenes de las comunidades indígenas para que retraten su situación. “He venido a investigar la verdad, porque quiero saber donde están los cadáveres de las miles de personas que han perdido la vida en la amazonía, es por ello que he traído cincuenta cámaras para que los jóvenes filmen y documenten la verdad de los hechos", señaló.

• Con Pizango

Sobre el titular de Aidesep, Alberto Pizango, la joven actriz dijo que él está en su corazón porque “es un gran ejemplo a seguir, a pesar de que el Gobierno lo intenta silenciar. Él lidera a los pueblos indígenas con mucho coraje", expresó.


En la víspera, Q’orianka dialogó telefónicamente con Pizango, a quien le expresó su reconocimiento por la defensa de los intereses de los pueblos indígenas y amazónicos del Perú que lleva adelante el presidente de Aidesep.


Apenas arribó a la capital procedente de Los Ángeles, Estados Unidos, Kilcher se contactó telefónicamente con Pizango, asilado en la embajada de Nicaragua en el Perú. “Yo estoy contigo Alberto y con todos mis hermanos indígenas”, le dijo entre sollozos la actriz de cine de 19 años de edad, al recordar la tragedia que se vive en Bagua.

• Rigoberta Menchú Tum*

Es Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

• José Miguel Vivanco*

Director de la División de las Américas de Human Rights Watch
Es un experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, Vivanco trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos. Vivanco también ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Ha publicado artículos en los principales periódicos de América Latina y es entrevistado regularmente en programas noticiosos para la televisión. De nacionalidad chilena, Vivanco estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.

• Q'Orianka Kilcher*

Actriz y cantante estadounidense criada en Hawaii y posteriormente en Los Ángeles, aunque de raíces suizo-peruanas. Su padre pertenece a la cultura indígena quechua-huachipaeri, mientras que su madre es de ascendencia suiza. Se hizo conocida por su interpretación de Pocahontas en el film de The New World.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama al Estado peruano a respetar derechos humanos

Servindi, 09 de junio, 2009.-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer enérgicamente los graves hechos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio en Bagua, en el norte de Perú, que habrían ocasionado la muerte de varias personas.

El organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) recordó al Estado su obligación de esclarecer judicialmente los hechos de violencia ocurridos en Bagua y reparar sus consecuencias.

Según la información recibida, por lo menos 30 personas habrían muerto y otras habrían resultado heridas, incluyendo líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú.

El operativo tuvo como finalidad dispersar el bloqueo que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. El acto de protesta había sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios.

La CIDH llamó al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos debido a que los centros de atención a la salud en Bagua no estarían capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos..

Asimismo, llamó a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta.



“La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión” recordó la CIDH.

En referencia al estado de sitio declarado en varias ciudades amazónicas el 9 de mayo la CIDH recordó que existen derechos que no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos.

Ello se encuentra dispuesto en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, en vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la CIDH llamó al Estado peruano “a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.



Documento de la CIDH

COMUNICADO DE PRENSA de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

No. 35/09

LA CIDH CONDENA HECHOS DE VIOLENCIA EN PERÚ



Washington, D.C., 8 de junio de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los graves hechos de violencia que tuvieron lugar el 5 de junio en Bagua, en el norte de Perú, que habrían ocasionado la muerte de varias personas.


Según la información recibida, por lo menos 30 personas habrían muerto y otras habrían resultado heridas, incluyendo líderes indígenas y miembros de las fuerzas de seguridad, como resultado de un operativo de la Policía Nacional del Perú para dispersar el bloqueo que grupos indígenas mantenían en la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. El acto de protesta había sido organizado por pueblos indígenas de la Amazonía peruana tras la adopción de decretos legislativos que afectarían el derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios. La Comisión Interamericana recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias.


La información recibida señala que los centros de atención a la salud en Bagua no estarían capacitados para brindar asistencia a la gran cantidad de indígenas que resultaron heridos. La CIDH llama al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos.


La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. Como ha manifestado la CIDH: “La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.


Por último, la CIDH ha tomado conocimiento que el 9 de mayo el Gobierno declaró el estado de sitio. La Comisión desea recordar que el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enumeran los derechos que no pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. En vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes sin que se informara sobre su identidad o su paradero, la CIDH llama al Estado peruano a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Fuentes: Serviindi y CIDH

¿Quién ordenó disparar a muerte en el Perú?

Por Bartolomé Clavero*

Yehude Simón ya parece estar pensando en su defensa ante la justicia. Ayer día 8 de junio ha alegado ante el Congreso que el gobierno presidido por él no dispuso en ningún momento la utilización de armas letales, sino que siempre ha optado por el diálogo y la persuasión. Según la Constitución de la República del Perú, “velar por el orden interno” así como “presidir el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” (art. 118.4 y 14) son competencias del Presidente de la República, Alan García ahora, y no del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón por el momento. Hay que darle a éste último la razón constitucional respecto a este estricto punto de la responsabilidad, pero éste es el único aspecto en el que la razón puede concedérsele.

Los responsables constitucionales de la orden de atacar a indígenas la madrugada del pasado viernes 5 de junio, por aire desde helicópteros con bombas de gas y por tierra con ráfagas de metralleta, es el Presidente de la República, Alan García, y al mando militar que se prestó a un operativo de efecto letal asegurado. Si el primero lo hizo sin consejo de sus ministros con su presidente a la cabeza, no se entiende el comportamiento posterior de los mismos, particularmente de la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y del Ministro de Defensa, Antero Flores-Araoz, respaldando incondicionalmente la operación, ni, aún menos, la postura del Presidente del Consejo, Yehude Simón, eximiéndose a sí mismo de responsabilidad. Pero tomemos en serio sus palabras. Resultan graves sus implicaciones.

Si el Consejo de Ministros, como asevera su Presidente, no dispuso, lo que constitucionalmente no le cabe, ni aconsejó, lo que constitucionalmente le corresponde, el operativo militar y policial, entonces las palabras de Yehude Simón están de hecho imputando la responsabilidad por los crímenes ante todo a Alan García. Por otra parte, si lo que se asevera es cierto, no se entiende cómo el entero Consejo de Ministros, con su Presidente a la cabeza, no presentaron de forma inmediata su dimisión fulminante. Con sus palabras, Yehude Simón está también reconociendo la cuota seria de responsabilidad criminal que le corresponde junto a todos sus ministros, con Antero Flores-Araoz y Mercedes Cabanillas en primera línea.

No se olvide que la responsabilidad penal es individual. Responsabilidad al Estado le corresponde en cuanto al importante capítulo de la reparación y la compensación. Son responsabilidades distintas. Tratándose de un crimen de sangre al que se ha llegado por la práctica empeñada de una política genocida, pues busca el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, art. 2.c), las responsabilidades individuales podrían depurarse, si la justicia peruana no procede, ante la Corte Penal Internacional y la del Estado, ante la Corte Internacional de Justicia.

Las implicaciones de las palabras del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso también interesan al escenario del crimen. Si, según afirma, se mantenía una posición de diálogo es porque el diálogo cabía, como indudablemente cabe. Las medidas indígenas de bloqueo de comunicaciones responden a la determinación de defender unos derechos atropellados por decretos y políticas gubernamentales que respaldan y promocionan la invasión empresarial de sus territorios y depredación consiguiente de sus recursos. Es una posición la indígena con buenas razones de derecho, a la luz tanto del derecho constitucional peruano como del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que el Gobierno no ha hecho ni el intento de formular la suya en términos jurídicos, constándole como le consta que carece de razones de derechos ni constitucionales ni humanos o de derechos sin más. Su lenguaje es el de los intereses con el añadido encima de un racismo rampante.

No debe pasarse por alto que las explicaciones suplementarias de Yehude Simón ante el Congreso, tras intentar en vano desprenderse de responsabilidad, abundan, con lenguaje ciertamente menos combativo, en el racismo paladino del que hace alarde estos días el Presidente de la República Alan García. Mirando a las víctimas, se identifica emotivamente con las de la policía al tiempo que guardan un silencio vergonzoso sobre las indígenas. Para Simón y García, las unas merecen conteo y honores; las otras, ocultación y desprecio. Según la perspectiva expresada por los máximos responsables de la política peruana, la que está inspirando sus decisiones, se trata de nosotros y ellos, de gente de razón y gente irracional, de defensores naturales e infractores inveterados del orden, de peruanos e indígenas.

Todavía peor. Tanto Simón como García presentan el conflicto como si se estuviera poco menos que produciendo una invasión del Perú, como si los indígenas fueran invasores en sus propios territorios, los territorios que son suyos desde antes de la existencia de la República del Perú. La misma inverosimilitud de las palabras de Yehude Simón sólo se explica en este contexto de convicciones racistas profundas. Dándose por hecho que las palabras se dirigen a gentes igual de racistas, se muestran confiados en que se les de crédito. El insulto se añade al crimen. Naturalmente, por mucho que el delito de política y de acción genocidas pueda considerarse flagrante y confeso, no digo que, antes de que haya condena mediante el debido juicio con todas sus garantías, todos los mencionados sean criminales, pero el criminal también se caracteriza por buscar, ante las evidencias, complicidades.

Encuentro este comentario por internet: “El libreto ha sido decir aborigen malo, gobierno bueno, aborigen perro del hortelano, gobierno defensor de la democracia. El maniqueísmo simplón del gobierno hasta podría ser divertido dentro de su frivolidad, si no fuera porque ha costado ya muchas vidas humanas“. Espero que al autor o a la autora no le importe que las haga mías. Lo peor ahora es que la situación provocadora de muertes se mantiene. El Gobierno no deroga los decretos lesivos de derechos indígenas y, por esto mismo, no levanta el estado de suspensión de libertades personales y políticas indígenas.


* Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.

Fuente: Servindi
http://www.servindi.org/actualidad/opinion/12653

ONU: Presidenta del Foro Permanente llama al gobierno a detener la violencia contra indígenas

Servindi, 6 de junio, 2009.-

Victoria Tauli-Corpuz, Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, pidió al gobierno peruano poner “fin de inmediato a todos los actos de violencia contra las comunidades y organizaciones indígenas”

La funcionaria titular del foro de las Naciones Unidas expresó “su indignación y profundo pesar por las atrocidades cometidas a partir del 5 de junio contra los pueblos indígenas en la región amazónica, que han resultado en la pérdida de vidas, desapariciones y lesiones graves”.



Tauli-Corpuz envió su más sentido pésame a las familias de las víctimas y apremió al gobierno de Perú para que “garantice la inmediata y urgente atención médica de los heridos y proporcione ayuda a las familias de las víctimas”.

Asimismo, demandó que “cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos, especialmente su derecho a la vida y la seguridad.”

ONU: Foro Permanente califica de masacre, el asesinato de 25 indígenas de Perú

Erbol, 5 Junio, 2009.-

La vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Elisa Canqui, calificó de masacre la matanza de 25 indígenas en la región amazónica del norte peruano.

Canqui, en declaraciones a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol, aseveró que “estamos consternados ante esta nueva acción del gobierno de Alan García”.



Recordó que los pasados días la Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, pidió al gobierno peruano respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

La vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas aseveró que “el accionar del gobierno de García se traduce en masacre, esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los derechos humanos”.

Al menos 25 nativos y siete uniformados fallecieron este viernes en el cerro Curva del Diablo, del caserío Siempre Viva, en la provincia cajamarquina de Jaén, tras la incursión de la Policía peruana para desbloquear una carretera, que fue tomada hace algunos días por indígenas amazónicos.