El coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI),
Miguel Palacín Quispe, presentó ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD-ONU) las observaciones de las organizaciones indígenas al "Informe del Estado Peruano".
El lunes, con la intensión de probar “la discriminación y racismo que desarrolla sistemáticamente el gobierno peruano”, CAOI presentó un informe alternativo elaborado junto a la Confederación
Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y otras organizaciones de la sociedad civil.El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, en su exposición ante el CERD -citado para defender al gobierno peruano sobre las denuncias de discriminación-, responsabilizó a los pobladores indígenas y mestizos por la muerte de 34 personas el pasado 5 de junio, en la ciudad de Bagua.
Tras la intervención de Pastor, la CAOI presentó una serie de observaciones entre las que se recordó que el pasado 29 de marzo estas organizaciones presentaron una denuncia oficial contra el gobierno peruano por el cuestionamiento público y sistemático de los derechos de los pueblos indígenas en torno a su identidad ancestral y la legitimidad de su propiedad territorial.
Allí se mencionó la promulgación de 102 Decretos Legislativos (DL) para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, los cuales fueron rechazados por los pobladores indígenas del país en el marco de una huelga indefinida.
Asimismo, la denuncia priorizó la falta de consulta de los DL, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
En tal sentido, la CAOI manifestó que “ante los trágicos sucesos y la reciente defensa del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, ante el CERD las organizaciones indígenas presentaron un informe rechazando la posición del Gobierno”.
El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU está compuesto por 17 expertos, encargados de vigilar el cumplimiento de la Convención internacional contra la Discriminación racial.
“El Comité no es un tribunal y el Relator de la ONU para pueblos indígenas ya indicó que el genocidio no se configuraba en lo sucedido en Bagua. Pero aquí esperamos los resultados de una investigación independiente”, señaló el experto del Comité de origen guatemalteco, José Francisco Cali Tzay.
El próximo 28 de agosto, el CERD emitirá un dictamen de recomendaciones, cuyo cumplimiento será obligatorio para Perú.
A continuación reproducimos el contenido del resumen elaborado por CAOI: sobre las observaciones al Informe del Estado Peruano:
- Observaciones de las Organizaciones Indígenas al Informe del Estado Peruano ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
Al examinar el contexto nacional en torno a la situación de los derechos indígenas, el informe hace una apretada cronología del conflicto entre los pueblos amazónicos y el Estado peruano, para luego iniciar las observaciones al informe oficial presentado ante el CERD:
- Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afro Peruanos (INDEPA):
- El Estado nunca ha contado con una estructura que incluya a los pueblos indígenas.
- No se ha creado una instancia bilateral entre el Estado y los pueblos indígenas para el diseño de políticas públicas con perspectiva intercultural.
- El INDEPA no cumple con la representación paritaria de representantes en su Consejo Directivo: solo tiene nueve indígenas y afroperuanos frente a catorce representantes del Estado.
- Actualmente el INDEPA está paralizado y no se han repuesto los representantes indígenas en su Consejo Directivo. Su jefe ha utilizado las oficinas de esta institución como centro de trámites electorales del APRA.
- Industrias extractivas y derecho a la consulta:
- Desde 1991 se ha promovido la ampliación de las actividades mineras. Hoy abarca 23 millones de hectáreas, comprometiendo las tierras de unas 3200 comunidades campesinas y nativas.
- Desde 2004 se han incrementado los proyectos hidrocarburíferos, pasando de 13% a 75% el área lotizada de la Amazonía en solo cinco años.
- Las supuestas “consultas” se limitan a talleres informativos y audiencias públicas unilaterales, se hacen después de las negociaciones del Estado con la empresa y las observaciones de las comunidades no tienen carácter vinculante.
- El Ministerio del Ambiente no tiene autoridad o poder de efectuar un cambio significativo en el sector de Energía y Minas: la aprobación de los estudios de impacto ambiental, la participación de la población, la consulta a los pueblos indígenas, la fiscalización sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental y los instrumentos de gestión, continúan como competencia del Ministerio de Energía y Minas.
- Política de salud y pueblos indígenas:
- El 76% de los establecimientos de salud en comunidades nativas visitados por la Defensoría del Pueblo en 2008, en cuatro distritos de Amazonas, Madre de Dios, Ucayali y Loreto, no contaba con medios de transporte para desplazarse a las comunidades de su jurisdicción ni para derivar a pacientes que requieren atención más compleja o de emergencia.
- La Norma Técnica de Atención del Parto Vertical solo está orientada al primer nivel de atención y no a los hospitales. Tampoco se ha brindado suficiente capacitación a los profesionales de salud para su implementación.
- El centro Nacional de Salud Intercultural tiene poca capacidad operativa y escasos recursos.
- Ni el Plan Nacional Concertado de Salud ni la política de aseguramiento universal prevén estrategias para mejorar el acceso a la salud de las poblaciones indígenas.
- En las regiones rurales no hay profesionales de salud con manejo del idioma del lugar.
- Los profesionales de salud no respetan la medicina tradicional.
- No existen sistemas de registro que grafiquen la situación de salud de las comunidades indígenas.
- Política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB):
- En un año se ha retrocedido un 3.3% en el aprendizaje del quechua y 0.5% en el aprendizaje del aymara. Estos porcentajes absolutos del total de la población peruana, representan en realidad a más del 25% del total de hablantes de ambos idiomas que han dejado de hablarlo como primera lengua.
- No se cuenta con estadísticas oficiales sobre la cobertura EIB en la educación básica regular frente a las necesidades de la población indígena. Tampoco se han desarrollado análisis que midan las diferencias en lo referido a logros educativos entre escuelas EIB y no EIB. Asimismo, en las iniciativas para mejorar la calidad del gasto, no se visibiliza la EIB.
- Hay más de un millón de niños y niñas indígenas en edad escolar (645 081 niños y 439 391 niñas), de los cuales el 28,87% no asiste a la escuela y el 73,1% se encuentra atrasado según su edad escolar. Los mayores niveles de inasistencia escolar se dan en la población quechua-hablante (10,25%) y en la población nativa (26,84%), en donde más de la cuarta parte de los niños y niñas no asiste. Casi la mitad de las niñas nativas (47,45%) no están matriculadas.
- Acciones en torno a una cultura de no discriminación:
- El gobierno peruano, a través del propio Presidente de la República, ha desarrollado una constante práctica de agresión verbal contra la identidad indígena. En particular en torno a la legitimidad de sus derechos territoriales, pero también fomentando la confrontación social y la
estigmatización hacia los indígenas. Lo prueban sus artículos sobre el “síndrome del perro hortelano”, publicados en el diario El Comercio el 28 de octubre y el 25 de noviembre del 2007.- Estos discursos están orientados a justificar la política de intervención directa sobre los territorios indígenas y apuestan por la desvalorización económica y cultural de su propiedad colectiva y su lógica de intervención “no rentable” sobre los ecosistemas.
- La actitud discriminadora y agresiva hacia los indígenas se ha mantenido a lo largo de la gestión del presidente García, y no se ha menguado por los trágicos sucesos del 05 de junio. Esto se evidencia en sus declaraciones luego de la tragedia de Bagua.
- En la visión del gobierno del Perú, lo sucedido en Bagua no es fruto de un conflicto de intereses legítimos y derechos agredidos, pese a que esto ha sido alertado por diversas instancias, entre ellas la Defensoría del Pueblo. La única “explicación” del señor presidente es la manipulación de agentes políticos externos, o la ignorancia de los habitantes indígenas.
- Frases como “lo más retrasado de nuestro pasado” o “barbarie en el fondo de la selva”, para referirse a los indígenas del Perú, explican la reacción airada de las comunidades, que nunca habían sido tan directamente agredidas por un presidente de la república.
- Pueblos en aislamiento y contacto inicial:
La Ley 28736, que supuestamente reconoce sus derechos:
- Permite la realización de actividades extractivas en sus territorios.
- Señala que estos pueblos “se encuentran en posesión de un área de tierra”, sin reconocerles su condición especial como pueblos originarios, propietarios colectivos de sus territorios ancestrales.
- Somete la creación de reservas indígenas a procedimientos sumamente engorrosos y -lo que es peor- pretende aplicar esos procedimientos a las reservas ya creadas con anterioridad.
- No establece responsabilidades ni límites específicos para las entidades estatales vinculadas al problema.
- No contempla ninguna sanción para quienes incumplan con el mandato de proteger a los pueblos aislados o en contacto inicial.
- Conclusiones y preguntas sugeridas:
1) En el Perú existe una política general de discriminación de los pueblos originarios. De manera directa, incluso mediante declaraciones presidenciales. De forma más sutil, se atenta contra sus territorios ancestrales con políticas extractivas que violan impunemente el derecho a la consulta y se les condena al etnocidio al crear condiciones que impiden su reproducción cultural.
2) El Informe del Estado da cuenta de algunos avances normativos, declarativos, pero no de políticas concretas, de metas con diagnósticos y resultados periódicos. Es un informe insuficiente, más aun cuando se presenta luego de 11 años de solicitudes del CERD.
3) Formulamos las siguientes observaciones para que sean consideradas durante la presentación de los representantes del gobierno peruano ante CERD:
• ¿Cuáles son los objetivos del Estado peruano en torno a la población indígena? ¿Existen indicadores diferenciados sobre su realidad social y económica? ¿Se están construyendo?
• ¿Por qué razón se ha eliminado la participación indígena en el Consejo Directivo del INDEPA? ¿Cuáles son los logros concretos de esta entidad en torno a sus obligaciones institucionales? ¿Por qué no se ha creado ninguna nueva reserva para Pueblos en Aislamiento desde el año 2005? ¿Por qué se han autorizado operaciones de hidrocarburos sobre la propuesta de Reserva Napo Tigre sin opinión previa del INDEPA?
• ¿Cuál es el presupuesto designado a la Educación Intercultural Bilingüe y a la Política de Salud para los Pueblos Indígenas? ¿Se ha incrementado o disminuido en términos porcentuales?
• ¿Cuáles son las áreas de relaves (desechos tóxicos) de operaciones mineras y cómo han impactado e impactan de modo directo e indirecto en comunidades indígenas andinas? ¿Qué medidas toma el Estado peruano para la mitigación y/o compensación de esos impactos y cuáles son los resultados concretos de esas medidas?
• ¿Por qué aumentan los conflictos socioambientales por operaciones mineras y por qué los mecanismos estatales al respecto no logran solucionarlos y se van agravando?
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