Índice de noticias.
- Buena voluntad del gobierno sería suficiente para que los pueblos amazónicos se sientan escuchados.
- El Cenepa exige al gobierno que respete los acuerdos alcanzados.
- Nuevas protestas se van organizando en la Amazonía.
- Continúa persecución aprista contra movimiento indígena y maestros interculturales.
- Buena voluntad del gobierno sería suficiente para que los pueblos amazónicos se sientan escuchados.
21 de agosto de 2009.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana - AIDESEP exigió que el gobierno formalice la comisión independiente encargada de esclarecer los hechos de Bagua y que convierta en vinculantes las decisiones tomadas por la mesa de diálogo instalada en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Esta simple decisión ya comprometida por el gobierno lograría que en la reunión con las bases del 26 y 27 de agosto, los pueblos indígenas desistan de convocar un nuevo paro, informó Salomón Awanansh, vocero de la AIDESEP, pues el líder indígena denunció que la prometida “Comisión de la Verdad” aún no inicia sus investigaciones porque el gobierno “todavía no nombra a un representante”.La Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana - AIDESEP exigió que el gobierno formalice la comisión independiente encargada de esclarecer los hechos de Bagua y que convierta en vinculantes las decisiones tomadas por la mesa de diálogo instalada en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Esta mesa es la única de las tres instaladas que no avanza. Las otras mesas están dedicadas a debatir propuestas de desarrollo para la amazonía, regular el derecho a consulta previa y estudiar los siete decretos legislativos que los pueblos indígenas consideran inconstitucionales y que todavía no han sido derogados.
Informó que los representantes indígenas en la mesa de diálogo pidieron a los representantes del gobierno que se de una resolución ministerial para que los resultados de las cuatro mesas sean vinculantes y, de esta manera, se cumplan sus recomendaciones. Según asegura Awanash, los asesores de los ministros firmaron un acta con los pueblos indígenas y prometieron que esta resolución sería publicada en un plazo máximo de 5 días, que se vencen mañana.
En el documento - detalló el dirigente- se consignan solicitudes como el cese de la persecución indígena tanto en Lima como en regiones; reconocer el derecho de los familiares de los civiles fallecidos a recibir de indemnizaciones y que no sean trasladados a Lima los casos de los 13 civiles que permanecen detenidos en Chachapoyas.
En ese sentido, Salomón Awanansh reiteró que “si no hay ninguna aceptación o cumplimiento de nuestras propuestas, hemos reiterado que el pueblo hará una movilización en protesta”. Esta movilización podría ser acordada en la próxima asamblea, programada para la semana que viene.
Informó que los representantes indígenas en la mesa de diálogo pidieron a los representantes del gobierno que se de una resolución ministerial para que los resultados de las cuatro mesas sean vinculantes y, de esta manera, se cumplan sus recomendaciones. Según asegura Awanash, los asesores de los ministros firmaron un acta con los pueblos indígenas y prometieron que esta resolución sería publicada en un plazo máximo de 5 días, que se vencen mañana.
En el documento - detalló el dirigente- se consignan solicitudes como el cese de la persecución indígena tanto en Lima como en regiones; reconocer el derecho de los familiares de los civiles fallecidos a recibir de indemnizaciones y que no sean trasladados a Lima los casos de los 13 civiles que permanecen detenidos en Chachapoyas.
En ese sentido, Salomón Awanansh reiteró que “si no hay ninguna aceptación o cumplimiento de nuestras propuestas, hemos reiterado que el pueblo hará una movilización en protesta”. Esta movilización podría ser acordada en la próxima asamblea, programada para la semana que viene.
- Cenepa exige al gobierno que respete los acuerdos alcanzados
21 de agosto de 2009.
En Asamblea del 19 de agosto en la sede de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), las comunidades Awajún y Wampis, acordaron enviar un pronunciamiento público y donde llaman la atención al gobierno terminar su desidia respecto a los acuerdos llegados, pues los pueblos sienten que los están meciendo.
1. Reiteramos nuestra exigencia al Estado de que respete los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas del Cenepa, y restablezca el área de 152,873.76 hectáreas del Parque Nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor, cuya área ecológica fue recortada únicamente para favorecer intereses de la empresa minera Afrodita y de la empresa canadiense Dorato Resources Inc.
2. Exigimos al Ministerio de Energía y Minas que investigue con imparcialidad y rapidez las tres denuncias administrativas hechas por ODECOFROC contra las concesiones mineras otorgadas en la Cordillera del Cóndor, las cuales violan el artículo 71 de la Constitución Política el cual prohíbe a empresas extranjeras tener minas en zona fronteriza, y también violan el Convenio 169 de la OIT donde se establece el derecho a la consulta previa el cual sigue siendo pisoteado hasta la fecha.
3. Deploramos que el Gobierno continúe persiguiendo a nuestros dirigentes de AIDESEP impidiéndoles que retornen al Perú, que siga violando los derechos humanos del hermano Santiago Manuin, y que quiera trasladar a los hermanos detenidos a otra ciudad alejándolos de UTCUBAMBA a donde pertenecen, y repudiamos que en lugar de fomentar la reconciliación con los pueblos indígenas el Gobierno esté más ocupado en crear organizaciones falsas para quebrar la unidad organizativa del movimiento indígena.
4. Pedimos a la opinión pública a que no se deje sorprender por falsos dirigentes indígenas promovidos desde el Gobierno y advertimos a los señores Alexander Teets y Evaristo Nugkuag que serán sancionados de acuerdo a nuestra justicia indígena por usurpar y traicionar la voluntad de las Comunidades.
5. Rechazamos que en la 75ava. Sesión del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en Ginebra, el Ministro de Justicia Aurelio Pastor haya acusado falsamente a los pueblos Awajún y Wampis de haber emboscado con armas de fuego a las fuerzas policiales. Por eso respaldamos la propuesta del Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU Sr. James Anaya, de crear una Comisión Internacional que investigue los hechos del 05 de junio en Bagua y exigimos al Gobierno a que no siga acusando falsamente a los indígenas y no demore más la creación de esta Comisión Investigadora.
6. Nos solidarizamos con la valiente Fiscal de Utcubamba Dra. Luz Marleny Rojas quien ha sido cambiada de puesto por haber denunciado penalmente a los Generales de la Policía que ordenaron el operativo en la Curva del Diablo. Demandamos que dicha investigación también incluya al ex Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon y a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas.
7. Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Defensa que, junto con una comisión indígena, efectuemos una inspección al PV El Tambo donde se aloja el campamento minero de Afrodita/Dorato para verificar la situación actual del medio ambiente y la minería.
8. Reiteramos nuestro rechazo a la presencia de las empresas mineras Afrodita SAC y Dorato Perú SAC, subsidiaria de Dorato Resources Inc., por no haber consultado previamente a las comunidades nativas del Cenepa para realizar actividades mineras y las responsabilizamos de cualquier incidente futuro que sea ocasionado por sus incursiones en nuestro territorio ancestral.
9. Reiteramos nuestra exigencia al Ministerio de Energía y Minas, quien sigue desoyendo nuestras comunicaciones, a que no siga otorgando nuevas concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y que respete los derechos a la vida y la salud de los pueblos Awajun y Wampis, la biodiversidad biológica y los sitios sagrados presentes en nuestro territorio ancestral.
- Nuevas protestas se van organizando en la Amazonía
21 de agosto de 2009.
Dirigentes de las diversas comunidades indígenas amazónicas de Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Cajamarca coordinan acciones para convocar a otra paralización en la selva al ver que sus demandas no son atendidas por el Gobierno. Así lo señaló Leandro Calvo Natip, vicepresidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Nor Oriente del Perú - ORPIAN.
Estas demandas tienen que ver, precisamente, con los sucesos en Bagua del pasado cinco de junio; así como la liberación de los 13 detenidos en el penal de Huancas, Chachapoyas. También con el reconocimiento de los deudos, la exoneración del pago en varios hospitales a los heridos de Bagua, las garantías para el retorno del dirigente Alberto Pizango Chota de Nicaragua, entre otras peticiones.
Asimismo continúan exigiendo la derogación de varios decretos legislativos que, según su parecer, atentan contra sus territorios. Pese a ello, Calvo Natip señaló que están abiertos al diálogo con representantes del Gobierno en cualquier momento.
De otro lado, concluyó la reunión de Apus de diversas comunidades nativas del distrito de Imaza, en Bagua. En esta acordaron declarar persona no grata al presidente regional de Amazonas, ingeniero Óscar Altamirano Quispe, por juramentar a Alexander Teets Wishu como presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), a quien desconocen en el cargo.
- Continúa persecución aprista contra movimiento indígena y maestros interculturales
21 de agosto de 2009.
AIDESEP y FORMABIAP rechazaron y condenaron la persecución contra la profesora intercultural Maritza Ramírez Tamani, hecho que forma parte de la represión sistemática desatada por el gobierno aprista contra el movimiento indígena, sus dirigentes y maestros, pues ella ha sido notificada la 5ta. Fiscalía Provincial de Maynas a presentarse el 26 de agosto.
La acusación es “Delito contra el Patrimonio, extorsión y por el apoyo al bloqueo del río (sic) Napo y Curaray”, acusación que evidencia la política de criminalización de las protestas populares y el carácter represivo del gobierno contra toda expresión distinta al modelo político y económico que promueve.
Maritza Ramírez Tamani, profesora plenamente afirmada en su identidad Kukama, ha desarrollado un papel activo como miembro del Comité de Lucha Indígena de Loreto durante los últimos meses. Las acciones de Ramírez, así como de miles de hermanos y hermanas indígenas y mestizos en todo el país, se realizaron en defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas vulnerados por el actual gobierno, hecho reconocido por diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales.
El papel como dirigente de nuestra compañera, está lejos de la acusación que el gobierno presenta, refiriéndose a ella como una vulgar delincuente por el “delito contra el patrimonio y extorsión”, imputación que rechazamos tajantemente y que exigimos inmediata rectificación. De otro lado, la acusación de haber apoyado el “bloqueo del río (sic) Napo y Curaray” es totalmente falsa. La profesora Maritza en ningún momento ha ido por esa zona durante el tiempo del levantamiento indígena y estas imputaciones solo pueden explicarse en el marco de una política de persecución y hostigamiento a todas las voces que discrepan con el gobierno.
Las acusaciones contra la profesora Maritza Ramírez Tamani así como la reciente persecución al profesor quechua Roberto Martínez -ex Presidente ANAMEBI- está relacionada además con la lucha que desarrollan los maestros bilingües y el movimiento indígena contra los dispositivos dados por este gobierno, que impiden el ingreso a la formación magisterial en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de los jóvenes indígenas, poniendo en riesgo la EIB como un derecho de los niños y niñas indígenas a educarse en el marco de sus lenguas y culturas.
Con esta persecución, que se extiende a muchos dirigentes nacionales, regionales y de base de AIDESEP, el gobierno busca también acallar y desmovilizar al movimiento indígena para incumplir los compromisos de la Mesa de Diálogo y otros asumidos con el fin de dar solución a los justos reclamos de los pueblos indígenas. Manifestamos además nuestra solidaridad con los dirigentes indígenas y las demás víctimas de esta persecución perpetrada por el gobierno.
Fuente: AIDESEP
- Reflexiónes semanales: El tañido del Tuntui.
A la media noche de hoy, 22 de agosto se cumple el plazo dado al gobierno por las comunidades indígenas del Marañon y del Cenepa para decidir las acciones que adoptarán y que contemplan el retiro o suspensión de sus representantes de las mesas de diálogo, que consideran inoperantes por inasistencia de las autoridades del Ejecutivo, y hasta el reinicio de una gran protesta amazónica, con tomas de pozos y otras instalaciones petroleras.
Así lo manifestaba el integrante de la Aidesep, Walter Kategari, quien denunció el incumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el ex premier Yehude Simon referidos a la instalación de un diálogo claro y sincero con los nativos.
Como prueba de esta indiferencia, Walter Kategari mostró una carta enviada el último miércoles al premier Javier Velásquez, donde se le pide que señale la fecha y hora para la reunión del Grupo Nacional de diálogo, prevista inicialmente para la primera quincena de agosto y que debía hacer un balance y una autocrítica, de acuerdo al acta firmada en la tercera sesión del referido grupo. La carta no ha sido respondida hasta la fecha.
Salomón Awananch anunció que la población de Amazonas marchará el sábado y el domingo en demanda de sus derechos, movilización que cuenta con el total apoyo de la dirigencia y las bases de Aidesep.
El especialista en temas amazónicos, Róger Rumrrill, calificó como una provocación el reciente anuncio del presidente de Perupetro, Daniel Saba, de subastar en octubre o noviembre los lotes petroleros de la Amazonía, pues “sería el anuncio de una segunda batalla y resistencia de los pueblos indígenas por la conservación y tenencia de sus territorios que el gobierno quiere arrebatar”.
El estudioso advirtió que si los indígenas se retiran de las mesas de diálogo con el gobierno debido al hartazgo, la impaciencia y la falta de efectividad, echarán a andar el Plan B que será de mayor envergadura en toda la Amazonía, con presencia y adhesión de los indígenas del resto de la cuenca amazónica. “Se convertirá en una lucha panamazónica con indígenas de otros países que padecen los mismos problemas y que siguen de cerca la lucha peruana”, indicó.
Y es que para Rumrrill, la intención de Saba de subastar más de una decena de lotes este año debido a que el “Baguazo” de junio impidió el remate programado para julio se realice, no es sólo una formalización de la lotización que se había hecho en la selva, además de nuevos contratos de gas y petróleo, sino también se trata de compra de tierras en el marco de un proceso de transnacionalización de la región amazónica. “Cuando comience la extracción habrá mayor canon, pero los costos ambientales van a ser más graves y en ese momento, los indígenas van a empezar la más larga resistencia porque esa extracción petrolera sí va a afectar sus territorios y también los bosques y ríos amazónicos”, indicó.
Lideres Awajún y wampis decidieron denunciar al gobierno de García ante la CIDH
Dirigentes y apus de diversas comunidades pertenecientes a las etnias awajun y wampis acordaron en una asamblea extraordinaria, el pasado martes, denunciar al gobierno de Alan García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al maltrato que –aseguran– sufrieron tanto nativos como policías durante los sucesos del 5 de junio en Bagua.
Entre las conclusiones del acta, se decide incluir además al ex primer ministro Yehude Simon, a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y al ex titular de Defensa Ántero Flores Aráoz, a quienes responsabilizan por “mentir y difamar al pueblo amazónico” para evadir responsabilidades.
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