Lima, 20/06/2009 (CNR)
Luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de los enfrentamientos del 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente.
Así reveló el miembro del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Juan José Quispe, quien explicó que la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias se ampara en que no se ha individualizado a los policías autores.
“Archivar provisionalmente significa que la investigación está durmiendo en la esquina de los recuerdos”, dijo y detalló que ante la situación Aprodeh activó la denuncia ante la primera fiscalía provincial a afectos de que investiguen estos homicidios y lesiones.
El representante de APRODEH, cContó que se entrevistó con las víctimas y pudo comprobar que había personas con huellas de profundos orificios de entrada y de salida, con consecuencias posteriores. “Ellos, a diferencia de los deudos de los policías, no reciben nada, y será en el marco de un proceso penal donde se incorpore al Estado como tercero civil responsable para que den una indemnización a los familiares de estas personas”, indicó.
Las denuncias que la fiscalía se niega a investigar son las de Rufina Linares Terrones, por el homicidio de su conviviente Alejandro Salazar Huamán; de Sandra Jacqueline Oblitas Torres, por la muerte de su pareja Porfirio Coronel Jiménez; del profesor Leodoro Gonzales Uriarte, por las lesiones graves que ha sufrido; del también profesor Julio César Vásquez Elera por lesiones graves; de José Santos Adrianzén Medina, por lesiones leves con un proyectil de arma de fuego; de Claudina Pérez Navarro, sobre lesiones graves que sufrió su nieta de siete años Lady Luz Montes Gonzales, a quien hasta la fecha no le extirpan una bala, y de Elia Flor Vásquez Rodrigo, por las lesiones graves de su hermano Geiner Briones Rodrigo.
Informe no habido
Por otra parte, el doctor Quispe —quien visitó la zona en dos oportunidades luego del conflicto y estuvo presente en la conferencia de prensa convocada por la FIDH—, reveló también que la policía se niega a entregar a la fiscalía el informe del operativo de desalojo del 5 de junio en el que murieron más de 30 personas entre policías, civiles y nativos.
Anunció por ello que Aprodeh está evaluando pedir a la fiscalía que solicite al juez una orden de allanamiento a los locales policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que debían entregar el informe sobre la operación y se niegan a hacerlo.
Sospechan 'chuponeo' Juan José Quispe denunció, además, que las llamadas telefónicas que realiza a sus defendidos en la amazonía están siendo interceptadas.
Relató que en Bagua cuando conversaba telefónicamente con uno de sus defendidos apareció un mensaje en su teléfono celular que decía “llamada interceptada por otro interlocutor”, y mientras hablaba escuchaba unas voces lejanas al fondo.
Atribuyó el caso a que la labor y la posición de Aprodeh y de él como abogado de la institución ya es conocida en la zona de conflictos.
Fuente: Coordinadora nacional de Radio, Perú
http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26625
Luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de los enfrentamientos del 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente.
Así reveló el miembro del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Juan José Quispe, quien explicó que la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias se ampara en que no se ha individualizado a los policías autores.
“Archivar provisionalmente significa que la investigación está durmiendo en la esquina de los recuerdos”, dijo y detalló que ante la situación Aprodeh activó la denuncia ante la primera fiscalía provincial a afectos de que investiguen estos homicidios y lesiones.
El representante de APRODEH, cContó que se entrevistó con las víctimas y pudo comprobar que había personas con huellas de profundos orificios de entrada y de salida, con consecuencias posteriores. “Ellos, a diferencia de los deudos de los policías, no reciben nada, y será en el marco de un proceso penal donde se incorpore al Estado como tercero civil responsable para que den una indemnización a los familiares de estas personas”, indicó.
Las denuncias que la fiscalía se niega a investigar son las de Rufina Linares Terrones, por el homicidio de su conviviente Alejandro Salazar Huamán; de Sandra Jacqueline Oblitas Torres, por la muerte de su pareja Porfirio Coronel Jiménez; del profesor Leodoro Gonzales Uriarte, por las lesiones graves que ha sufrido; del también profesor Julio César Vásquez Elera por lesiones graves; de José Santos Adrianzén Medina, por lesiones leves con un proyectil de arma de fuego; de Claudina Pérez Navarro, sobre lesiones graves que sufrió su nieta de siete años Lady Luz Montes Gonzales, a quien hasta la fecha no le extirpan una bala, y de Elia Flor Vásquez Rodrigo, por las lesiones graves de su hermano Geiner Briones Rodrigo.
Informe no habido
Por otra parte, el doctor Quispe —quien visitó la zona en dos oportunidades luego del conflicto y estuvo presente en la conferencia de prensa convocada por la FIDH—, reveló también que la policía se niega a entregar a la fiscalía el informe del operativo de desalojo del 5 de junio en el que murieron más de 30 personas entre policías, civiles y nativos.
Anunció por ello que Aprodeh está evaluando pedir a la fiscalía que solicite al juez una orden de allanamiento a los locales policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que debían entregar el informe sobre la operación y se niegan a hacerlo.
Sospechan 'chuponeo' Juan José Quispe denunció, además, que las llamadas telefónicas que realiza a sus defendidos en la amazonía están siendo interceptadas.
Relató que en Bagua cuando conversaba telefónicamente con uno de sus defendidos apareció un mensaje en su teléfono celular que decía “llamada interceptada por otro interlocutor”, y mientras hablaba escuchaba unas voces lejanas al fondo.
Atribuyó el caso a que la labor y la posición de Aprodeh y de él como abogado de la institución ya es conocida en la zona de conflictos.
Fuente: Coordinadora nacional de Radio, Perú
http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26625
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