martes, 23 de junio de 2009

Perú, Modelo Genocida



Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Genocidios han existido muchos y mucho antes de que existiera la palabra. El genocidio por América es historia conocida desde los tiempos del colonialismo europeo. Hay genocidios y genocidios, casos antiguos y casos modernos, modelos coloniales, modelos neocoloniales y hasta modelos postcoloniales. Perú ha sido un verdadero laboratorio de genocidios. Vuelve a serlo a pleno rendimiento generando en la Amazonía un modelo entre neocolonial, por la decisiva participación foránea, y postcolonial, por el entusiasta respaldo del Estado. El Perú de la segunda Presidencia de Alan García se ha convertido en el paladín de este modelo.

Hay un modelo amazónico de genocidio que se genera en el siglo XIX. Consiste en la simple invasión del territorio para aprovechamiento económico prescindiéndose tanto de la presencia de humanidad en el mismo como también de la riqueza de una naturaleza no inmediatamente aprovechable, de lo primero salvo a los efectos de explotación laboral descarnada. Es un modelo que arrasa con humanidad y con naturaleza de forma que el daño a la segunda resulta inescindible del perjuicio, letal a menudo, a la primera. La mortandad humana se incrementaba tanto por las prácticas laborales de un esclavismo violento como por la destrucción no sólo colateral de los medios de vida indígena. Un diplomático británico de nación irlandesa fue testigo y le contó al exterior la historia.

Me refiero a Roger Casement, famoso porque también desveló el genocidio belga en la cuenca del Congo, y a sus informes sobre las prácticas de la empresa británica Peruvian Amazon Company en la Amazonía, más concretamente en el Putumayo peruano. Fueron documentos oficiales que dieron lugar a la formación de una comisión en el Parlamento británico cuyas actas también se hicieron públicas. Con toda la importancia que podrían haber tenido para una toma de conciencia en el Perú y con la responsabilidad que también pudiera corresponder al Estado peruano, no tengo noticias de que el Special Report from the Select Committee on Putumayo together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence and Appendices (Londres, 1913) fuera traducido al castellano o de alguna otra forma difundido por América Latina. Sobre el conocimiento que se llegara a tener en algunos círculos peruanos, comenzándose por el Congreso, la Justicia y el Gobierno, no sé nada ni parece que nadie se haya preocupado hasta hoy por averiguarlo. He ahí, con la complicidad, como mínimo, del Perú, las evidencias de un flagrante genocidio antes de que la palabra existiera.

Ayer era por el caucho y hoy es por los hidrocarburos con otros recursos naturales siemore de por medio. La invasión depredatoria de la Amazonía ha proseguido y ahora cobra un auge renovado. Los métodos no son los mismos. Se configura un nuevo modelo. El Congreso y el Gobierno tienen un papel más activo produciendo la legislación y ejecutando las políticas no sólo de respaldo, sino también de impulso de la depredación. El esclavismo violento ya no es cosa practicable, aunque pueda todavía subsistir alguna que otra forma de trabajo forzoso. Pero la humanidad indígena ya está completamente de sobra para la codicia de unas empresas extractivas. Llevan consigo su propia mano de obra entrenada y aguerrida. Objetivo suyo es el desplazamiento o la reducción de la población indígena; su ideal, la desaparición o la extinción de esta presencia que consideran un estorbo. El exterminio directo tampoco es muy practicable a estas alturas. La intención de borrar del mapa toda una presencia humana es en todo caso paladina.

He ahí el nuevo modelo genocida para la explotación de la Amazonía. También ha sido descrito para el debido conocimiento tanto en el interior como en el exterior. La afectación de ignorancia ni cupo entonces ni cabe ahora. Ahora Roger Casement tiene el nombre, por ejemplo, de Racimos de Ungurahui, EarthRights International, Amazon Watch y World Wildlife Fund, las organizaciones que han elaborado el informe sobre el caso del pueblos achuar de Río Corrientes: Un Legado de Daño. Occidental Petroleum en Territorio Indígena de la Amazonía Peruana (Lima, 2007). Sin necesidad de hacer uso de la denominación de genocidio, he ahí la descripción con todo detalle de un genocidio del modelo entre neocolonial y postcolonial, el característico ciertamente en la actualidad de la Amazonía peruana. No sólo describe la situación, sino que también dilucida responsabilidades, tanto las políticas como las empresariales, exponiéndose cómo y en qué medida se ha violado tanto el derecho internacional de los derechos humanos como la legislación peruana.

Esto último, el escollo de la legislación peruana, ha querido resolverlo Alan García, quien ha lanzado a continuación, desde la Presidencia de la República, el programa más decidido de invasión depredatoria de la Amazonía comenzando por producir un vuelco del derecho vigente en el Perú. Por allanarse el camino, se hizo habilitar por el Congreso a fin de proceder a un cambio radical de legislación, mediante un centenar de decretos en el tiempo acelerado de seis meses, con el objetivo en particular nada oculto de desmantelar las garantías existentes para los derechos indígenas que se interponen frente a la depredación. Bajo la Presidencia de Alan García, tal política fue puesta en práctica por el Gobierno de Jorge del Castillo y ha sido mantenida por el de Yehude Simon, aunque éste pareció arrancar con otro discurso. Fuertes resistencias locales y serias advertencias internacionales no hicieron recapacitar. Con inenarrable entusiasmo, Alan García condujo su política de depredación de la Amazonía hasta provocar la masacre de Bagua en el intento vano de doblegar la resistencia indígena.

¿Ha sido Bagua un genocidio? No, ciertamente. Es sólo un episodio del genocidio. No hay genocidio porque haya muertos, sino que hay muertos porque venía cometiéndose genocidio, el genocidio del modelo entre neocolonial, por la decisiva participación empresarial foránea, y postcolonial, por el no menos decisivo papel político del Estado. Ha de reconocerse que Alan García ha perfeccionado el modelo al máximo que cabe. Doblegó a la legislación peruana, pero no es tan fácil doblegar a la resistencia indígena ni, a estas alturas, al derecho internacional de los derechos humanos, un escollo cuya entidad no se midió bien. Bajo Alan García, la Cancillería y las Embajadas peruanas han desplegado una línea de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional como forma de encubrir las políticas internas. Ha sido la resistencia indígena la que ha puesto el juego en evidencia.

El modelo de genocidio neopostcolonial es de un tiempo en el que ya existe el nombre, no digo el adjetivo. El neologismo fue acuñado justo a punto para que pudiera utilizarlo la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que data de 1948. La misma tipifica como tal, como genocidio, no sólo el exterminio directo, sino también, por ejemplo, la “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”, siempre que sea con la intención de eliminarlo “en todo o en parte”, y el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. ¿No se ven aquí descritas las consecuencias inhumanas de las prácticas depredatorias de la Amazonía? ¿No está así tipificado como delito de lesa humanidad lo que había ocurrido y lo que ocurriría en la Amazonía peruana? Cierto es, pero ha de reconocerse que el efecto disuasorio de la Convención fue nulo, ya no digo del penalizador. En el Perú se perdió cuidado y pudo reactivarse el impulso económico genocida. Así ha podido llegarse hasta el perfeccionamiento del modelo por Alan García y hasta la sangre derramada en Bagua.

Que la masacre de Bagua no sea genocidio, sino tal sólo un episodio del mismo, es relevante a los efectos de rectificación y reparación. La misma legislación alangarcista ha sido un instrumento de genocidio y no el genocidio mismo. Quiere esto decir que, para una rectificación, no basta con derogar una serie de decretos lesivos de derechos ni tampoco con ofrecerle, como se debe, reparación a las víctimas de una masacre. Hay que erradicar la política genocida y reparar sus efectos, todos sus efectos, todos y cada uno de los daños y perjuicios ocasionados, los direcos y los indirectos, por restitución o por compensación según resulte materialmente factible. ¿Para el futuro? Lo estipulado por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: consentimientos indígena libre, previo e informado con todas sus implicaciones.

En resumidas cuentas, las personas, las comunidades y los pueblos indígenas que han venido sufriendo el genocidio peruano tienen derecho no sólo a un ordenamiento conforme con el derecho internacional de los derechos humanos, sino también a la devolución y saneamiento de sus territorios con resarcimiento por todos los daños de todo género que se hayan causado. Otra cosa representaría un paliativo sin capacidad siquiera para interrumpir la larga continuidad de unas políticas genocidas.

Finalmente, cabe añadir que la tipificación del genocidio por el Estatuto de la Corte Penal Internacional es la misma de la Convención y que el Perú tiene ratificados ambos instrumentos. Las eventuales responsabilidades criminales, sean políticas o empresariales, podrían consiguientemente depurarse por la Corte Penal Internacional (salvo en el caso de empresarios nacionales de Estados que no tengan ratificado el Estatuto).

Una última sugerencia. Evitemos que el pasado inicuo se convierta en un futuro peor a través del presente indeciso. No nos preguntemos para qué ha servido la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Para una norma tan inoperativa hasta ahora, no es esa de mirar al pasado buena guía. Pues la Convención está completamente inédita en lo que interesa a pueblos indígenas, lo que hemos de preguntarnos es para qué puede y debe servir. Y obremos en consecuencia.


Anexo: Caso de genocidio neopostcolonial en la Amazonía peruana


Fuente: Bartolomé Clavero
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1767



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