- La sociedad civil condena la masacre de indígenas en el Perú y hace un llamado al Perú y a la Comunidad Internacional para que se respeten los derechos humanos.
6 de junio de 2009
Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos la violencia contra los manifestantes pacíficos indígenas y la policía en el Perú, que ha resultado en la muerte de al menos 30 personas hasta la fecha.
Hacemos un llamado tanto al Gobierno del Perú como a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) para que establezcan un diálogo de buena fe para prevenir una mayor escalada de violencia. Apremiamos a la comunidad internacional para que envíe un claro mensaje a Perú de que la represión militar no es una forma aceptable para la resolución de conflictos.
La actual y violenta crisis en el respeto de los derechos humanos ilustra de forma vívida las consecuencias de un fracaso sistemático en los procesos básicos de gobernanza relativos a procesos de consulta, tenencia de tierras y acceso a los recursos.
La movilización de los pueblos indígenas que desembocó en violencia el pasado viernes comenzó en abril como reacción a una serie de leyes promulgadas por el gobierno del Presidente Alan García durante el pasado año. Las leyes contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran como una amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus bosques, recursos y territorios. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin ningún tipo de consulta formal o informal con los pueblos indígenas, en violación de los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta es la segunda ocasión en menos de un año en que los pueblos indígenas amazónicos han tenido que recurrir a grandes bloqueos prolongados de carreteras, ríos e infraestructuras de las industrias extractivas, después de que sus frecuentes peticiones de consulta y diálogo hayan sido ignoradas en Lima.
El trágico desarrollo de estos incidentes pone en evidencia que ignorar los derechos de los pueblos y su participación en los procesos que afectan sus tierras y medios de vida puede resultar en serios conflictos sociales y políticas fallidas. Mientras lo negociadores de cambio climático se reúnen en Bonn, se debe prestar especial atención a estos sucesos y las lecciones que de ellos pueden extraerse, de forma que pueda garantizarse que los derechos de los pueblos indígenas se consideren como una parte integral de cualquier acuerdo final para salvar los bosques y el clima.
Amazon Alliance
Asian Indigenous Women's Network (AIWN).
COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
Consumers Association of Penang, Malaysia
Ecologistas en Acción, Spain
Ecological Society of the Philippines
Environmental Investigation Agency, US & UK
FERN
Friends of the Earth International
Global Exchange, United States
Global Social Justice, Belgium
Global Witness, UK
Greenpeace International
Humane Society International, Australia
Indigenous Environmental Network (IEN)
International Accountability Project, US
International Youth Caucus, Bonn
North East Peoples Alliance on Trade, Finance and Development, India
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Foundation UK
Salva le Foreste, Italy
Sierra Club, United States
Sustainability Watch Network, Central America
Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education)
Terra!, Italy
Third World Network
Wetlands International, Netherlands
World Rainforest Movement, Uruguay
The Wilderness Society, Australia
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU SEÑOR ALAN GARCÍA:
Señor Presidente:
Con indignación y dolor he sido testigo a distancia del giro de los acontecimientos en la República de Perú, a raíz del rechazo de los pueblos indígenas amazónicos a los acuerdos comerciales internacionales suscritos por su persona en su calidad de Presidente, violatorios de la Constitución Política, del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y las leyes de su país.
La brutal respuesta del Estado peruano en Bagua, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente,
a la resistencia indígena en defensa de la Madre Naturaleza (tras 56 días de movilización amazónica, fracaso del diálogo y postergación de la derogatoria de varios decretos legislativos), ha costado la vida de numerosas personas y el desplazamiento de cientos de familias en busca de resguardo para evitar ser víctimas mortales de la acción represiva de la fuerza pública.
La supuesta ‘conspiración internacional’ denunciada por su gobierno, es una farsa. Los pueblos indígenas del Continente sólo están reclamando consulta, participación, respeto a las comunidades originarias y salvaguarda de la naturaleza. Están rechazando en forma enérgica la subordinación de la clase política y de los empresarios nacionales a los poderosos intereses de las compañías transnacionales. Muestran con dignidad su rostro y se movilizan por la identidad, las culturas ancestrales y el vínculo íntimo de ‘vida humana - Madre Naturaleza’. Emergen, se levantan y luchan en contra de una concepción de desarrollo que empobrece a la gente, mata paulatinamente al planeta Tierra y envilece los verdaderos intereses nacionales en cada país. Esa es la ‘conspiración internacional’ a la cual Usted y su gobierno aluden.
Por tal motivo, me uno al clamor de los ciudadanos y ciudadanas de mi país y del mundo y demando de Usted y su gobierno el cese de la represión en Bagua, se levante el estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, se detenga la persecución en contra de la población y dirigencia, y se realice una investigación internacional para una aclaración total de los hechos en los cuales se perdieron vidas humanas y lo cual condenamos enérgicamente en esa región, así como se dé paso al irrestricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. El ejercicio de derechos no debe criminalizarse. La represión estatal debe ceder espacio a la búsqueda racional de soluciones mediante el diálogo y la negociación con voluntad política real.
Atentamente,
Rigoberta Menchú Tum*
Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos la violencia contra los manifestantes pacíficos indígenas y la policía en el Perú, que ha resultado en la muerte de al menos 30 personas hasta la fecha.
Hacemos un llamado tanto al Gobierno del Perú como a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) para que establezcan un diálogo de buena fe para prevenir una mayor escalada de violencia. Apremiamos a la comunidad internacional para que envíe un claro mensaje a Perú de que la represión militar no es una forma aceptable para la resolución de conflictos.
La actual y violenta crisis en el respeto de los derechos humanos ilustra de forma vívida las consecuencias de un fracaso sistemático en los procesos básicos de gobernanza relativos a procesos de consulta, tenencia de tierras y acceso a los recursos.
La movilización de los pueblos indígenas que desembocó en violencia el pasado viernes comenzó en abril como reacción a una serie de leyes promulgadas por el gobierno del Presidente Alan García durante el pasado año. Las leyes contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran como una amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus bosques, recursos y territorios. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin ningún tipo de consulta formal o informal con los pueblos indígenas, en violación de los compromisos asumidos por el Perú bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta es la segunda ocasión en menos de un año en que los pueblos indígenas amazónicos han tenido que recurrir a grandes bloqueos prolongados de carreteras, ríos e infraestructuras de las industrias extractivas, después de que sus frecuentes peticiones de consulta y diálogo hayan sido ignoradas en Lima.
El trágico desarrollo de estos incidentes pone en evidencia que ignorar los derechos de los pueblos y su participación en los procesos que afectan sus tierras y medios de vida puede resultar en serios conflictos sociales y políticas fallidas. Mientras lo negociadores de cambio climático se reúnen en Bonn, se debe prestar especial atención a estos sucesos y las lecciones que de ellos pueden extraerse, de forma que pueda garantizarse que los derechos de los pueblos indígenas se consideren como una parte integral de cualquier acuerdo final para salvar los bosques y el clima.
Amazon Alliance
Asian Indigenous Women's Network (AIWN).
COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
Consumers Association of Penang, Malaysia
Ecologistas en Acción, Spain
Ecological Society of the Philippines
Environmental Investigation Agency, US & UK
FERN
Friends of the Earth International
Global Exchange, United States
Global Social Justice, Belgium
Global Witness, UK
Greenpeace International
Humane Society International, Australia
Indigenous Environmental Network (IEN)
International Accountability Project, US
International Youth Caucus, Bonn
North East Peoples Alliance on Trade, Finance and Development, India
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Foundation UK
Salva le Foreste, Italy
Sierra Club, United States
Sustainability Watch Network, Central America
Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education)
Terra!, Italy
Third World Network
Wetlands International, Netherlands
World Rainforest Movement, Uruguay
The Wilderness Society, Australia
- Premio Nobel de la Paz envió carta a al presidente Alan García
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU SEÑOR ALAN GARCÍA:
Señor Presidente:
Con indignación y dolor he sido testigo a distancia del giro de los acontecimientos en la República de Perú, a raíz del rechazo de los pueblos indígenas amazónicos a los acuerdos comerciales internacionales suscritos por su persona en su calidad de Presidente, violatorios de la Constitución Política, del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y las leyes de su país.
La brutal respuesta del Estado peruano en Bagua, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente,
a la resistencia indígena en defensa de la Madre Naturaleza (tras 56 días de movilización amazónica, fracaso del diálogo y postergación de la derogatoria de varios decretos legislativos), ha costado la vida de numerosas personas y el desplazamiento de cientos de familias en busca de resguardo para evitar ser víctimas mortales de la acción represiva de la fuerza pública.La supuesta ‘conspiración internacional’ denunciada por su gobierno, es una farsa. Los pueblos indígenas del Continente sólo están reclamando consulta, participación, respeto a las comunidades originarias y salvaguarda de la naturaleza. Están rechazando en forma enérgica la subordinación de la clase política y de los empresarios nacionales a los poderosos intereses de las compañías transnacionales. Muestran con dignidad su rostro y se movilizan por la identidad, las culturas ancestrales y el vínculo íntimo de ‘vida humana - Madre Naturaleza’. Emergen, se levantan y luchan en contra de una concepción de desarrollo que empobrece a la gente, mata paulatinamente al planeta Tierra y envilece los verdaderos intereses nacionales en cada país. Esa es la ‘conspiración internacional’ a la cual Usted y su gobierno aluden.
Por tal motivo, me uno al clamor de los ciudadanos y ciudadanas de mi país y del mundo y demando de Usted y su gobierno el cese de la represión en Bagua, se levante el estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, se detenga la persecución en contra de la población y dirigencia, y se realice una investigación internacional para una aclaración total de los hechos en los cuales se perdieron vidas humanas y lo cual condenamos enérgicamente en esa región, así como se dé paso al irrestricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. El ejercicio de derechos no debe criminalizarse. La represión estatal debe ceder espacio a la búsqueda racional de soluciones mediante el diálogo y la negociación con voluntad política real.
Atentamente,
Rigoberta Menchú Tum*
- Perú: Investigar violencia en Bagua. Al menos 32 muertes confirmadas
Junio 10, 2009
Ministra Gladys Margot Echaíz Ramos
Fiscal de la Nación
Ministerio Público-Fiscalía De La Nación
Av. Abancay Cdra 5
Lima
Estimada Dra. Echaíz,
Me dirijo a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por el violento enfrentamiento que tuvo lugar el 5 de junio en la provincia de Bagua y en el cual perdieron la vida al menos 32 personas, entre ellas varios policías y civiles que participaban en una manifestación. Hasta hoy, tanto el gobierno como los grupos indígenas ofrecen versiones contradictorias de los hechos. Dada la gravedad de lo ocurrido la semana pasada, es crucial que la Fiscalía promueva una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial que permita identificar y juzgar a quienes cometieron delitos.
Hemos recibido denuncias creíbles de que el viernes 5 de junio la policía intentó despejar violentamente una manifestación organizada por grupos indígenas en la provincia de Bagua. La manifestación se produjo tras varias semanas de protestas que reclamaban que el gobierno del Presidente García suspendiera una serie de decretos legislativos que facilitarían actividades económicas en el Amazonas peruano. Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena. Esto aparentemente profundizó el enojo de los manifestantes, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes que tuvo como saldo decenas de policías y civiles muertos. Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana.
Se han brindado versiones contradictorias sobre la cantidad de policías y civiles que murieron durante los sucesos en Bagua. Según las cifras oficiales, 23 oficiales de policía perdieron la vida y 24 resultaron heridos, en tanto el saldo entre los manifestantes indígenas fue de 9 víctimas fatales y 155 heridos. Sin embargo, el número de muertos civiles continúa siendo incierto. Otras fuentes señalan que más de 25 civiles fueron asesinados y, según información recibida por Human Rights Watch, algunos testigos afirman que miembros de las fuerzas de seguridad habrían arrojado los cuerpos de varios manifestantes al río.
En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía. Para facilitar estas investigaciones, deberían darse inmediatamente los siguientes pasos:
* Asegurar que se adopten las medidas pertinentes para que los miembros de la policía y el Ejército no aprovechen el acceso que tienen a algunas zonas durante el toque de queda para ocultar o destruir pruebas incriminatorias;
* Elaborar y difundir una lista de todos los civiles que participaron en las manifestaciones y cuyo paradero se desconoce, que luego deberá ser usada para investigar dónde se encuentran y determinar la cantidad exacta de víctimas civiles; y
* Coordinar con la Defensoría del Pueblo para asegurar que los testigos, tanto civiles como policías, sientan que cuentan con la protección necesaria para ofrecer su testimonio en un entorno seguro.
Estamos sumamente preocupados porque hemos recibido denuncias de defensores de derechos humanos que sugieren que estas medidas todavía no han sido adoptadas.
Además de lo anterior, y con el propósito de fortalecer el trabajo de la Fiscalía de la zona, la instamos respetuosamente a que conforme una comisión de fiscales de alto nivel con la experiencia profesional y los antecedentes adecuados para llevar a cabo esta investigación crítica. Deben contar con las facultades y los recursos necesarios para determinar cuestiones clave sobre responsabilidad penal, incluido el alcance de cualquier participación estatal en los crímenes.
Quisiera agradecerle de antemano su atención a la presente carta.
Atentamente,
José Miguel Vivanco*
CC: Presidente Alan García
Ante la constante actitud del presidente Alan García por sus cuestionamientos a las condiciones
humanas de los pobladores indígenas, la actriz de origen peruano Q’orianka Kilcher afirmó esta mañana –en conferencia de prensa en Lima- que “todos los peruanos son ciudadanos de primera clase” y lamentó que el gobierno aprista haya preferido optar por la violencia en vez de dialogar con los pueblos indígenas.
“He escuchado que el señor Alan García ha dicho que nuestros hermanos indígenas no son ciudadanos de primera clase. Todos los peruanos somos de primera clase y yo estoy orgullosa de ser indígena”, dijo Kilcher en conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
La protagonista de ‘Pocahontas’ explicó que su presencia en el Perú es para solidarizarse con sus hermanos indígenas. “He venido, impresionada, para saber la verdad de lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas”, agregó.
Manifestó que le “encantaría conversar” con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama para explicarle la situación de los indígenas peruanos y “sé que él (Obama) está entendiendo la situación”. Dijo, asimismo, que está “contando y movilizando” a sus amigos actores.
Q’orianka anunció que, como joven y con nueva orientación, donará cincuenta mini equipos audiovisuales a los jóvenes de las comunidades indígenas para que retraten su situación. “He venido a investigar la verdad, porque quiero saber donde están los cadáveres de las miles de personas que han perdido la vida en la amazonía, es por ello que he traído cincuenta cámaras para que los jóvenes filmen y documenten la verdad de los hechos", señaló.
En la víspera, Q’orianka dialogó telefónicamente con Pizango, a quien le expresó su reconocimiento por la defensa de los intereses de los pueblos indígenas y amazónicos del Perú que lleva adelante el presidente de Aidesep.
Apenas arribó a la capital procedente de Los Ángeles, Estados Unidos, Kilcher se contactó telefónicamente con Pizango, asilado en la embajada de Nicaragua en el Perú. “Yo estoy contigo Alberto y con todos mis hermanos indígenas”, le dijo entre sollozos la actriz de cine de 19 años de edad, al recordar la tragedia que se vive en Bagua.
Ministra Gladys Margot Echaíz Ramos
Fiscal de la Nación
Ministerio Público-Fiscalía De La Nación
Av. Abancay Cdra 5
Lima
Estimada Dra. Echaíz,
Me dirijo a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por el violento enfrentamiento que tuvo lugar el 5 de junio en la provincia de Bagua y en el cual perdieron la vida al menos 32 personas, entre ellas varios policías y civiles que participaban en una manifestación. Hasta hoy, tanto el gobierno como los grupos indígenas ofrecen versiones contradictorias de los hechos. Dada la gravedad de lo ocurrido la semana pasada, es crucial que la Fiscalía promueva una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial que permita identificar y juzgar a quienes cometieron delitos.
Hemos recibido denuncias creíbles de que el viernes 5 de junio la policía intentó despejar violentamente una manifestación organizada por grupos indígenas en la provincia de Bagua. La manifestación se produjo tras varias semanas de protestas que reclamaban que el gobierno del Presidente García suspendiera una serie de decretos legislativos que facilitarían actividades económicas en el Amazonas peruano. Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena. Esto aparentemente profundizó el enojo de los manifestantes, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes que tuvo como saldo decenas de policías y civiles muertos. Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana.
Se han brindado versiones contradictorias sobre la cantidad de policías y civiles que murieron durante los sucesos en Bagua. Según las cifras oficiales, 23 oficiales de policía perdieron la vida y 24 resultaron heridos, en tanto el saldo entre los manifestantes indígenas fue de 9 víctimas fatales y 155 heridos. Sin embargo, el número de muertos civiles continúa siendo incierto. Otras fuentes señalan que más de 25 civiles fueron asesinados y, según información recibida por Human Rights Watch, algunos testigos afirman que miembros de las fuerzas de seguridad habrían arrojado los cuerpos de varios manifestantes al río.
En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía. Para facilitar estas investigaciones, deberían darse inmediatamente los siguientes pasos:
* Asegurar que se adopten las medidas pertinentes para que los miembros de la policía y el Ejército no aprovechen el acceso que tienen a algunas zonas durante el toque de queda para ocultar o destruir pruebas incriminatorias;
* Elaborar y difundir una lista de todos los civiles que participaron en las manifestaciones y cuyo paradero se desconoce, que luego deberá ser usada para investigar dónde se encuentran y determinar la cantidad exacta de víctimas civiles; y
* Coordinar con la Defensoría del Pueblo para asegurar que los testigos, tanto civiles como policías, sientan que cuentan con la protección necesaria para ofrecer su testimonio en un entorno seguro.
Estamos sumamente preocupados porque hemos recibido denuncias de defensores de derechos humanos que sugieren que estas medidas todavía no han sido adoptadas.
Además de lo anterior, y con el propósito de fortalecer el trabajo de la Fiscalía de la zona, la instamos respetuosamente a que conforme una comisión de fiscales de alto nivel con la experiencia profesional y los antecedentes adecuados para llevar a cabo esta investigación crítica. Deben contar con las facultades y los recursos necesarios para determinar cuestiones clave sobre responsabilidad penal, incluido el alcance de cualquier participación estatal en los crímenes.
Quisiera agradecerle de antemano su atención a la presente carta.
Atentamente,
José Miguel Vivanco*
CC: Presidente Alan García
- Q’orianka: Estoy orgullosa de ser indígena
Ante la constante actitud del presidente Alan García por sus cuestionamientos a las condiciones
humanas de los pobladores indígenas, la actriz de origen peruano Q’orianka Kilcher afirmó esta mañana –en conferencia de prensa en Lima- que “todos los peruanos son ciudadanos de primera clase” y lamentó que el gobierno aprista haya preferido optar por la violencia en vez de dialogar con los pueblos indígenas.“He escuchado que el señor Alan García ha dicho que nuestros hermanos indígenas no son ciudadanos de primera clase. Todos los peruanos somos de primera clase y yo estoy orgullosa de ser indígena”, dijo Kilcher en conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
La protagonista de ‘Pocahontas’ explicó que su presencia en el Perú es para solidarizarse con sus hermanos indígenas. “He venido, impresionada, para saber la verdad de lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas”, agregó.
Manifestó que le “encantaría conversar” con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama para explicarle la situación de los indígenas peruanos y “sé que él (Obama) está entendiendo la situación”. Dijo, asimismo, que está “contando y movilizando” a sus amigos actores.
Q’orianka anunció que, como joven y con nueva orientación, donará cincuenta mini equipos audiovisuales a los jóvenes de las comunidades indígenas para que retraten su situación. “He venido a investigar la verdad, porque quiero saber donde están los cadáveres de las miles de personas que han perdido la vida en la amazonía, es por ello que he traído cincuenta cámaras para que los jóvenes filmen y documenten la verdad de los hechos", señaló.
- Con Pizango
En la víspera, Q’orianka dialogó telefónicamente con Pizango, a quien le expresó su reconocimiento por la defensa de los intereses de los pueblos indígenas y amazónicos del Perú que lleva adelante el presidente de Aidesep.
Apenas arribó a la capital procedente de Los Ángeles, Estados Unidos, Kilcher se contactó telefónicamente con Pizango, asilado en la embajada de Nicaragua en el Perú. “Yo estoy contigo Alberto y con todos mis hermanos indígenas”, le dijo entre sollozos la actriz de cine de 19 años de edad, al recordar la tragedia que se vive en Bagua.
- Rigoberta Menchú Tum*
- José Miguel Vivanco*
Es un experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, Vivanco trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos. Vivanco también ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Ha publicado artículos en los principales periódicos de América Latina y es entrevistado regularmente en programas noticiosos para la televisión. De nacionalidad chilena, Vivanco estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.
- Q'Orianka Kilcher*
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