Por Jorge Agurto
15 de junio, 2009
La propuesta de constituir el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos por su falta de seriedad política, consistencia técnica y apresuramiento resulta otra burla o “paseo” para los pueblos indígenas amazónicos como pasamos a demostrar.
En su afan desesperado por manejar el conflicto con los pueblos amazónicos el gobierno ha publicado el jueves 11 de junio la Resolución Suprema 117-2009-PCM que crea el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.
La nueva entidad -de carácter provisional- tiene a su cargo formular un “Plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos, en los ámbitos de educación, salud, titulación, formalización de tierras y demás medidas necesarias”.
Plazo para formular plan. La norma señala que el Grupo Nacional deberá instalarse a los 15 días hábiles de publicada la resolución. Luego de instalado el Grupo tiene solo un plazo de tres (03) días para elevar al Presidente del Consejo de Ministros el Plan integral de desarrollo sostenible.
El Plazo de tres días es totalmente insuficiente para la misión encomendada y refleja la falta de conocimiento, seriedad y el apresuramiento con el que se quieren hacer las cosas.
Sobre los representantes del Ejecutivo. La norma señala que el Grupo estará integrado por “cuatro representantes del Poder Ejecutivo” pero no indica a que ministerios corresponden y lo que es más grave no precisa cuál es su nivel de representación.
Si no se asegura que estos “representantes” tengan jerarquía política institucional, ya se trate de calidad de ministros o viceministros, se corre el riesgo de que participen funcionarios de baja jerarquía o representación lo que no se asegura el nivel de compromiso y participación de los sectores involucrados en la formulación del plan.
Sobre los representantes de las comunidades nativas. En su parte normativa la resolución no se refiere a los “pueblos indígenas” amazónicos sino únicamente a las “comunidades nativas”, que en el Perú son mas de 1500. Señala que en el Grupo Nacional participarán “diez representantes de las comunidades nativas amazónicas” quienes “deberán acreditar a sus representantes ante el Presidente del Consejo de Ministros para su designación mediante Resolución Ministerial”.
Esta forma de representación -por comunidades nativas y no por pueblos indígenas o sus organizaciones representativas- ignora y desconoce a las organizaciones indígenas realmente existentes, que tienen una historia, trayectoria y legítima representación de los pueblos indígenas amazónicos. Es más, se trata de organizaciones estructuradas a nivel comunal, federativo (o cuenca), regional y nacional.
La invitación de la PCM a que las comunidades nativas presenten sus representantes pone en riesgo que la designación final de los diez miembros oficiales del Grupo sea realice a criterio discrecional de la PCM.
Esto podría derivar en lo siguiente:
* que la elección “a dedo” de los representantes se haga con criterios políticos orientados a erosionar la representación de las organizaciones indígenas regionales y nacionales,
* que se elijan como portavoces de las comunidades a las personas menos adecuadas para sostener las reivindicaciones indígenas y,
* por último, se estaría violando el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT en la parte que señala:
“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Art. 6, 1.a; el subrayado es nuestro)
Plan no es vinculante. La norma señala que la finalidad del Grupo Nacional es formular un “Plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos”. Pero no dice nada acerca del carácter vinculante u obligatorio de dicho plan por lo que no se asegura su concreción y cumplimiento para el Estado.
Propuesta inconsulta. Al igual que los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos la flamante resolución ministerial suscrita por Alan García y Yehude Simon reproduce el “pecado de origen” de no haber sido consultada a ninguna organización indígena.
Comentario. Como lo advirtió de manera certera la ex Ministra Carmen Vildose el gobierno no tiene la capacidad para comprender y manejar la problemática de los pueblos indígenas. Pruebas al canto:
- El 23 de marzo expidió el Decreto Supremo 002-2009-MINDES que crea la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Uno de sus defectos es que coloca como uno de sus representantes a la Confederación de Nacionalidadesd Amazónicas del Perú (CONAP) y excluye a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, organización mucho más representativa que la CONAP.
- El 19 de mayo expide el Decreto Supremo 031-2009-PCM que crea la Comisión Multisectorial que abordará la problemática de pueblos amazónicos. Entre otros defectos de esta norma es que realiza lo inverso a la anterior. Coloca a siete representantes de la AIDESEP y ninguno de la CONAP.
Luego de interponer graves denuncias penales a los miembros de AIDESEP ahora el gobierno saca -bajo la manga- no una Comisión Multisectorial ni una Mesa de Diálogo Permanente sino un Grupo de Trabajo, provisional, temporario, que solo en tres días deberá resolver el problema de formular un “plan integral de desarrollo sostenible” para los pueblos indígenas de la amazonía.
En su afan desesperado por manejar el conflicto con los pueblos amazónicos el gobierno ha publicado el jueves 11 de junio la Resolución Suprema 117-2009-PCM que crea el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.
La nueva entidad -de carácter provisional- tiene a su cargo formular un “Plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos, en los ámbitos de educación, salud, titulación, formalización de tierras y demás medidas necesarias”.
Plazo para formular plan. La norma señala que el Grupo Nacional deberá instalarse a los 15 días hábiles de publicada la resolución. Luego de instalado el Grupo tiene solo un plazo de tres (03) días para elevar al Presidente del Consejo de Ministros el Plan integral de desarrollo sostenible.
El Plazo de tres días es totalmente insuficiente para la misión encomendada y refleja la falta de conocimiento, seriedad y el apresuramiento con el que se quieren hacer las cosas.
Sobre los representantes del Ejecutivo. La norma señala que el Grupo estará integrado por “cuatro representantes del Poder Ejecutivo” pero no indica a que ministerios corresponden y lo que es más grave no precisa cuál es su nivel de representación.
Si no se asegura que estos “representantes” tengan jerarquía política institucional, ya se trate de calidad de ministros o viceministros, se corre el riesgo de que participen funcionarios de baja jerarquía o representación lo que no se asegura el nivel de compromiso y participación de los sectores involucrados en la formulación del plan.
Sobre los representantes de las comunidades nativas. En su parte normativa la resolución no se refiere a los “pueblos indígenas” amazónicos sino únicamente a las “comunidades nativas”, que en el Perú son mas de 1500. Señala que en el Grupo Nacional participarán “diez representantes de las comunidades nativas amazónicas” quienes “deberán acreditar a sus representantes ante el Presidente del Consejo de Ministros para su designación mediante Resolución Ministerial”.
Esta forma de representación -por comunidades nativas y no por pueblos indígenas o sus organizaciones representativas- ignora y desconoce a las organizaciones indígenas realmente existentes, que tienen una historia, trayectoria y legítima representación de los pueblos indígenas amazónicos. Es más, se trata de organizaciones estructuradas a nivel comunal, federativo (o cuenca), regional y nacional.
La invitación de la PCM a que las comunidades nativas presenten sus representantes pone en riesgo que la designación final de los diez miembros oficiales del Grupo sea realice a criterio discrecional de la PCM.
Esto podría derivar en lo siguiente:
* que la elección “a dedo” de los representantes se haga con criterios políticos orientados a erosionar la representación de las organizaciones indígenas regionales y nacionales,
* que se elijan como portavoces de las comunidades a las personas menos adecuadas para sostener las reivindicaciones indígenas y,
* por último, se estaría violando el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT en la parte que señala:
“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Art. 6, 1.a; el subrayado es nuestro)
Plan no es vinculante. La norma señala que la finalidad del Grupo Nacional es formular un “Plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos”. Pero no dice nada acerca del carácter vinculante u obligatorio de dicho plan por lo que no se asegura su concreción y cumplimiento para el Estado.
Propuesta inconsulta. Al igual que los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos la flamante resolución ministerial suscrita por Alan García y Yehude Simon reproduce el “pecado de origen” de no haber sido consultada a ninguna organización indígena.
Comentario. Como lo advirtió de manera certera la ex Ministra Carmen Vildose el gobierno no tiene la capacidad para comprender y manejar la problemática de los pueblos indígenas. Pruebas al canto:
- El 23 de marzo expidió el Decreto Supremo 002-2009-MINDES que crea la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Uno de sus defectos es que coloca como uno de sus representantes a la Confederación de Nacionalidadesd Amazónicas del Perú (CONAP) y excluye a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, organización mucho más representativa que la CONAP.
- El 19 de mayo expide el Decreto Supremo 031-2009-PCM que crea la Comisión Multisectorial que abordará la problemática de pueblos amazónicos. Entre otros defectos de esta norma es que realiza lo inverso a la anterior. Coloca a siete representantes de la AIDESEP y ninguno de la CONAP.
Luego de interponer graves denuncias penales a los miembros de AIDESEP ahora el gobierno saca -bajo la manga- no una Comisión Multisectorial ni una Mesa de Diálogo Permanente sino un Grupo de Trabajo, provisional, temporario, que solo en tres días deberá resolver el problema de formular un “plan integral de desarrollo sostenible” para los pueblos indígenas de la amazonía.
- A manera de conclusión y propuesta
La propuesta de Grupo Nacional formulada por la Resolución Suprema 117-2009-PCM es muy inferior -desde todo punto de vista- de la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas creada por Decreto Supremo 15-2001-PCM durante el gobierno transitorio del Presidente Valentín Paniagua y que creó la Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas.
Ojo: Esta Comisión estuvo conformada por siete Ministros y la Defensoría del Pueblo y se le concedió además de un plazo de 120 días para formular propuestas integrales, se le precisó un plazo de 60 días para formular propuestas específicas para resolver problemas prioritarios en ocho temas específicos, muy bien delimitados.
El resultado de esta modalidad de trabajo no pudo ser mejor. La Mesa de Diálogo y Cooperación que no tuvo ningún sesgo político ni sectario, sino técnico, permitió que confluyan los mejores aportes que resultaron en el Plan de Accion para Asuntos Prioritarios para las Comunidades Nativas, publicado el 30 de junio de 2001 en el diario oficial El Peruano. Este documento constituye uno de los más valiosos planes de política pública para pueblos indígenas que lamentablemente no pudo ser implementado porque a los pocos días ingresó el gobierno de Alejandro Toledo y Eliane Karp, quién nunca quiso saber nada de las iniciativas desarrolladas por el gobierno anterior y prefirió improvisar el desastroso modelo Conapa-Fundación Pacha.
No hay que olvidar además que el 22 de junio de 2001, a menos de un mes de expirar su mandato, el Presidente Valentín Paniagua aprobó la Constitución de la Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los Problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana mediante el D.S. 072-2001-PCM. Esta mesa nunca llegó a constituirse y aún está pendiente de cumplimiento.
Si el gobierno quiere dialogar y construir en serio políticas públicas para los pueblos indígenas debería revisar la experiencia de los años pasados, escuchar mejor a las organizaciones indígenas y preocuparse por darle un nivel de Estado a la formulación de políticas antes que intentar manejar la coyuntura con propuestas descabelladas e improvisadas para salir de un error para caer en otro.
Fuente Servindi
http://www.servindi.org/actualidad/13065
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